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El gobierno nacional sube la apuesta en su intento de militarizar Vaca Muerta

Por Martín Álvarez Mullally y Hernán Scandizzo

El artículo primero de la resolución 768 del Ministerio de Seguridad de la Nación, conocida el lunes, considera a la formación Vaca Muerta un objetivo estratégico del Estado Nacional y por ende, a las cuatro provincias por las que ésta se extiende, un espacio militarizable con el despliegue de Gendarmería Nacional (para garantizar “la seguridad de las personas y de los bienes que resultan indispensables para el cumplimiento de este objetivo”).

Con la llegada del fracking, lo que hoy se conoce como región Vaca Muerta se convirtió en un territorio de conflictos permanentes en los que intervienen diferentes actores. Por la dinámica que tiene la explotación de yacimientos no convencionales, las empresas contratan miles de obreras/os y poco después los despiden o suspenden, sea porque finalizó una gran obra, cayó el precio del crudo o bajaron los subsidios que el Estado le da a las empresas. En ese escenario tanto las formas de demandar trabajo como de defenderlo es a través de cortes de ruta. Lo mismo hacen las/os pobladores de ciudades como Añelo, en la precaria capital nacional del shale tras la muerte de peatón cortaron la ruta cuatro veces en dos meses en reclamo obras de seguridad vial. También las paralizaciones de yacimientos llevadas adelante por comunidades mapuche que demandan el reconocimiento de derechos; o los conflictos sectoriales que se trasladan a los pozos, como es el caso de empleadas/os estatales y productores de Río Negro, que bloquearon el acceso a locaciones. La región Vaca Muerta es un conflicto permanente, sí, y demanda respuestas políticas, no represivas. No hay un escenario de desborde, sino un incremento de los costos operativos de las empresas por las pérdidas que significan cada día de conflicto.

“Es evidente, que esto tiene que ver con los despidos y suspensiones que se esperan en Vaca Muerta por la crisis financiera que ya está instalada y que se viene, con el congelamiento del precio del petróleo”, sostuvo Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y especialista en temas de seguridad, consultado por el OPSur. “Empezar a mandar las fuerzas federales en cualquier caso de conflicto… Ya conocemos qué es lo que va a suceder”. No hace falta forzar la memoria, no es difícil imaginar qué es lo que puede suceder, con tanto recuerdo fresco y que reclama justicia, como la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, en el marco de un operativo de Gendarmería Nacional contra el Pu Lof Cushamen, en Chubut; y el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel, a manos de Prefectura Naval, en el Lof Lafken Winkul Mapu, en Río Negro.

“La intervención de Gendarmería en territorios provinciales, para causas que no son federales, ocurrieron mucho durante el gobierno de los Kirchner, de 2010 en adelante, con el Programa Cinturón Sur; pero en todos esos casos había un acuerdo con las provincias, si no existe ese acuerdo con las provincias, no se puede”, subrayó Binder. “Aquí lo anómalo es que la extensión de la jurisdicción no es territorial, sino hacia delitos que no son, en principio, federales. La ampliación hacia delitos que no son federales no puede ser un acto unilateral, ni siquiera del Presidente de la Nación, porque es una forma de intervención federal. Eso sería notoriamente inconstitucional”, concluyó.

La resolución ministerial es rechazada tanto por el gobierno del Neuquén como por un amplio espectro político de la provincia. El vicegobernador Rolando Figueroa señaló que la medida “incorpora innecesariamente tensión en una zona pacífica”. “No solo no consulta a nuestro Gobierno provincial sino que no explica claramente, los verdaderos motivos por los cuales decide enviar gendarmes a Vaca Muerta”, sostuvo el funcionario (Noticias Neuquén, 17/09/2019). “Necesitamos que el Gobierno nacional se ocupe de generar condiciones para el crecimiento del país, para que haya trabajo y para que Vaca Muerta siga generando energía y riqueza; no queremos que Nación sume problemas como ya lo hizo con el congelamiento del precio del crudo y ahora con la intención de custodiar la zona de producción con Gendarmería”, expresó Figueroa. En tanto el Fiscal de Estado de la provincia, Raúl Gaitán, en declaraciones Radio UNCo Calf aseguró que “parece una resolución extraordinaria en una situación normal”, y subrayó: “no hay ningún conflicto que motive el análisis de una situación extraordinaria”.

“Acá no tenemos ataques terroristas que ameriten una suerte de estado de alarma semejante”, sostuvo Guillermo Pereyra, secretario del sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa y senador nacional del Movimiento Popular Neuquino, y agregó que “si hubiera alguna información sensible que justificara la medida invasiva, debería hacerse pública o al menos debería haberse compartido con las fuerzas de seguridad locales o en el Consejo de Seguridad, que han dado sobradas muestras de capacidad operativa” (Río Negro, 17/09/2019).

El diputado Raúl Godoy (Partido de los Trabajadores Socialistas – FIT), por su parte, presentó un proyecto para instar al Gobierno Nacional a dejar sin efecto la resolución. “El único objetivo es proteger los intereses de las petroleras, hostigar al pueblo mapuche y avasallar los derechos”, advirtió el legislador (Noticias Neuquén, 18/09/2019). En tanto el lonko Jorge Nahuel, de la Zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche Neuquina, sostuvo que “no se entiende cómo un gobierno que se está retirando puede tomar semejante medida que vuelve a poner en tensión todo lo que se está buscando construir en Vaca Muerta, que es el reconocimiento de derechos de las comunidades mapuches” (Río Negro, 17/09/2019).

La resolución 768 es una medida tan de campaña electoral como grave. Puede ser un bluff, como tanta otra medida que no pasa de ser un anuncio, pero consolida la identidad de derecha de Cambiemos, en particular de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Además reafirma la identidad represiva que, en otras ocasiones, medidas o declaraciones del mismo tenor fueron seguidas de casos de gatillo fácil y represiones violentas. También expresa el alineamiento con el gobierno de Donald Trump, que en EE.UU. elevó la seguridad en todos los lugares estratégicos de explotación hidrocarburífera a partir de los recientes ataques a instalaciones petroleras en Arabia Saudita. Alineamiento o ventana de oportunidad electoral, la resolución del Ministerio de Seguridad escala un peldaño en los intentos de militarizar Vaca Muerta.

En marzo de 2018 el gobierno nacional anunció la intención de trasladar a la localidad neuquina de Plottier el Destacamento Móvil 4 de Gendarmería, con asiento en La Pampa, para garantizar un rápido desplazamiento ante un eventual conflicto, especialmente en la zona petrolera de Neuquén y el área cordillerana de Río Negro. En aquella oportunidad, según declaraciones del secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco (Río Negro, 13/03/2018), 800 gendarmes serían trasladados a la Patagonia con destacamentos de 400 efectivos en las provincias de Neuquén y Chubut.

Ante el anuncio, legisladores neuquinos de los bloques Frente Para la Victoria, Frente Neuquino, Adelante Neuquén y Frente Grande impulsaron un pedido de informes al Ministerio de Seguridad. Solicitaban que se detallaran “las misiones, funciones e integrantes del Comando Unificado Patagónico; organismo que solicitó la intervención de Gendarmería Nacional en la provincia y motivos de la misma, procedimiento dispuesto para su estadía y fecha de finalización e informes de inteligencia interior que motivan esta acción de traslado”. Los diputados calificaron de “peligroso el exceso de las fuerzas de seguridad” ante la política de criminalización de la protesta social y represión por parte del Gobierno Nacional. Finalmente La comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento de la Legislatura resolvió no darle curso.

Otros antecedentes de intervención de Gendarmería en Vaca Muerta se remontan a 2017. En abril de ese año los trabajadores despedidos de la empresa de servicios OPS iniciaron una serie de protestas y bloqueos a yacimientos en Rincón de los Sauces –entre otros El Orejano y Trapial, operados por YPF y Chevron, respectivamente– en reclamo de su reincorporación. En ese marco fueron desplegadas fuerzas de Gendarmería, lo que incrementó la tensión. Un posible desenlace violento fue desactivado por la intervención directa del gobernador neuquino Omar Gutiérrez y del senador nacional y secretario general de petroleros privados, Guillermo Pereyra (Río Negro, 01/05/2017).

Al mes siguiente, las operadoras agrupadas en la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos presentaron a la protesta mapuche como el principal obstáculo para garantizar la paz social y avalaron el pedido de YPF de dar intervención a Gendarmería Nacional para permitir el “normal desarrollo” de las actividades en el área Loma Campana, operada por la empresa de bandera en sociedad con Chevron (La Mañana Neuquén, 17/06/2017). Gendarmería ingresó a la comunidad Campo Maripe sin orden judicial, invocando la figura de flagrancia: el accionar mapuche ponía en riesgo el abastecimiento energético del país. Por esa intervención en septiembre de 2017 la Cámara Federal de Apelaciones de Gral. Roca cuestionó firmemente el accionar de la fuerza de seguridad y le ordenó que se abstenga de intervenir dentro del territorio comunitario sin orden judicial. Al expresar su voto un integrante de la Cámara sostuvo que en ese operativo se “sacrificaron libertades individuales en aras de resguardar un interés económico corporativo” y que la actividad desplegada por Gendarmería “obedeció a un propósito subalterno (la solicitud de YPF) y la orden para satisfacerlo fue dada verbalmente, lo que elimina toda legalidad” (Río Negro, 27/09/2018).

17/09 | CABA: Jornada Cultural en Homenaje a Calfucura

Este año serán restituidos los restos de Juan Calfucurá, el líder indígena más importante del siglo XIX, que dominó los territorios del sur argentino desde las Pampas hasta la Patagonia norte durante 40 años. Calfucurá falleció en 1873 y su tumba fue profanada durante la Conquista del Desierto y su calavera exhibida en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, aberrante expresión del neocolonialismo y positivismo antropológico que atraviesa aun hoy a la sociedad argentina.

La Jornada Cultural de Homenaje a Juan Calfucurá será el martes 17 de septiembre,  en el contexto de la política de restitución iniciada en el 2000 y con el acuerdo de las organizaciones indígenas sobre el destino de los restos del líder mapuche (que será re-enterrado en La Pampa), marco en el cual se impulsan actividades en diversos puntos del Wallmapu como muestra de resistencia y organización de su pueblo-nación, lo que se ha denominado “la ruta del Toki”.

La Jornada es organizada por la “Comisión Piedra Azul”, compuesta por Roberto Aramayo (referente diaguita, Parlamento Plurinacional), Miram Liempe (referente mapuche y representante de los pueblos originarios en CTA Autónoma), Nilo Cayuqueo (Referente mapuche, Pcia de Buenos Aires), Silvina Ramirez (abogada, especialista en derechos indígenas), Guillermo David (Curador y escritor) y Maristella Svampa (socióloga y escritora).

Martes 17 de septiembre | 19.00hs | Hall del Teatro San Martín. Av. Corrientes 1530. Entrada libre y gratuita.

La Comunidad Mapuche Campo Maripe va a la Corte Suprema

Los integrantes de la comunidad mapuche Campo Maripe y la Confederación Mapuce de Neuquén irán ante la Corte Suprema de Justicia para sostener la validez de la sentencia absolutoria.

Por La Izquierda Diario

La Comunidad Mapuche Campo Maripe y la Confederación Mapuce de Neuquén, repudiaron el fallo del Tribunal Superior de Justicia que confirma la nulidad de la sentencia absolutoria dictada por Gustavo Ravizzolli. Tras esta decisión del tribunal apelarán a la Corte Suprema de Justicia para sostener la validez de la sentencia absolutoria.

“Hay una posición que en algún momento la Justicia definió como un blindaje a la industria petrolera por todo lo genera, por toda la actividad” denunció el integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén Jorge Nawel en una entrevista en el Rompecabezas por AM Cumbre.

Aseguró que es “un desatino absoluto que pretendan defender a las petroleras violando los derechos del Pueblo Mapuche” y que de esta manera “no van a tener seguridad, ni van a tener tranquilidad”.

El referente mapuche explicó que cuando el Tribunal Superior rechazó la apelación de la Comunidad y ordena hacer un nuevo juicio, no les da la posibilidad de designar testigos como sí ocurrió en el primer juicio donde fueron absueltos. “Van a desfilar decenas de testigos de la familia Vela, el testigo principal es el ministro de Ambiente de la provincia, todos empecinados en condenar a la comunidad mapuche”. Es por esto que decidieron apelar a la Corte Suprema “para ver si van a poner orden ante todo este desatino que está realizando la Justicia neuquina”.

Nawel aseguró que en Vaca Muerta “los mapuches somos como una interferencia, gente que hay que tratar de apartar. Ese es el error que están cometiendo porque los conflictos van a ser interminables porque se trata de defender nuestros derechos, nuestra existencia, de que no nos arrastren detrás de toda esta fiebre economicista sin importar el impacto profundo que está generando sobre el ambiente sobre la sociedad, sobre la cultura mapuche”.

Sostuvo que los derechos de los pueblos originarios “no son temas que no están incorporados en la agenda de estos especuladores que lo único que buscan es ganancia rápida, los empresarios para seguir saqueando y el gobierno para seguir sosteniendo su poder político”.

Planta de Fortín de Piedra, detras el río Neuquén, el lago Los Barreales y Sauzal Bonito. Foto Martín Álvarez Mullally

“Toda la infraestructura estuvo pensada para una zona que no era sísmica”

Existe una coincidencia temporal entre la aparición de los sismos y la llegada del fracking.

Planta de Fortín de Piedra, detras el río Neuquén, el lago Los Barreales y Sauzal Bonito. Foto Martín Álvarez Mullally
Planta de Fortín de Piedra, detras el río Neuquén, el lago Los Barreales y Sauzal Bonito. Foto Martín Álvarez Mullally

“Lo llamativo es que los sismos en Sauzal Bonito, comienzan a aparecer a partir de noviembre del 2015”, advirtió el geógrafo Javier Grosso, miembro del departamento de Geografía de la Universidad Nacional del Comahue, en diálogo con las periodistas María Galeazzi y Virginia Pirola, del Panorama Informativo de radio Universidad Calf, de Neuquén. Grosso elaboró un mapa sobre actividad sísmica en la región afectada por la explotación de Vaca Muerta en base a reportes del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) del período 2009 a 2019. El trabajo busca “relacionar los pozos horizontales con hidrofractura realizados entre los 3000 y 6000 metros, con los lugares donde tuvieron epicentro los sismos, al menos los registrados por el INPRES”.

“Yo no puedo decir que hay una relación directa entre los sismos y la hidrofractura, pero sí los elementos que hay para analizar indicarían que surgen movimientos sísmicos, que no habían sido detectados precedentemente, en un coincidencia temporal muy próxima con el comienzo de las operaciones con hidrofractura”. Al respecto Grosso mencionó los sismos registrados desde noviembre de 2015 y la aplicación de hidrofractura en las áreas productivas Loma La Lata, Sierra Barrosa, Rincón del Mangrullo, Fortín de Piedra, Aguada Pichana y Loma Campana.

Infraestructura comprometida

Sobre la inexistencia de sismógrafos en las localidades neuquinas hoy afectadas, Grosso explicó que “al INPRES nunca se le hubiese ocurrido instalar sismógrafos en Vaca Muerta porque esa una zona tectónicamente inactiva”. “Hay que tener cuidado con cómo se nos garantiza el acceso a la información real de los sismógrafos [instalados por INPRES en Vaca Muerta], porque a nosotros no nos van a dar los datos de sismos de 1.5, 1.7 -en escala Richter-, porque son muy bajos, son imperceptibles, pero es importante, porque cambia radicalmente la ingeniería o la vida productiva en un área para la que toda la infraestructura estuvo pensada para una zona que no es sísmica”, advirtió el geógrafo. “Si ustedes observan el mapa (ver imagen) van a encontrar que muchos de los [epicentros de los] sismos están a quince kilómetros del compensador de Mari Menuco y Los Barreales, o están a treinta kilómetros del proyecto de [represa] Chihuidos. Lo importante acá es que previo a 2015 cualquier estudio de impacto ambiental que se haya hecho es obsoleto, no sirve, hay que reformularlos. Hay que pensar que si ese área va a seguir desarrollando hidrofractura, los sismos, si se comprueba eso, van a ser una constante”.

Grosso también subrayó que “los sismos de baja intensidad pueden producir procesos de remoción en masa”, un dato que a tener en cuenta en localidades como Sauzal Bonito, emplazada a pie de barda.

El humo del Amazonas ya estaba en Argentina

Corrimiento de la frontera agropecuaria. Monocultivos. Explotación de recursos naturales sin control. Negocios entre sectores empresarios y públicos. Los grandes medios de comunicación en mute. El incendio de la Amazonía lleva décadas. Y acá en Argentina, también.

Por Marcelo Musante* / Anred

Qué decir. Para qué. Para quiénes. Un filósofo alemán (Theodor Adorno) se preguntaba si tenía sentido escribir poesía después de la experiencia asesina de Auschwitz y el nazismo. Ahora la sensación es la misma. ¿Para qué sirve escribir sobre un Amazonas que se incendia? ¿Para qué kilómetros de tinta? ¿En qué modificará la tragedia medio ambiental y de las comunidades que ahí viven? ¿Pero qué nos queda si no?

La práctica de incendiar bosques nativos para desarrollar negocios multimillonarios con la agricultura transgénica y la ganadería extensiva es una práctica que viene siendo denunciada desde hace años por organizaciones ambientalistas, especialistas en el tema y -sobre todo- por organizaciones indígenas y campesinas en los territorios.

Ellos son los desalojados, incendiados y envenenados diariamente. Ellos son los “daños colaterales”. Lo sufren, lo saben, lo dicen, lo gritan y los silencian. Pero de repente se incendia el Amazonas y estallan los retweets, los instagrams, los facebooks y todas las corporaciones mediáticas empresariales comienzan a titular, a desgarrarse las ropas y a hacer informes con música de catástrofe.

¿Cuándo llegará el humo a Argentina?, preguntan todos los medios masivos de comunicación. Pero el humo está en el país hace décadas: en la minería a cielo abierto, en el fracking, en el corrimiento de la frontera agropecuaria para sembrar monocultivos, en la utilización de agrotóxicos, en la explotación de salares, en los desmontes, en los ríos poblados de arsénico.

El humo ya estaba en Argentina en las escuelas fumigadas de la zonas rurales, en la lucha de Sofía Gatica y las compañeras y compañeros de Malvinas Argentinas para lograr evitar que se instale la fábrica de Monsanto, en Sandra Eli Juárez que se murió de un paro cardíaco frente a una topadora en Santiago del Estero, en los asambleístas de Gualeguaychú, en el histórico no a las minería en Esquel, en Juana Segundo y la comunidad Pilagá de Penqolé denunciando a Techint por la basura que dejó con el gasoducto que cruza sus tierras, en Fabián Tomasi envenenado con agrotóxicos que peleó hasta su muerte el año pasado, la pelea que le llevó la vida a Andrés Carrasco contra los negocios de corporaciones académicas y las empresas multinacionales. En los textos de Maristella Svampa, en los de Darío Aranda, en la REDAF, en el MOCASE, en Observatorio Petrolero Sur, en la Confederación Mapuche sus denuncias contra los pozos petroleros.

Una lista que está lejísimos de ser exhaustiva y que es injusta con muchas personas y organizaciones nos vienen hablando hace muchos años.

La Amazonía está ardiendo en miles de partes y hay más de cuatrocientas comunidades indígenas que viven ahí. Están acorraladas por el fuego. Pero ya estaban acorraladas por los sectores empresarios de los agronegocios, la producción de alimentos y las madereras que necesitan reconvertir esos bosques. Reconvertirlos en dinero, en ganancias privadas.

Los Estados son los responsables. Y no sólo los gobiernos neoliberales del último lustro. Las políticas de beneficios irrestrictos e incontrolados para empresas nacionales como Los Grobo, IRSA y Don Mario, grandes estancias como Don Panos y grupos transnacionales como Bayer/Monsanto, Benetton, Barrik Gold, Cargill, Nidera, Dow/Dupont, BASF, entre muchos otros, es asunto también de las gestiones anteriores.

Las comunidades indígenas son corridas de sus tierras hace muchos años y los discursos hegemónicos sobre la necesidad unidireccional del progreso penden sobre ellas como una amenaza constante. Las leyes contra los desalojos flotan entonces como palabra muerta sino se aplican las legislaciones sobre los territorios. Los pequeños campesinos son forzados a endeudarse, a vender sus tierras y son amenazados por grupos parapoliciales sostenidos por empresarios locales y gobiernos municipales y provinciales. Pero resisten, se organizan y siguen produciendo sin agrotóxicos.

Falta poco para las elecciones presidenciales en Argentina. Es tiempo de campaña electoral. Es tiempo que digan qué van a hacer con los modelos de producción extractivistas y de primarización de la economía. Y sobre todo qué digan qué van a hacer con las personas que viven en esas tierras con bosques, cerros, salares y ríos en los que los empresarios sólo ven soja, minas, litio y agua dulce.

Quizás los grandes medios de comunicación avisen que ya llega el humo del Amazonas. Pero acá, a los territorios los están incendiando hace rato.

(*) Sociólogo

Bolivia: Nadie preguntó a los aislados del Chepete

Amanecer en el municipio de San Buenaventura, a orillas del río Beni. Foto: Alerta Amazónica

Por Marc Gavaldà*

Nadie preguntó a los pueblos en aislamiento voluntario avistados en la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas. El gobierno boliviano pretende construir una represa que inundará sus territorios, sin siquiera conocerlos. Se sabe muy poco de ellos, pero los han visto río arriba, dejando señales y testimonios de su existencia.  El resto de las más de 50 comunidades  chimán, mosetén y tacana de la cuenca afectada río arriba y abajo, tampoco han sido debidamente informadas de los impactos de una infraestructura que les inundará sus territorios.

Hay intereses económicos millonarios en este y otro proyecto gemelo río abajo, la represa del Bala. Ambas con el fin de taponar el curso del caudaloso río Beni y consumir respectivamente una inversión estimada en más de 6.912 y 1.151 millones de dólares. Tanto el financiamiento como la construcción correría a cargo de bancos y empresas chinas. El gobierno de Evo Morales presume de este proyecto presentándolo como la 3ª hidroeléctrica del continente, con una generación anual de 17.935 GWh de electricidad destinada al mercado eléctrico brasilero (1). Pero a pesar de su insistencia, cada vez más voces autorizadas dudan de la viabilidad del proyecto.

La cuestión viene de lejos. En 2016, las comunidades del Madidi y Pilón Lajas se moviizaron en torno a la Mancomunidad de Comunidades de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey. Hacía unos meses, había ingresado en la zona del estrecho del Chepete la empresa GeoData para hacer sus estudios geológicos. Las comunidades expulsaron a la empresa, deteniendo sus  actividades y reafirmando el control sobre el territorio. Fue una movilización histórica para las comunidades de la cuenca del Alto Beni. Mosetenes, Chimanes y Tacanas, juntos para defender su territorio. Acampados en el mismo estrecho del Chepete, a orillas del río Beni, instalaron una vigilia que duró dos semanas. La empresa Geodata tuvo que retirarse (2). Pablo Solón, autor de varios artículos sobre el tema, publicados en la revista Tunupa, cuestiona porqué el gobierno no ha difundido los resultados del estudio técnico de Geodata: “El estudio concluye que no es rentable el proyecto” y añade ” se acabaría subsidiando la electricidad de Brasil, por venderla a un precio inferior a su costo de generación” (3).

Pero más allá del contenido del mismo, Oscar Alquizalet, técnico del Consejo Regional Chimán Mosetén advierte que el estudio previo de campo, realizado por Geodata al interior de la Reserva, ya puso en peligro a poblaciones indígenas en aislamiento voluntario. “Se reportaron varios episodios que indican evidencias de poblaciones que alertan que están invadiendo sus territorios: tales como víboras cortadas o monos decapitados”. Es sabido, que las comunidades mosetén de la zona, tienen conocimiento de grupos humanos que se mueven en las montañas sin contacto alguno con el mundo exterior. Viven detrás de las montañas, en valles inaccesibles y esporádicamente se  encuentran huellas con dedos palmeados – pies que nunca usaron calzados -y caminos con ramas cruzadas. Algunas noches se ven luces de fuego en la cordillera (4).

Sin embargo, el gobierno no aplicó protocolos para evitar el ingreso en áreas donde existen estos pueblos y más bien ha intentado ocultar estos sucesos evitando que trasciendan a luz pública. Efectivamente, no da buena imagen la supresión de derechos humanos a pueblos tan vulnerables por parte de un proyecto que ya de por sí acumula muchos cuestionamientos en cuanto a su factibilidad, costo y rentabilidad.
Navegando por el río Beni en el área afectada por el proyecto hidroeléctrioco del Bala. Foto: Alerta Amazónica

Otros pueblos afectados

En la cuenca del Alto Beni, confluyen las aguas de los ríos Beni, Quiquibey, Tuichi, Kaká, entre otros. Las últimas serranías de la franja subandina se derraman en la llanura beniana amazónica. Esta es una región protegida en dos áreas contíguas: la Reserva de la Biosfera y Parque Nacional Pilón Lajas, reconocida por la UNESCO en 1997 y el extenso y biodiverso Parque Nacional Madidi. En su interior, viven alrededor de 80 comunidades de pueblos indígenas que se desplazan con pequeñas embarcaciones propulsadas con motorcitos de dos tiempos (peques). Su vida está estrechamente vinculada al río, tanto en transporte, fuente de pesca, cultivos de orillas o la caza. También en el interior del Madidi han arrancado varios emprendimientos de turismo comunitario que se distribuyen de forma notablemente repartida los beneficios económicos: motoristas, guías, cocineras y alojamientos son receptores de los ingresos que deja un turismo atraído por la mega-diversidad del Madidi. Con la construcción de la represa del Chepete, este modelo de conservación con participación y beneficios de la población está en peligro.  Para empezar, se han identificado que 2.314 personas serían desplazadas por la inundación de 677 Km2 en la represa del Chepete y 900 personas por los 94 Km2 inundados en la represa del Bala. A parte, unas 2.000 personas más estarían afectadas en el Área de Influencia Directa por Ambos Embalses (3). Es muy probable que el desalojo de las comunidades hacia cinturones urbanos estaría condenando a sus pobladores, despojados del territorio y recursos que los sostiene, a un futuro inevitable de pobreza.

Prevendalismo o consulta

Existen datos razonables para dudar de la labor del gobierno en informar de los alcances e impactos del proyecto así como de consultar a los pueblos que van a ser afectados por la represa.

Un recorrido de campo en el interior del Parque Nacional Madidi realizada por investigadores del colectivo Alerta Amazónica revelaron que muchas comunidades acababan de firmar autorización para permitir estudios geológicos necesarios para el inicio de las obras de construcción de la represa del Bala (6). En la comunidad tacana de San Miguel, sin unanimidad, el pleno de la comunidad resolvió firmar un acuerdo para permitir la realización de Estudio encaminado a la ejecución del proyecto hidroeléctrico a cambio de la construcción de un galpón y otros desembolsos para proyectos productivos. Al día siguiente del acuerdo, la empresa ENDE activó el encendido de la luz en esta comunidad. Las obras de electrificación de San Miguel, un ramal eléctrico de 15 km sostenido en postes de hormigón, había sido finalizada hacía meses y la empresa excusaba la demora del encendido a razones técnicas. La coincidencia del suministro de la luz con la firma del permiso, hace pensar en el uso de las necesidades básicas de la población, como medio de chantaje para conseguir el sometimiento a proyectos extractivos en sus territorios.

El 9 de julio de 2019, Evo Morales y un séquito formado por el Vicepresidente, ministros y directivos de la empresa ABC, desembarcaron en el municipio ribereño de San Buenaventura, en el departamento de La Paz, para inaugurar el flamante puente sobre el río Beni. En su discurso, el presidente de Bolivia advirtió: ” Si no quieren represa, nos la llevaremos a otra parte, y otros departamentos se beneficiarán”. De nuevo, se evidenciaron tensiones en la ejecución de este proyecto, cuya aceptación por la población urbana aguas abajo del río Beni está muy cuestionada.

Según organizaciones indígenas entrevistadas, la existencia de pueblos en aislamiento afectados por la represa, aporta nuevos argumentos para cuestionar, aún más si cabe, la construcción del muro de 186 metros de hormigón en el estrecho del Chepete. La vulneración de derechos humanos planea sobre el proyecto hidroeléctrico y no interesa al gobierno que trascienda la existencia de pueblos, bolivianos también, en situación  aislamiento voluntario.

*Universidad Autónoma de Barcelona. Colectivo Alerta Amazónica http://alertamazonica.wordpress.com

(1) Generación anual de las represas (GWh): El Bala: 2.195; Chepete: 15.470. Fuente: Geodata, 2016.
(2) Entrevista a Valentín Luna , Presidente de la Mancomunidad de Comunidades de los ríos Beni, Tuichi y Quiqubey. Rurrenabaque, 5/07/2019.
(3) Entrevista a Pablo Solón, Fundación Solón, La Paz, 24/7/2019.
(4) Entrevista a Oscar Alquizalet, técnico del Consejo Regional Chimán Mosetén, Cocabamba, 29/7/2019
(5) Tabla elaborada por Fundación Solón, Tunupa Nº107, La Paz, diciembre 2018.
(6) Proyecto “Deforestación por ejes viales en la Amazonía Boliviana. Fons Autónoma Solidària- Universitat Autònoma de Barcelona en convenio con la Escuela Forestal Universidad Mayor de San Simón, 2019.

Denuncian persecución a familia campesina que se opone a un proyecto de Pampa Energía en el chaco salteño

CONNIVENCIA ENTRE PETROLERAS Y EL ESTADO

Los Blancos, Salta, 08/07/19

El Frente Nacional Campesino (FNC) expresa su total solidaridad con la familia Robledo, del Paraje El Palmar, jurisdicción de Los Blancos, departamento Rivadavia Banda Norte, Provincia de Salta.

Jorge Robledo y familia sufren una persecución política, policial y judicial por reclamar los derechos de la familia ante los abusos que cometen las empresas: High Lukc Group Limited y Pampa Energía S.A.

Dichas empresas están extrayendo petróleo mediante el Proyecto denominado “LOS BLANCOS. X – 2001, ÁREA EL CHIRETE”, ubicado en el campo de la familia Robledo, en la jurisdicción de Los Blancos, Rivadavia (BN), Salta.

Las empresas nombradas obtienen las autorizaciones mediante maniobras judiciales que avasallan los derechos de los dueños de la tierra, y siguen cometiendo graves irregularidades ambientales y económicas con el aval de la justicia salteña.

El Sr. Jorge Robledo fue detenido en forma arbitraria por la policía de Salta, y acusado por delitos que no cometió,  se supone que las acusaciones fraguadas tienen por objeto amedrentar  a la familia Robledo para que desistan de sus reclamos.

Jorge Robledo es obligado por el Juez Nelsón Aramayo, Juzgado de Garantía Nº 1, a presentarse todos los viernes de 09 a 10 horas a presentarse ante la Fiscalía Penal de Embarcación, durante dure la “investigación”.

Por favor difundir.

Atentamente.

Benigno López,
Coordinación
FNC

Contacto:
Jorge Robledo: 3878402585

Analizan los movimientos sísmicos en Vaca Muerta

Técnicos de Sismología Chile realizaron un informe sobre los movimientos sísmicos en las fallas de la Dorsal Huincul ocurridos entre los años 2015-2019. La zona se encuentra en pleno corazón de la explotación hidrocarburífera no convencional. Si bien aún no se pudo probar relación entre sismos y fracking por falta de estudios en el lugar recomiendan que se realice un seguimiento de campo. Autoridades de Neuquén anunciaron esta semana la instalación de dos sismógrafos para analizar la situación. 

Por Martín Álvarez Mullally

El grupo de Sismología Chile se ha transformado en la referencia de los análisis de los movimientos sísmicos en la zona de Sauzal Bonito, cercana al epicentro de la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta. La organización no gubernamental que fue creada después del terremoto de Chile en 2010, para advertir a la población sobre cómo afrontar una situación de esa naturaleza, acaba de publicar el “Informe técnico N°2: Análisis de la sismicidad en la dorsal de Huincul durante el periodo 2015-2019”, en el que sistematiza los datos obtenidos hasta la fecha para que sirvan de base a estudios futuros. “Es necesario que esta situación se estudie, sobre todo por la población, la zona no está preparada para movimientos”, explicó Joaquín Vásquez uno de los integrantes del departamento de analistas que firma el informe publicado la misma semana en que el gobierno neuquino anunciaba la instalación de los primeros dos sismógrafos.

El estudio se basa en la dorsal de Huincul que según los autores “es un sistema de fallas activas en un escenario tectónico transpressional, que es capaz de registrar sismos de pequeña y mediana magnitud”. El informe destaca que los movimientos sísmicos registrados “pueden tener un impacto negativo en la población considerando el tipo de estructura que poseen algunas viviendas en localidades aisladas en la zona y otros factores sismológicos como la reducida distancia epicentral y la superficialidad de los focos que juegan un rol importante en el nivel de sacudimiento del suelo”. También subraya que “los sismos evaluados presentan diferentes ubicaciones y orígenes, por lo que no toda la sismicidad presente se asocia a una misma falla, sino que son varias las fallas involucradas”.

Los analistas buscaron calcular los parámetros de todos los eventos sísmicos ocurridos desde 2015 hasta la actualidad, determinar su origen y su relación con las fallas geológicas presentes en el área y su cercanía con los lugares donde se desarrolla fracking. Entre las conclusiones sostienen que hasta la fecha no es posible determinar que el fracking es el origen de la activación o reactivación de fallas, producto de que no existen estaciones de monitoreo, ni tampoco hay estudios en terreno que permitan establecer esa correlación. No obstante, el informe destaca que es posible evidenciar la cercanía de los epicentros sísmicos a los lugares donde se explotan hidrocarburos no convencionales. Según la publicación “el incremento de la actividad sísmica coincidió con el inicio y la intensificación de fracking en la zona, ambos fenómenos pueden relacionarse, hay casos comprobados de que la explotación o extracción de gas o petróleo puede causar aumento de tensión en segmentos de fallas lo que puede ocasionar su reactivación, sin embargo, aquellos casos documentados han presentado vigilancia, estudios en terreno, estaciones de monitoreo en tiempo real y GPS. Por lo tanto, para poder descartar o confirmar la relación entre estos fenómenos se necesitan más datos, y varios de ellos específicos”.

Durante los primeros seis meses del 2019 registraron 120 sismos en el área de estudio, estos se concentraron en cercanías a Sauzal Bonito. En enero de 2019, un enjambre sísmico se presentó en la dorsal de Huincul con 37 movimientos en 30 horas.

Una de las apreciaciones preocupantes de los analistas es la existencia de un sistema de fallas normales en la zona de Sierra Barrosa y Sierra Barrosa Norte, ubicadas al sur del embalse Los Barreales. “Dentro de esta zona se ubican algunos sismos como el ML=3.1 ocurrido el 04/06/2018 o el ML=3.0 del 07/03/2019, sin embargo, tampoco existe mecanismo focal para relacionar estos sismos con el sistema de fallas”, sostiene la investigación.

En el caso de Sauzal Bonito, el informe señala la preocupación por la situación de  las construcciones. “La calidad de las viviendas o estructuras de este lugar no están preparadas ante eventos de esta naturaleza, las edificaciones están hechas de materiales no sismorresistentes, algunas de ellas de adobe, por lo que es esperable que, ante sismos de magnitud moderada o fuerte, cercanos a esta localidad y superficiales, se presenten daños en la infraestructura”, precisa.

Controversias

Sismología Chile ha publicado regularmente registros de sismos en sintonía con las denuncias de la población de Sauzal Bonito, que se ubica a pocos kilómetros de varios desarrollo no convencionales, entre ellos, el que fuera estrella en 2018: Fortín de Piedra. Hace dos semanas, el miércoles 18 de junio a las 2 am, Sismología Chile detectó un sismo de 3,1 puntos que tuvo una profundidad de 13 kilómetros en el yacimiento El Mangrullo, quienes viven en Sauzal Bonito ratificaron el movimiento, pero la noticia fue desmentida por el titular de Defensa Civil de Neuquén Martín Giusti.

La organización le respondió Giusti subrayando la carencia de información oficial. “Consideramos que, sin registros instrumentales, no se puede desmentir fácilmente la ocurrencia de un sismo”, señalaron desde Sismología Chile en un comunicado.

A mediados de 2018 comenzaron las denuncias de habitantes de Sauzal Bonito. Hasta el momento, el movimiento más fuerte se constató a principios de marzo y alcanzó los 4,8 grados. Esta semana comenzaron los análisis para instalar los primeros sismógrafos.

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