La Confederación Mapuce de Neuquén denuncia cómo fueron despojados de sus tierras, que luego pasaron a ser propiedad de una pequeña pero poderosa elite económica cercana al poder.
El conflicto desatado entre el pueblo mapuce y el gobierno neuquino se ha visto recrudecido estos últimos meses. Los violentos intentos de desalojo han sido acompañados por una campaña de prensa falaz, construida a partir de noticias sin ningún sustento, muchas veces al borde del absurdo.
Mientras la comunidad mapuce defiende con los medios que tiene a mano su derecho a habitar las tierras de sus ancestros, tal como lo reconoce la misma Constitución Nacional, el gobierno toma posición y pone todo su poder al servicio de los intereses de terratenientes y empresarios –en muchos casos vinculados directamente al poder- para que puedan seguir adelante con sus negocios.
Sin dudas, el pueblo indígena y sus reclamos se están convirtiendo en un estorbo para las ambiciones de un pequeño grupo, fuerte tanto en lo económico como en lo político. Lo que ayer se imponía por la fuerza que otorga un fusil, hoy se intenta conseguir por intermedio de artimañas legales. Pero los actores, de uno y otro lado, siguen siendo los mismos.
Últimamente, una vez más se ha visto reflejada en los medios de comunicación locales la vieja pero efectiva estrategia de “demonizar” y criminalizar las protestas de determinado sector, para que el resto del conjunto social vea con malos ojos su accionar y así facilitar su silenciamiento. Apelando a este mecanismo de manipulación, se llegó a tildar al pueblo mapuce de “terrorista” y hasta se habló de vinculaciones con agrupaciones armadas como la FARC y la E.T.A.
A través de un comunicado, la Confederación Mapuce de Neuquén saca a la luz la otra cara de la moneda y explica cómo se ha llevado adelante este proceso que dio comienzo hace 130 años con la denominada “Campaña del Desierto”, a través del cual fueron violentamente despojados de sus tierras, que luego quedaron en manos de un puñado de hacendados
“Los actos de recuperación territorial protagonizado por diversas comunidades mapuce de Neuquén, como actos de estricta justicia, es consecuencia de décadas y décadas de ser testigos pasivos y victimas de acumulación terrateniente –denuncian-. Un sector privilegiado de la región y ligado al poder político se apropió de tierras, expandió las fronteras wigka, desalojó a nuestra sociedad preexistente y consolidó un sistema de propiedad sustentado en la ganancia, donde nos corresponde el rol de peones de estancia”.
Las cifras actuales respecto a la distribución de la tierra en el país son alarmantes y ponen de relieve los intereses en juego: “…En Argentina, el 1,3 % de los propietarios posee el 43 % de la superficie de nuestra tierra, (Censo Nacional Agropecuario 2004) mucha de ella utilizada simplemente con fines especulativos sin responsabilidad productiva, pero pendiente del uso de los recursos bioculturales que posee”.
“Una de las tareas fundamentales cumplidas por el Estado nacional impuesto a partir de 1880 –continúa explicando el texto- , fue la de aplicar una política sistemática de transferencia de las tierras robadas al Mapuce, a manos privadas. Se hizo a través de la donación, la venta o la recompensa por servicios prestados al ejército de Roca. La concentración de la tierra en pocas manos y la expansión de las grandes propiedades fueron las consecuencias más conocidas de estas políticas. […] Posterior al reparto de nuestra tierra, enormes extensiones fueron dejadas de lado por su escasa calidad y poca aptitud productiva para la ganadería o la agricultura. Allí fueron confinados enormes cantidad de familias mapuce que sobrevivieron al destierro y la persecución, a los apremios ilegales y a la desaparición. En definitiva, sobrevivientes del “Terrorismo de Estado” que aquí se instaló con la invasión militar”.
Como ejemplo de esta brutal desigualdad, citan el caso del la tradicional familia Lagos Mármol, a quien además responsabilizan por ser “uno de los impulsores de la campaña de confusión y demonización hacia las comunidades mapuce que demandan justicia”. Su estancia en Aluminé posee 14.484 hectáreas, mientras que el predio perteneciente a la Comunidad Currumil aloja a 58 familias y está compuesto por tan solo 2.600.
También se hace especial mención al acaudalado Carlos “Nuno” Sapag, a quien acusan de haber hecho “fortunas beneficiado por obras públicas que sus familiares en el poder le otorgaron en contrataciones directas a su empresa “CN Sapag”. Posee estancias en diversas provincias del país. Posee además concesiones mineras en explotación y otras a explotar, entre las cuales se encuentran reservas mineras contiguas a la rechazada Mina de capitales chino “Emprendimientos Mineros SA” en Campana Mawida”
El saqueo en números
_En Argentina, el 1,3 por ciento de los propietarios posee el 43 por ciento de la superficie de nuestra tierra…!!!
_… “el 10 % de las explotaciones más grandes concentra el 78 % del total de las hectáreas registradas, en tanto que el 60 % de las explotaciones más pequeñas no llega a reunir un 5 % de las mismas”. La peor relación se da en Catamarca, Mendoza y Neuquén, donde el 10 % de las explotaciones más grandes concentran el 90 % de las tierras rurales”.
Fuente: “ Una tierra para todos”. Publicación de la Conferencia Episcopal Argentina /2006
_De los más de 170 millones de hectáreas productivas de todo el país, 70 millones de Has están en poder de tan sólo 4 mil dueños.
_Hay en total en el país casi 300.000 productores. Pero apenas 4.000 poseen casi la mitad de la tierra.
_En la región pampeana, donde están las tierras más cotizadas, hay 4.110.600 has en manos de sólo 100 dueños. Esa superficie es similar a toda la provincia de Salta (4.269.500 has)
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Fuente: 8300 Web