Bolivia: En busca de un modelo viable para hidrocarburos

Corrupción y gestión ineficiente obligan al gobierno a presentar nueva Ley de Hidrocarburos.

Ricardo Herrera Farell

La Asamblea Legislativa Plurinacional que empezará a sesionar el próximo año, tras ser elegida en los comicios del 6 de diciembre, no la tendrá fácil. Una de sus primeras misiones será discutir la Ley de Hidrocarburos, la segunda en los últimos cuatro años y la cuarta en casi 20. Esta legislación ha tenido demasiados vaivenes desde que en la década de los años 30 se promulgó la primera y ha generado innumerables polémicas, pero resulta imprescindible para un país que tiene la segunda mayor reserva de gas de América del Sur después de Venezuela.

A pesar de que la nacionalización del sector, concretada el 1 de mayo del 2006, generó mayores ingresos a la economía boliviana, los analistas coinciden en señalar que el Estado no ha logrado aún consolidar un modelo viable a largo plazo, y el reto que el gobierno del presidente Evo Morales asumió de industrializar el gas ha encontrado trabas, no por parte de la oposición, sino desde dentro del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).

En apenas tres años, la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tuvo seis presidentes, algunos de ellos presuntamente implicados en hechos de corrupción e irregularidades administrativas. El mayor escándalo ocurrió a principios de este año, cuando Santos Ramírez, el entonces presidente de la empresa petrolera nacionalizada y figura clave dentro del MAS, fue acusado de favorecer la contratación de una empresa fantasma, Catler-Uniservice, para la construcción de una planta separadora de líquidos por US$86 millones, y estuvo inmiscuido en la creación de Servicios e Industrias Petroleras SA (SIPSA), una envasadora de gas privada que fue solventada con recursos de YPFB. El hecho promovió un saneamiento interno y el control especial de los contratos públicos superiores a los $500,000.

Efectos positivos
Para el historiador y economista Gustavo Rodríguez Cáceres, la nacionalización ha tenido numerosos efectos positivos, entre ellos el aumento de la renta petrolera. Según declaraciones del propio presidente Morales, años antes de la nacionalización sólo por la explotación y comercialización de hidrocarburos el país recibía $300 millones anuales y hoy recibe más de seis veces esa cantidad, “pero el problema”, opina Rodríguez, “es el uso que están haciendo de ese dinero las prefecturas (gobernaciones) y municipios”.

“Por ejemplo, un análisis que hicimos del presupuesto prefectoral ejecutado en la ciudad de Cochabamba nos demostró que cerca del 90% del dinero que recibían por concepto de regalías de hidrocarburos lo invertían en construcción. Es decir, casi todo se lo invierte en construir caminos, escuelas o postas sanitarias, pero si bien son obras de beneficio público, se está dilapidando esos ingresos y no se los está invirtiendo en generar otro tipo de riquezas, por ejemplo en capital financiero productivo o en la generación de empleos”, precisa Rodríguez, quien es coautor junto con Marco Gandarillas, Christian Ferreyra y Antonio Rodríguez-Carmona de la investigación “¿Responsabilidad corporativa o derechos sociales? Un análisis de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia”, publicado el año pasado por la Asociación para la Cooperación con el Sur (ACSUR) y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).

Una parte de los ingresos por hidrocarburos se ha destinado a financiar la Renta Dignidad, bono que se entrega a personas mayores de 60 años. Se calcula que hay más de 600,000 beneficiarios en todo el país.

“Los historiadores e investigadores que han estudiado el tema del petróleo en Bolivia señalan que las políticas para el sector se han movido de un lado a otro como un péndulo. Es decir, hacia el lado de los que han promovido su nacionalización, y [hacia el de] los neoliberales que quieren que quede en manos de las empresas privadas. Ambos, y a su turno, no tomaron medidas estructurales que sirvieran a largo plazo para construir un modelo viable”, sostiene Rodríguez.

Capitalización vs. nacionalización
“Este gobierno, como el anterior de Gonzalo Sánchez de Losada [2002-2003], ha basado su política petrolera en un triángulo. En el primero consistía en la capitalización, nueva Ley de Hidrocarburos y exportación de gas a Brasil, mientras que el de Evo Morales se basa en la nacionalización, refundación de YPFB e industrialización”, dice. “Lo de la nacionalización dudo que haya funcionado, porque lo que en realidad ha hecho el Estado ha sido una compra de acciones, la industrialización está en cero y no ha avanzado ni un milímetro desde el año 2005, mientras que la refundación de YPFB ha convertido a la empresa en una estructura sin capacidad de gestión, poco profesional y sin metas concretas”, indica Hugo del Granado, ex vicepresidente de YPFB (1997-2002) y consultor en temas energéticos.

Sin embargo, el actual presidente de YPFB, Carlos Villegas, aseguró en la 24ª Conferencia Mundial del Gas, realizada a principios de octubre en Buenos Aires, que “el país comenzará en breve a industrializar el gas natural dentro del territorio boliviano, a través de una planta de amoníaco y urea que producirá fertilizantes nitrogenados, una planta de conversión de gas licuado y una nueva refinería”, e invitó a las compañías extranjeras a invertir en áreas de producción y exploración de gas en Bolivia.

A iniciativa del gobierno también, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía convocó a mediados de octubre a especialistas, técnicos, empresas petroleras que trabajan en el país y a autoridades involucradas en el tema, a participar en talleres y mesas de trabajo que servirán de base para la elaboración del anteproyecto de la Ley de Hidrocarburos que será presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional en diciembre, para su posterior análisis el próximo año.

José Magela, presidente de la Cámara de Hidrocarburos de Bolivia, que agrupa a las empresas petroleras que trabajan en el país, no quiso dar declaraciones sobre el tema y prefirió no opinar acerca de la visión que tienen las operadoras sobre la nacionalización.

“No queremos crear un ambiente que no sea propicio al buen desarrollo de esas mesas de trabajo en la que hemos participado”, se limitó a señalar Magela. Sin embargo, de manera extraoficial se sabe que la preocupación del sector es conocer la posición que tomará el gobierno respecto a la participación privada en el área de hidrocarburos y si abrirá nuevos mercados, aumentará la producción, pero, sobre todo, si garantizará la seguridad jurídica de las inversiones que se hagan en el país.

El encargado de prensa del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, Antonio Soria, indicó que por el momento las autoridades prefieren guardar silencio y recoger todas las voces para redactar la nueva ley

Fuente: Noticias Aliadas