El Gobierno apura un acuerdo con petroleras para sostener la producción de gas hasta 2011

Si bien el convenio vigente vence en 2011, el Ministerio de Planificación quiere buscar incentivos para revertir la caída de la extracción del fluido con vistas a garantizar la oferta durante los próximos dos años. Daría luz verde al reacomodamiento de precios, pero mantendrá la fuerte intervención sobre el mercado.
El Gobierno comenzó a discutir un nuevo acuerdo de gas con las principales petroleras del país con el objetivo de sostener la producción del fluido hasta el final del mandato de la presidenta Cristina Kirchner. Los encargados de llevar adelante las negociaciones con el sector privado son Roberto Baratta, coordinador del Ministerio de Planificación y hombre de confianza del titular de esa cartera, Julio De Vido, y Antonio Pronsato, interventor del Enargas. Ambos funcionarios iniciaron los contactos con las empresas a fines de noviembre.
Una vez más, quedó a un lado de la discusión el secretario de Energía, Daniel Cameron. “Le van a dar la resolución para que la firme”, aseguran en despachos oficiales.
El acuerdo actual entre el Estado y las productoras gasíferas vence en 2011 –está asentado en la resolución 599 de la Secretaría de Energía-, pero el Gobierno quiere rubricar uno nuevo para favorecer a las compañías a revertir la tendencia en baja de la producción. Para eso, planea otorgar una serie de incentivos a las operadoras. Entre ellos, la flexibilización de algunos puntos del marco vigente para que las petroleras levanten su nivel de perforación.
Habrá señales de recomposición de precios, como piden las empresas y las provincias. Pero a cambio el Estado mantendrá una herramienta para seguir interviniendo en el sector, dado que dispondrá los volúmenes que deberá distribuir cada una de las empresas a los clientes residenciales, los menos redituables para las petroleras.
“En este último tiempo han aparecido nuevas variables como el Gas Plus (que permite mayores precios a la nueva oferta del fluido) que es necesario contemplar normativamente”, confiaron fuentes oficiales.
La resolución 599 sostenía algunos puntos que no llegaron a cumplirse, como la liberación del precio del GNC (el combustible que menos aumentó desde 2005). Desde la cartera que dirige Daniel Cameron negaron que vaya a haber novedades sobre ese punto, pero indicaron que se buscará transparentar algunas cuestiones que se modificaron ad hoc en los últimos tiempos.
“Se dejará en claro que el precio que paga la industria -consume un 30% de la oferta- flotará libremente en el mercado mayorista. Y también se buscará definir qué valor tendrá el Gas Plus. Además, se fijarán los precios del GLP –garrafas- y qué despacho deberá cubrir cada petrolera”, agregaron.
Problemas estructurales
El nuevo acuerdo de gas estará atado a la actualización del esquema tarifario del sector residencial, un punto postergado desde la devaluación de 2002 que ahora el Gobierno parece tener interés en solucionar, según se desprende de declaraciones recientes del propio De Vido y del ministro de Economía, Amado Boudou, que van en esa dirección.
“Si la idea es que las productoras nos comprometamos a garantizar el suministro para los próximos años del segmento domiciliario (hoy demanda un 24% de la oferta, pero en invierno trepa hasta el 45%), es necesario dar señales adecuadas de precios. Y eso sólo es posible si se sincera el valor de las tarifas gasíferas que pagan los residentes”, dejó en claro un importante directivo de la industria.
Con esta iniciativa, la administración de Cristina Kirchner busca revertir la precaria situación por la que atraviesa la industria del gas, que explica un 51% de la matriz energética nacional. Sabe que aunque el enfriamiento de la economía ayudó a pasar este invierno sin restricciones tan drásticas como las de 2007, los problemas en el suministro podrían volver el año que viene cuando se reactive la demanda industrial.
El sector enfrenta algunos problemas estructurales. A la declinación natural de los grandes yacimientos (ubicados en Neuquén) se le suma la caída de la perforación por los bajos precios internos, con lo cual en los últimos años el Estado se vio obligado a solventar la creciente importación de gas desde Bolivia y en estado líquido (LNG).
El valor doméstico del gas se divide por sector: los industriales pagan un importe libre que oscila entre los u$s 2,50 y los u$s 5 por millón de BTU; el GNC, u$s 1,10; los residenciales, una media de u$s 0,80; y las centrales eléctricas, u$s 2,05. En promedio, los productores reciben cerca de u$s 2, menos de la mitad de lo que cuesta el gas boliviano (u$s 5,50).
Por eso el Gobierno ha empezado a dar algunas señales de precios para incentivar la producción, que en 2009 cayó un 1,7% y desde 2005 acumula una caída del 30 por ciento. Una de ellas es el Gas Plus, presentado en marzo de 2008. La intención es que la iniciativa ayude a poner en explotación reservorios menos rentables o de gas no convencional, como el que surge de arenas compactas (tight gas).
“El Gas Plus oscilará entre los u$s 3,50 y los u$s 7, según la complejidad operativa que demande el yacimiento”, precisó otra fuente de la Secretaría de Energía.
Luego de una serie de modificaciones que flexibilizaron los requisitos para acceder al programa (la última lleva el nombre de Gas Plus 3 y curiosamente ya está operativa aunque todavía no fue publicada en el Boletín Oficial), la medida parece haber captado la atención de la industria, dado que ya se presentaron más de 45 proyectos que podrían sumar 20 MMm3/día a la oferta en 2012.
“El nuevo convenio avanzará en el precio que tendrá el Gas Plus según se trate de tight gas, shale gas o yacimientos convencionales menos productivos. Al mismo tiempo, se buscará ir liberando gradualmente el precio en boca de pozo (un pedido corporativo de las provincias gasíferas), a fin de recuperar el nivel de perforación”, precisaron desde la Secretaría.
Fuente: Inversor Energético