La ONU aprobó 16 proyectos argentinos por valor de US$ 35 millones. Pero el fracaso de Copenhage paró otras inversiones.
Por Damián Kantor.- A casi cinco años de su entrada en vigencia, el futuro del Protocolo de Kyoto –que obliga a las naciones industrializadas del planeta a reducir la emisión de gases contaminantes– es una incógnita. Tal incertidumbre se trasladó al mercado del carbono, que mueve más de US$ 125.000 millones a nivel global, y que impacta en la Argentina: la explicación es que son varios los proyectos de inversión que apuntan a eliminar emanaciones contaminantes, un negocio que ya factura US$ 35 millones al año. Pero las dudas podrían frustrar muchos otros.
El causante de todo es la fracasada cumbre de Cambio Climático desarrollada en diciembre en Copenhague, en la que se intentó profundizar el acuerdo de Kyoto, suscripto por 186 países, que impone la reducción de gases de efecto invernadero en un 5,2%, por debajo de los niveles de 1990. En realidad, son las empresas de países ricos las que deben reconvertir sus fábricas o invertir en procesos aprobados por la ONU en países como la Argentina, que frenen el proceso de calentamiento global, a través de la compra de bonos de carbono.
La fecha tope es 2012, pero Copenhague fracasó, principalmente, porque no pudo extender el plazo más allá y porque la posición de los EE.UU., el mayor contaminante del planeta, no lo suscribió. “Se generó un marco de incertidumbre”, opinó Eugenia Magnasco, de la Secretaría de Medio Ambiente, pero agregó que aún es muy pronto para sacar conclusiones. Para eso habrá que esperar a 2012, “cuando por primera vez, los países firmantes del protocolo tengan que rendir cuentas sobre los niveles de reducción comprometidos”.
En concreto, el país tiene 16 proyectos aprobados por las Naciones Unidas, que decide en última instancia el nivel de reducción de cada uno y su valor (en bonos CER). Cada bono corresponde a una tonelada de dióxido de carbono, cuyo valor de mercado se negocia hoy a US$ 16. Los números muestran el tibio interés de las empresas argentinas por entrar en la onda verde, lo que genera opiniones contrapuestas en las consultoras que operan en ese mercado. “La Argentina tiene mucho potencial para generar proyectos, pero no hay inversiones. El país, en este aspecto, está por debajo de Brasil, Chile, Colombia y Perú”, explicó, con visión optimista, Francisco Ocampo, de Ecosecurities, una firma comprada recientemente por el JP Morgan. “Estamos muy lejos de ser uno de los grandes países receptores de proyectos”, completó Nuria Zanzottera, de MGM, otra consultora comprada adquirida meses atrás por Morgan Stanley. Sin embargo, añadió que “poco a poco se van viendo avances”.
Esos lentos avances pueden traducirse en los siguientes datos aportados por el Fondo Argentino de Carbono, la oficina que depende de la Secretaría de Medio Ambiente, encargada del tema. Desde la entrada en vigencia el Protocolo de Kyoto, el 16 de febrero de 2005, hubo 293 consultas concretas sobre proyectos basados en tecnologías limpias. De ese total, sólo 37 fueron aprobados a nivel local, es decir, aquellos que aún cuentan con chances de generar certificados negociables, si es que la ONU les da el visto bueno.
De los 16 proyectos avalados por la ONU, la mayoría tienen que ver con quema de gas metano en rellenos sanitarios: el CEAMSE, una sociedad mixta del Gobierno porteño y el bonaerense que gestiona la recolección de basuras, firmó varios acuerdos con empresas internacionales para captar y negociar bonos de carbono. El más redituable, hasta ahora, es el que logró Frío Industrias Argentina, una empresa de San Luis enfocada en la refrigeración, que invirtió en la eliminación de gases HFC 23, cuyo potencial de calentamiento es 11.900 veces mayor que el dióxido de carbono. En otros términos, por cada tonelada de ese gas eliminada, la empresa recibe 11.900 bonos.
Las dos caras
Este es uno de los motivos por el cual el negocio atrajo el interés de consultoras internacionales, certificadoras (empresas habilitadas por la ONU para avalar proyectos) y operadores. Pese al fracaso de Copenhague, muchos de ellos se muestran optimistas con el futuro del negocio en el país. “El fracaso de la Cumbre del Cambio Climático se sabía, era esperable. Naturalmente, eso pospone decisiones de inversión, pero no lo hace peligrar. Es sólo una demora”, dijo a iEco Marcelo Iesi, de Price.
La esperanza es que las políticas que tiendan a disminuir el calentamiento global, cuyas consecuencias aún se desconocen, los interesados creen que el mercado de carbono llegó para quedarse. Y para crecer. “Algún tipo de acuerdo habrá; si no es formal, como el Protocolo de Kyoto, será por afuera, producto del avance de leyes internas, como pasa en los EE.UU. (que tiene pendiente de sanción dos normas en ese sentido), que prevé la compra de créditos de carbono”, sentenció Ocampo, de Ecosecurities.
Muchos creen que será difícil reflotar el acuerdo de Kyoto. De lo que sí están convencidos es del avance de lo que llaman el “mercado voluntario”, en vías de conformación, que fortalecerá la demanda de proyectos basados en tecnologías limpias.
Más pesimista, un broker aseguró que la incertidumbre que existe hoy quizás afecte a la demanda, y a los precios. “Muchas empresas, después de Copenhague, desconoce el valor de sus activos (bonos). Pero está el mercado voluntario. Y también hay muchas empresas que, por cuestiones de marketing o para lavar su imagen, promueven la ecología. Son factores que impulsarán la demanda”, dijo.
El Banco Mundial, que cuenta con US$ 2.500 millones destinados a frenar el cambio climático, es la contracara. En diálogo con iEco desde Washington, Eduardo Dopazo, ejecutivo de la entidad, explicó: “Después de Kyoto, el mercado crecerá más y la prueba es que nosotros seguiremos apostando fuertemente a esos proyectos. Existen dudas en los actores del mercado. Sin embargo, estamos a la búsqueda de fondos frescos, estamos cerrando operaciones, y muchos son para participar después de 2012”.
iEco – Clarín
