Bolivia: Políticas ambientales se hacen esperar

Por Juan Nicastro– “Bolivia avanza, Evo no se cansa” era una de las máximas de la campaña que llevó al presidente Evo Morales a la reelección en diciembre pasado. Pero los aspectos socioambientales de los avances políticos, económicos y sociales que se han producido desde el 2006, cuando Morales llegó al poder, son ahora complejos desafíos para una sociedad que vive cambios vertiginosos e inéditos en su historia.

La dinámica de las extracciones de petróleo y gas, las perspectivas de producir hierro y litio, el peligro de los transgénicos, el impacto de megaproyectos regionales de infraestructura, el acceso al agua, los focos de contaminación endémica, las consecuencias de la vieja y nueva minería, el plan de industrialización, son una realidad inquietante que ya genera reacciones en comunidades campesinas e indígenas.
En el marco de la crisis global (ambiental, energética y alimentaria), la evolución de estos conflictos atrae la atención de manera particular: ¿logrará Bolivia soluciones que puedan ser tomadas como ejemplos superadores, o sufrirá la repetición del esquema que actualmente devasta el planeta?
“Hemos cambiado el discurso, pero no todavía el modelo”, dispara tajante Marco Ribera Arismendi, activista con casi 30 años de experiencia en el campo ambiental latinoamericano, integrante de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), una de las mayores organizaciones ecologistas del país. Desde el 2007, la LIDEMA realiza un amplio trabajo de diagnóstico y seguimiento de las problemáticas socioambientales centrales, que en general “responden a un modelo de desarrollo global o continental, que excede a Bolivia”.
“Teníamos grandes esperanzas en este gobierno en relación a la solución o cambio en estos temas, y se mantienen todavía las esperanzas, pero en una escala de puntaje máximo 10, si los gobiernos neoliberales estaban desaprobados con 1 o 2, ahora estamos apenas en 3 o 4, cuando la expectativa era estar ya en 6 o 7”, dice Ribera Arismendi.
Poco espacio para las críticas
En estos días crecen los llamados de atención desde distintos sectores. Varios dirigentes de la Confederación de Naciones Aymaras y Quechuas (CONAMAQ) aprovecharon la VII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) realizada en Cochabamba en octubre del 2009, para expresar que “los megaproyectos no son compatibles con el Buen Vivir”, cosmovisión indígena que implica vivir en armonía con la naturaleza.
El terreno no está demasiado fértil para las críticas y opiniones. En el caso de las organizaciones no gubernamentales, sus advertencias son tomadas a veces como ataques opositores al gobierno. Y cuando provienen de organizaciones de pueblos originarios, algunos las adjudican a disputas por poder cuando en realidad están en juego importantes impactos a los ecosistemas.
En este sentido, el avance institucional en la implementación de las autonomías indígenas —establecidas por la nueva Constitución— en amplios territorios generará un cambio de escenario que podría favorecer la preservación de floras y faunas. Así lo espera Jenny Gruenberger, directora de LIDEMA, para quien “la defensa de la diversidad cultural lleva consigo la defensa de la diversidad biológica”.
Gruenberger opina que las críticas deben hacerse de forma constructiva y participando en el proceso de cambio. “Así logramos trabajar en todos los capítulos ambientales de la nueva Constitución, y varias de nuestras propuestas quedaron firmes”, dice.
Agrega que “es muy valioso que nuestro presidente tenga un fuerte discurso ecológico y de integración con la tierra. Pero la realidad dentro del país todavía no está a la altura de ese discurso. Quizá porque supuestamente hay otras prioridades. Pero lo que nosotros decimos es que si no se toman recaudos ya mismo, en breve será demasiado tarde”.
Desde la sureña Tarija, el educador popular William Ávalos opina que el mandatario “a través de la llamada revolución cultural, que incluye un discurso que rescata las tradiciones y valores ancestrales, está haciendo mucho hincapié en la cosmovisión andina, donde se manifiesta que no somos materia, que somos energía, y que esa energía tiene que estar en equilibrio con su entorno, con la naturaleza. Eso es profundo, es bien profundo, y te ayuda a saber dar y a saber recibir, a dar energía y recibir energía. Pero solamente como discurso eso está planteado, en la práctica todavía hay muchos problemas. Por ejemplo, en el país el sostén económico es el gas, y seguimos sacando gas, y yo diría que están dañando. He hablado con indígenas que me han dicho ´nos están sacando el gas y nos están prometiendo casas. Pero nosotros queremos recompensa por lo que nos están sacando, queremos tierras´”.
Ávalos reflexiona que la conciencia ecológica en Bolivia está creciendo, pero no tanto en la llamada “media luna”, que incluye a los departamentos orientales de Santa Cruz, Beni y Pando y el sureño Tarija, con mayores recursos económicos y riquezas naturales.
“Aquí el discurso de Evo no llega a operarse. En Tarija, Caraparí, capital del gas, debía ser una ciudad modelo, con servicios, escuelas, hospitales, etcétera. Eso ha dicho Evo. Pero tú pasas por Caraparí, y nada de eso. Una polvareda, y siguen extrayendo y extrayendo gas. Entonces, yo no sé si la visión ecológica en ese marco se opera. Además, esa cosmovisión indígena es andina, y los pueblos de aquí, de la media luna, no son andinos. Son similares, sí. Quieren cuidar su tierra, su cultura, sus productos, su lengua. Pero no son lo mismo”.
Sin cambios en minería e hidrocarburos
En cuanto al tema minero, los cambios se siguen haciendo esperar. La nacionalización del sector, implementada en el 2006, ha tenido pocos avances; ni siquiera se ha modificado el monto de regalías que deben pagar las empresas extranjeras por sus extracciones —se mantiene en torno al 5%, igual que en la mayoría de los países de América Latina— y el crecimiento de la megaminería a cielo abierto no encuentra freno, a pesar de las negativas consecuencias socioambientales observables no sólo en Bolivia sino en el resto de la región.
Hidrocarburos es otro gran tema. Las consecuencias de la explotación de petróleo y gas están a la vista, sobre todo en el sur del país, con grandes pasivos ambientales. Empero, el gobierno anuncia más extracciones ante la falta de fondos para cubrir las necesidades sociales y combatir la pobreza.
Hugo del Granado, por 15 años y hasta hace pocos meses ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia (YPFB), se muestra sin embargo más preocupado por los aspectos económicos, criticando fuertemente a su propio gobierno por no avanzar más rápidamente en la industrialización del sector.
“Falta inversión en infraestructura”, afirma. “La renta petrolera ha crecido por el incremento de los precios internacionales y no por el aumento de la producción nacional. Del neoliberalismo nos hemos pasado al otro extremo, a un estatismo paralizante y monopólico”.
Pide gastar menos en bonos sociales “que son uno de los sumideros de las ganancias”, en referencia a los subsidios entregados a escolares, personas mayores de 60 años y mujeres embarazadas. Indica que falta seguridad jurídica “ya que desde el 2005 han cambiado cuatro veces las reglas del juego y nadie va a venir a invertir así”. Pide mayor convivencia con el sector privado porque “no tenemos la capacidad para las enormes inversiones que necesitamos ni tenemos la tecnología para estar a la cabeza de los cambios”. Finalmente, opina que hay que “ver hacia dónde va el mundo para no ir en contracorriente”.
Estas declaraciones no sorprenden a Ribera Arismendi, quien remarca que “lo socioambiental no le importa mucho al área hidrocarburos del gobierno; tiene la misma visión que antes de Evo”.
Para Hervé Do Alto, politólogo francés radicado en Bolivia, el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) “tiene muchos problemas para renovar los equipos humanos de las distintas áreas, y más en las técnicas. Al faltar gente capacitada, se mantienen funcionarios de gobiernos anteriores, con visiones incluso contrarias al gobierno”. —Noticias Aliadas.
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