Agua contaminada mata más que las guerras

Comunidades reclaman acceso a agua potable

La creciente urbanización, industrialización y servicios sanitarios inadecuados son las principales amenazas al acceso al agua potable para la población mundial, advirtió la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 22 de marzo al celebrarse el Día Mundial del Agua.

En América Latina, cuyas economías son altamente dependientes de las industrias extractivas, los suministros de agua limpia están disminuyendo debido al cambio climático, el uso industrial y políticas públicas deficientes.

El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) titulado “Agua enferma”, sostiene que “cada año son más las muertes como consecuencia del agua contaminada que las causadas por todas las formas de violencia, incluida la guerra”.

El estudio revela que anualmente se arrojan a las fuentes de agua del planeta, 2 millones de TM de desperdicios, equivalentes a 2 millardos de TM de aguas residuales, diseminando enfermedades a los seres humanos y dañando ecosistemas claves tales como arrecifes de coral y los peces.

Señaló, igualmente, que las aguas residuales son un cóctel de fertilizantes y desagües junto con desechos animales, industriales y agrícolas, entre otros.

En América Latina, rica en recursos naturales, la minería, los hidrocarburos y los negocios agrícolas han enfrentado a las comunidades rurales e indígenas con las grandes empresas multinacionales y hasta contra sus propios gobiernos en su lucha por el acceso al agua limpia para mantener su sustento.

Según el PNUMA, la industria tiene la responsabilidad corporativa de asegurar que las aguas residuales tengan un estándar aceptable, y admitir los costos que cualquier limpieza requiera.

Las batallas entre industrias a gran escala por el agua limpia, que involucran a las más importantes empresas internacionales, incluyen la Amazonia rica en petróleo de Ecuador, las fábricas papeleras en Uruguay, las hidroeléctricas en América Central y las ciudades mineras en todo el Perú.

El agua ha sido con frecuencia concesionada, y la privatización de este recurso vital ha sido rechazada con vehemencia por grupos de derechos humanos, indígenas, campesinos y ambientalistas.

En una declaración, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), conformada por organizaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, dijo que “la mercantilización del agua ha sido y es una de las políticas sistemáticas de los Estados como parte de la imposición del neoliberalismo extractivista”.

“Los pueblos indígenas y sus organizaciones nos resistimos a esta agresión a la Madre Naturaleza, en defensa del futuro de la humanidad y todos los seres vivos, amenazados por la alarmante escasez del agua, producto de su acaparamiento en manos privadas, su contaminación y la peligrosa y creciente desglaciación”, afirmó la declaración.

En su II Congreso, realizado en Quito, Ecuador, del 11 al 13 de marzo, la CAOI demandó a los gobiernos cumplir con el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas antes de implementar proyectos industriales a gran escala en sus tierras, algo que las autoridades en la región no han respetado.


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