Asambleas ciudadanas contra el Bicentenario

Asambleas de todo el país cuestionaron en Esquel las actividades extractivas, fortalecieron su red y anunciaron un acampe frente al Congreso nacional para repudiar los festejos del Bicentenario.

Por Darío Aranda.- Empresas mineras, compañías de hidrocarburos, negocios inmobiliarios que avanzan sobre bosques nativos, monocultivo de árboles, estancieros que cierran los caminos a los lagos, intentos de instalar represas con desalojos a cuestas y, como novedad, agrocombustibles. Todas las actividades, cada una con diversos cuestionamientos socioambientales, están presentes en las provincias del sur del país. “Se logró una mayor articulación entre las distintas luchas que damos en la Patagonia, se planificaron acciones conjuntas y más que nunca sabemos que la lucha es una sola”, explicaron desde la organización del XII Encuentro Unión Asambleas Ciudadanas (UAC), que durante tres días reunió a organizaciones sociales y activistas de todo el país. Entre las conclusiones se destacaron la mayor articulación entre las asambleas de todo país y la visibilidad de un cuestionado proyecto minero en el centro de Chubut. El próximo encuentro, espacio que reúne a buena parte de las luchas del país, será en Santiago del Estero.

Ayer fue momento del plenario de cierre, donde el debate giró sobre la organización interna de la UAC, las estrategias de lucha y los pasos a seguir. Además de las acciones de cada región, las asambleas de todo el país participarán, junto a pueblos indígenas, de un acampe frente al Congreso nacional, repudiando los actos oficiales que celebran el Bicentenario. “Habrá independencia real cuando empresas como Barrick, Monsanto o Repsol, sólo por nombrar a algunas, dejen de saquear el país”, graficó Juan Nicastro, de la Comisión de Comunicación de la UAC.

En el plenario de cierre también se explicitó el apoyo y acompañamiento al plebiscito de mayo en la ciudad catamarqueña de Andalgalá, donde la población decidirá si acepta o rechaza un megaemprendimiento minero. En el mismo sentido, durante todo el encuentro se tomó a Andalgalá como “modelo del saqueo y la contaminación”, en referencia a Minera Alumbrera, el yacimiento de cobre y oro más antiguo del país. Y también se tomó como caso emblemático, en este caso de violación de derechos humanos y represión del Estado, a lo que padece la comunidad mapuche Paichil Antriao, de Villa La Angostura. En 1902 había recibido tierras de manos del propio Estado nacional, pero políticas estatales permitieron que los privados avanzaran sobre su territorio hasta el límite actual de querer echarlos de las últimas parcelas que poseen, además del hostigamiento y represión policial constante.

Las AC también avanzaron en acciones para replicar la creciente judicialización de la protesta y se alertó sobre las diferentes estrategias de las empresas, que –según se denunció– están estudiando el accionar de las asambleas para así poder contrarrestar los focos de resistencia.

“Sin duda es un paso más en el fortalecimiento de la UAC a nivel nacional; con nuevos integrantes, podemos afirmar que nos vamos de Esquel con más fuerza. En lo particular, es impresionante cómo tomó fuerza lo que sucede en la meseta de Chubut, donde las comunidades están de pie frente al avance de la minería”, explicó Alejandro Yanniello, integrante de la Asociación Piuké e integrante de la UAC.

El proyecto minero Navidad, de la empresa canadiense Pan American Silver, estuvo presente en diversos momentos del encuentro. Se trata de un yacimiento acusado de avanzar sobre territorio indígena y violar leyes nacionales y tratados internacionales, y que cuenta con uno de los depósitos de plomo y plata más grande del mundo aún sin explotar. Implicará un gigantesco uso de agua en una zona desértica donde el líquido es el bien más escaso.

Entre los numerosos pobladores originarios estuvo presente la comunidad mapuche Lefimi, que vivió por más de cien años en Taquetrén, pleno desierto de Chubut, zona cercana al cuestionado proyecto minero. La comunidad fue estafada en la década del ’80 por un empresario local, que se quedó con sus 10 mil hectáreas. El diciembre de 2009, la comunidad volvió a su tierra ancestral, recuperó 6 mil hectáreas, desoyó al mismo empresario que había desalojado a sus ancestros y enfrentó a Pan American Silver.

“Hace años que queríamos volver a nuestra tierra. Intentamos hablar con el gobierno, pero nadie nos atendió. Todos los abogados decían que la estafa había sido hace mucho tiempo. Nos cansamos de mendigar y decidimos volver”, explica paciente Germán Lefimi, respaldado por tratados internacionales (Convenio 169 de la OIT) y la Declaración de la ONU sobre Derechos Indígenas. “Cuando usted ya conoció la pobreza, el hambre y la explotación de peón de estancia, ya no tiene miedo ni al juez ni a las mineras; no los dejaremos pasar, primero está la vida, luego los negocios”, reflexiona con voz firme.

“Vivimos por generaciones en el mismo lugar, sin hacer mal a nadie. Nunca necesitamos oro o plata para vivir dignamente, ¿por qué vamos a querer ahora que una empresa arruine nuestra tierra, nos arruine la poca agua que hay? No la dejaremos”, advierte y, a pesar del gesto adusto, sonríe: “Recuperar nuestra tierra en las narices de la minera es un puñadito de justicia”.

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Agua en peligro

Por D. A.– La megaminería a gran escala requiere para su funcionamiento enormes cantidades del líquido. Y Andalgalá es testigo de ese monumental uso: Minera Alumbrera cuenta desde hace trece años con un permiso de extracción de 1100 litros por segundo, 66.000 litros por minuto, casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica. El nuevo yacimiento, Agua Rica, ya comenzó con las obras de infraestructura y se ubica en la cima de las montañas donde nacen los ríos que alimentan de agua a las ciudad. La compañía descarta que exista riesgo hídrico.

El nuevo yacimiento tiene permiso para usar 390 litros de agua por segundo, casi 34 millones por día. Según la OMS, una personas necesita 50 litros diarios para satisfacer sus necesidades. Agua Rica consumirá, por día, el equivalente a lo que utilizan 680 mil personas.

En 2007, la sede local del INTA pidió que el Congreso nacional “establezca zona de exclusión minera a todos aquellos sitios emplazados en las nacientes de las fuentes hídricas y de aguas que abastecen a la población, como es el caso de Agua Rica en Andalgalá”.

Hernán Vera, de Yamana Gold, afirmó que el uso de agua “será mínimo, existe un permiso por 390 litros por segundo, pero no se usarán más de 250”. “No hay riesgo alguno de falta de agua”, dijo y aseguró que “una chacra de 250 hectáreas usa la misma cantidad de agua que requerirá Agua Rica”.

Horacio Machado Aráoz es magíster en Ciencias Sociales e investigador del Grupo de Ecología Política de Clacso. Junto a un grupo de profesionales estudió el Informe de Impacto Ambiental de Agua Rica. “La propia empresa reconoce que ‘la cantidad de agua superficial disminuirá’.” El investigador cita textual la promesa de la empresa: “Si se detectan cambios atribuibles al proyecto en la disponibilidad del agua, la compañía construirá pozos para reemplazar las fuentes de agua y comprometerá a los usuarios a planificar una estrategia de manejo de agua”.

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Un estudio con dudas

La Municipalidad de Andalgalá pidió en 2007 a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) que hiciera un análisis del Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por Agua Rica. La intención era apurar la aprobación de Agua Rica, que estaba demorada. Pero los consultores de la UNT cuestionaron el informe de la empresa. El estudio se llamó “Análisis del Informe de Impacto Ambiental Mina Agua Rica” y fue presentado en julio de 2008. Abundan los cuestionamientos técnicos, pide numerosos modificaciones, insta a la realización de nuevos estudios y recomienda que, de mantenerse como está, el proyecto sea desestimado. A pesar de todo, la provincia dio luz verde al emprendimiento. La Unidad de Gestión Ambiental (UGAP) es un organismo dependiente de la Secretaría de Minería. En octubre de 2008, el jefe de la UGAP, Jorge Eremchuk, reconoció que el proyecto tenía “tres puntos críticos” (no precisó cuáles) y se negó a aprobar el Informe Ambiental de Agua Rica. Al día siguiente, el secretario de Minería, José Sinner, lo echó de su puesto.

Por los cuestionamientos al Informe Ambiental, Agua Rica funcionó a paso lento. Era imprescindible esa aprobación para comenzar la construcción. El 17 de marzo de 2009, la compañía anunció que echaría personal, se declaró en “stand by” y dejó trascender la noticia de que, de no obtener vía libre en breve, se retiraría del emprendimiento. Dos días después, la Secretaría de Minería de Catamarca aprobó el cuestionado Informe de Impacto Ambiental y autorizó el avance minero.

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