Bajo control estatal, pero no reestatizada

El Gobierno garantizará la prestación en su zona de distribución. Metrogas arrastra desde los ’90 un fuerte endeudamiento en dólares. No renegoció tarifas porque su accionista principal mantiene la demanda contra el Gobierno en el Ciadi

Por Raúl Dellatorre

La autoridad regulatoria del mercado gasífero, el Enargas, dispuso ayer la intervención por 120 días de la distribuidora Metrogas, tras conocerse que la prestadora solicitó su concurso preventivo de acreedores por no poder hacer frente a los compromisos financieros que vencen en el corriente mes.

“La sociedad –dice una nota emitida por la firma Metrogas–- no ha podido generar fondos líquidos suficientes para afrontar vencimientos inminentes de su deuda financiera”, que a lo largo de junio suman 20 millones de dólares. En la misma nota, la empresa se queja de tener “sus tarifas congeladas desde hace once años, pese a haber suscripto un acuerdo transitorio”. En un comunicado posterior, el Ministerio de Planificación negó dicho acuerdo y respondió a Metrogas que la causa de la cesación de pagos no son “las tarifas congeladas”, sino el endeudamiento en dólares que arrastra desde fines de la década del ’90. La intervención busca garantizar la normal prestación del servicio en el área de distribución correspondiente (dos millones de clientes en Capital y oeste y sur del Gran Buenos Aires) y reestructurar la deuda a través del concurso de acreedores. Fuentes oficiales aseguran que no hay intención de reestatizar la compañía. La continuidad del accionista principal y operador, BG Group (ex British Gas), sin embargo, fue puesta en duda por allegados a la propia compañía.

Al describir los pasos que la llevaron a tomar la decisión de pedir la convocatoria de acreedores, Metrogas expuso ayer, en nota a la Bolsa de Comercio, que “la búsqueda de alternativas para el refinanciamiento de la deuda no resultó exitosa (…). La sociedad no ha podido generar fondos líquidos suficientes para afrontar vencimientos inminentes de su deuda financiera, ni el pago de determinadas obligaciones comerciales e impositivas”. Tal situación llevó al directorio a resolver ayer la convocatoria de acreedores, medida que, sin embargo, “no compromete” el servicio de distribución de gas, asegura.

La empresa que gestiona Metrogas es BG Group, una derivación de la anterior British Gas, de origen británico como esta última. Es titular del 55 por ciento del capital accionario de Gas Argentino, la sociedad concesionaria. Su socio minoritario es YPF SA, con el restante 45 por ciento. Ayer, voceros de esta última aclararon que no tienen ninguna vinculación con la gestión de Metrogas y adelantaron que, en los próximos días, se resolverán “las acciones a seguir” para preservar el valor de los activos (participación accionaria) pertenecientes a la petrolera.

Tal como recordaron ayer el Enargas y el Ministerio de Planificación, BG mantiene abierta la demanda entablada contra el Estado nacional ante el Ciadi, tribunal internacional dependiente del Banco Mundial, reclamando una indemnización de 200 millones de dólares por el cambio de condiciones contractuales a partir de la salida de la convertibilidad. “La actual situación tarifaria de Metrogas es de exclusiva responsabilidad de dicha empresa, ya que su accionista mayoritario y operador técnico nunca desistió ni suspendió la demanda, entorpeciendo el normal desarrollo del proceso de renegociación”, apunta el Enargas en su comunicado. La cartera de Planificación, por su lado, se refirió al mismo tema señalando “la sistemática y obstinada negativa de la empresa a renunciar a la demanda”, y recordó que, “por principio, el gobierno argentino no negocia bajo ninguna presión”.

El Enargas puntualizó, además, que “desde el inicio de sus operaciones (1993), Metrogas incrementó sistemáticamente su exposición financiera durante cada uno de los ejercicios económicos, privilegiando endeudarse en lugar de utilizar los recursos generados por la propia empresa”. Es decir, giraba ganancias al exterior –en favor de sus accionistas– y pagaba honorarios por operación a la misma accionista principal, mientras que sus necesidades de fondos de operación los obtenía por préstamos externos. Mientras tanto, el gobierno menemista miraba para otro lado.

La relación entre las autoridades de Metrogas y el gobierno argentino viene en franco deterioro desde hace años. En diversas oportunidades, Metrogas había esgrimido el peligro de cesación de pago para presionar sobre un aumento de tarifas que nunca se concretó. La sangre nunca llegó al río, pero esta vez la cosa se plantea distinto. La presentación a concurso de Metrogas era esperada desde hacía por lo menos una semana. Un alto directivo de BG estuvo en Buenos Aires en los primeros días de junio y allí se habría transmitido la decisión de la firma británica de “no hacer más esfuerzos” para sostener la situación. En ese momento, en el Gobierno se empezó a trazar la estrategia de contención a la situación que desataría el default.

“La intervención tendrá como objetivo la reestructuración de la deuda y se extenderá hasta que haya concluido satisfactoriamente”, informó ayer el comunicado de Planificación. A diferencia de la intervención en TGN (transportista de gas, con Techint como accionista principal) ante un caso similar de cesación de pagos, esta vez no hay coadministración con el concesionario. La voluntad de BG de seguir al frente de Metrogas no está clara. Hay versiones que indican que varios fondos buitre han “comprado deuda” de Metrogas a bancos extranjeros con la intención de controlar la asamblea de acreedores. Pero también circuló que empresarios del sector adquirieron obligaciones negociables (deuda) de Metrogas, apuntando a una participación protagónica en la misma asamblea. En este caso, no para especular con sacar diferencia de los papeles de deuda, sino para acceder al control de la empresa si BG abandona. Fuentes oficiales aseguran que no hay intención de reestatizar la distribuidora, pero no verían con malos ojos el desembarco de empresarios locales con voluntad de operar y gestionar la empresa gasífera en reemplazo del actual responsable.

Página/12

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El Gobierno intervino Metrogas porque dejó de pagar su deuda

La mayor distribuidora de gas del país no pudo hacer frente a un vencimiento de US$ 20 millones

Oliver Galak
LA NACION

Con la discusión por las tarifas de fondo, y ante la imposibilidad de hacer frente a un vencimiento por 20 millones de dólares, la empresa Metrogas resolvió pedir el concurso preventivo de acreedores y se expuso a lo que era una reacción cantada del Gobierno: la intervención por 120 días con el objetivo de “garantizar la normal prestación del servicio público”.

El Ministerio de Planificación Federal, que comanda Julio De Vido, declaró en un comunicado que “la intervención tendrá como objetivo la reestructuración de la deuda y se extenderá hasta que ésta haya concluido satisfactoriamente”. La decisión tiene como antecedentes los casos de Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Autopistas del Sol (Ausol), que declararon sus respectivos defaults en 2008 y 2009 y fueron inmediatamente intervenidas por el Gobierno.

En la nota que envió a la Comisión Nacional de Valores, la mayor distribuidora de gas del país reconoce que “no ha podido generar fondos líquidos suficientes para afrontar los vencimientos inminentes de su deuda financiera ni el pago de determinadas obligaciones comerciales e impositivas”. No obstante, aclaró que la operación “no se encuentra comprometida”.

Sin embargo, esta explicación no fue para el Gobierno. “Consideramos que si la situación financiera de la empresa está en riesgo, no se garantiza que se puedan mantener la calidad y la prestación del servicio”, afirmó una fuente cercana a De Vido. “En diciembre pasado el Estado le advirtió que no iba a permitir que ninguna empresa de servicios cayera en default.”

Metrogas abastece de gas a unos 7 millones de personas que viven en la Capital Federal y 11 partidos del sur del conurbano. Según el último balance, al 31 de marzo pasado, el pasivo total de la empresa ascendía a 1268,61 millones de pesos, con un patrimonio neto de 882,52 millones. El 70% de las acciones está en manos del Consorcio Gas Argentino, una sociedad controlada por la británica BG (54,67%) y por Repsol YPF (45,33%).

La compañía venía advirtiendo desde hace meses sobre su difícil situación, que atribuye al hecho de que sus tarifas de distribución permanecen congeladas desde hace casi 11 años, período en que sus costos se incrementaron en un 210 por ciento. Ayer, la cartera de Planificación y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas, el organismo que formalmente dictó la intervención con su resolución 1260) respondieron con dureza a esas afirmaciones. En sendos comunicados, dijeron que la cesación de pagos no es el congelamiento tarifario, sino el incremento sistemático de la exposición financiera de Metrogas “privilegiando endeudarse en lugar de utilizar los recursos económicos generados por la propia empresa”.

Además, culparon a la compañía por la falta de actualización tarifaria: “La renegociación no fue posible por la sistemática y obstinada negativa de la empresa a renunciar a la demanda que mantiene contra nuestro país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones [Ciadi]”.

“Por principio, el gobierno argentino no negocia bajo ninguna presión”, dice uno de los textos.

Metrogas ya había reestructurado la mitad su deuda hace cuatro años. Pero la situación volvió a complicarse. “Sabíamos que no se iba a poder evitar una nueva reestructuración y que con eso se abría la puerta a una intervención”, dijo una fuente de la distribuidora.

El interventor designado es Antonio Gómez, un ingeniero industrial de 62 años, que actualmente se desempeña como coordinador de convenios del Centro Argentino de Ingenieros. En Planificación lo describen como un experto en servicios públicos. Ayer por la tarde, Gómez se hizo presente en las oficinas de Metrogas, junto con funcionarios del Enargas y con Roberto Pons, el hombre que desempeñó el rol de interventor en TGN.

La situación de Metrogas obligó ayer a la Bolsa de Comercio a suspender la transacción de las obligaciones negociables de esa empresa y a que sus acciones operen en rueda reducida. Además, la agencia calificadora de riesgo Moody´s bajó a “Ca” desde “Caa3” la nota corporativa y de deuda en moneda extranjera y la calificación en escala nacional a “D.ar” desde “Caa3.ar”.

La Nación