Derivaría un ajuste de tarifas a un fideicomiso destinado a obras si la empresa retira su demanda. Y BG no descarta renunciar al laudo si obtiene nuevos negocios en el país
Un colaborador del ministro de Planificación, Julio de Vido, le acercó el jueves por la mañana a su despacho un papel impreso con el comunicado que envío la distribuidora Metrogas a la Comisión Nacional de Valores para informarle que ingresaba en convocatoria de acreedores y, por lo tanto, dejaría de pagar sus deudas. De inmediato, el funcionario miró a su interlocutor y le dijo: “Hay que intervenirla”.
Desde ese momento, el Gobierno puso en marcha un operativo por reencauzar el destino de la mayor distribuidora de gas de la Argentina, en manos de la inglesa BG, que tiene el control de la operación, e YPF. La intención oficial se puede expresar en pocas palabras: “Estamos dispuestos a revisar el tema tarifario, crear un fideicomiso pendiente para financiar obras que apuntalen el servicio y hasta encarar la revisión del contrato. Pero nada de eso se puede hacer si la empresa no baja su demanda contra el Estado argentino”, explicó a El Cronista una fuente cercana al jefe de Planificación.
Ese es, sin embargo, el nudo que todavía no pueden desatar en el Gobierno, en la empresa, en YPF –un interlocutor privilegiado con De Vido– ni en BG.
En 2007, la inglesa obtuvo un laudo favorable de u$s 200 millones en la Uncitral, una comisión de la ONU que entiende en cuestiones comerciales, en un reclamo iniciado contra el Estado argentino tras la devaluación, pesificación y congelamiento de tarifas de 2002. Desde ese año, la empresa no obtiene un ajuste tarifario. El Gobierno apeló la decisión, algo que según especialistas jurídicos no es viable, por lo que en BG consideran que esa es “plata segura”. Ese monto, además, es para algunos empresarios del sector incluso mayor al que podría obtener la empresa inglesa por la venta de su participación en la distribuidora. De acuerdo con todos los actores de la negociación, un futuro acuerdo está todavía lejos. Pero comenzaron a darse los primeros pasos.
YPF, de la española Repsol pero gestionada por la familia Eskenazi, de buena llegada al Gobierno, intentó en varias oportunidades en 2009 torcer la voluntad de BG y que la inglesa resigne el laudo para garantizar la futura operación de Metrogas. Incluso especuló con conseguir un comprador para su parte, algo que todavía no se descarta. Pero aún no tuvo éxito. Sin embargo, este año la compañía inglesa comenzó a prestarle más atención a Metrogas. En los últimos dos meses, enviados de la inglesa visitaron en varias ocasiones la Argentina para acordar con el Gobierno una salida consensuada a la situación de la empresa. “Queremos que Metrogas vuelva a ser viable”, aseguraron ejecutivos de BG a El Cronista.
Uno de los últimos encuentros tuvo lugar en Planificación. El objetivo de la comitiva era entrevistarse con De Vido, pero pudieron llegar hasta el despacho de Roberto Baratta, el coordinador general del Ministerio y mando derecha del jefe de esa cartera. Allí, los enviados de BG le hicieron varias promesas a Baratta. Entre otros cosas, le deslizaron la posibilidad de desistir del juicio ganado en tribunales internacionales a cambio de que se generaran negocios adicionales para la empresa en el país. La idea apuntaba a la reactivación del Gasoducto Cruz del Sur, que une la Argentina con Uruguay y cruza el Río de La Plata. Ese caño, del que BG es en parte dueña, está vacío por falta de gas local (estaba previsto para exportar) pero volverá a funcionar a partir de la instalación en el vecino país de una planta regasificadora.
BG también le ordenó a Metrogas ceder a una serie de exigencias “menores” a través de una carta que envió hace poco más de un mes. Entre ellas, la inglesa aceptó no iniciar nuevas demandas contra el Estado argentino. Y quedó a la espera de una respuesta oficial, algo que hasta este fin de semana no había ocurrido.
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