Como ocurrió con la crisis financiera y Wall Street, el peor derrame de petróleo en la historia de Estados Unidos se ha convertido en el catalizador de una amplia reforma regulatoria que impondrá límites mucho más estrechos a la industria petrolera en este país
Rafael Mathus Ruiz
Para LA NACION
Aunque se haya detenido la marea de crudo nacida del pozo del gigante británico BP, que devastó las aguas y las costas del Golfo de México, sus consecuencias para la actividad petrolera apenas despuntan.
La primera reacción oficial ante la crisis que siguió a la explosión de la plataforma Deepwater Horizon, en abril último (el jueves pasado explotó otra operada por Mariner Energy, cerca de allí), fue la suspensión de nuevos permisos y de las actividades de perforación en el mar. A esa moratoria se sumaron luego la reestructuración de organismos públicos, el nombramiento de funcionarios, dos proyectos de ley en el Congreso y la imposición de más controles ambientales.
La cara visible del avance oficial contra las negligencias públicas y privadas conocidas tras la crisis es Michael Bromwich, director de la flamante Oficina de Gestión de Energía del Océano. Bromwich, un abogado sin ataduras a la industria petrolera, fue designado por el presidente Barack Obama para liderar la reforma regulatoria y restaurar la confianza en la capacidad supervisora del gobierno.
Por ahora, la puja entre el gobierno y las petroleras tienen como eje la moratoria. Las empresas recurrieron a la Justicia para frenar esa medida, que aunque fue atenuada por el gobierno, regirá, cuando mucho, hasta fines de noviembre.
“Obviamente, no podemos predecir todo lo que aprenderemos o lo que pueda ocurrir antes de esa fecha, pero no veo información hasta el momento que justifique extenderla”, anticipó días atrás Bromwich. Y esta semana agregó que las restricciones podrían levantarse incluso antes de lo previsto.
Bromwich anunció también que restringirá las llamadas “exclusiones categóricas” para pozos petroleros en el mar. Gracias a este mecanismo, varias empresas, entre ellas BP, pudieron eludir estudios ambientales extensivos para obtener permisos de perforación con el supuesto de que sus proyectos presentaban pocos riesgos.
La industria petrolera intenta frenar la arremetida del gobierno con un argumento económico: el impacto que tendrá sobre la creación de puestos de trabajo. Mientras se incrementan los controles y se definen nuevas reglas para perforar en el mar, dos proyectos de ley aguardan en el Capitolio. Habrá encuentros en los estados de Texas, Ohio, Illinois, Colorado y Nuevo México. No se prevé ninguno en Luisiana, cuyas costas todavía son limpiadas.
La Nación
