La discusión sobre la jubilación mínima trajo de la mano el cuestionamiento a los subsidios a los servicios públicos. Un análisis encargado por Planificación expone que son las franjas de población con menores recursos las que se verían afectadas por su eliminación
Por Roberto Navarro
Uno de los artículos más resistidos por la oposición en el Congreso para aprobar el Presupuesto de la Nación 2011 es el de los subsidios a la energía y al transporte administrados por el Ministerio de Planificación. En el debate para elevar las jubilaciones mínimas al 82 por ciento móvil, legisladores de ese sector argumentaron que se podría anular la mayor parte de ellos, dejando sólo una tarifa social para la franja más pobre de la sociedad y utilizar el resto para sumar a los fondos previsionales. Pero, según un informe de la cartera administrada por Julio de Vido, ese resto es mínimo. Por caso, en el servicio eléctrico para uso domiciliario, de los 8500 millones de pesos de subsidios, 8100 son destinados a los hogares que consumen hasta 1400 kilowatts por bimestre, dato que revela su bajo nivel de gastos y de ingresos. En el caso de la industria, los subsidios eléctricos suman 4400 millones de pesos, de los que 3800 benefician a pequeñas empresas que utilizan menos de 300 kilowatts de potencia, beneficio que forma parte de la política industrial del Gobierno.
La política de subsidios nace en 2003, cuando el país tenía casi un 60 por ciento de la población por debajo de la línea de pobreza y el sector industrial había sido arrasado por casi treinta años de política económica neoliberal. Siete años después, aun con una activa política de ingresos, queda una franja de la sociedad con un bajo poder adquisitivo que no puede afrontar los gastos de energía y transporte, que se han elevado fuertemente en todo el mundo. Una alta fuente del Ministerio de Planificación señaló a Página/12 que “los subsidios a las pequeñas empresas son un componente esencial de la política industrial. Además, la fuerte competencia comercial que se desató en el mundo a partir de la crisis de 2008 hace imprescindible cuidar a las empresas más vulnerables frente a importaciones a precios, en muchos casos, por debajo del costo. Pero, por otra parte, las 110 mil pymes que reciben subsidios eléctricos dan empleo a más de un millón y medio de trabajadores”.
En 2010 el total de subsidios será de 29.483 millones de pesos, un promedio de 80 millones de pesos diarios. De esa cifra, 15.587 millones de pesos se destinan a subsidiar las tarifas eléctricas; 11.429 millones al transporte y 2477 millones a gas natural (incluye programa de garrafas para todos). Así, el dinero destinado a electricidad y gas, los dos sectores en los que es más fácil identificar a los usuarios de menor poder adquisitivo, suma 18.064 millones de pesos.
Unos 8900 millones se destinan a los usuarios domiciliarios que consumen menos de 1400 kilowatts de electricidad por bimestre o menos de 1000 metros cúbicos de gas por año. Es decir que casi el 50 por ciento de los subsidios van a beneficiarios que la oposición aceptó explícitamente subsidiar. Estos hogares pagan el mismo precio de luz y gas que en 2003. El subsidio que viene en la factura representa un descuento sobre el precio real del gas del 57 por ciento y un descuento en la electricidad del 73 por ciento.
El segundo sector que más recibe son las pymes, con 4100 millones de pesos anuales. Para obtener el subsidio eléctrico, las empresas tienen que consumir un nivel de potencia de 300 kilowatts (en las empresas se cobra por potencia y no por consumo); para recibir el de gas, menos de 3000 metros cúbicos anuales. Estos datos muestran que se trata de empresas muy pequeñas, que en muchos casos gastan menos que un hogar de clase media alta. Si bien los legisladores no se han manifestado expresamente sobre este tema, el discurso generalizado e incluso las plataformas electorales de todos los partidos que se presentaron en la última elección acuerdan en que hay que apoyar a las pymes. Estas empresas tienen un descuento del 12 por ciento en gas y del 44 por ciento en electricidad.
Entre los subsidios a la energía se incluyen partidas que benefician a pequeños comercios. En el caso de la electricidad se trata de 1600 millones de pesos anuales; en gas son 200 millones. La política de subsidiar a los pequeños comercios tiene el objetivo de evitar la concentración en la comercialización de bienes utilizados en los hogares. Según una investigación del Departamento de Economía de la Universidad de General San Martín, entre 1980 y el año 2000 se cerraron 800 mil pequeños comercios en el país. Aun tomando en cuenta los empleos que generaron los nuevos supermercados, el resultado de estos cierres fue la pérdida neta de un millón ochocientos mil empleos. Los subsidios a pequeños comercios existen en la Unión Europea, Canadá, Australia, 15 estados de Norteamérica y varios países de Latinoamérica y Asia.
Tomando las cifras citadas en los párrafos anteriores, surge que de los 18.064 millones de pesos de subsidios a energía, 17.500 los reciben los hogares de menores recursos, pequeñas empresas y comercios chicos. La diferencia, 564 millones de pesos, benefician a hogares de mayor poder adquisitivo, comercios y empresas de mayor tamaño. Es decir que el recorte racional posible es de apenas el 2,5 por ciento del total. Pero aun este resto es discutible, ya que la mayoría de los países del mundo ofrecen algún tipo de subsidio estatal a la totalidad de su industria para dotarla de mayor competitividad.
Los subsidios destinados al transporte suman 11.419 millones de pesos anuales. Cinco mil millones se destinan a subsidiar el precio del boleto de colectivo. Según un estudio de la Facultad de Economía de la UBA, el 92 por ciento de los pasajeros de colectivos son personas de bajo poder adquisitivo. Y el 85 por ciento de los usuarios utiliza el colectivo para ir a trabajar o a estudiar. El precio más caro del boleto de colectivo urbano en el país es de 0,32 dólar. En Chile cuesta 0,77 dólar, un 138 por ciento más; en Brasil y en Chile, 1,52 dólar, un 367 por ciento arriba.
Otros dos mil setecientos millones de pesos se destinan a trenes y subtes. El mismo informe señala que el 88 por ciento de los usuarios de estos transportes van a trabajar o a estudiar. El informe señala que “estas dos tareas son un aporte esencial en el entramado productivo y social del país, razón por la cual el precio del transporte debe estar acorde con sus ingresos promedio, ya sea que estén en manos del Estado o privadas”. El boleto de tren más caro en el país cuesta 0,27 dólar. En Chile se paga 0,75 dólar, un 176 por ciento más caro, y en Brasil, 2,15 dólares, 690 por ciento por arriba de la tarifa local. Si el boleto de colectivo no tuviera subsidio costaría 3,10 pesos en vez de 1,20 peso. Si el de tren no tuviese subsidio, saldría 4,80 pesos en lugar de 1,10 peso que se paga hoy. Como se ve, los precios sin subsidios son impagables para los sectores de menor poder adquisitivo.
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Página/12
