Petrolera estadunidense acusa de extorsión a abogados defensores de indígenas.
La transnacional Chevron entabló un juicio el 1 de febrero contra los abogados de los miles de demandantes indígenas y campesinos en un caso histórico y multimillonario de contaminación en la selva amazónica ecuatoriana. La empresa, con sede en San Ramón, California, presentó una contrademanda en un tribunal del distrito de Nueva York, acusando al equipo legal y a otras personas vinculadas con el caso de pretender “extorsionarla” para obtener dinero, amparándose en la Ley sobre organizaciones influidas por la extorsión y la corrupción, norma dirigida a combatir las actividades de las mafias.
Chevron enfrenta una demanda en Ecuador por US$133 millardos por daños en el juicio que se desarrolla en la localidad oriental de Lago Agrio, cuyo veredicto se espera se conozca pronto.
“En Ecuador un juez está cerca de emitir una decisión en el prolongado caso, y Chevron está cada vez más desesperada por socavar los argumentos de los demandantes en los tribunales estadunidenses”, dijo el diario estadunidense The New York Times.
Los demandantes acusan a Texaco, adquirida por Chevron en el 2001, de haber derramado millones de galones de aguas tóxicas conteniendo metales pesados en la Amazonia ecuatoriana, envenenando a los pobladores y destruyendo el suelo. La empresa sostiene que la estatal PetroEcuador ya había aprobado sus trabajos de remediación del área cuando asumió la concesión en 1992 y que está libre de responsabilidad.
“Es difícil saber qué hacer con un insulto tan claramente absurdo y atroz como este; la gran empresa petrolera demandando a las víctimas por la contaminación que ella misma causó”, escribió Mitch Anderson, director de campañas corporativas de Amazon Watch, organización ambientalista estadunidense que asesora a los demandantes, en una columna del diario San Francisco Chronicle. “Ahora, mientras las comunidades continúan sufriendo una crisis de salud pública, Chevron gasta inmensas sumas de dinero en una estrategia legal y de relaciones públicas de tierra arrasada, diseñada, esencialmente, a destruir las esperanzas de los demandantes”.
En su contrademanda, Chevron acusó a los demandantes de extorsión y dijo que el informe que el perito nombrado por la corte entregó al juez, y que confirmaba muchas de las quejas de los demandantes, era falso y tendencioso. Sin embargo, en el juicio no incrimina directamente a los demandantes sino a sus abogados y otras personas involucradas en el caso.
El 7 de febrero, grupos ambientalistas vinculados con el caso señalaron que Chevron, en su argumento final enviado al tribunal en Ecuador, reiteró que no hay pruebas de que sus operaciones o los resultados de ellas hayan causado daño a alguien en la zona, y que las acusaciones de los demandantes son infundadas.
Los ambientalistas desestimaron el informe.
“Chevron debe tener vergüenza por promover un documento que es claramente engañoso”, dijo Karen Hilton, vocera de los 30,000 demandantes que entablaron el juicio, en una conferencia de prensa convocada por Amazon Watch. “En su argumento final Chevron se burla de la evidencia presentada en el juicio y es tan engañoso que ni siquiera Chevron quiere que la gente lo lea”.
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