Hidrocarburos no convencionales, ¿novedad o el horror potenciado?

Por Diego di Risio (Observatorio Petrolero Sur-Oilwatch)
El mundo sufre un nuevo embate de los intereses petroleros. Los hidrocarburos agrupados bajo la denominación ‘no convencional’ -arenas bituminosas, petróleo y gas de pizarra o esquisto (shale gas y shale oil) y gas de arenas profundas/compactas (tight gas)- suscitan enormes intereses por parte de empresas y gobiernos. Las tecnologías empleadas representan un daño mayor sobre el ambiente y la salud de las personas que las técnicas convencionales. Pero estas implicancias no han pasado inadvertidas: la experiencia reciente de Estados Unidos está impulsando el surgimiento de numerosos grupos de resistencia a estas explotaciones en el planeta. La moratoria -la cual ya numerosos países y regiones han aplicado- sobre este tipo de yacimientos no solamente es necesaria y urgente, sino que tiene que ser puntapié para medidas similares en explotaciones convencionales.
La situación actual del gas en Estados Unidos -donde la frontera petrolera se ha expandido de forma brutal en la última década- es, según diversos empresarios y referentes del sector energético, ‘revolucionaria’ y se encuentra en su ‘era dorada’. La gran potencia mundial sufrió una transformación radical en su matriz energética: la participación del gas no convencional en el consumo nacional trepó del 1% en 2000 al 30% en 2011. Este nuevo escenario se explica principalmente por el aumento sideral del precio internacional del petróleo, la carencia de garantías que representan muchos países productores (la anhelada ‘seguridad energética’) y el desarrollo de nuevas tecnologías, donde se destaca el empleo de la fractura hidráulica.
El boom industrial concentra las miradas del resto del planeta y con razones fundadas: según consigna un estudio de la Agencia Internacional de Energía la oferta disponible de gas no convencional podría ser similar al de las reservas convencionales. Este hecho podría tener amplias repercusiones en el mapa geopolítico global ya que países dependientes de la importación -como China o Polonia- podrían ser autosuficientes energéticamente y, eventualmente, tener capacidad de exportar. El famoso ‘peak oil’, gran terror del establishment, se pospone por varias décadas o incluso centurias, según los analistas, al sumar las iniciativas sobre mares profundos, el continente Ártico e hidrocarburos no convencionales. La tan mentada transformación hacia matrices energéticas de base renovable -con una reducción notable del impacto ambiental local y global, al evitar emisiones de gases de efecto invernadero- pierde relevancia frente a los atractivos negocios almacenados en el esquisto y otras formaciones.
Sus sueños, nuestras pesadillas
La primera década de este siglo no solamente fue el período histórico donde se construye el mito de la ‘revolución del shale gas’ sino también donde germina el movimiento de resistencia a su expansión en suelo norteamericano. Los impactos ambientales proliferan a la par de los pozos. El agua inflamable que registra el documental Gasland (Josh Fox, 2010) en el sur del país es una imagen que, según el realizador, se repite en todo lugar que la industria se haya radicado.
Los impactos ambientales y sanitarios no presentan grandes diferencias con los sufridos por los pueblos de Amazonía, la Patagonia argentina o de la cuenca del Níger: contaminación de agua, aire y suelo; consiguientemente se ha producido un aumento en las tasas de cáncer, enfermedades epidérmicas y otro tipo de afecciones vinculadas a la intoxicación por hidrocarburos. La ocupación de tierra y el desplazo de sus habitantes y economías es otro agravante que las organizaciones y comunidades estadounidenses han denunciado. Sin embargo, una diferencia considerable son los tiempos: se registran los impactos ambientales a diez años del inicio de explotación a diferencia de las décadas que tardaron en aflorar en otros casos. La técnica de fractura hidráulica -que consiste en inyectar enormes cantidades de agua, arena y químicos, muchos de ellos tóxicos, a gran presión para ‘romper’ el esquisto y de esa forma liberar el gas- es, según los especialistas, la principal causa. A su vez, la industrialización y ocupación de las áreas rurales tiene una intensidad mayor: la perforación horizontal permite extender la injerencia de cada pozo por kilómetros -al haber seis ductos por pozo- y estos son agrupados de 6 a 8 por área. El gas de esquisto es un combustible ‘limpio’ según sus promotores, por emitir una cantidad menor de gases de efecto invernadero que el petróleo y el carbón. Pero un estudio de abril del año pasado, realizado por investigadores de la Universidad Cornell (EE.UU.), alertó que la gran cantidad de metano -veinte veces peor que el dióxido de carbono- liberado en el proceso de extracción, corona al shale gas como más perjudicial que otros hidrocarburos, incluso el carbón.
El poderoso lobby petrolero en 2005 logró la enmienda Halliburton, denominada en honor al principal responsable, que redujo la capacidad de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, según su sigla en inglés) de regular la utilización de fluidos en la fractura hidráulica. Este desconocimiento de los químicos utilizados, clasificados como ‘secreto industrial’, no evitó que en un informe de diciembre de 2011 la EPA vinculara la contaminación de acuíferos con la fractura hidráulica. Movilizaciones impulsadas por organizaciones sociales, ambientalistas y otros grupos han logrado moratorias temporales en los estados de Nueva York y Nueva Jersey arrinconando la presencia de la industria.
Pero esta ha reaccionado fuerte. En 2011 durante un foro en Texas una serie de conversaciones entre representantes de la industria fueron grabadas. La oposición a la industria es calificada como ‘insurgente’ por lo que se recomienda que, como primera medida, se procure el manual de las Fuerzas Armadas sobre cómo batallarla. Otros, al parecer no quieren leer, por lo que recomiendan contratar a veteranos y ex-militares especializados en operaciones ‘psicológicas’, como se vienen desarrollando en Pennsylvania.
Ciudadanos descartables
La crisis económica que azota al globo, y particularmente a las naciones de Europa y América del Norte, se ha desatado principalmente sobre los trabajadores de sendos países. El tan mentado ‘ajuste’, que bien conocemos los latinoamericanos, se centró sobre programas sociales y servicios públicos, pero también provocó despidos masivos de empleados públicos y extensión de la edad laborable, entre otras medidas. La salvaguarda aplicada sobre el capital, en este caso financiero, a costa de la mayoría de la población es una relación que encuentra eco en los avatares de la expansión de los hidrocarburos no convencionales: los ciudadanos descartables.
Los aires de revolución energética se colaron en las políticas públicas que impulsaron diversos países de la Unión Europea. La respuesta no se hizo esperar. La movilización de más de 18 mil personas en Francia logró que este país -primero en el mundo- apruebe una ley que prohíbe la fractura hidráulica, si bien las organizaciones plantean reparos por el alcance de la medida. El proceso puso en evidencia el desconocimiento con el que el gobierno francés actuó como también la importancia de las movilizaciones impulsadas por las asambleas locales -más de 200 en todo el país-, grandes responsables de que el tema se haya convertido en un debate nacional.
El mismo escenario se busca en Inglaterra, donde se cuenta el antecedente de Irlanda del Norte, que ya aprobó una moratoria. La situación se agravó para el gobierno inglés y las empresas luego de que dos pequeños terremotos se produjeran por el empleo de la fractura hidráulica. . Las licitaciones en el norte de España, principalmente en Cantabria y el País Vasco, han motivado la organización de organizaciones y colectivos que buscan frenar la exploración. En tanto, el cantón suizo Vaud prohibió la exploración de hidrocarburos no convencionales luego que en perforaciones en el lago Léman se reportaran accidentes.
Por otra parte, en Polonia, principal reservorio en la UE y denominado ‘el cielo del fracking’, numerosos manifestantes irrumpieron en un seminario organizado por las empresas y denunciaron los impactos de estas explotaciones. En Bulgaria, miles de personas tomaron las calles en enero de 2012, se consiguió que se anule el contrato de exploración de Chevron y la prohibición de la fractura hidráulica. En 2011 un informe del parlamento europeo puso reparos sobre las licitaciones exploratorias que se habían desarrollado: el marco regulatorio carecía de robustez frente a la agresividad de la técnica y las reservas europeas no eran lo suficientemente atractivas.
En otras partes del ‘mundo desarrollado’ los vaivenes del gas no convencional son más o menos similares: en Nueva Zelanda los partidos Laborista, Verde y Mana llamaron a una moratoria sobre la fractura hidráulica. Mientras que en Australia el estado de Gales de sur, el más poblado declaró una moratoria para la fractura hidráulica hasta en tanto se establezcan los riesgos ambientales y sanitarios de la técnica. Una situación similar se da en el estado canadiense de Quebec.
Por su parte Sudáfrica ha reglamentado una moratoria a la explotación de gas no convencional en el desierto de Karoo, frente a la presión de organizaciones campesinas y ambientalistas, hasta que se realicen las consultas pertinentes y se garantice que la escasa agua de la región no se vea perjudicada.
¿Y por Latinoamérica cómo andamos?
En Argentina, tercera reserva global de shale gas -según un informe del Departamento de Estado de EEUU-, rápidamente gobernadores provinciales, funcionarios nacionales y empresarios se han subido a la ola ‘no convencional’. Repsol-YPF anunció en diciembre de 2010 un descubrimiento de gas de esquisto de tamaños siderales y ya se encuentra extrayendo petróleo de esa formación, otra noticia del mismo tenor espera su oficialización para los próximos días. Todos estos avances se producen en la provincia de Neuquén, en el yacimiento Loma de la Lata. Este territorio tiene una experiencia funesta de explotaciones hidrocarburíferas, donde las comunidades mapuche han protagonizado numerosas protestas contra las empresas -principalmente Repsol-YPF- por los niveles de contaminación a los que se ven sometidos. La actividad amenaza también el acuífero de Zapala, donde una multisectorial en diciembre del año pasado emitió comunicados rechazando el proyecto, y la comunidad mapuche Gelay Ko -en cuyo territorio se realizan las explotaciones- ocupó durante varios días instalaciones petroleras. Otras transnacionales -Total, Chevron, Exxon, Apache- también anunciaron inversiones y varias provincias ya dieron noticias favorables para la radicación de la industria.
Las señales favorables para la entrada de esta actividad en la Patagonia Norte alertan el riesgo de que otras provincias de Argentina acompañen los intereses de las petroleras, al igual que otros países del Cono Sur. Las cuencas de shale gas Chaco y Paraná cubren casi la totalidad de Paraguay, el norte de Uruguay -que ya anunció exploraciones junto a Repsol-YPF-, el oriente Boliviano, importantes regiones del sur de Brasil y buena parte del norte de Argentina. Si a esta región las empresas agroindustriales la denominaron ‘la República Unida de la Soja’, ¿qué nombre propicio encontrarán los lobbystas de los hidrocarburos no convencionales?
Del otro lado de la cordillera, la empresa estatal chilena ENAP anunció exploraciones en la austral región de Magallanes, en alianza con EEUU. En Mesoamérica, México extrae shale gas desde febrero de 2011 y la compañía estatal Pemex comunicó en diciembre que hasta 2014 realizará nuevas perforaciones sobre 175 reservorios.
La expansión global: actores y responsabilidades claras
La diversidad de promotores de esta industria en cada país -desde empresas de los más variados tamaños, gobernantes y otros tipos de lobbystas- podría tener una apariencia difusa. Pero la política exterior de EEUU en el sector es dura y constitutiva: la Iniciativa Global de Gas de Esquisto (Global Shale Gas Iniciative). El Departamento de Estado, en coordinación con la oficina de registro geológico (U.S. Geological Survey), son los encargados de promover a nivel global la exploración y explotación de este tipo de hidrocarburos. Según informan en su página web han firmado convenios bilaterales con China, Jordania, India y Polonia para asesoramiento y recomendaciones ‘técnicas’ de regulación. La industria del gas y el petróleo debe agradecer a un importante lobbysta, según el New York Times, que ha trabajado para ellos: Barack Obama. En los últimos tres años ha ‘evangelizado’ a diversos países para sumarse a la Iniciativa. Esta tuvo su primer acto público en agosto de 2010, donde asistieron más de cincuenta delegados de veinte países, en una reunión convocada en Estados Unidos, donde también participaron organismos públicos de este país y representantes del sector privado. Otro hecho ocurrió en abril de 2011, cuando se difundió un estudio encargado por el Departamento de Energía. Se detallan las ubicaciones y dimensiones de las reservas de gas no convencional en numerosos países, llama la atención que esta información sea desplegada por el gobierno estadounidense.
En el continente americano la Iniciativa se potencia con el programa Alianza de Energía y Clima de las Américas (Energy and Climate Partnetship of the Americas), comandada por el Departamento de Estado norteamericano, cuenta con la participación de la Organización de Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Latinoamericana de Energía, el Banco Mundial, entre otros. Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay -del cual han emitido recientemente un informe- son los países sudamericanos que participan de la Iniciativa.
Además de la cuestión de ‘seguridad energética’, otra de las razones que emplea el gobierno de Estados Unidos para promover al gas de esquisto es su baja emisión de gases de efecto invernadero, un ‘combustible puente’ hacia la ‘economía verde’.
Este nuevo paradigma, la economía verde, es lo que se consolida a nivel global como alternativa desde los sectores dominantes a la crisis ecológica actual. Las últimas medidas implementadas no condicen con una verdadera transición. Las grandes expectativas puestas sobre los hidrocarburos no convencionales, especialmente de parte de los Estados, quitan prioridad a las energías renovables al mismo tiempo que se cubre la industria con un manto verde. La reciente cumbre de Durban sobre cambio climático -donde se echaron por tierra los acuerdos vinculantes de reducción de emisiones existentes y se acordó formalizar protocolos voluntarios recién para fines de la década – y las flamantes estrategias de financiarizar la naturaleza -como los mecanismos REDD, Banco de Biodiversidad, etc.- tampoco ilustran un futuro promisorio. Han sido, en gran medida, las comunidades y organizaciones sociales las que han logrado verdaderos triunfos frente a la contaminación local y global producto de la explotación de hidrocarburos.
Las moratorias conseguidas sirven de aliento, ya que si la revolución de los hidrocarburos es global, también lo será la resistencia.
Oilwatch sudamérica