Gobernadores se suman a la presión del Gobierno contra YPF

Son los de las provincias productoras de petróleo. Elaboraron un duro análisis sobre la caída de producción de crudo, destacando la situación de la principal petrolera. La semana próxima se vuelven a reunir para emitir un documento

Por Martín Bidegaray | Clarín

Las provincias en cuyos suelos se extrae petróleo y gas hicieron un duro diagnóstico de la situación de hidrocarburos. Según un documento que elaboraron, la producción petrolera cayó un 32% entre 2002 (casi 44 millones de metros cúbicos) y 2011 (30 millones, hasta noviembre). Esa situación impactará en las arcas provinciales. Por eso, la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi, que agrupa a los territorios petroleros) ya arrancó con planteos hacia las empresas.

Ayer, representantes del gobierno de Chubut mantuvieron un encuentro con directivos de YPF . Fue en Comodoro Rivadavia. Los funcionarios provinciales querían conocer por qué la producción de la empresa hispano-argentina en Chubut disminuyó un 6% en 2011 con respecto al año anterior.

Martín Buzzi, el gobernador de Chubut que llegó como delfín de Mario Das Neves pero se volvió kirchnerista, está a la cabeza de los mandatarios que reclaman a las petroleras, y a YPF en particular. Ayer, en YPF le explicaron a los funcionarios que la caída en la producción fue por protestas gremiales en mayo y junio.

El miércoles de la semana pasada, Buzzi estuvo reunido con el ministro de Planificación, Julio De Vido, acompañado por los gobernadores de Neuquén (Jorge Sapag) y Mendoza (Francisco Pérez). Allí, y en nombre de las 10 territorios petroleros, hicieron una declaración: (Las provincias) “se han visto fuertemente afectadas por la caída manifiesta de producción e inversión insuficiente de las empresas del sector, impactando directa e indirectamente en la generación de riqueza y el bienestar de cada uno de los habitantes de nuestras comunidades”.

El jueves de la semana próxima, los gobernadores de las provincias petroleras volverán a reunirse, en Buenos Aires, y harán públicos sus reclamos . Quieren mayor producción petrolera para incrementar los ingresos por regalías y los puestos de trabajo.

El informe de las provincias indica que, desde 2006 a 2011, Pan American Energy (PAE), incrementó su producción. Chevron tuvo un descenso, mientras que Sinopec y Tecpetrol se mantuvieron. YPF pasó de una producción superior a los 13,5 millones de metros cúbicos en 2006 a una inferior a los 12,5 millones en 2011. En Santa Cruz, YPF perdió 27% de producción por el conflicto gremial que fue de abril a casi fines de julio del año pasado.

Las quejas de los gobernadores dieron marco a la Presidenta, el miércoles pasado, para apuntar a Repsol e YPF (“no podemos volver a las épocas del Virreinato, donde se llevaban todo, el oro y la plata y no dejaban nada”). En relación al precio del gasoil para el transporte (YPF tiene 65% de mercado), Cristina dijo: “Se acabó la avivada. Si con el subsidio que te da el Estado vos pagás un precio mayor qué te importa si total lo paga el Estado. Es una distorsión de un subsidio que terminaban, no recibiendo ni siquiera la empresa, sino que fundamentalmente las que se quedaban eran, bueno, las petrolera”.

Repsol posee el 57% de YPF, pero el día a día corre por cuenta de la familia Eskenazi, dueña del 25% de la empresa. El Gobierno se opuso a que la empresa remitiera utilidades a España.

Las declaraciones de Cristina alimentaron la impresión de que el Gobierno puede darle luz verde a un proyecto de Roberto Dromi – el ministro de las privatizaciones de los 90 – para reestatizar YPF. Ese temor generó que Antonio Brufau (presidente de Repsol) pidiera una reunión con el Poder Ejecutivo.

El costo de una reestatización superaría los $ 64.500 millones, según un cálculo del Banco Santander. A los gobernadores les atrae la idea de volver a ser dueños de YPF. No pierden de vista que Néstor Kirchner, en su época de gobernador de Santa Cruz, se alzó con US$ 535 millones por regalías mal liquidadas. El patagónico depositó ese dinero en una cuenta en bancos extranjeros, donde llegó a superar los u$s 1.000 millones, según denuncias de la oposición.

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