OFEPHI: Sin inversiones suficientes, se anularían contratos

Las provincias productoras de crudo presionan a las petroleras.Presentarán informe con inversión por yacimiento de cada empresa

Por Claudio Rabinovich | Río Negro

En unánime alineamiento con el gobierno nacional, los gobernadores de las provincias productoras de petróleo le exigieron a las empresas del sector que aumenten la producción. “Con las condiciones que tiene la Argentina (tanto en yacimientos convencionales, como en no convencionales) no tendría que importar energía”, señaló el mandatario chubutense Martín Buzzi, en su carácter del presidente de la Ofephi (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos).

Lo hizo tras firmar un “acuerdo político” -tal como lo caracterizó el propio Buzzi- junto a sus pares de diez provincias, funcionarios nacionales como el ministro de Infraestructura, Julio De Vido y de Economía, Hernán Lorenzino y dirigentes sindicales.

El principal punto del convenio fue el compromiso de cada provincia participante de presentar dentro de 15 días un informe sobre el nivel de producción, de inversiones, de cantidad de equipos, de perforaciones y de empleados que tiene y debería tener cada yacimiento

Asistieron además de Buzzi los gobernadores: Jorge Sapag (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Juan Manuel Urtubey (Salta), Francisco Pérez (Mendoza), Fabiana Ríos (Tierra del Fuego), Daniel Peralta (Santa Cruz), Eduardo Fellner (Jujuy), y Mario Jorge (La Pampa), el senador nacional Miguel Pichetto, así como los sindicalistas Guillermo Pereyra (petroleros) y Carlos Acuña (de empleados de estaciones de servicio).

El encuentro tuvo como trasfondo el acompañamiento de las provincias a la presión desatada desde la administración de Cristina Kirchner contra la petrolera YPF.

– Mediante una solicitada (publicada ayer) YPF aseguró que en 2011 invirtió en nuestro país 13.000 millones de pesos. ¿Cuál es la respuesta de las provincias?, se le consultó a Urtubey.

– “Tiene que producir mucho” más, respondió contundente el gobernador norteño.

Minutos más tarde, Buzzi agregó: “Eso de sacar solicitadas avisando de balances positivos en la bolsa mientras el volumen de producción no se incrementa, no es la realidad que queremos las provincias productoras ni el conjunto de trabajadores”.

El viceministro de Economía, Axel Kicillof, fue contundente: “Hoy el estado nacional está importando combustible por 9000 millones. Que las empresas se pongan a tono con las necesidades del país”. Y por si fuera poco el secretario de Energía, Daniel Camerón disparó: “Se le va a exigir a cada empresa la máxima producción posible”, aunque aclaró que no se había analizado la eventual nacionalización de YPF.

¿Qué pasará si tras las presentaciones se concluye que una compañía no cumplió con los estándares suficientes?

Buzzi dijo que “la primera decisión del acuerdo es pedirle a cada una de las empresas los equipos mínimos de exploración y explotación para garantizar la producción, en caso que no se de cumplimiento se puede llegar hasta la reversión del yacimiento a la provincia. Así lo contempla la ley de hidrocarburos”.

En las conversaciones informales se plasmó el malestar contra la petrolera asociada a Repsol. “No todas las empresas se han comportado de la misma manera”, afirmó Buzzi y un vocero confió que en Chubut, mientras Pan American Energy cumple con el programa de inversiones, YPF y Tecnopetrol actúan de manera deficiente. Lo propio ocurriría con YPF en Río Negro, a diferencia de la más cumplidora Petrobras, comentó una alta fuente de la provincia.

Nadie quiso referirse al supuesto plan de inversiones que presentaría Antonio Brufau.

Solo los gremialistas Guillermo Pereyra y Ricardo Astrada, mientras almorzaban en el hall del Sheraton (sede del evento), comentaron que esa empresa rechazó invertir en petróleo no convencional “lo cual pondría en peligro fuentes de trabajo”.

Río Negro

Documento de la OFEPHI: “Acuerdo Federal de los Hidrocarburos”

En búsqueda del autoabastecimiento energético

El acuerdo le apunta directamente a YPF. Buscan que incremente sus reservas y nivel de producción

Por Fernando Krakowiak | Página/12

El gobierno nacional, los gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos y los sindicatos del sector acordaron ayer exigirles a las empresas petroleras un incremento de la inversión en exploración y producción para alcanzar el autoabastecimiento. El convenio destaca que en 15 días se establecerán las metas que deberán cumplir las firmas y se aclara que se quitarán las concesiones cuando se comprueben procesos de desinversión o inversión escasa. El documento le apunta directamente a Repsol YPF, a la que se califica como la “principal responsable global” de la caída de producción de petróleo y gas que registró el país en los últimos diez años.

El acuerdo se terminó de discutir al mediodía en un hotel céntrico de la ciudad de Buenos Aires. Lo firmaron los gobernadores de las diez provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Formosa, Salta y Jujuy), los sindicatos del sector, el ministro de Planificación, Julio De Vido, y su par de Economía, Hernán Lorenzino, entre otros funcionarios.

De Vido fue el encargado de negociar el texto en representación del Gobierno durante los días previos y ayer captó la atención de los gobernadores al dar algunos detalles del encuentro que mantuvo el lunes con el titular de Repsol, Antonio Brufau. “Fue una chicana el comunicado que Repsol YPF envió ayer (por el miércoles) a la Bolsa. En la reunión del lunes le dijimos a Brufau que no lo haga porque es una falta de respeto anunciar el descubrimiento de 22.807 millones de barriles equivalentes y poder certificar sólo 33 millones de reservas probadas. Eso equivale apenas a tres meses de consumo en Argentina”, sostuvo.

Luego afirmó que le pidió al empresario español mayores inversiones no sólo para extraer petróleo no convencional, sino también en yacimientos convencionales y dejó en claro que las provincias son las que necesitan que se produzca más porque de eso dependen las regalías que reciben. Por último, les prometió a los gobernadores que todo el dinero que ahorre el gobierno nacional al importar menos combustible será destinado a financiar obras públicas, fundamentalmente en el área energética.

Los cuestionamientos a Repsol YPF quedaron reflejados en el texto del acuerdo. Allí se remarca que en los últimos diez años la producción nacional de petróleo cayó 18 por ciento y la de gas un 11 por ciento y se identifica a Repsol YPF como “principal responsable global”, pues es la principal firma del mercado y la caída en su caso fue de 30 y 35 por ciento, respectivamente, durante el mismo período. Además, se puntean los distintos anuncios de inversión que realizó la empresa en los últimos dos años y se remarca que “dichos anuncios nunca llegaron a consolidar un plan concreto de desarrollo sustentable y creíble de producción y parecen más apuntar a una especulación bursátil”.

Al finalizar la reunión, el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, fue más explícito aún con la crítica a Repsol YPF por hacer anuncios que impactan en los mercados, pero no mueven el amperímetro de las reservas y la producción. “Esto de sacar solicitadas para que sea la Bolsa la que tenga un reflejo positivo, pero el volumen de producción del país no se incremente no es lo que pretendemos las provincias productoras de hidrocarburos ni los trabajadores”, declaró.

Repsol YPF apareció en los últimos años como una empresa cercana al Gobierno y los hallazgos de petróleo no convencional fueron elogiados públicamente por varios funcionarios. Sin embargo, no es la primera vez que la relación atraviesa un período de tensión. A fines de 2006, la petrolera había puesto a la venta 37 yacimientos que no le interesaban por su baja o nula producción, pero el Gobierno abortó la operación en enero de 2007. “No puedo impedir que pongan a la venta las áreas petroleras que quieran, pero si no han sido debidamente explotadas se revocará la concesión. No vamos a permitir que obtengan beneficios de esas áreas como si fueran un activo inmobiliario”, aseguró entonces De Vido. En abril de ese año el funcionario fue más allá y declaró, en referencia a YPF, que “cuando una empresa no explora, está deshonrando la actividad”. A fines de 2007, el Grupo Petersen ingresó como accionista minoritario en la firma con el visto bueno oficial y la tensión cesó, pero los niveles de reservas y producción no variaron significativamente, tal como lo demuestran los nuevos cuestionamientos.

Ahora la situación ha vuelto a tensarse, pero, a diferencia de 2007, el Gobierno se muestra dispuesto a ejercer una mayor presión para reactivar el sector. Además de prometer que se fijarán metas de producción, en el documento se resalta que se exigirán mayores inversiones en refinación y se incentivará la participación de terceras empresas, preferentemente públicas. La razón que motiva esta batería de medidas es simple: el año pasado se importaron combustibles por 9000 millones de dólares y la proyección para los próximos años es alarmante si no se introducen cambios, lo cual inevitablemente terminará conspirando contra el esfuerzo oficial para mantener un amplio superávit comercial.

Página/12

“Se encuentran en inferioridad”

Por Sebastián Premici | Página/12

“Es el Estado nacional el que debe gestionar el sector de hidrocarburos, como un sector estratégico, para administrar y distribuir los recursos energéticos no renovables y satisfacer las necesidades coyunturales, a mediano y largo plazo de toda la población.” La afirmación corresponde al economista Luis Brunstein, quien fue director provincial de renegociación de concesiones y áreas revertidas en Tierra del Fuego. Según su reciente experiencia, las provincias quedan en una situación de inferioridad para renegociar un contrato con una multinacional, “la cual aprovecha su poderío económico en detrimento de los intereses provinciales y en muchos casos, nacionales”, sostuvo este especialista en diálogo con Página/12.

Brunstein ocupó el cargo de director de la comisión de renegociación entre enero y noviembre de 2011. Fue removido de ese cargo luego de formular algunas críticas sobre los procedimientos administrativos de dicha comisión, aunque sigue formando parte de ella. “Muchas veces las provincias se ven obligadas a cerrar un contrato sí o sí y para ello suelen otorgar incentivos que seducen al capital empresario, pero quizá no redunda en un beneficio para la provincia o la nación”, explicó a este diario Brunstein. En momentos en que la entidad que nuclea a las provincias petroleras (Ofephi) volvió a cobrar protagonismo, exigiéndoles a las compañías que operan en el país mayores inversiones, queda en evidencia la relevancia de discutir el rol que debería tener el Estado en la extracción de los recursos naturales.

En la reforma constitucional de 1994 se especificó que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Ya en 2003, Néstor Kirchner promulgó el decreto 546 que estableció que las nuevas concesiones de hidrocarburos serían fijadas por las provincias. El Estado nacional sólo manejaría las concesiones vigentes hasta ese momento, hasta que fue sancionada la llamada “Ley Corta”. “Las provincias asumirán en forma plena el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en sus respectivos territorios”, se expresa en esa ley.

Muchas de las concesiones otorgadas durante la instauración de la etapa neoliberal en la Argentina –que coincidió con la privatización de YPF– están por caducar en los próximos años. Por eso cobra importancia la presión de los gobernadores y el reclamo de cumplimiento con la ley de hidrocarburos. “Las empresas extractivas deben ser analizadas como fondos de inversión con un componente de alta liquidez, lo cual expone a la provincia a riesgos importantes. Muchos de los dólares que se fueron del país desde este sector terminaron por dinamizar la ruleta financiera, en lugar de dirigirse a emprendimientos productivos”, explica Brunstein.

En este sentido, el ex director provincial de renegociación de concesiones en Tierra del Fuego sostiene que, en las condiciones actuales, “el Estado argentino podría optar por nacionalizar el sector de hidrocarburos y minero o, al menos, comenzar con una parte mientras profundiza la utilización del marco legal para obligar a las empresas concesionarias a cumplir con la ley o, caso contrario, perder sus concesiones, como ya ocurrió con otros sectores”.

Página/12

“Que se pongan a tono”

El secretario de Política Económica, Axel Kicillof, afirmó ayer que las empresas del sector petrolero deben ponerse “a tono con las necesidades del país”, para que la Argentina vuelva a autoabastecerse. El funcionario participó de una rueda de prensa junto con el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, al finalizar la reunión de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) en la que participaron los mandatarios de provincias petroleras y los ministros de Planificación, Julio De Vido, y de Economía, Hernán Lorenzino.

Al ser consultado si el Gobierno piensa reestatizar YPF, Kicillof dijo que “el documento que suscribieron los dos ministerios y las provincias plantea necesidades en términos del país, que en su elevado grado de crecimiento de los últimos años no han sido satisfechas por el plan de exploración y explotación de las empresas”. “Hoy compramos combustibles. Lo hace el Estado nacional con recursos que se podrían destinar a otros renglones del gasto, como la inclusión social y el crecimiento. Por eso se está pidiendo a las empresas que se pongan a tono con las necesidades del país, que en el marco de una crisis mundial muy profunda sigue llevando adelante un modelo de crecimiento donde su mercado interno es sustantivo”, enfatizó el funcionario.

Por eso, “las empresas van a tener que adecuar su oferta a estas necesidades”, agregó Kicillof. Recordó que “los yacimientos, por nuestra Carta Magna, están en manos de las provincias y si ellas detectan que alguna empresa no está a la altura de sus requisitos se verá cómo se procede”. “Esto no es un ataque directo al nodo de propiedad de las empresas, sino simplemente una necesidad que se está expresando de manera consensuada, sensata”, concluyó Kicillof.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, afirmó que “si YPF no invierte, las provincias deberían asociarse con otras empresas y trabajar juntas en la explotación” de petróleo y gas. Sostuvo que en el sector “faltan las inversiones, pero inversores debe haber”. El gremialista aseguró que “si el petróleo y el gas están, importamos al valor que dice YPF y no hay inversión, evidentemente tenemos un grave problema”, y sostuvo que “las inversiones se caen y eso perjudica al país, a las provincias y a los trabajadores”. “El 60 por ciento de los yacimientos de Neuquén pertenecen a YPF, que invirtió en petróleo y gas no convencional pero descuidó la producción y lo que invirtió en perforación no lo pone en valor”, criticó Pereyra.

Página/12

No escuchó sobre estatización

El presidente del bloque de diputados del oficialismo, Agustín Rossi, afirmó que “no escuchó en ningún lugar del Gobierno que se analice una eventual estatización de la petrolera YPF”, actualmente controlada por la española Repsol y el Grupo Petersen de Argentina. “Lo que deben hacer YPF y el resto de las petroleras es comprometerse más con el autoabastecimiento de la Argentina. Necesitamos de cada una de las empresas de mayor inversión en exploración y mayor explotación”, afirmó el legislador, quien agregó que “una parte del desequilibrio de nuestra balanza comercial es la importación de combustible”. Por otro lado, en una entrevista con este diario, el diputado Edgardo Depetri afirmó que el actual escenario abrió la posibilidad de discutir el rol que debería tener el Estado dentro del mercado de los hidrocarburos y, especialmente, dentro de la ex petrolera estatal.

Página/12