"Es necesario que el Estado retome un rol central en el sector"

Ignacio Sabbatella, becario del Conicet y autor de una investigación sobre la privatización de la petrolera, dice que sería positivo que se lleve la discusión al Congreso

Por Paula Bistagnino | La Mañana Neuquén

“Ahora que el país impulsa una reindustrialización, se hace evidente lo necesario que es que el Estado tenga control sobre sus hidrocarburos y lo nefastas que fueron estas dos décadas que lleva YPF en manos privadas”, explica Ignacio Sabbatella, licenciado en Ciencias Políticas, becario del Conicet, investigador del Instituto Gino Germani y autor, junto a Esteban Serrani, del trabajo “A 20 años de la privatización de YPF. Balance y perspectivas”. “Por primera vez en todos estos años, el tema vuelve a estar en la agenda pública y, lo más interesante, las condiciones parecen estar dadas para que haya un debate serio y se avance en un proceso de reestatización”.

¿Cuáles son las conclusiones de estas dos décadas en manos privadas?
Negativas. En líneas generales, al perder el Estado el manejo del sector y al dejar de ser considerado el petróleo como un bien estratégico, todo quedó librado a la decisión de las petroleras, y tanto las nacionales como las extranjeras se comportaron del mismo modo: invertir con poco riesgo, exprimir los yacimientos que había descubierto YPF y prácticamente no explorar. Esto generó no sólo un gran déficit en el abastecimiento interno sino en las reservas: entre 1989 y 2001 se incrementó un 70% la extracción de crudo y casi un 90% la de gas. Eso hace que, por ejemplo, en estos 20 años se haya exportado el 50% de reservas de petróleo existentes a 2010. Tampoco se abrieron nuevas refinerías. La única en estos 20 años, y en realidad desde 1962, es la neuquina, inaugurada en 2011.

¿Cómo es que se llega a considerar que el petróleo y los hidrocarburos no son un recurso estratégico para un país?
Hasta fines de la década del ’80, el petróleo y el gas eran considerados como lo que son: recursos estratégicos. Pero lo que hace el menemismo es transformar totalmente esa concepción: entonces pasan a ser considerados commodities. Es decir, mercancías exportables que ni siquiera necesitaban ser industrializadas. Como si fuese trigo, soja o cualquier otra materia prima. Eso es grave porque estamos hablando de un recurso no renovable del que, a nivel nacional, depende en un 90% nuestra matriz energética y, a nivel internacional, es el combustible esencial del capitalismo del mundo globalizado.

¿Cómo se instala esta visión de que era necesario privatizar YPF?
Lo primero que hizo el menemismo fue atacar la concepción del nacionalismo petrolero, que era una ideología bastante extendida en toda la sociedad argentina desde las décadas del ’20 y ‘30. El menemismo ataca esto con el argumento de que es una visión anacrónica y totalmente conservadora. Y en su lugar impone la idea de que lo que necesitaba el país era producir hidrocaburos y generar saldos exportables. Y esto tenía validez en el marco de un proyecto de país que acompañó la ola neoliberal y en el que la hegemonía era del sector financiero.

¿Qué actitud tomaron los medios de comunicación frente a la privatización?
Este discurso contó con un apoyo importante de los medios. Si uno va al archivo, ve que los medios hegemónicos de entonces, que son los mismos que ahora, Clarín y La Nación, apoyaron claramente la ola privatizadora en general y también la privatización de YPF. No sólo los medios lo apoyaron, también lo hicieron las principales fuerzas políticas y, por supuesto, las corporaciones económicas. Quizá lo más llamativo es que el sindicato más importante del sector, el SUPE, que había tenido un discurso de soberanía y de defensa de los recursos durante el gobierno de (Raúl) Alfonsín, a partir de 1989 compró el discurso de la necesidad de privatizar YPF y acompañó la política de de (Carlos) Menem.

¿Hasta cuándo fue verosímil ese discurso?
Hasta que el menemismo empieza a perder la legimitidad que en algún momento había tenido. Se rompe todo junto. Y empieza quebrándose por lo social, con el estallido de las protestas y los movimientos piqueteros en Neuquén, en Plaza Huincul y Cutral Co, y en Salta, en Gral. Mosconi y Tartagal, justamente los enclaves petroleros más importantes del país y de YPF. Más allá de la pobreza y la desocupación, que eran datos reales, había un fuerte sentimiento de despojo.

Sin embargo, recién ahora, quince años después, se está poniendo en discusión la privatización.
Sí, nos llevó un tiempo. De hecho, nos llevó un tiempo más que otros países de la región, como Bolivia y Venezuela, donde empezó antes. Otros países de la región nunca perdieron la participación estatal. Acá no hubo ese movimiento social y político.
Pero no hay que comparar ni mirar cómo lo hicieron otros. Cada país tiene su proceso y hoy la Argentina está iniciando el suyo. Y esto es importante. En primer lugar, para nosotros, porque es necesario de cara al proyecto de país que se plantea, pero también es importante para la integración energética regional.

¿Qué ha cambiado el kirchnerismo de la política petrolera menemista?
Yo, a diferencia de algunos colegas, no creo que se pueda equiparar esta década con la década menemista. Ya que, primero Néstor Kirchner y ahora Cristina Fernández, han aplicado retenciones móviles a las petroleras. Entonces, si bien se mantiene la gestión privada, esta es una diferencia abismal.
En realidad, el que empezó a aplicar retenciones a las petroleras fue el gobierno interino de (Eduardo) Duhalde, en 2002. Pero a partir de 2003, se fueron aumentando progresivamente hasta que fueron lo suficientemente importantes como para lograr desligar los precios internacionales de los locales, por un lado, y, por otro, desalentar las exportaciones. Algo que siempre fue una incomodidad para las petroleras y que ahora ya es una tensión. Porque, además, después de las elecciones de octubre, se les sacó otro privilegio importante: deben liquidar las divisas obtenidas por exportación en el mercado local. Esa es una medida muy positiva, pero igual todavía no alcanza para contrarrestar los efectos negativos de 20 años de gestión privada.
Y ahora se suma la denuncia pública que se hace del precio oligopólico de los combustibles, que viene a cuestionar la estructura heredada del menemismo, que en números es: cuatro empresas explican el 66% de la extracción de petróleo, cuatro empresas extraen el 75% del gas y tres empresas representan el 80% de la capacidad de refinación.

Sin embargo, el aumento del combustible en los últimos años fue importante.
Es cierto, pero serían mucho más elevados si se lo dejara librado a las fuerzas del mercado. Con las retenciones, sumadas a ciertos acuerdos de precios, se trabó esto. Por otro lado, también apareció una nueva empresa, Enarsa, que no logró tener peso en el mercado, porque YPF era una empresa integrada, es decir, que tenía todos los eslabones de la cadena: exploración, extracción, distribución y comercialización. Enarsa no.

¿Cuáles son los caminos para la reestatización de YPF?
Es necesario que el Estado retome un rol central en el sector a través de una empresa estatal verticalmente integrada. El modo de llegar a eso debe ser debatido profunda y públicamente. Una posibilidad es comprar parte de las acciones de Repsol YPF.
Otros hablan de llevar una ley de expropiación al Congreso. Por cómo viene la política petrolera en los últimos años, yo veo menos factible la expropiación. Lo que sí creo es que la discusión debe llegar al Congreso porque, sin duda, será enriquecedora para la sociedad, como lo fueron los debates por la reestatización de Aerolíneas y de las AFJP.
Un dato interesante es que el año pasado se gastaron más de 9 mil millones de dólares en la importación de combustibles. Esto equivale a mucho más que el 50% del total de Repsol YPF, que vale entre 14 y 15 mil millones de dólares. Se puede pensar en esquemas donde el Estado compre un paquete accionario del 51% para acceder al manejo del directorio, o que la recompre totalmente o expropie y la enlace con Enarsa para crear una gran empresa energética nacional, que no sólo actúe en el sector de hidrocarburos sino que además pueda desarrollar otras energías renovables y menos contaminantes. Una empresa con más potencialidad, incluso, que la que tenía YPF.

¿Cuál debería ser el esquema de funcionamiento de esa petrolera estatal?
La ley de privatización de YPF exigía la provincialización de los recursos, que se concretó en 1994, en la reforma constitucional. Y en 2006, algo desde mi punto de vista negativo, se sancionó la Ley corta de hidrocarburos, que consolida el dominio de las provincias sobre el subsuelo. Ahora, las provincias son las que concesionan los yacimientos y dan permisos de exploración. Entonces, la política petrolera sigue estando en manos de la Nación, pero no hay una empresa estatal y el Estado dejó de ser dueño de los subsuelos. Entonces, no tiene decisión. Además, las provincias se tienen que enfrentar a empresas multinacionales muy poderosas, que están en posición de imponer condiciones, bajo amenaza de desinvertir y desabastecer el mercado. Estas presiones también están invisibilizadas.

¿Cuál debería ser el rol de las provincias petroleras en una futura empresa estatal?
El rol de las provincias tiene que ser central en el debate público. Yo creo que un esquema interesante sería que estén asociadas con un porcentaje de acciones y con una participación importante dentro del directorio. Eso sería distinto y hasta superador de lo que fue YPF estatal. Donde las provincias tengan voz y voto en toda la actividad que desarrolla la empresa, por la simple razón de que son dueñas del recurso. Y también creo yo que otro mecanismo superador sería que los trabajadores pudieran tener un lugar también en el directorio. Y el conjunto de esa participación sería un gran avance.

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