La privatización de YPF y sus causas

Por Marcos Rebasa | Página/12

En la edición del último domingo de este diario, en un reportaje a Víctor Bronstein, este último propone dos afirmaciones que tienen importancia a la luz de los últimos acontecimientos. La primera consiste en presentar como empresa ineficiente a la YPF estatal previa a la privatización. Este argumento fue utilizado entonces por los propulsores de su transformación, como uno de los ejes de aquel proceso. Por supuesto es falso e inconsistente con la realidad histórica y preocupa su reiteración por quien luego propugna una amplia intervención estatal sin tomar nota de esta contradicción.

YPF estatal fue eficiente en la producción petrolera y gasífera dejando innumerables beneficios de todo orden para el país, que sería largo enumerar y que hoy se extrañan frente a una actividad privada ineficiente y antinacional, que ha significado baja en la producción y en las reservas, creándole al país un problema mayúsculo en su balanza comercial. Lo que ocurre es que a pesar de su contribución al desarrollo económico nacional fue endeudada por la política perversa de Martínez de Hoz con el encubierto propósito de presentarla luego como deficitaria. Esto lo sabe todo el mundo y preocupa la reiteración de conceptos que no se condicen con la evolución de los hechos.

La segunda afirmación que desliza el entrevistado en dos oportunidades postula que la privatización logró el autoabastecimiento. Dicho así, solamente puede estar referido al autoabastecimiento de hidrocarburos, de eso habla la entrevista. Esa afirmación es falsa, ya que eso se logró en los años 1982-1983, según se puede confirmar con todos los datos disponibles. Luego de la privatización se incrementó transitoriamente la producción permitiendo excedentes exportables, con criterio puramente extractivo y sin reposición de reservas, hecho que rápidamente se revirtió con la desnacionalización en 1998. Estamos hablando de petróleo, de crudo, porque de gas siempre estuvimos abastecidos y consummos crecientemente a partir del incremento de la oferta y de los descubrimientos de la YPF estatal. El escaso gas importado entonces desde Bolivia fue una decisión geopolítica que finalizó cuando Brasil contrató esa provisión.

La privatización de YPF, iniciada en 1992, tuvo otras motivaciones, ideológicas y de respuesta a las directivas del Consenso de Washington, en el marco de un proceso general en ese sentido. Por lo cual la primera etapa, previa a la desnacionalización de 1998, fue solamente una preparación para la segunda y definitiva. Aclarar estas cuestiones es muy importante porque no se pueden mezclar aspiraciones de protagonismo nacional en la cuestión de los hidrocarburos y justificar al mismo tiempo la privatización de YPF –la peor de todas, el error de política económica de mayor trascendencia de los últimos 50 años– que es un hecho ignorado por quienes atacan la actual situación energética sin mencionar nunca el origen de estos resultados.

La solución actual debe recorrer caminos inteligentes, aprendiendo de la experiencia, pero nunca modificando la historia y justificando así soluciones presentes. Una política soberana en hidrocarburos, como lo indican las experiencias latinoamericanas exitosas, por ejemplo la brasileña, incluye instrumentos adecuados, que supone empresas nacionales donde el Estado tenga poder de decisión.

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