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La visión eldoradista sobre Vaca Muerta vuelve a poblar primeras planas

Por Alejo di Risio / SurGlobal

Cuenta regresiva para el fin del mandato amarillo. La victoria del Frente de Todxs es casi una certeza. A menos de cien días del comienzo de una nueva etapa argentina, el nuevo rumbo es todavía incierto. Más allá de un impecable temple durante entrevistas y una renovada estructura que acompaña la coalición pan-peronista ¿Qué sabemos del plan de salvataje de Alberto Fernández, el candidato a presidente que probablemente suceda a Mauricio Macri? Porque no sólo la casa está en desorden, sino que está semi-defaulteada y endeudada. Quienes generaron gran inestabilidad piden ahora a gritos que la estructura del ganador de las elecciones primarias, realizadas a comienzos de agosto, pueda llevar a los mercados la tranquilidad que ellos no pueden prometer. Desde fuera llegan los reclamos para conocer el plan y la visión eldoradista sobre Vaca Muerta vuelve a poblar primeras planas.

Varias piezas del rompecabezas energético albertista ya han asomado: reuniones con el IAPG, ofertas de China como acreedora, reposicionamiento de YPF como jugador central y el reciente apoyo del poderoso sindicato petrolero norpatagónico. El equipo económico del casi-presidente parece tener claro su rumbo macro, pero las decisiones y medidas concretas aún están por verse. El caballito de batalla de la campaña desarrollista es sin dudas el megaproyecto Vaca Muerta, al cual el mismo Fernández hace referencia cada vez que puede. Pero las controversias en torno al destino de la producción trascendieron a la esfera pública. Dos posturas se delinean dentro de la coalición: aquella liderada por Federico Bernal, con la prioridad enfocada fronteras adentro y la exportación a países vecinos, y la que expone Guillermo Nielsen, que apunta al desarrollo de infraestructura con foco en la exportación mediante buques de gas natural licuado (GNL).

La posición de Bernal, director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) y asesor del kirchnerismo en energía, apunta a que el proyecto  asegure primero el mercado interno y luego las exportaciones. Estas últimas solo deberían hacerse en caso de excedentes, fundamentalmente a países vecinos, porque el mercado global de GNL hoy es sumamente incierto, y bajo el compromiso de reposición de reservas. Bajo la lupa bernalista, se apunta a desdolarizar las tarifas energéticas, dinamizar el mercado interno mediante reducción de los precios de la energía y estimular la llegada de nuevos actores, específicamente empresas chinas y rusas. En ese sentido Vaca Muerta debería garantizar el “desarrollo nacional con equidad social y fuerte industrialización”.

Nielsen, quien junto al hoy contrincante Roberto Lavagna renegociara la deuda en 2003-2005, se ha convertido en el principal representante económico de Alberto ante el actual gobierno y el FMI. A la prensa brasileña, el economista le dijo que bajaría impuestos a la renta de las empresas de petróleo y gas del actual 35% a un 20%. En otra entrevista declaró que impulsará la offshorización del producido de los no convencionales mediante “un fideicomiso en New York (…). El gobierno argentino va a supervisar; los privados van a informar, pero no van a pedir permiso, porque es plata de ellos”.

Nielsen también plantea un vínculo directo entre los extractivismos y las políticas sociales frente a la pobreza. Estableciendo, al decir del investigador Eduardo Gudynas, un falso vínculo necesario y suficiente entre prácticas que devastan el territorio y la existencia de planes sociales y programas de paliativos de la crisis. Así, el saqueo en manos de pocas empresas y actores financiará la mejora en los ingresos de otros, revistiendo al megaproyecto de un fin social ante la mirada de la población.

El mismo Fernández expresó su apoyo incondicional al megaproyecto Vaca Muerta en repetidas ocasiones. Durante una reciente entrevista, se declaró a favor de la extensión del tren que facilita la explotación de los hidrocarburos en la norpatagonia, profundizando la infraestructura demandada al Estado por las empresas extractivas. Según se anunció, dicha obra se realizaría bajo un acuerdo de Participación Público-Privado (PPP), contratos muy cuestionados a nivel internacional al forzar a los Estados a garantizar la renta de empresas, transfiriendo todo el riesgo sobre las arcas públicas, y derivando toda la ganancia a las privadas. Un meta que también se planteó el macrismo, pero que hasta el fin de su mandato no ha podido cumplir.

Aunque a la diversa coalición formada para hacer frente al gobierno todavía le queda mucha tela por cortar, sí hay consensos que aparentan establecidos. A la esperanza nacida en algunos sectores tras la mención de energías renovables poca vida le queda ya. La priorización del gas y la energía termonuclear, y el probable cierre de los programas Renovar sin sucesor popular a la vista, postergan una necesaria transición de la matriz energética hacia energías limpias. No solo para revertir los efectos de la crisis climática, sino para evitar las consecuencias en la población que, como siempre, serán peores para los y las menos privilegiadas.

El proceso de expansión de las fuentes renovables impulsadas por Cambiemos puede ser criticado por la dependencia que este tuvo del capital privado trasnacional. El caso uruguayo es un ejemplo paradigmático de un proceso de transición energética que al mismo tiempo fue privatizado. Sin embargo, la transición de la matriz energética menos dependiente de la energía fósil es una necesidad que debe componerse también de la gestión pública de esas fuentes. Es importante recuperar la soberanía energética, pero no para depositarla en empresas de bandera nacional, sino para generar una transferencia real donde las decisiones sean de la población y estén orientadas hacia una mejora en la calidad de vida de las personas.

Mientras que la energía siga siendo considerada una mercancía, el trabajo digno y la salud de las personas serán solo secundarios ante la ganancia de pocos actores. Tal vez los números cierren mejor, pero priorizar un pretendido desarrollo nacional por sobre las consecuencias que este tenga sobre la calidad de vida de la población no puede ser una opción popular. Es fundamental dejar de concebir a los extractivismos como fuente de riqueza, progreso y desarrollo social.

Sumate al webinar: ¿Qué hizo el gobierno de Mauricio Macri en el sector energético?

EJES y FARN, invitan al Webinar “La política energética de Cambiemos”.  Esta videoconferencia se realizará el martes 10 de septiembre a las 14 hrs y se podrá acceder de forma gratuita, inscribiéndose en este link.

Como parte de EJES, Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental, invitamos a esta videoconferencia donde haremos público el informe “El ocaso de la ilusión neoliberal”, un estudio cronológico desde diciembre de 2015 a agosto de 2019 con las medidas que delinearon la política energética del gobierno de Cambiemos.

Por su parte, FARN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, presentará el documento “Subsidios a los combustibles fósiles en Argentina 2018-2019”.

Esperamos puedan acompañarnos.

¿CÓMO PARTICIPAR?
La actividad es gratuita, con inscripción obligatoria
Una vez realizada la inscripción se recibirá el link para acceder al Webinar.

Martes 10 de septiembre / 14 hrs (Argentina)
Inscripciones: https://attendee.gotowebinar.com/register/581617863126876941

El humo del Amazonas ya estaba en Argentina

Corrimiento de la frontera agropecuaria. Monocultivos. Explotación de recursos naturales sin control. Negocios entre sectores empresarios y públicos. Los grandes medios de comunicación en mute. El incendio de la Amazonía lleva décadas. Y acá en Argentina, también.

Por Marcelo Musante* / Anred

Qué decir. Para qué. Para quiénes. Un filósofo alemán (Theodor Adorno) se preguntaba si tenía sentido escribir poesía después de la experiencia asesina de Auschwitz y el nazismo. Ahora la sensación es la misma. ¿Para qué sirve escribir sobre un Amazonas que se incendia? ¿Para qué kilómetros de tinta? ¿En qué modificará la tragedia medio ambiental y de las comunidades que ahí viven? ¿Pero qué nos queda si no?

La práctica de incendiar bosques nativos para desarrollar negocios multimillonarios con la agricultura transgénica y la ganadería extensiva es una práctica que viene siendo denunciada desde hace años por organizaciones ambientalistas, especialistas en el tema y -sobre todo- por organizaciones indígenas y campesinas en los territorios.

Ellos son los desalojados, incendiados y envenenados diariamente. Ellos son los “daños colaterales”. Lo sufren, lo saben, lo dicen, lo gritan y los silencian. Pero de repente se incendia el Amazonas y estallan los retweets, los instagrams, los facebooks y todas las corporaciones mediáticas empresariales comienzan a titular, a desgarrarse las ropas y a hacer informes con música de catástrofe.

¿Cuándo llegará el humo a Argentina?, preguntan todos los medios masivos de comunicación. Pero el humo está en el país hace décadas: en la minería a cielo abierto, en el fracking, en el corrimiento de la frontera agropecuaria para sembrar monocultivos, en la utilización de agrotóxicos, en la explotación de salares, en los desmontes, en los ríos poblados de arsénico.

El humo ya estaba en Argentina en las escuelas fumigadas de la zonas rurales, en la lucha de Sofía Gatica y las compañeras y compañeros de Malvinas Argentinas para lograr evitar que se instale la fábrica de Monsanto, en Sandra Eli Juárez que se murió de un paro cardíaco frente a una topadora en Santiago del Estero, en los asambleístas de Gualeguaychú, en el histórico no a las minería en Esquel, en Juana Segundo y la comunidad Pilagá de Penqolé denunciando a Techint por la basura que dejó con el gasoducto que cruza sus tierras, en Fabián Tomasi envenenado con agrotóxicos que peleó hasta su muerte el año pasado, la pelea que le llevó la vida a Andrés Carrasco contra los negocios de corporaciones académicas y las empresas multinacionales. En los textos de Maristella Svampa, en los de Darío Aranda, en la REDAF, en el MOCASE, en Observatorio Petrolero Sur, en la Confederación Mapuche sus denuncias contra los pozos petroleros.

Una lista que está lejísimos de ser exhaustiva y que es injusta con muchas personas y organizaciones nos vienen hablando hace muchos años.

La Amazonía está ardiendo en miles de partes y hay más de cuatrocientas comunidades indígenas que viven ahí. Están acorraladas por el fuego. Pero ya estaban acorraladas por los sectores empresarios de los agronegocios, la producción de alimentos y las madereras que necesitan reconvertir esos bosques. Reconvertirlos en dinero, en ganancias privadas.

Los Estados son los responsables. Y no sólo los gobiernos neoliberales del último lustro. Las políticas de beneficios irrestrictos e incontrolados para empresas nacionales como Los Grobo, IRSA y Don Mario, grandes estancias como Don Panos y grupos transnacionales como Bayer/Monsanto, Benetton, Barrik Gold, Cargill, Nidera, Dow/Dupont, BASF, entre muchos otros, es asunto también de las gestiones anteriores.

Las comunidades indígenas son corridas de sus tierras hace muchos años y los discursos hegemónicos sobre la necesidad unidireccional del progreso penden sobre ellas como una amenaza constante. Las leyes contra los desalojos flotan entonces como palabra muerta sino se aplican las legislaciones sobre los territorios. Los pequeños campesinos son forzados a endeudarse, a vender sus tierras y son amenazados por grupos parapoliciales sostenidos por empresarios locales y gobiernos municipales y provinciales. Pero resisten, se organizan y siguen produciendo sin agrotóxicos.

Falta poco para las elecciones presidenciales en Argentina. Es tiempo de campaña electoral. Es tiempo que digan qué van a hacer con los modelos de producción extractivistas y de primarización de la economía. Y sobre todo qué digan qué van a hacer con las personas que viven en esas tierras con bosques, cerros, salares y ríos en los que los empresarios sólo ven soja, minas, litio y agua dulce.

Quizás los grandes medios de comunicación avisen que ya llega el humo del Amazonas. Pero acá, a los territorios los están incendiando hace rato.

(*) Sociólogo

¿Cómo se sostiene la vida en América Latina?

Feminismos y re-existencias en tiempos de oscuridad

[Descargar libro]

¿Cómo se sostiene la vida en América Latina? Feminismos y re-existencias en tiempos de oscuridad procura dar cuenta de los tiempos actuales, caracterizados por la intensificación del extractivismo y la devastación ambiental, la repatriarcalización multiforme de lo social,  el auge de nuevas derechas en lo electoral y de nuevos conservadurismos en las relaciones cotidianas. Estos tiempos se hacen eco de procesos similares en otras partes del planeta, lo que agrega urgencia al desafío transformador.

Este movimiento de derecha es contrapendular a lo que el mundo llamó la ‘marea rosa’ latinoamericana, que revivió incluso el imaginario socialista por más de una década. Múltiples procesos y luchas, con un protagonismo sobresaliente de mujeres, están incorporando a su bagaje político-epistémico los aprendizajes de esta última fase para defender la vida misma contra estas amenazas. Estos procesos, de construcción tanto como de resistencia, se inscriben en un tiempo largo, más allá de lo coyuntural. Parten de la existencia de muchos mundos, de muchas formas de conocer y habitar este pluriverso inmerso en una crisis de dimensión civilizatoria. Abya Yala siempre fue un territorio donde se manifestó esta diversidad. De ella nació la fuerza social que alimentó la hegemonía progresista, y de ella y de sus prácticas pueden nacer, en un terreno reconfigurado, las respuestas a los desafíos del presente.

INDICE

A modo de introducción
| Karin Gabbert y Miriam Lang

PRIMERA PARTE |
FEMINISMOS, CAPITALISMO Y NUEVAS DERECHAS

¡Ningún patriarcón hará la revolución!
Reflexiones sobre las relacionesentre capitalismo y patriarcado
| Rita Segato

La ‘ideología de género’ y sus destrezas
El reaccionarismo religioso frente a los feminismos en movimiento
| Cristina Vega

Nuestros cuerpos, nuestros territorios
Luchas de mujeres, feminismos emergentes y defensa de los territorios en Bolivia
| Carmen Aliaga Monrroy

Perspectivas para una políticade clase feminista
Aportes al debate sobre nuevas derechas e ideología de género desde Alemania
| Barbara Fried

SEGUNDA PARTE |
VIEJAS Y NUEVAS ÉLITES
LA EXACERBACIÓN DEL DESPOJO

La sostenibilidad de la vida puesta en jaque por el gran capital
Estrategias de la industria de combustibles fósiles y capitales asociados para manipular las políticas ambientales y la opinión pública
| Edgardo Lander

En las fronteras del cambio de época
Escenarios de una nueva fase del extractivismo en América Latina
| Maristella Svampa y Emiliano Teran Mantovani

Desafiando la locomotora del despojo
Extractivismos y resistencias en Colombia
| Alejandro Mantilla Quijano

Desfiguración territorial, desarraigo y descomunalización
La agudización del extractivismo en Bolivia
| Marxa Chávez León

Oligarquías renovadas
Los grupos de poder en el Ecuador y su accionar político ante los gobiernos progresistas, en el marco del capitalismo transnacional
| Anahí Macaroff

TERCERA PARTE |
APRENDIZAJES Y CAMINOS PARA SOSTENER LA VIDA

La izquierda no sabe quién es
¿Cómo dejar de solo reaccionar, sometiéndose al ritmo impuesto por la extrema derecha en el poder, y empezar a moverse con consistencia, estrategia y propósito?
| Eliane Brum

Trascender la modernidad capitalista para re-existir
Reflexiones sobre derechos, democracia y bienestar en el contexto de las nuevas derechas
| Miriam Lang, Horacio Machado Aráoz y Mario Rodríguez Ibáñez

Producir lo común para sostener la vida
Notas para entender el desplieguede un horizonte comunitario-popular que impugna, subvierte y desborda el capitalismo depredador
| Raquel Gutiérrez Aguilar y Claudia López Pardo

Editorial EJES: Vaca Muerta cuesta arriba

Los primeros meses de Gustavo Lopetegui al frente de la Secretaría de Energía de la Nación implicaron, entre otras cosas, que Vaca Muerta tuviese un papel secundario en las portadas de los diarios nacionales. Sin embargo, la cantidad de novedades vinculadas con el megaproyecto son difíciles de abordar. Lo que da cuenta, por un lado, de la relevancia que sigue teniendo para los actores institucionales y corporativos y, por otro lado, de las dificultades y controversias que impiden su acelerada y pretendida expansión.

Más allá de una personalidad menos afecta a los medios que la de su antecesor, el freno a la promoción estatal de Vaca Muerta se debe a que Lopetegui llegó para ajustar subsidios. En Fortín de Piedra, el único proyecto hidrocarburífero del que podía jactarse el macrismo como propio de su era, comenzó un duro diferendo. Esta fricción tuvo un nuevo episodio: Tecpetrol demandó al Estado por 2.500 millones de pesos por subsidios mal liquidados.

El año pasado, el área netamente gasífera Fortín de Piedra permitió que, cuando los ojos globales se posaban sobre argentina en el marco del G20, se pudiera destacar oficialmente el esfuerzo nacional para minimizar emisiones de cambio climático utilizando el discurso del gas como energía puente. El Ejecutivo nacional aseguró que el gas es menos nocivo que la explotación de crudo y eso es colaborar con el cambio climático. El discurso que enarbolaba a la Vaca Muerta gasífera como un proyecto amigable con el clima duró lo que el G20 en Argentina. Desde fines del año pasado, las inversiones corporativas apuntaron nuevamente al petróleo. Así lo hacen entre otras YPF, Shell y Vista, las compañías que en los últimos meses han realizado los anuncios más cuantiosos.

Desde otra óptica el desarrollo hidrocarburífero no convencional implica la profundización de la precariedad laboral. En mayo también en Fortín de Piedra murieron dos operarios de la compañía de servicios Pecom. Con esos decesos, fueron ocho las muertes en la cuenca neuquina en los últimos 15 meses. Un muerto cada menos de dos meses. Lo que obligó al sindicato petrolero -más afecto a cuestionar a sus afiliados que a las empresas- a realizar duras declaraciones sobre la seguridad en los yacimientos y exigió la reducción de los diagramas de trabajo y propuso aumentar la rotación con una grilla de 10 días en el campo y cinco en la casa, la eliminación de los campamentos en el medio del campo y los recorredores nocturnos de los pozos que salen solos. “Si el precio que tenemos que pagar para la explotación de hidrocarburos es la vida de un compañero, desde ya decimos que el proyecto Vaca Muerta ha fracasado”, posteo el sindicato de petroleros privados de Neuquén en su Twitter.

Por otro lado, la crisis macroeconómica nacional también ha puesto en jaque el proyecto del tren a Vaca Muerta. Cuando se anunció su licitación a mediado del año pasado se informó que  su concreción abarataría un 10% el costo de cada pozo. Pese a los esfuerzo gubernamentales tras el fracaso de la inicial propuesta de financiamiento público-privada, buscaron salvarla mediante la venta de carga anticipada, tampoco lo lograron, las reservas del sector privado fueron muy pocas.

Otra nota destacada de estas últimas semanas, la merece la resolución del juez de Garantías, Gustavo Ravizzoli en la causa de los hermanos Vela contra las autoridades de la comunidad Campo Maripe. En ese fallo el magistrado señaló tuvo en cuenta el cambio de paradigma que implica el derecho indígena y señaló que esta conflictividad no puede ser materia penal, sino a lo sumo civil y señaló que debería buscarse soluciones políticas más que judiciales. Los hermanos Vela reclaman la nulidad de la sentencia. Este es solo un ejemplo de las centenares de conflictos territoriales, no solo indígenas, que acarrea el desarrollo del megaproyecto Vaca Muerta.

Continúan la causa en torno a la denuncia contra la planta de tratamiento de residuos hidrocarburíferos Treater, ubicada en Añelo. Por un lado, Greenpeace y la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina, junto a la APDH y a la Confederación Mapuche de Neuquén sostienen que hay contaminación por fuera de la piletas en las que se depositan los residuos y la empresa responde con otros estudios que aseguran que no hay afectación. “No somos un basurero”, afirma Treater en un comunicado. La fiscalía de Delitos Ambientales, a cargo de Maximiliano Breide Obeid seguirá investigando las muestras tomadas con nuevos estudios de mayor complejidad.

Finalmente, Mendoza, donde la explotación de fracking comenzó sin un estudio de impacto ambiental por lo que el tema está judicializado por varias organizaciones entre ella FARN, ahora ofrece bajar en un 50% las regalías para impulsar la inversión petrolera, estás serán en áreas determinadas y la reducción hará pasar de un 12% a un 6% lo percibido por el estado.

Neuquén: definen actividades en rechazo de la Base Militar de EEUU

La multisectorial convocada para repudiar el intento de instalación de una Base Militar norteamericana en la ciudad de Neuquén realizó una nueva reunión y decidió una series de actividades.

Reproducimos comunicado de prensa:

Hoy 29 de mayo (cincuentenario del Cordobazo) más de 50 organizaciones representativas del pueblo de Neuquén reunidos en asamblea multisectorial reafirmamos nuestro compromiso de impedir la construcción de una base militar de EEUU en nuestra provincia.

Al igual que lo manifestamos desde los inicios de este proyecto, rechazamos este nuevo intento organizado por el Departamento de Defensa de EEUU y coordinado por el Comando Sur, (USSOUTHCOM,United States Southern Command) con el consentimiento y la aprobación del gobierno provincial y nacional, que bajo el disfraz de “Base Humanitaria” pretende hacer pie en nuestro territorio.

Ratificamos de manera terminante la defensa incondicional de nuestra soberanía territorial y de nuestros bienes comunes.

Frente a esta situación se resolvió de manera unánime:

  • Reclamar en forma urgente al Poder Ejecutivo Provincial que dé respuesta a la nota presentada por esta multisectorial en el mes de agosto del 2018.
  • Establecer contactos con los diferentes bloques de la Legislatura Provincial para solicitar pronunciamientos de rechazo sobre la instalación de la mencionada base estadounidense y pedido de informes sobre los términos del acuerdo que nunca se dieron a conocer.
  • Convocar a las Charlas abiertas que brindará en nuestra región (Neuquén, Zapala y Cipolletti) los 13 y 14 de junio la Prof. Elsa Bruzzone. especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional impulsadas por esta Multisectorial.
  • Se decidió dar impulso a nuestro equipo jurídico para que fundamente y concrete recursos de carácter legal que impidan dicho proyecto.
  • Como parte de las actividades de rechazo, se resolvió también llevar a cabo una caravana al lugar donde se pretende instalar la base yanky.

Seguimos trabajando desde este espacio multisectorial que desde sus inicios se construyó con un carácter horizontal, plural y democrático.

Hacemos un llamamiento al pueblo de Neuquén, de la región y de todo el país a manifestarse y multiplicar estas y otras iniciativas para impedir que se concrete el avasallamiento de nuestro pueblo y soberanía. Próxima reunión viernes 7 de junio.

Neuquén, 29 de mayo de 2019.

Además puedes ver;

Comunicado  de FARN  “Base de ayuda humanitaria en neuquén: más dudas que certezas”

Informe de Cartago TV:  “Bases Yankis en Vaca Muerta: El Comando Sur en Neuquén”

El riesgo de financiar Vaca Muerta

Las Participaciones Público Privadas (PPP) fueron anunciadas por el gobierno de Mauricio Macri como la gran respuesta a la infraestructura que demandan las empresas petroleras para avanzar en Vaca Muerta. Pero, ¿quién corre los riesgos? Una mirada al caso Catalán.

Por Martín Álvarez Mullally

A fines de 2016 se sancionó la ley 27328 que reglamentó el mecanismos de Participación Público Privada (PPP) cuyo objetivo fundamental era financiar diferentes obras de infraestructura en Argentina. Una de las obras impulsadas bajo esta modalidad fue el llamado “tren de Vaca Muerta” que traslada las costosas arenas de sílice utilizadas para el fracking. Tras diferentes amagues de licitación y con poco interés del sector privado el tren sigue siendo por ahora solo intenciones. Los esfuerzos para salvar la iniciativa llevaron a proponer una compra por adelantado, por ahora son las empresas vinculadas al estado -YPF y Puerto de Bahía Blanca- las que más toneladas se anotaron. Por su parte, el estado provincial neuquino propuso garantías provenientes de un remanente de regalías. También se incluyó una garantía inicial de Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF). Por ahora en el “todos ponen” de la pirinola de Vaca Muerta se ve más a los estados que a los privados quienes reservaron solo una baja cantidad de toneladas de arenas.

La experiencia española en torno a las PPP permite reconocer innumerables críticas a ese mecanismo. “Estás asociaciones tienen bastantes claroscuros, en un análisis que hemos hecho recientemente encontramos que hay un mayor endeudamiento de la parte pública, un mayor riesgo de la parte pública y todos los beneficios y activos se quedan en la parte privada”, sostiene Alfons Pérez López, miembro del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y de la Red por la Soberanía Energética de Cataluña. El investigador catalán explica que en un contexto de metas fiscales austeras, que a España le impone la Unión Europea, es necesario reducir el gasto público en infraestructura, y por eso se requiere de financiamiento privado vía las PPP. Pero esto no es más que un artilugio contable, porque una vez comenzada las obras, el costo de las mismas sigue recayendo sobre el Estado/el público, por diferentes vías. “A partir de esta asociación lo que se hace es que sea más asequible para la parte pública y que no entren en su contabilidad para no pasar los techos de déficit impuestos para el estado español, en este caso, por el Unión Europea”, indica Pérez López.

El proyecto Castor es un fracaso emblemático que tuvo grandes costos para la ciudadanía catalana y española. Se trató de un depósito geológico de gas ubicados en la costa del mediterráneo entre la Cataluña y Valencia. El desarrollo estuvo a cargo de la empresa ACS, la 4ta empresa de construcción más grande del mundo presidida por Florentino Pérez, también presidente del Real Madrid. Su presupuesto inicial fue de 500 millones de euros, aunque su costo final superó los 1350 millones. Peréz describe que hubo “una cláusula en el contrato, el artículo 14 decía que esa infraestructura en caso de dolo o negligencia se debía indemnizar a la empresa concesionaria y esa cláusula -abusiva para la parte pública- hizo que ese proceso se traslade a las facturas del gas. Lo que ocurrió es que ese almacén geológico de gas en su primera operación, en la inyección de gas colchón provocó más de 1000 sismos en el territorio de Cataluña”. Desde entonces se frenó el almacén, pero la empresa constructora concesionaria ACS accionó el contrato, renunció a la infraestructura y cobró la indemnización en menos de treinta días, estamos hablando de 1350,7 millones de euros.” El analista recuerda que fue “en un momento en el que el estado español tenía problemas de liquidez, no podía asumir los presupuestos de salud y educación, pero sí indemnizó con una cifra tan grande a la parte privada y esos son parte de los riesgo de las alianza público privadas”.

Tarifazos brutales, energía inaccesible y ausencia de mirada integral

Declarar la Emergencia Tarifaria y recuperar el control público del Sistema Energético Nacional son las dos medidas fundamentales que plantea el informe sobre la crisis energética y los tarifazos realizado por Gustavo Lahoud, investigador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP).

Por Gustavo Lahoud-IPPyP / Red Eco.- En el marco de la crisis desatada por los tarifazos impulsados por el gobierno nacional, que han cuadruplicado el peso del gasto en servicios públicos esenciales en los ingresos de un hogar medio (del 6% en el 2015 a 26% a fines del 2018), este material, además de exigir la inmediata declaración de la Emergencia Tarifaria, reclama el necesario replanteo integral de la problemática energética nacional.

Para Claudio Lozano, Coordinador del IPPyP, “Este replanteo supone refundar el Sector Energético en orden a garantizar la disponibilidad, la accesibilidad, la protección del ambiente, la mayor eficiencia y la diversificación de la matriz energética hacia fuentes renovables.

Este objetivo exige terminar con la regulación privatista del sistema que, puesta en marcha en los noventa, se ha mantenido hasta la actualidad promoviendo el comportamiento rentístico del sector y su control por un reducido número de agentes económicos. Regulación sostenida en normas que promueven la dolarización y la mercantilización del sector.

El camino a dicho objetivo exige realizar una Auditoría integral de los balances de las empresas de luz y gas, desde la declaración de emergencia económica de comienzos de 2002 hasta la actualidad. (Es decir, abarcar todo el período de Duhalde, los Kirchner y hasta hoy), tarifazos mediante, para profundizar sobre las obras que se hubieran hecho o no con la montaña de subsidios recibidos, entre otras cuestiones. Durante el período kirchnerista, se volcaron más de 25.000 millones de dólares en subsidios a las empresas energéticas, mientras que en tan sólo dos años de tarifazos- 2016-2017-, la transferencia de toda la población a ese selecto grupo de privilegiadas, orilló los 16.000 millones de dólares. Esa es la magnitud de la estafa, con ganancias exorbitantes de las empresas que nadie explica y con las mismas deficiencias del servicio que se profundizan desde fines de los ’90. Estafa que, en tanto se explicite, permitirá rescindir contratos y avanzar con mayor presencia pública en el sistema.

Resulta imprescindible que el sistema energético salga de la anarquía provocada por la segmentación de actividades resultantes del proceso privatizador, en orden a recobrar un sistema energético integrado con unidad de planificación y dirección, con esquemas centralizados de políticas estratégicas de mediano y largo plazo.

Otro de los ejes fundamentales es la rediscusión del esquema de precios de los hidrocarburos, cuestión que exige recuperar el rol de YPF como empresa testigo en el sector. Proceso en el cual habrá que impulsar la pesificación de todos los contratos y tarifas en línea con el hecho objetivo de que Argentina es productor de petróleo y gas natural, y por lo tanto no tiene porque subordinarse a los costos de oportunidad asociados a la lógica de importación y exportación de la Empresas trasnacionales.

De la mano de esta discusión corresponde declarar a los hidrocarburos como bien estratégico de la Nación y de las Provincias Argentinas. De modo tal que deben suprimirse las políticas exportadoras, al tiempo que se desarrollen reservas en función de las necesidades de abastecimiento interno.

Un capítulo particular merece el caso Vaca Muerta, transformado hoy en el nuevo El Dorado que permitiría transformar al país en exportador de gas no convencional. Al igual que con Loma de la Lata en las décadas pasadas parece tenderse a repetir experiencias ultra extractivistas ya fracasadas. En este sentido se propone incorporar a Vaca Muerta como un activo estratégico en el marco de una planificación de mediano y largo plazo que recupere horizontes de inversión en las cuencas tradicionales de gas y petróleo que han sido abandonadas por la presente administración para lanzarse a una aventura extractiva con las reglas de corto plazo que imprimen los grandes actores multinacionales.

Tenemos que recuperar una visión equilibrada del sector respecto a la relevancia de Vaca Muerta frente a las cuencas Marina Austral, la del Golfo de San Jorge y las potenciales riquezas de nuestro Mar Argentino y nuestra plataforma continental. Afirmamos esto, ya que sobre estos territorios terrestres y marítimos se ciernen los objetivos geopolíticos de EEUU, China y el Reino Unido.

Por último, poner el foco en la diversificación paulatina del sistema energético, con la incorporación de fuentes renovables que permitan reducir la dependencia de los recursos hidrocarburíferos.

En suma, se trata de recuperar el “control público del Sistema Energético Nacional” abriéndole la puerta a procesos de nacionalización de los servicios públicos esenciales, con esquemas abiertos de participación de usuarios y trabajadores que redunden en la consolidación de nuevas tipologías empresarias”.

INFORME COMPLETO

Las fronteras del neoextractivismo en América Latina

Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias

El presente libro analiza el avance del neoextractivismo en América Latina a través de cuatro núcleos fundamentales: el primero propone las categorías de neoextractivismo y de Consenso de los Commodities como ventanas privilegiadas para leer la crisis actual; el segundo analiza las fases del neoextractivismo desde 2003 hasta la actualidad; el tercero aborda las resistencias sociales y las nuevas gramáticas políticas desde el concepto del giro ecoterritorial, y resalta el avance de los pueblos indígenas y el protagonismo creciente de las mujeres; y el cuarto ilustra la expansión de las fronteras del extractivismo: territorialidades criminales, violencia patriarcal y energías extremas. [Descargar libro]

Vaca Muerta: la disputa por los recursos recalienta la campaña electoral en Neuquén

Por Gerardo Burton / El Extremo Sur.

La discusión por los recursos de Vaca Muerta se colocó en el centro de la campaña electoral neuquina. Sin embargo, no surgen propuestas concreta, más allá del reparto de la riqueza generada por la explotación hidrocarburífera. En el medio, persiste un principio de conflicto con las principales empresas.

La formación Vaca Muerta, que está a un promedio de más de tres mil metros de profundidad en la provincia del Neuquén, y cuya potencialidad llena de optimismo y verborragia a funcionarios nacionales y neuquinos, se colocó en el centro de la disputa electoral.

Cierto: de aquí al 10 de marzo, desde la derecha hasta la izquierda, todos los candidatos tienen algo que decir sobre la explotación de esos recursos fabulosos, pero sin proponerse algo más que la pelea por la renta petrolera. Nadie habla sobre soberanía energética o políticas de Estado: el mercado reina en estas tierras donde el subsuelo siempre esconde algún salvavidas estratégico. Nada de cambiar la matriz productiva ni de crear fondos anticíclicos: lo importante, parece, son las estadísticas de producción, venta, transporte, exportación y recaudación.

Este miércoles 13 el secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, recibirá a los principales actores de la industria petrolera en Neuquén: el petrosenador Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino); autoridades de la provincia; los dirigentes gremiales y los directivos de las compañías que operan en la cuenca. Sica, el secretario de Energía y los gremios petroleros.

Lopetegui encabezará así la primera reunión de la Mesa de Vaca Muerta desde que el Gobierno decidió cambiar la interpretación de la resolución 46, que establece el mecanismo para el pago de subsidios a la producción de gas no convencional.

Pereyra invitó también al gobernador en uso de licencia por campaña electoral, Omar Gutiérrez, quien se propuso monitorear la reunión y marcarle el territorio al díscolo vicegobernador Rolando Figueroa, aunque no se sabe si formalmente está habilitado para concurrir.

1700 empleos menos

La semana pasada, en Añelo y ante una asamblea multitudinaria, Pereyra alertó sobre las consecuencias del anuncio de Techint e YPF de recortar sus inversiones ante la resolución 46 de Energía, que decidió la reestructuración de los subsidios al gas según las recomendaciones de los técnicos del Fondo Monetario Internacional al gobierno de Mauricio Macri.

La asamblea, que convocó a veinte mil trabajadores según fuentes sindicales, fue “informativa” pero a la vez una verdadera demostración de fuerza. Pereyra aseguró que “no le va a temblar el pulso si hay que romper todos los acuerdos que se hicieron en Vaca Muerta”, en relación con la flexibilización de los convenios laborales -la “addenda”- y el blindaje contra los piquetes firmados hace un año para garantizar la rentabilidad empresaria.

Lo cierto es que los dos sindicatos del sector -Petroleros Privados y Jerárquicos- calculan que se cayeron 1.700 puestos de trabajo.

La movida sindical fue la parte más visible de un conflicto larvado que atraviesa transversalmente la vida política y social de la provincia. A tal punto que todos los candidatos reflotaron en sus declaraciones públicas el manejo del recurso.

El gobernador Gutiérrez recuperó las viejas banderas del federalismo del MPN y criticó las medidas impuestas por Macri y Lopetegui. Sin embargo, tanto los reclamos de Pereyra como las expresiones de disgusto de Gutiérrez rozan muy de cerca las que plantean las compañías petroleras, que presionan sin exposición mediática aunque sí desde los estrados judiciales -es el caso de Paolo Rocca y Tecpetrol-.

Banderas en manos peronistas

Las banderas federales del MPN fueron también rescatadas por el principal contrincante del actual gobernador, el cutralquense Ramón Rioseco, que reivindicó la posición original del partido provincial cuando era conducido por Felipe Sapag. De ese espacio, la intendenta de Zapala y candidata a diputada provincial, Soledad Martínez, explicó que “el impacto producido por la resolución 46 y la baja de los subsidios a la producción de gas no se corregirá de inmediato, es complejo para la realidad del presupuesto y de los recursos de la provincia”. Por lo tanto, denunció “la complicidad del gobernador que ahora se muestra molesto, sorprendido y muy tibiamente amenaza con poner en marcha algunas medidas que defiendan los intereses de los neuquinos, cuando debió haberlo hecho en otro momento”.

En el otro extremo, el intendente Horacio Quiroga criticó el manejo de los recursos petroleros -dijo que en Neuquén no hubo “ningún derrame” de Vaca Muerta- y apuntó a garantizar la seguridad jurídica de la explotación hidrocarburífera.

También con críticas a la falta de “derrame” de riquezas en la sociedad neuquina se expresaron, desde la izquierda el ceramista Raúl Godoy, que va de candidato a gobernador por el FIT.

El ex mandatario Jorge Sobisch, que reapareció con un discurso antisindical y de mano dura contra piquetes, protestas sociales y medidas de fuerza, también se centró en la supuesta claudicación de las autoridades provinciales y de su partido de origen -el MPN- ante las políticas energéticas de los sucesivos gobiernos federales.