Por Milagros Salazar.- Perú tiene más de 6.000 pozos petroleros abandonados y contaminantes, y 270 de ellos constituyen un peligro grave. Pero el gobierno todavía no ha elaborado un inventario para identificarlos y proceder a su limpieza y sellado, pese a una ley que lo obliga desde 2007.
Buena parte de los pozos abandonados se encuentran en la Amazonia. Vista de la selva amazónica en la región de San Martín, Perú.
Si se cuentan los pozos petroleros mal abandonados, hay más de 6.000 pasivos ambientales del sector hidrocarburos, dijo a Tierramérica el ingeniero Jorge Villar, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
A tal estimación llegó Osinergmin en diciembre de 2010 luego de visitar durante dos años la mayoría de esos sitios abandonados, que se encuentran principalmente en las regiones de Piura, extremo noroccidental, y de Loreto, en la norteña Amazonia.
Esos pozos quedaron como pasivos ambientales de actividades de extracción de petróleo y gas realizadas entre 1863 y 1993, cuando aún no existían normas que exigieran a los titulares de las concesiones un abandono responsable de cada instalación.
De esos viejos pozos mal abandonados, 269 entrañan un peligro importante y deben ser remediados cuanto antes, según Villar. La mayoría de estos se encuentran en la costa norte, y unos 50 –que aún no fueron visitados– en la Amazonia.
La empresa estatal de combustibles Petroperú trabajó en remediar una parte de esos 6.000 pozos, entre los que figuraba un grupo peligroso que contaminaba desde 1945 las aguas del lago Titicaca, en el sudeste del país.
En mayo de 2008, a uno de los pozos contaminantes del Titicaca, en la zona de Ahuallane- Pirín, se le selló su abertura superficial y las tuberías del subsuelo para evitar filtraciones, dijo Villar.
Sin embargo, Villar también precisó que Petroperú no concluyó con la labor encomendada. Y la mayoría de esos pasivos ambientales solo podrán remediarse cuando se publique el inventario que exige la ley 29.134.
La Ley que Regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos, aprobada en octubre de 2007, dispuso la realización del inventario de esos sitios y los pasos para que los concesionarios privados o el Estado los remedien.
El reglamento de la norma solo se emitió en febrero de 2011. Y debido a cambios institucionales y legales, la ejecución del inventario quedó en un vacío, sujeta a disputas de distintas reparticiones.
Ese documento, que debe ser difundido por el Ministerio de Energía y Minas, permitiría una identificación precisa de los sitios y de sus responsables.
“Al no existir este inventario, se pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas porque estos pasivos ambientales pueden generar graves impactos en la salud y el ambiente”, dijo a Tierramérica la responsable de la Adjuntía para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto.
Varios de esos pozos abiertos aún siguen emanando gases y otros agentes tóxicos que son nocivos y además pueden ocasionar explosiones, explicó Villar, quien trabaja en hidrocarburos hace más de 30 años.
En algunas localidades de Piura, Villar constató que los pobladores viven muy cerca de pozos peligrosos, e incluso se encargaron de acondicionarlos para seguir extrayendo petróleo de manera artesanal.
Una veintena de empresas serían responsables del mal abandono de esos pozos, mientras otro lote es responsabilidad del Estado, pues corresponden al período en que estuvo a cargo de la explotación de petróleo y gas.
Pero las normas prevén que, en caso de que no se logre identificar a las empresas responsables, toca al Estado solucionar el daño.
La ley 29.134 determinó que Osinergmin se hiciera cargo de la supervisión y fiscalización de las actividades de hidrocarburos y de la identificación de sus pasivos ambientales hasta marzo de 2011, cuando las funciones ambientales se transfirieron a un nuevo instituto creado dentro del Ministerio del Ambiente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Sin embargo, el OEFA informó al Ministerio de Energía y Minas y a la Defensoría del Pueblo, en los oficios a los que accedió Tierramérica, que “no es competente para realizar la identificación de pasivos ambientales de las actividades de hidrocarburos” y que este trabajo le corresponde a Osinergmin, ya que identificar pasivos no es una “acción de supervisión y fiscalización ambiental”.
Pero Villar argumentó que, al no tener ya Osinergmin facultades de fiscalización del sector y por lo tanto no realizar trabajo de campo, no puede continuar haciendo el inventario.
“Lo hicimos hasta que tuvimos las funciones, y todas las fichas de identificación de los pozos se las entregamos al Ministerio de Energía y Minas”, señaló Villar.
Al cierre de esta edición, esa cartera no había contestado los pedidos de información de Tierramérica. Pero fuentes técnicas de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos de ese ministerio consideran que el inventario es tarea del OEFA.
Para los técnicos de esa Dirección, la identificación de pozos que hizo Osinergmin hasta diciembre de 2010 no era suficiente para publicar un inventario, pues la ley dispone incluir otros pasivos de la explotación de hidrocarburos, como suelos contaminados, efluentes, emisiones, restos y depósitos.
La Oficina de Comunicaciones del Ministerio del Ambiente informó escuetamente a Tierramérica que está coordinando la solución del problema con la cartera de Minas y Energía y Osinergmin.
La misma respuesta recibió la funcionaria Abanto, de la Defensoría del Pueblo, que giró varios oficios a las instituciones involucradas por el incumplimiento de las obligaciones del Estado.
“Hay un error de interpretación de las normas –dijo Abanto– que debe solucionarse cuanto antes para que no se siga poniendo en peligro a la población”.
* Este artículo fue publicado originalmente el 7 de abril por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
IPS
