Unidos para redondear un día histórico

El kirchnerismo con el apoyo del bloque radical, de la mayoría del Frente Amplio Progresista y de independientes reunió 63 votos para expropiar las acciones de Repsol. Tres peronistas federales votaron en contra y cuatro se abstuvieron. Carlos Menen y Roberto Basualdo, ausentes

Por Sebastián Abrevaya | Página/12

Veinte años después de su privatización y con una abrumadora mayoría, el Senado dio media sanción anoche al proyecto de nacionalización del 51 por ciento de las acciones de Repsol-YPF y de declaración de interés público de la producción hidrocarburífera. En más de 14 horas de debate, se plasmó un amplio consenso respecto del proyecto, que fue aprobado en general por 63 senadores tanto del oficialismo como de la oposición. A favor de la iniciativa votaron el Frente para la Victoria y sus aliados, la UCR y bloques independientes. El Frente Amplio Progresista no logró unificar una postura, mientras que los únicos tres votos en contra fueron por parte del peronismo disidente. La senadora de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro, se abstuvo, igual que la cordobesa Norma Morandini y los catamarqueños Oscar Castillo y Blanca Monllau. El ex presidente Carlos Menem no asistió a la sesión. El PRO de Mauricio Macri, la única fuerza abiertamente en contra, no tiene senadores.

Al final del prolongado debate, el jefe de la bancada radical Luis Naidenoff destacó que “estamos a favor porque pensamos en el Estado y no en el Gobierno” y criticó al oficialismo porque “toman una vez más una decisión por coyuntura como votó en los ‘90 la privatización. En cambio la UCR está a favor de una empresa estatal siempre”.

De inmediato, lo retrucó Miguel Angel Pichetto, titular del bloque K: “Quizás el principal error de la dirigencia política de los ‘90” fue la privatización de YPF, dijo y recordó que “tampoco estuvo ausente el radicalismo ni los gobernadores radicales y tampoco cuando fueron gobierno con la Alianza”. Picheto destacó el concepto de utitlidad pública incorporado en el primer artículo de la ley, que “implica la regulación para todas las empresas del sector, que deberían tomar nota”.

“No resulta sencillo contener la emoción que implica este día histórico. Que permite a las fuerzas mayoritarias de la Argentina recuperar la senda y el camino que marcaron los forjadores de la Nación”, arrancó en tono épico el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes, miembro informante del proyecto oficial. Inusualmente temprano, el Senado daba inicio a las 10.30 a una extensa sesión, en la que no faltaron debate, críticas y alguna chicana, pero en la que no hubo gritos ni grandes polémicas, como en otras ocasiones. Precisamente, en la primera intervención del kirchnerismo Fuentes recogió uno de los argumentos de la oposición: “Somos conscientes de que la sola expropiación de YPF no soluciona el problema energético pero también somos conscientes de que sin la expropiación no hay posibilidad de inicio a la solución”, aseguró el neuquino.

Después de un duro debate interno, el radicalismo resolvió orgánicamente acompañar en general la iniciativa y presentar al mismo tiempo un proyecto alternativo para el tratamiento en particular. Fue el senador Gerardo Morales el responsable de exponer esas disidencias. “Está bien que se reconozca que YPF no es la solución del problema”, arrancó Morales y descargó sus críticas: la falta de “una política energética de mediano y largo plazo”, el “incumplimiento” de la ley de hidrocarburos y la “connivencia y complicidad” con el vaciamiento de YPF.

“No es la mejor herramienta pero estamos acá para votar a favor por más que estén haciendo operaciones algunos de mi partido, con la ayuda de algunos otros de afuera”, disparó el jujeño, en alusión a dirigentes como Oscar Aguad, quien encabeza una rebelión en el bloque de Diputados nacionales. Y fue el pampeano Juan Carlos Marino quien apuntó contra esos de “afuera”, en referencia a la presión de algunos medios de comunicación para torcer la votación. “Parece que algunos medios de comunicación no entienden el rol de la UCR. Hay periodistas que tienen que entender que en estos temas no le tienen que pedir a la UCR que vote en contra de sus convicciones. Votamos por Yrigoyen, Alvear, Mosconi, Illia y Raúl Alfonsín. No estamos votando un proyecto que nos impone el PJ, estamos votando por la historia de la UCR”, sentenció.

A pesar de conformar un interbloque de apenas cuatro senadores, el Frente Amplio Progresista, que lidera Hermes Binner, no logró encolumnar a sus integrantes. La cordobesa Norma Morandini se quejó de la falta de diálogo y consenso del gobierno nacional, pero en su bloque se cortó solita, anunció su abstención y dejó a sus tres compañeros apoyando en general. Su voto fue acordado con María Eugenia Estenssoro: “La razón me dice que tengo que votar en contra porque esto es un engaño, una estafa emocional e ideológica. Detrás hay demasiadas irregularidades. Pero el corazón me dice otra cosa. Creo que los hidrocarburos son estratégicos, creo en el rol del Estado y en una YPF estatal pero profesional, creo que en algún momento tenemos que encaminar al país. Y por esto voy a abstenerme”, señaló.

El senador Aníbal Fernández fue el encargado de defender el cambio de postura del peronismo. El ex jefe de Gabinete explicó que el proceso de privatización de YPF arrancó en el ‘92, cuando impulsado por el PJ se votó el pase de una empresa estatal a una empresa privada con mayoría de capital nacional. Era un esquema similar al aprobado ayer en el Senado: un 51 por ciento para el Estado nacional, el 39 por ciento para las provincias y 10 por ciento de los trabajadores. Pero no fue aquélla, según explicó Fernández, sino la ley sancionada en 1995, la que liquidó finalmente la empresa. Se permitió la venta de la “acción de oro”, que mantenía en manos del Estado el control de la compañía y se eliminó el mínimo de un 20 por ciento que debería quedar en manos de la Nación. Así fue como años más tarde se vendieron las acciones que posee la española Repsol. “En aquel momento se había instalado a nivel internacional el neoliberalismo, en base al sobreendeudamiento y la explotación petrolera como commodities”, señaló Fernández, quien, con su habitual verborragia, retrucó al escritor de derecha Mario Vargas Llosa, al presidente de México, Felipe Calderón, y al de España, Mariano Rajoy, entre otros.

Por otro lado, el chubutense Marcelo Guinle fue quien mejor explicó la decisión de expropiar sólo las acciones de Repsol y no del Grupo Petersen. “No se está penando a nadie, se está tomando el control. Es lógico y razonable expropiar sólo a ese socio porque no tiene que ver con el monto a pagar, sino con la conflictividad. No es discriminatorio ni persecutorio. Tiene que ver con una situación de conveniencia de no incorporar conflictos con otros actores”, argumentó Guinle. Sobre este punto cargaron buena parte de los opositores, incluido el peronismo disidente, que cargó las tintas sobre la pérdida de “seguridad jurídica”. “Podríamos haber logrado la estatización de YPF, pero respetando la seguridad jurídica que establece la Constitución nacional, que nada justifica que sea violada”, insistió la puntana Liliana Negre de Alonso.

A su turno, el socialista Rubén Giustiniani insistió con la incorporación de las provincias no petroleras en el grupo accionario de la nueva YPF, ya que del 51 por ciento expropiado a Repsol, un 51 por ciento quedaría en manos de la Nación y el 49 restante de las provincias petrolíferas.

La media sanción será tratada en el plenario de comisiones de Diputados, que buscará emitir dictamen hoy mismo y así contar con los siete días de plazo necesarios para el tratamiento en el recinto el próximo jueves 3 de mayo, cuando se convierta en ley la expropiación y la empresa insignia del petróleo argentino vuelva a estar en manos del Estado nacional.

Página/12

En el Senado estalló la pelea entre las provincias petroleras y las sojeras

Los legisladores de las segundas pretenden recibir parte de las ganancias de YPF. Lo justifican en que parte de la recaudación de las retenciones a la soja se coparticipan. Las petroleras se defienden con la Constitución. Buenos Aires también reclama por albergar a las refinadoras. El Gobierno se desentiende

La nacionalización de YPF será aprobada casi por unanimidad en el Senado, pero en el debate se desataron varias polémicas que anticiparon los primeros conflictos que tendrá la petrolera en manos del Estado.

El principal es el reclamo de las provincias sojeras de participar en el reparto de las ganancias que otorgue la empresa, en compensación a la coparticipación en partes iguales de parte del 30 por ciento de las retenciones a la soja que rige desde 2009.

El planteo llegó desde varios opositores que respaldan en general la estatización de YPF, pero advirtieron que no se quedarán de brazos cruzados cuando haya que hacer números.

Expresiones así tuvieron Luis Juez, del Frente Cívico; y varios radicales como el chaqueño Roy Nikisch. Desde el oficialismo y como representante de una provincia petrolera, la respuesta la dio el chubutense Marcelo Guinle.

“Están confundiendo todo. Estos son recursos que se aportan para una empresa hidrocarburíferas. Los otros (las retenciones) son del Gobierno que decide liberarlos”, aclaró.

Buscó así marcar la cancha desde el lugar en que se plantan y se plantarán las provincias petroleras: el derecho que por Constitución tienen sobre los pozos petroleros, principales fuentes de las ganancias hidrocarburíferas.

La Carta Magna no es igual de generosa con las provincias agroganaderas. Le da potestad al Gobierno sobre la totalidad de los derechos aduaneros, un viejo resguardo sobre lo que fue el principal ingreso del fisco desde el nacimiento del país y volvió a serlo en la última década.

Con el precio de la soja por las nubes y las retenciones en un 30%, las provincias comenzaron a reclamar parte de las ganancias, disputa que tuvo varias etapas y llegó a su nivel más álgido en 2008 con el rechazo de las entidades a las retenciones móviles.

En marzo siguiente, a dos meses de una disputada elección parlamentaria, el Gobierno firmó el decreto 206 que creó el “Fondo Federal Solidario de la Soja” con el 30% de la recaudación por las retenciones de ese grano.

Respaldado por las legislaturas provinciales, establece que “serán destinados a infraestructura en las provincias y cada uno de los municipios de aquellas que adhieran”. Desde algunos monobloques de provincias agrícolas, especulaban ayer con reclamar una distribución igual con los excedentes de YPF.

Juez elogió esta disposición, pero sostuvo que deberá ser tenido en cuenta cuando se discutan los alcances del artículo 8 de la ley de estatización de la petrolera.

Después de cederle el 49% de las acciones a las provincias, ese artículo señala que “la reglamentación deberá contemplar las condiciones de la cesión asegurando que la distribución de acciones entre las provincias que acepten su transferencia se realice en forma equitativa, teniendo asimismo en cuenta para tal fin los niveles de producción de hidrocarburos y de reservas comprobadas de cada una de ellas”.

Lejos de querer abrir la participación a las provincias no petroleras, algunos gobernadores de esos distritos, como el neuquino Jorge Sapag, anticiparon que harán valer sus yacimientos para reclamar acciones, como el de Vaca Muerta, que apunta a ser el tercero del mundo en la producción de shale oil.

El chaqueño Nikisch fue más explícito: “Cuando haya ganancias, los chaqueños estaremos en la ventanilla para cobrar”, anticipó.

El debate se dará en el Consejo Federal de Hidrocarburos, creado en el artículo 4 del proyecto, que agrupa a representantes de todas las provincias y también de la Ciudad autónoma de Buenos Aires.

La pelea no se agota en la devolución de favores. Algunas provincias no petroleras reclaman peso en YPF por albergar la mayoría de las refinadoras.

La primera es Buenos Aires, donde el gobernador Daniel Scioli anticipó que dará pelea con el argumento de que “el 56% del combustible que se produce en las provincias petroleras”.

La encargada de anunciarla fue la ministra de Infraestructura, Cristina Álvarez Rodríguez, de estrecha relación con la presidenta. Reveló que el tema fue conversado con los intendentes de Berisso, Ensenada, Avellaneda y Bahía Blanca, sedes de las principales refinerías.

“No sólo decimos que queremos ser parte, sino que, como hace siempre Scioli, nos haremos cargo y asumiremos nuestras obligaciones”, dijo la ministra.

La discusión es compleja y en su visita al Senado Julio De Vido y Axel Kicillof, interventores de YPF, dejaron varias grietas abiertas. Sostuvieron, por ejemplo, que parte del costo a pagarle a Repsol se determinaría por los pasivos ambientales que dejó.

Y soslayaron el debate por el reparto de ganancias al recordar que faltarán varios años para que YPF otorgue un rédito.

La duda es saber si la refinación será considerada un pasivo ambiental y si los gobernadores habrán valer esas pruebas. En lo que ya es un duelo de territorios, Scioli tuvo apoyo de la oposición, a través del senador nacional del Gen, Jaime Linares, oriundo de Bahía Blanca, importante sede de refinadoras.

“La distribución de las acciones correspondientes a las Provincias deben ser distribuidas en forma equitativa entre todas las Jurisdicciones de nuestro país. Mi provincia, Buenos Aires, todavía no es productora de petróleo, sin embargo sufre el daño ambiental producto de la actividad de destilerías y oleoductos que cruzan nuestro territorio”, reclamó el senador. El debate recién comienza.

La Política Online

Divisiones en la oposición

Hay diferencias internas en los bloques opositores de la Cámara baja. Un grupo de legisladores de la UCR rechaza la decisión partidaria de aprobar el proyecto. El PJ disidente tuvo que dar “libertad de acción”. En la CC habrá abstenciones y apoyos en general

Por Miguel Jorquera | Página/12

Mientras el oficialismo en la Cámara de Diputados apura el debate del proyecto con media sanción del Senado para expropiar el 51 por ciento de las acciones de YPF en manos de Repsol, que arrancará hoy mismo en un plenario de comisiones con el objetivo de transformarlo en ley el 3 de mayo, en la mayoría de los bloques opositores se abrieron debates internos que los llevarían a votar divididos en el recinto de la Cámara baja. Un grupo de diputados radicales encabeza la rebelión contra la postura partidaria de apoyar en general la expropiación. El peronismo disidente dio “libertad de acción” a sus legisladores después de que algunos de ellos decidieran respaldar la iniciativa del Gobierno. Y la Coalición Cívica se repartirá entre la abstención y el apoyo en general a la recuperación estatal de la petrolera. En tanto, el Frente Amplio Progresista respaldará críticamente la expropiación y el PRO se pronunciará en contra.

Con la confianza de que la media sanción del Senado también tendrá un respaldo contundente en la Cámara baja, el kirchnerismo busca no demorar la sanción de la ley que “dispara el mecanismo de expropiación” de las acciones de la petrolera española. Luego quedará por definir el valor que se pagará por esas acciones y la conformación de la nueva dirección de YPF en manos del Estado cuando se acaben los treinta días de la intervención dictada sobre la petrolera.

En un encuentro realizado ayer, la conducción del Frente para la Victoria reunió a todos sus diputados que integran las comisiones de Energía, Asuntos Constitucionales y Presupuesto para fijar su estrategia parlamentaria en el plenario que arrancará hoy a las 10. Allí se definió que Diputados, como Cámara revisora, sólo se abocará a analizar la media sanción del Senado y que no hará falta convocar a los funcionarios nacionales que defendieron el proyecto ante los senadores. Tampoco permitirán que el debate, “donde ya están definidas las posturas partidarias” –según afirman–, se extienda más allá de la jornada de hoy. En el plenario también se emitirá dictamen de mayoría, donde no se aceptarán modificaciones, y se convocará a una sesión espacial para el 2 de mayo.

En el oficialismo consideran que el debate en la sesión no podrá agotarse en un solo día. Por eso propondrán que comience el miércoles por la tarde, continúe hasta la medianoche, que luego pase a un cuarto intermedio hasta el día siguiente por la mañana, para finalmente votar “en un horario razonable” la noche de ese mismo jueves 3.

En cambio, varios bloques opositores están más ocupados por el frente interno que por cómo afrontar el debate ante el oficialismo. El cordobés Oscar Aguad encabezó la rebelión dentro del bloque radical, que arrastró entre diez y doce diputados que cuestionaron la decisión partidaria de apoyar en general el proyecto oficial y proponen votar en contra.

Cerca de la conducción del bloque de la UCR admitieron las diferencias, que calificaron como “respetuosas y razonables”, aunque consideraron que la discusión “ya está saldada” luego de la decisión que adoptaron los jefes de los bloques de diputados y senadores con el Comité Nacional del radicalismo. Confían en que la mayoría de los disidentes “acatarán” la decisión partidaria respaldada por la “mayoría” del bloque, pero reconocen que un puñado –que estiman en “no más de cinco”– podría votar en contra. Por eso le apuntaron a Aguad: “Creo que tiene poca confianza en la recuperación de la UCR”, dijo a Página/12 uno de los miembros del bloque, en referencia al acercamiento del cordobés al macrismo.

El interbloque del peronismo disidente también reunió ayer a sus diputados y tampoco hubo unanimidad. Luego de que el dirigente sindical petrolero Ricardo Roberti y Alfredo Atanasof se pronunciaran a favor de la expropiación, el interbloque dio libertad de acción a sus legisladores: la mayoría de ellos votaría en contra.

Algo parecido sucedió en la CC. Los diputados Horacio Piemonte y Carlos Comi afirmaron que acompañarán críticamente y en general el proyecto oficial, mientras los otros cuatro –entre los que se cuenta Elisa Carrió– optarán por la abstención.

Página/12