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El gobierno nacional sube la apuesta en su intento de militarizar Vaca Muerta

Por Martín Álvarez Mullally y Hernán Scandizzo

El artículo primero de la resolución 768 del Ministerio de Seguridad de la Nación, conocida el lunes, considera a la formación Vaca Muerta un objetivo estratégico del Estado Nacional y por ende, a las cuatro provincias por las que ésta se extiende, un espacio militarizable con el despliegue de Gendarmería Nacional (para garantizar “la seguridad de las personas y de los bienes que resultan indispensables para el cumplimiento de este objetivo”).

Con la llegada del fracking, lo que hoy se conoce como región Vaca Muerta se convirtió en un territorio de conflictos permanentes en los que intervienen diferentes actores. Por la dinámica que tiene la explotación de yacimientos no convencionales, las empresas contratan miles de obreras/os y poco después los despiden o suspenden, sea porque finalizó una gran obra, cayó el precio del crudo o bajaron los subsidios que el Estado le da a las empresas. En ese escenario tanto las formas de demandar trabajo como de defenderlo es a través de cortes de ruta. Lo mismo hacen las/os pobladores de ciudades como Añelo, en la precaria capital nacional del shale tras la muerte de peatón cortaron la ruta cuatro veces en dos meses en reclamo obras de seguridad vial. También las paralizaciones de yacimientos llevadas adelante por comunidades mapuche que demandan el reconocimiento de derechos; o los conflictos sectoriales que se trasladan a los pozos, como es el caso de empleadas/os estatales y productores de Río Negro, que bloquearon el acceso a locaciones. La región Vaca Muerta es un conflicto permanente, sí, y demanda respuestas políticas, no represivas. No hay un escenario de desborde, sino un incremento de los costos operativos de las empresas por las pérdidas que significan cada día de conflicto.

“Es evidente, que esto tiene que ver con los despidos y suspensiones que se esperan en Vaca Muerta por la crisis financiera que ya está instalada y que se viene, con el congelamiento del precio del petróleo”, sostuvo Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y especialista en temas de seguridad, consultado por el OPSur. “Empezar a mandar las fuerzas federales en cualquier caso de conflicto… Ya conocemos qué es lo que va a suceder”. No hace falta forzar la memoria, no es difícil imaginar qué es lo que puede suceder, con tanto recuerdo fresco y que reclama justicia, como la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, en el marco de un operativo de Gendarmería Nacional contra el Pu Lof Cushamen, en Chubut; y el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel, a manos de Prefectura Naval, en el Lof Lafken Winkul Mapu, en Río Negro.

“La intervención de Gendarmería en territorios provinciales, para causas que no son federales, ocurrieron mucho durante el gobierno de los Kirchner, de 2010 en adelante, con el Programa Cinturón Sur; pero en todos esos casos había un acuerdo con las provincias, si no existe ese acuerdo con las provincias, no se puede”, subrayó Binder. “Aquí lo anómalo es que la extensión de la jurisdicción no es territorial, sino hacia delitos que no son, en principio, federales. La ampliación hacia delitos que no son federales no puede ser un acto unilateral, ni siquiera del Presidente de la Nación, porque es una forma de intervención federal. Eso sería notoriamente inconstitucional”, concluyó.

La resolución ministerial es rechazada tanto por el gobierno del Neuquén como por un amplio espectro político de la provincia. El vicegobernador Rolando Figueroa señaló que la medida “incorpora innecesariamente tensión en una zona pacífica”. “No solo no consulta a nuestro Gobierno provincial sino que no explica claramente, los verdaderos motivos por los cuales decide enviar gendarmes a Vaca Muerta”, sostuvo el funcionario (Noticias Neuquén, 17/09/2019). “Necesitamos que el Gobierno nacional se ocupe de generar condiciones para el crecimiento del país, para que haya trabajo y para que Vaca Muerta siga generando energía y riqueza; no queremos que Nación sume problemas como ya lo hizo con el congelamiento del precio del crudo y ahora con la intención de custodiar la zona de producción con Gendarmería”, expresó Figueroa. En tanto el Fiscal de Estado de la provincia, Raúl Gaitán, en declaraciones Radio UNCo Calf aseguró que “parece una resolución extraordinaria en una situación normal”, y subrayó: “no hay ningún conflicto que motive el análisis de una situación extraordinaria”.

“Acá no tenemos ataques terroristas que ameriten una suerte de estado de alarma semejante”, sostuvo Guillermo Pereyra, secretario del sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa y senador nacional del Movimiento Popular Neuquino, y agregó que “si hubiera alguna información sensible que justificara la medida invasiva, debería hacerse pública o al menos debería haberse compartido con las fuerzas de seguridad locales o en el Consejo de Seguridad, que han dado sobradas muestras de capacidad operativa” (Río Negro, 17/09/2019).

El diputado Raúl Godoy (Partido de los Trabajadores Socialistas – FIT), por su parte, presentó un proyecto para instar al Gobierno Nacional a dejar sin efecto la resolución. “El único objetivo es proteger los intereses de las petroleras, hostigar al pueblo mapuche y avasallar los derechos”, advirtió el legislador (Noticias Neuquén, 18/09/2019). En tanto el lonko Jorge Nahuel, de la Zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche Neuquina, sostuvo que “no se entiende cómo un gobierno que se está retirando puede tomar semejante medida que vuelve a poner en tensión todo lo que se está buscando construir en Vaca Muerta, que es el reconocimiento de derechos de las comunidades mapuches” (Río Negro, 17/09/2019).

La resolución 768 es una medida tan de campaña electoral como grave. Puede ser un bluff, como tanta otra medida que no pasa de ser un anuncio, pero consolida la identidad de derecha de Cambiemos, en particular de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Además reafirma la identidad represiva que, en otras ocasiones, medidas o declaraciones del mismo tenor fueron seguidas de casos de gatillo fácil y represiones violentas. También expresa el alineamiento con el gobierno de Donald Trump, que en EE.UU. elevó la seguridad en todos los lugares estratégicos de explotación hidrocarburífera a partir de los recientes ataques a instalaciones petroleras en Arabia Saudita. Alineamiento o ventana de oportunidad electoral, la resolución del Ministerio de Seguridad escala un peldaño en los intentos de militarizar Vaca Muerta.

En marzo de 2018 el gobierno nacional anunció la intención de trasladar a la localidad neuquina de Plottier el Destacamento Móvil 4 de Gendarmería, con asiento en La Pampa, para garantizar un rápido desplazamiento ante un eventual conflicto, especialmente en la zona petrolera de Neuquén y el área cordillerana de Río Negro. En aquella oportunidad, según declaraciones del secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco (Río Negro, 13/03/2018), 800 gendarmes serían trasladados a la Patagonia con destacamentos de 400 efectivos en las provincias de Neuquén y Chubut.

Ante el anuncio, legisladores neuquinos de los bloques Frente Para la Victoria, Frente Neuquino, Adelante Neuquén y Frente Grande impulsaron un pedido de informes al Ministerio de Seguridad. Solicitaban que se detallaran “las misiones, funciones e integrantes del Comando Unificado Patagónico; organismo que solicitó la intervención de Gendarmería Nacional en la provincia y motivos de la misma, procedimiento dispuesto para su estadía y fecha de finalización e informes de inteligencia interior que motivan esta acción de traslado”. Los diputados calificaron de “peligroso el exceso de las fuerzas de seguridad” ante la política de criminalización de la protesta social y represión por parte del Gobierno Nacional. Finalmente La comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento de la Legislatura resolvió no darle curso.

Otros antecedentes de intervención de Gendarmería en Vaca Muerta se remontan a 2017. En abril de ese año los trabajadores despedidos de la empresa de servicios OPS iniciaron una serie de protestas y bloqueos a yacimientos en Rincón de los Sauces –entre otros El Orejano y Trapial, operados por YPF y Chevron, respectivamente– en reclamo de su reincorporación. En ese marco fueron desplegadas fuerzas de Gendarmería, lo que incrementó la tensión. Un posible desenlace violento fue desactivado por la intervención directa del gobernador neuquino Omar Gutiérrez y del senador nacional y secretario general de petroleros privados, Guillermo Pereyra (Río Negro, 01/05/2017).

Al mes siguiente, las operadoras agrupadas en la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos presentaron a la protesta mapuche como el principal obstáculo para garantizar la paz social y avalaron el pedido de YPF de dar intervención a Gendarmería Nacional para permitir el “normal desarrollo” de las actividades en el área Loma Campana, operada por la empresa de bandera en sociedad con Chevron (La Mañana Neuquén, 17/06/2017). Gendarmería ingresó a la comunidad Campo Maripe sin orden judicial, invocando la figura de flagrancia: el accionar mapuche ponía en riesgo el abastecimiento energético del país. Por esa intervención en septiembre de 2017 la Cámara Federal de Apelaciones de Gral. Roca cuestionó firmemente el accionar de la fuerza de seguridad y le ordenó que se abstenga de intervenir dentro del territorio comunitario sin orden judicial. Al expresar su voto un integrante de la Cámara sostuvo que en ese operativo se “sacrificaron libertades individuales en aras de resguardar un interés económico corporativo” y que la actividad desplegada por Gendarmería “obedeció a un propósito subalterno (la solicitud de YPF) y la orden para satisfacerlo fue dada verbalmente, lo que elimina toda legalidad” (Río Negro, 27/09/2018).

No hay vía libre al fracking en Colombia

COMUNICADO DE PRENSA

Sobre la decisión de hoy del Consejo de Estado en el sentido de mantener la suspensión del marco normativo pero no impedir la realización de los proyectos pilotos investigativos, la Alianza Colombia Libre de Fracking se permite comunicar a la opinión pública:

1. Los proyectos pilotos investigativos que la Comisión de Expertos señaló, deben cumplir como requisito las 8 condiciones previas consignadas en su informe final, relacionados con transparencia y acceso a la información, fortalecimiento de las capacidades institucionales, construcción de líneas base social y ambiental, manejo de riesgos en salud y licencia social, lo cual implica aún un largo camino para la realización de los pilotos.

2. Al mantener la suspensión del marco normativo y negar el recurso interpuesto por Ecopetrol, no se podrá realizar ninguna actividad relacionada con la exploración ni explotación de yacimientos no convencionales. Realizar actividades de fracturamiento hidráulico o permitir la continuidad de la explotación del proyecto de gas asociado a mantos de carbón por parte de Drummond, implica un desacato a la decisión del Alto Tribunal, ya que no cuentan con marco regulatorio para realizarse. No hay vía libre al fracking en Colombia.

3. Nos oponemos rotundamente a experimentar con comunidades, y más en una zona tan sensible como en los complejos de ciénagas y humedales del Magdalena Medio, donde viven especies amenazadas como el manatí y el jaguar. Lo que está en juego son nuestros bienes comunes, el agua, la vida, la biodiversidad y la salud de los habitantes de esa región.

4. Lamentamos que el Consejo de Estado haya permitido la fase preliminar de los pilotos, sin embargo respetamos y acatamos las decisiones judiciales. Seguiremos, conjuntamente con nuestros aliados, realizando las acciones jurídicas, de incidencia y movilización a que haya lugar para no permitir el desarrollo de esta técnica en el país.

Alianza Colombia Libre de Fracking

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Vaca Muerta: El incendio reinstala la necesidad de terminar con las zonas liberadas al fracking

Incendio en pozo Loma La Lata Oeste. Foto, Juan Pablo Barrientos

Por OPSur.- El subsecretario de Hidrocarburos de la provincia del Neuquén, Gabriel López, aseguró que los especialistas de la empresa Wild Well Control, que arribaron ayer desde Estados Unidos, evalúan que el control definitivo del pozo Loma La Lata X-2 (LLLO X-2) demandará aproximadamente dos semanas de trabajo; para esa tarea aguardan la llegada de válvulas especiales desde ese país. “No debería alterarse la situación actual del pozo porque toda la presión del reservorio, que va fluyendo actualmente sin ningún control de superficie, se diluye en la quema del gas”, sostuvo el funcionario en declaraciones con el Panorama Informativo de Radio Universidad CALF de Neuquén.

En tanto, consultado sobre si sería sancionada YPF, por ser la operadora del área, López señaló: “No se está evaluando en este momento cuál es el mérito de la sanción porque no se tiene el elemento de prueba contundente que incrimine a la compañía”. Y agregó: “Una vez que la situación esté controlada y la compañía nos entregue el informe correspondiente se harán las evaluaciones de pertinencia del informe y en base a eso se merituará si corresponde una sanción”.

En octubre del año pasado, en el área Bandurria Sur, también operada por YPF, un pozo estuvo fuera de control durante 36 horas, en aquella oportunidad, el diario Río Negro, el de mayor circulación del norte de la Patagonia, publicó un informe oficial sobre incidentes hidrocarburíferos en Neuquén. Desde inicios de 2018 hasta octubre se habían registrado 934 incidentes ambientales, más de dos por día. En ese período, el 95% de las contingencias fueron catalogadas como “menores” y el 5% restante como “mayores”. Es decir, que entre enero y octubre de 2018 hubo 46 incidentes de cierta gravedad, uno por semana, lo que refleja a las claras la intensa huella socioambiental que esta actividad deja en el territorio.

A diferencia de lo sucedido el año pasado en Bandurria Sur, en esta oportunidad funcionarios de la provincia, se mostraron dispuestos a hacer declaraciones y dar precisiones sobre la contingencia.

Reabrir el debate

La fuga en el pozo exploratorio LLLO X-2 comenzó el sábado y en la madrugada del domingo se declaró el incendio. La situación recuerda a lo sucedido en 2013 en la localidad de Plottier, cuando ardió un pozo de gas ubicado a poco metros de un plan de viviendas. En aquella oportunidad tardaron cinco días en controlar las llamas, también intervinieron especialistas llegados desde Estados Unidos. Si bien en el caso de Loma La Lata Oeste no se trata de una zona urbana, como se ha enfatizado en algunos ámbitos para restarle gravedad al hecho, cabe destacar que el pozo se ubica a menos de dos kilómetros del lago Los Barreales, que funciona como “cisterna” para el aprovisionamiento de gran parte de quienes viven en el conglomerado urbano más importante de la Patagonia Norte.

Producto de políticas públicas se amplían las áreas de exploración y explotación y la actividad hidrocarburífera se expande y intensifica en centenares de kilómetros cuadrados y se incorpora a la vida cotidiana de miles de personas como un peligroso agente invasivo. Cuando se produjo el incendio en Plottier se abrió un fugaz debate, o al menos una catarata de declaraciones de funcionarios públicos, sobre los riesgos que genera la actividad hidrocarburífera en zonas urbanas y periurbanas y la necesidad de ponerle un freno a través de la creación de “zonas de exclusión”. Controladas las llamas, la necesidad de limitar el avance extractivista desapareció de la agenda gubernamental – tanto a nivel municipal como provincial.

Lo que está sucediendo en Loma La Lata Oeste reactualiza la necesidad de que se abra ese debate, no para crear “zonas de exclusión” y liberar el resto del territorio al extractivismo, sino para avanzar en una transición hacia otras fuentes de energía, que demanda de manera urgente, como paso primero, el establecimiento de zonas de preservación. Es decir, que se frene el avance sobre áreas urbanas y periurbanas, cuencas hídricas, tierras destinadas a la producción de alimentos, territorios comunitarios indígenas y áreas naturales protegidas.

Denuncian la “distribución regresiva” de ingresos generada por la política energética de Macri

Un informe de EJES analizó la fenomenal transferencia de ingresos que generó la política tarifaria en la era Macri, vía dolarización, flexibilización laboral y subas de hasta 3500%.

El presidente Mauricio Macri, durante su visita a Vaca Muerta, junto al empresario Paolo Rocca.

Por Periferia.- Un estudio elaborado por EJES (Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental) denunció la brutal transferencia de ingresos generada por la política energética de Cambiemos.

El documento titulado “Ocaso de la ilusión liberal: la política energética de Cambiemos” señala que los cuadros tarifarios diseñados por el gobierno nacional de Mauricio Macri definieron, en cuatro años, una transferencia fenomenal de ingresos de toda la población a un grupo reducido de empresarios.

Esos grupos empresarios quedaron reflejados en la conformación de los cuadros técnicos que ocuparon el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, ligado a la firma Shell.

De allí para abajo, las secretarías, subsecretarías, organismos y entes reguladores dependientes de la cartera fueron ocupadas por representantes de empresas como Edenor, Edesur, TGS, Axion, Panamerican, Total y Esso.

“Esa lógica se tradujo al interior de las empresas energéticas con la flexibilización laboral, avalada por el gobierno de Cambiemos?, afirma el economista Marco Kofman, investigador de EJES, quien estuvo a cargo de la presentación del informe.

Aumentos del 3500%

EJES estimó que, entre 2015 y 2019, el aumento total de la energía eléctrica osciló entre 3.000% y 3.500% que recayó por completo en la economía de los usuarios y se transfirió directamente a esas empresas, con la mediación del Estado nacional para alentar ese proceso.

Según EJES, en esos cuatro años el gobierno llevó los subsidios a la energía del 9,6% al 4,3% por lo que los hogares debieron hacerse cargo del 100% del precio de la energía eléctrica y el gas haciendo que los aumentos en las facturas sean superiores al 1.000%.

Con esa baja, advierte EJES, se orientó el uso del dinero público al pago de intereses de la deuda externa contraída por Macri. Por ello este ítem aumentó de 7,6 al 19,6%, a lo largo de los cuatro años.

“El gobierno determinó que los subsidios se irían eliminando en forma gradual para que los usuarios terminen pagando la totalidad del precio del gas en octubre de 2019, mediante aumentos de precio que irían de 1,29 dólares/MBTU hasta 6,77 dólares/MBTU” explica el informe.

Sin embargo, el Gobierno estableció, además, el aumento de las tarifas de transporte y distribución de gas, que elevó los otros dos componentes de la factura de gas que pagan los usuarios además del gas en boca de pozo.

Vaca Muerta: el paradigma de la flexibilización 

En el informe repasana la firma del acuerdo por Vaca Muerta junto a empresarios y sindicatos que incorporó modificaciones al convenio colectivo de trabajo, eliminando beneficios salariales, reduciendo dotaciones técnicas de personal e incorporando modalidades de contratación flexible.

Con las medidas, afirma EJES, se terminó de afianzar el modelo de privatización energética y desregulación del Estado a las relaciones laborales que llevó en 2018 los salarios del sector a una caída del 16%. Pero, además, generó la pérdida de 9 mil puestos de trabajo respecto a 2015.

EJES repasa que el ciclo que definió la política energética de Cambiemos comenzó a cerrarse cuando se creó Desarrolladora Energética S.A., controlada por Rogelio Pagano a través de una red de empresas offshore que conformó un monopolio en la provincia de Buenos Aires con el control de Eden, Edea y Edelap.

La empresa se convirtió en latercera distribuidora más importante del país detrás de Edenor y Edesur. Las tres empresas controlan el 49% de la distrubución eléctrica.

Dolarización de combustibles 

Ya a fines de 2017 comenzó a regir la liberalización del precio de los combustibles que hasta entonces era fruto de un acuerdo entre el Estado Nacional, las provincias y el sector privado.

Las empresas allí tuvieron libertad para fijar el precio interno en función del precio internacional y de la cotización del dólar.

Según el informe, ello no hizo más que acelerar la transferencia de ingresos en la sociedad argentina y profundizar la crisis social y económica del país, que volvió inviable la política del gobierno.

“Cambiemos retomó la agenda neoliberal de la energía con el marco regulatorio vigente desde los 90. La ?fe en los mercados? justificó la eliminación de subsidios y permitió reasignar fondos para atender una deuda que fue el respirador artificial de la economía macrista”, afirma EJES.

En ese sentido, “el costo político del aumento tarifario fue creciente”, dice el informe de EJES que apunta que “la política energética naufragó entre la inviabilidad política y la económica”.

EJES concluye que “el tarifazo expandió la pobreza energética con hogares que destinan más del 10% del ingreso en atender sus necesidades energéticas por todo el país del 1% al 20% desde 2015”.

De esta manera, en el sector empresario “las empresas distribuidoras y transportistas multiplicaron sus ganancias haciendo que un conjunto reducido de empresarios como Midlin, Pagano, Rocca, Britto y Caputo incrementen su poder en el sector” sin incentivar la industria nacional de componentes.

Pero, además, “el Estado se desprendió de valiosos activos y la empresa YPF quedó relegada en una producción de hidrocarburos que acentuó su carácter privado y contaminante”.

Chubut y los motivos recurrentes de las crisis económicas y sociales.

Los conflictos sociales y las crisis económicas se han transformado en una constante durante los últimos dos años en Chubut. El Estado se encuentra virtualmente quebrado a pesar de poseer enormes riquezas vinculadas a los recursos naturales. Los empleados estatales cobran tarde y en cuotas sus salarios, tienen la obra social cortada y reclaman soluciones con paros y cortes de ruta. La provincia tomó una enorme deuda pública, más de 1.100 millones de dólares desde 2010, lo que no se tradujo en mejores condiciones de vida para los chubutenses, y ahora se encuentra asfixiada por los vencimientos. Los desmanejos políticos de los gobernantes llevaron a crisis financieras recurrentes, a lo que se le sumó el corte de fondos extra por parte de Nación, un combo explosivo que pone en jaque la gobernabilidad (y los dirigentes petroleros hacen el trabajo sucio para despejar las rutas de maestras).

Por Marcelo García*/ Especial para el OPSur

El conflicto de los docentes y estatales de la provincia de Chubut tuvo su origen este año en el nuevo atraso en los pagos de los salarios por parte del gobierno de Mariano Arcioni. Los sueldos se abonan en cuotas y semanas después del quinto día hábil; a lo que se suma la obra social de la administración pública (SEROS) interrupida por falta de pago a los prestadores y la no cancelación de los aumentos salariales pautados en las negociaciones paritarias. A ese panorama que desató las protestas, los paros y los cortes de ruta de los empleados públicos provinciales se llegó por cuatro caminos. Uno se vincula directamente con que el 86 % de la deuda tomada por los diferentes gobiernos desde 2010 fue en dólares; se emitieron bonos por 1.159 millones de dólares, que están garantizados por las regalías petroleras, que se cobran en moneda estadounidense. Una parte de las regalías queda directamente inmovilizada para afrontar las cancelaciones del capital y los intereses de la deuda, que varían de manera alcista cada vez que el peso se devalúa frente al dólar. Chubut es la sexta provincia más endeudada del país y los fondos tomados a lo largo de seis años no se tradujeron en mejoras de la calidad de vida de los chubutenses.

El otro camino que llevó a la crisis actual se vinculó al ajuste. El actual gobernador Arcioni intentó aplicar en la primera mitad de 2018 un brutal ajuste que recaía esencialmente sobre los trabajadores y los gastos del Estado provincial. Parte de ese recorte consiguió instrumentarlo y los salarios el año pasado perdieron un 32% de su poder adquisitivo frente a una inflación que, en la Patagonia, fue del 50,6%. Ese ajuste fue derrotado por las movilizaciones, tomas, protestas y paros de los estatales, con los docentes al frente de la lucha, y el triunfo se tradujo en la recomposición salarial perdida y nuevas paritarias para 2019, donde se aplicó la cláusula gatillo de ajuste por la nueva inflación.

La tercera vía que explica el proceso actual está relacionado a la política, tanto desde la arista provincial como nacional. Arcioni quedó al frente de la administración provincial tras la muerte del gobernador Mario Das Neves y, en la búsqueda de un nuevo mandato –tras la derrota del ajuste, al que se había comprometido con Nación-, llamó a elecciones anticipadas. Aceptó pagar los atrasos salariales y las nuevas indexaciones, levantó los pagos de salarios escalonados que había establecido en 2018, y sumó nuevos gastos con el desdoblamiento electoral. Pero esa definición política lo alejó de la gestión de Mauricio Macri, y más aún cuando consiguió el nuevo mandato y se mostró mucho más cercano a la fórmula presidencial del Frente de Todos.

Chubut ya venía teniendo desacoples financieros desde el año pasado como consecuencia del peso de la deuda y sus vencimientos, pero para poder sortearlos consiguió que el Gobierno nacional le otorgara préstamos en pesos y le refinanciara los vencimientos. Por eso cuando Arcioni dio claras señales de no llamar a votar a Cambiemos en el ámbito nacional, el macrismo le cerró la posibilidad de nuevos préstamos para gastos corrientes y simultáneamente comenzó a cobrarle en tiempo y forma los vencimientos de los préstamos tomados. Así se produjo un combo explosivo que puso a la provincia en una virtual quiebra de la que no tiene escapatoria si no genera mayores ingresos y refinancia los vencimientos de la deuda en dólares y pesos.

Arcioni se propone asumir como gobernador electo el 10 de diciembre y sortear los primeros meses del 2020 con la esperanza de que la fórmula Fernández & Fernández gane las elecciones nacionales y vuelva a habilitarse el endeudamiento para salir del ahogo financiero actual. Suenan fuerte las versiones de la creación de una cuasimoneda provincial para sortear la falta de pesos, pero por ahora no se avanzó con esa opción.

Represión y patoteada

Mientras se desarrolla lo que podría llamarse el “Plan seis meses” –porque el propio ministro de Economía provincial anticipó que ese será el plazo de los problemas financieros y pago con atraso en los sueldos-, la potencia de la lucha de los estatales arrincona a Arcioni contra las cuerdas. Su cerrazón o incapacidad para rediscutir un esquema tributario y de ingresos amplio y sustentable en el tiempo, sumado a la amenaza de reprimir a los huelguistas que cortan rutas, pone su gestión al borde la gobernabilidad.

Los momentos de mayor tensión entre el gobierno de Arcioni y los estatales se vivieron en el marco de los cortes de ruta, en especial en la sureña ciudad de Comodoro Rivadavia. El primer evento represivo se produjo el 16 de agosto, cuando la Policía del Chubut detuvo a dos referentes docentes que estaban panfleteando en las rutas que conducen a los yacimientos petroleros. La respuesta de los estatales fue la intensificación de las protestas y nuevos cortes en toda la provincia, que terminaron con la liberación de los detenidos. Al día siguiente en Comodoro una movilización de más de 10 mil personas repudió los arrestos.

Las panfleteadas se reconvirtieron en cortes de ruta que impidieron que los obreros petroleros pudieran subir a los yacimientos. Los docentes estuvieron al frente de estas medidas y la respuesta del gobierno llegó de la mano de los dirigentes sindicales petroleros Jorge Avila, de los convencionales, y José Llugdar, de los jerárquicos; quienes responden políticamente a Arcioni y fueron los encargados de enviar una patota de encapuchados a desalojar a las maestras para liberar las rutas.

A los empujones y en medio de una zona liberada por el Gobierno, la Policía y la Justicia; el 4 de septiembre la patota del sindicalismo petrolero liberó las rutas, pero cargó sobre sus espaldas con un altísimo costo político y social, que se tradujo en lo que se calcula fue la movilización social más grande la historia de Comodoro. Más de 30 mil personas marcharon en defensa de los docentes, los estatales, contra el gobierno y, esencialmente, repudiando a la conducción de los gremios petroleros.

Hasta ese momento los obreros petroleros se habían solidarizado con los docentes y estatales en las rutas; se bajaban de las camionetas y micros en los piquetes y no se habían producido enfrentamientos. La decisión de los dirigentes no generó ninguna acción contraria de las bases, las que estaban arrinconadas por la baja de equipos de las operadoras y las amenazas de despidos de las PyMES del sector. El desalojo de las rutas por la fuerza generó una tensión social contra la dirigencia sindical petrolera y, de alguna manera, también se tradujo en un repudio a los trabajadores del sector (quienes más allá de no protagonizar la patoteada, tampoco la impidieron).

Aunque momentáneamente se levantaron los cortes de ruta, la huelga de los estatales sigue en casi todos los estamentos y localidades de Chubut. Las perspectivas no son alentadoras para septiembre y los próximos meses en una provincia rica en recursos naturales y virtualmente quebrada; por el contrario, podrían ahondarse la conflictividad y las consecuencias económicas que genera la falta de circulante y una profunda ruptura de la cadena de pagos. El condimento esencial sigue siendo la deuda como epicentro de la crisis, y se le suma la falta de gobernabilidad, las debilidades políticas de Arcioni, el ahogo financiero de Nación y el nefasto rol cumplido por la dirigencia petrolera que mandó a patotear maestras y trabajadores estatales que reclamaban por sus sueldos.

* Periodista e investigador de Nuevo Proyecto Energético Latinoamericano (NPEL) y El Extremo Sur / de la Patagonia.

La visión eldoradista sobre Vaca Muerta vuelve a poblar primeras planas

Por Alejo di Risio / SurGlobal

Cuenta regresiva para el fin del mandato amarillo. La victoria del Frente de Todxs es casi una certeza. A menos de cien días del comienzo de una nueva etapa argentina, el nuevo rumbo es todavía incierto. Más allá de un impecable temple durante entrevistas y una renovada estructura que acompaña la coalición pan-peronista ¿Qué sabemos del plan de salvataje de Alberto Fernández, el candidato a presidente que probablemente suceda a Mauricio Macri? Porque no sólo la casa está en desorden, sino que está semi-defaulteada y endeudada. Quienes generaron gran inestabilidad piden ahora a gritos que la estructura del ganador de las elecciones primarias, realizadas a comienzos de agosto, pueda llevar a los mercados la tranquilidad que ellos no pueden prometer. Desde fuera llegan los reclamos para conocer el plan y la visión eldoradista sobre Vaca Muerta vuelve a poblar primeras planas.

Varias piezas del rompecabezas energético albertista ya han asomado: reuniones con el IAPG, ofertas de China como acreedora, reposicionamiento de YPF como jugador central y el reciente apoyo del poderoso sindicato petrolero norpatagónico. El equipo económico del casi-presidente parece tener claro su rumbo macro, pero las decisiones y medidas concretas aún están por verse. El caballito de batalla de la campaña desarrollista es sin dudas el megaproyecto Vaca Muerta, al cual el mismo Fernández hace referencia cada vez que puede. Pero las controversias en torno al destino de la producción trascendieron a la esfera pública. Dos posturas se delinean dentro de la coalición: aquella liderada por Federico Bernal, con la prioridad enfocada fronteras adentro y la exportación a países vecinos, y la que expone Guillermo Nielsen, que apunta al desarrollo de infraestructura con foco en la exportación mediante buques de gas natural licuado (GNL).

La posición de Bernal, director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) y asesor del kirchnerismo en energía, apunta a que el proyecto  asegure primero el mercado interno y luego las exportaciones. Estas últimas solo deberían hacerse en caso de excedentes, fundamentalmente a países vecinos, porque el mercado global de GNL hoy es sumamente incierto, y bajo el compromiso de reposición de reservas. Bajo la lupa bernalista, se apunta a desdolarizar las tarifas energéticas, dinamizar el mercado interno mediante reducción de los precios de la energía y estimular la llegada de nuevos actores, específicamente empresas chinas y rusas. En ese sentido Vaca Muerta debería garantizar el “desarrollo nacional con equidad social y fuerte industrialización”.

Nielsen, quien junto al hoy contrincante Roberto Lavagna renegociara la deuda en 2003-2005, se ha convertido en el principal representante económico de Alberto ante el actual gobierno y el FMI. A la prensa brasileña, el economista le dijo que bajaría impuestos a la renta de las empresas de petróleo y gas del actual 35% a un 20%. En otra entrevista declaró que impulsará la offshorización del producido de los no convencionales mediante “un fideicomiso en New York (…). El gobierno argentino va a supervisar; los privados van a informar, pero no van a pedir permiso, porque es plata de ellos”.

Nielsen también plantea un vínculo directo entre los extractivismos y las políticas sociales frente a la pobreza. Estableciendo, al decir del investigador Eduardo Gudynas, un falso vínculo necesario y suficiente entre prácticas que devastan el territorio y la existencia de planes sociales y programas de paliativos de la crisis. Así, el saqueo en manos de pocas empresas y actores financiará la mejora en los ingresos de otros, revistiendo al megaproyecto de un fin social ante la mirada de la población.

El mismo Fernández expresó su apoyo incondicional al megaproyecto Vaca Muerta en repetidas ocasiones. Durante una reciente entrevista, se declaró a favor de la extensión del tren que facilita la explotación de los hidrocarburos en la norpatagonia, profundizando la infraestructura demandada al Estado por las empresas extractivas. Según se anunció, dicha obra se realizaría bajo un acuerdo de Participación Público-Privado (PPP), contratos muy cuestionados a nivel internacional al forzar a los Estados a garantizar la renta de empresas, transfiriendo todo el riesgo sobre las arcas públicas, y derivando toda la ganancia a las privadas. Un meta que también se planteó el macrismo, pero que hasta el fin de su mandato no ha podido cumplir.

Aunque a la diversa coalición formada para hacer frente al gobierno todavía le queda mucha tela por cortar, sí hay consensos que aparentan establecidos. A la esperanza nacida en algunos sectores tras la mención de energías renovables poca vida le queda ya. La priorización del gas y la energía termonuclear, y el probable cierre de los programas Renovar sin sucesor popular a la vista, postergan una necesaria transición de la matriz energética hacia energías limpias. No solo para revertir los efectos de la crisis climática, sino para evitar las consecuencias en la población que, como siempre, serán peores para los y las menos privilegiadas.

El proceso de expansión de las fuentes renovables impulsadas por Cambiemos puede ser criticado por la dependencia que este tuvo del capital privado trasnacional. El caso uruguayo es un ejemplo paradigmático de un proceso de transición energética que al mismo tiempo fue privatizado. Sin embargo, la transición de la matriz energética menos dependiente de la energía fósil es una necesidad que debe componerse también de la gestión pública de esas fuentes. Es importante recuperar la soberanía energética, pero no para depositarla en empresas de bandera nacional, sino para generar una transferencia real donde las decisiones sean de la población y estén orientadas hacia una mejora en la calidad de vida de las personas.

Mientras que la energía siga siendo considerada una mercancía, el trabajo digno y la salud de las personas serán solo secundarios ante la ganancia de pocos actores. Tal vez los números cierren mejor, pero priorizar un pretendido desarrollo nacional por sobre las consecuencias que este tenga sobre la calidad de vida de la población no puede ser una opción popular. Es fundamental dejar de concebir a los extractivismos como fuente de riqueza, progreso y desarrollo social.

Sumate al webinar: ¿Qué hizo el gobierno de Mauricio Macri en el sector energético?

EJES y FARN, invitan al Webinar “La política energética de Cambiemos”.  Esta videoconferencia se realizará el martes 10 de septiembre a las 14 hrs y se podrá acceder de forma gratuita, inscribiéndose en este link.

Como parte de EJES, Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental, invitamos a esta videoconferencia donde haremos público el informe “El ocaso de la ilusión neoliberal”, un estudio cronológico desde diciembre de 2015 a agosto de 2019 con las medidas que delinearon la política energética del gobierno de Cambiemos.

Por su parte, FARN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, presentará el documento “Subsidios a los combustibles fósiles en Argentina 2018-2019”.

Esperamos puedan acompañarnos.

¿CÓMO PARTICIPAR?
La actividad es gratuita, con inscripción obligatoria
Una vez realizada la inscripción se recibirá el link para acceder al Webinar.

Martes 10 de septiembre / 14 hrs (Argentina)
Inscripciones: https://attendee.gotowebinar.com/register/581617863126876941

Comodoro Rivadavia: Encapuchados atacaron un piquete de trabajadorxs de la educación

ATECh: “Arcioni es el responsable de la violencia”

Por El Extremo Sur/de la Patagonia. Desde ATECh Regional Sur emitieron un comunicado luego de conocidos los hechos de violencia ocurridos en horas de la madrugada de hoy en el cruce de las rutas 3 y 26 de Comodoro Riviadavia en el que señalaron al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, como el máximo responsable de lo sucedido, dando cuenta de que hubo una zona liberada ya que, según señalan, a las 03:30 se retiraron de lugar y “200 personas en vehículos del sindicato de Petroleros Privados avanzaron con insultos, exaltados por alcohol, pisando a compañeras que cayeron al suelo”.

Además, señalaron que el ministro de Gabinete, Federico Massoni, habría estado presente en el lugar y hasta habría dado órdenes para que sucediera el apagón en plena rotonda luego de que los encapuchados irrumpieran en el lugar.

EL COMUNICADO COMPLETO

ARCIONI ES EL RESPONSABLE DE LA VIOLENCIA

VIVIMOS UNA VERDADERA DICTADURA DE LAS OPERADORAS que extorsionan a los trabajadores petroleros, a las PYMES y a toda la comunidad.

El Estado estuvo al servicio del ataque. La policía se retiró minutos antes de las 3.30 de la madrugada, liberando la zona ante la llegada de una verdadera patota. Unos 200 hombres traídos en vehículos del Sindicato de Petroleros Privados, algunos evidentemente exaltados por el alcohol u otra sustancia sustancia. Se abalanzaron sobre los docentes, sin voluntad de diálogo. Avanzaron con insultos, empujones, pisando a compañeras que cayeron al suelo, destruyendo e incendiando lo que encontraron a su paso y golpeando a docentes que cuestionaban su accionar.

Los docentes dejamos libre la ruta 3 y 26 y nos retiramos hasta el interior de la rotonda, momento en que apagaron el alumbrado público y se escucharon disparos. No se conformaron con ambas rutas despejadas, sino que nos persiguieron con amenazas mayores, ya dentro de la rotonda donde se produjeron más corridas. Federico Massoni, el ministro de Gabinete habría sido testigo presencial del ataque, o dirigido el mismo, ya que su camioneta estaba presente. Actuaron con muchísima violencia.

No fue peor porque algunos estaban allí extorsionados y no se prestaron para más. Lo vimos con nuestros propios ojos, lo escuchamos de su propia boca. Tal vez, gracias a ellos no hay muertos. Habiendo hecho público que no enfrentaríamos a los trabajadores petroleros y tras presentar en la misma noche un Habeas Corpus Preventivo convocando al Poder Judicial, el Estado de derecho estuvo ausente.

Planta de Fortín de Piedra, detras el río Neuquén, el lago Los Barreales y Sauzal Bonito. Foto Martín Álvarez Mullally

“Toda la infraestructura estuvo pensada para una zona que no era sísmica”

Existe una coincidencia temporal entre la aparición de los sismos y la llegada del fracking.

Planta de Fortín de Piedra, detras el río Neuquén, el lago Los Barreales y Sauzal Bonito. Foto Martín Álvarez Mullally
Planta de Fortín de Piedra, detras el río Neuquén, el lago Los Barreales y Sauzal Bonito. Foto Martín Álvarez Mullally

“Lo llamativo es que los sismos en Sauzal Bonito, comienzan a aparecer a partir de noviembre del 2015”, advirtió el geógrafo Javier Grosso, miembro del departamento de Geografía de la Universidad Nacional del Comahue, en diálogo con las periodistas María Galeazzi y Virginia Pirola, del Panorama Informativo de radio Universidad Calf, de Neuquén. Grosso elaboró un mapa sobre actividad sísmica en la región afectada por la explotación de Vaca Muerta en base a reportes del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) del período 2009 a 2019. El trabajo busca “relacionar los pozos horizontales con hidrofractura realizados entre los 3000 y 6000 metros, con los lugares donde tuvieron epicentro los sismos, al menos los registrados por el INPRES”.

“Yo no puedo decir que hay una relación directa entre los sismos y la hidrofractura, pero sí los elementos que hay para analizar indicarían que surgen movimientos sísmicos, que no habían sido detectados precedentemente, en un coincidencia temporal muy próxima con el comienzo de las operaciones con hidrofractura”. Al respecto Grosso mencionó los sismos registrados desde noviembre de 2015 y la aplicación de hidrofractura en las áreas productivas Loma La Lata, Sierra Barrosa, Rincón del Mangrullo, Fortín de Piedra, Aguada Pichana y Loma Campana.

Infraestructura comprometida

Sobre la inexistencia de sismógrafos en las localidades neuquinas hoy afectadas, Grosso explicó que “al INPRES nunca se le hubiese ocurrido instalar sismógrafos en Vaca Muerta porque esa una zona tectónicamente inactiva”. “Hay que tener cuidado con cómo se nos garantiza el acceso a la información real de los sismógrafos [instalados por INPRES en Vaca Muerta], porque a nosotros no nos van a dar los datos de sismos de 1.5, 1.7 -en escala Richter-, porque son muy bajos, son imperceptibles, pero es importante, porque cambia radicalmente la ingeniería o la vida productiva en un área para la que toda la infraestructura estuvo pensada para una zona que no es sísmica”, advirtió el geógrafo. “Si ustedes observan el mapa (ver imagen) van a encontrar que muchos de los [epicentros de los] sismos están a quince kilómetros del compensador de Mari Menuco y Los Barreales, o están a treinta kilómetros del proyecto de [represa] Chihuidos. Lo importante acá es que previo a 2015 cualquier estudio de impacto ambiental que se haya hecho es obsoleto, no sirve, hay que reformularlos. Hay que pensar que si ese área va a seguir desarrollando hidrofractura, los sismos, si se comprueba eso, van a ser una constante”.

Grosso también subrayó que “los sismos de baja intensidad pueden producir procesos de remoción en masa”, un dato que a tener en cuenta en localidades como Sauzal Bonito, emplazada a pie de barda.

La secretaria de Medio Ambiente de las petroleras

Dina Migani se enojó, en plena entrevista, al ser consultada por Quinpe, la empresa familiar de químicos que brinda servicios a la industria hidrocarburífera en Vaca Muerta. Antes y después, la funcionaria denunciada dio varias respuestas que también debieran ser noticia. 

por Maxi Goldschmidt/ Cítrica

–¡Hagan periodismo de investigación! ¡Son unos chantas! ¡Me engañaron, váyanse de mi casa!

Iban treinta y cuatro minutos de charla amena cuando la ingeniera química Dina Migani, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, dio por terminada la entrevista de manera abrupta. Apenas escuchó esa palabra, cambió el semblante: Quinpe.

–Corten acá… Me parece que ustedes no son periodistas. Son unos chantas. Me engañaron.

En el living de paredes rojas y blancas de su departamento, unos minutos después, aún muy enojada, decidió retomar la entrevista de modo desafiante:

–Yo te voy a contestar, ¿qué querés saber de Quinpe?

***

Ex concejal de la localidad de Fernández Oro, Migani figuraba como dueña de “la empresa de servicio de logística, depósitos para el almacenaje de productos líquidos, corrosivos, inflamables, pruebas hidráulicas de plantas de gas, gasoductos y dosificación en pozos petroleros y gasíferos”, según la página web de Quinpe.

“Me mandaban a lavar los camiones que venían de las petroleras, y todo ese líquido con químicos se juntaba en un tanquecito. Cuando se llenaba, había que tirarlo en un desagüe que desemboca en el Río Negro”.

Desde el 1 de septiembre de 2014 Dina Migani es funcionaria: dirige la secretaría encargada de, entre otras cosas y según sus palabras, “control y fiscalización de toda el área hidrocarburífera de Río Negro”.

***

¿Qué tipo de extracción es mayoritaria hoy en Río Negro, convencional o no convencional?

En este momento en Allen es muy importante.

¿Pero cuál más?

Es muy importante también la zona de Catriel, donde hay una gran proyección que tiene que ver con producción convencional.

¿De cuántos pozos de gas y petróleo estamos hablando hoy en la provincia de Río Negro?

No tengo presente la cantidad de pozos. Pero la actividad más importante en este momento es en Allen, con yacimientos de gas fundamentalmente. Se proyectan para este año unos 90 pozos en esa zona.

¿Solo en Allén se harán 90 pozos más? 

Sí.

Las cifras oficiales no dicen lo mismo que Migani: 93 nuevos pozos, pero en un plazo que se extiende hasta 2021.

A lo largo de la entrevista, se repetirán las respuestas evasivas o imprecisas.

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Foto aérea de la empresa Quinpe, en la localidad de Fernández Oro (Martín Alvarez Mullaly).

“Con mi marido creamos Quinpe. Somos una empresa que venimos de abajo, y hemos generado trabajo en Fernández Oro”, dijo enojada, Dina Migani, cuando retomó el diálogo.

“¿Toman mate?”, nos había preguntado su marido, Félix Eduardo Aún, ni bien llegamos a su casa, un moderno departamento de dos plantas en el centro de Cipolletti. Como dijimos que sí, dejó el sillón donde estaba mirando televisión -un partido de una liga europea- y se fue para la cocina. Nos cebó dos termos.

A medida que la entrevista avanzaba, se lo notaba más expectante de las preguntas. Se tocaba constantemente una cadenita de oro que le colgaba del cuello. En un momento hizo un llamado y se fue a hablar a la cocina. También se indignó cuando escuchó la palabra Quinpe.

–No es así, muchachos.

Apenas unas horas después de la primera denuncia por incompatibilidad de funciones contra Migani, la web de Quinpe fue rediseñada: Migani dejó de figurar como dueña. En cambio, seguían a cargo de la empresa su marido (Gerente General), su hijo Fernando Aún (Gerente Técnico) y su hija María Antonina Aún (Gerenta Comercial).

“Es imposible lograr buenos resultados luchando contra las petroleras. Presenté decenas de denuncias como esta, pero las petroleras tienen los jueces a su favor”.

“¿Cuál es la incompatibilidad de funciones?”, arremete nuevamente Migani: “Te lo explico. Sería incompatibilidad si la empresa le vendiera a la provincia productos químicos. Pero Quinpe no trabaja con la provincia. Y la Secretaría de Ambiente controla a Quinpe como a cualquier otra empresa. Es más, yo no la controlo, no soy la encargada de eso”.

Tras esta entrevista, la web se “cayó”. Al poner www.quinpe.com sólo aparecía un cartelito: En mantenimiento. Hace unos días, volvió a estar online.

***

“Los clientes de la empresa Quinpe SRL son, entre otros, Petrobras, YPF, Entre Lomas, Halliburton, TGS y en la página web decía que brindan un servicio acorde con las necesidades de sus clientes”. La legisladora y ex defensora del Pueblo Ana Piccinini, quien en 2014 presentó la denuncia contra Migani por incompatibilidad de funciones, se preguntaba entonces: “¿Cuando tenga que resolver una cuestión, lo hará en base a las necesidades de las petroleras, que son sus clientes, que le pagan por su actividad y asesoramiento, o de acuerdo a los principios fundamentales que cuidan y protegen el medio ambiente?”.

Hoy no sólo sabe esa respuesta: “Es imposible lograr buenos resultados luchando contra las petroleras. Presenté decenas de denuncias como esta, que empezó con mucho brío, con allanamientos a un local y a la empresa, pero después todo quedó en la nada, como siempre. Las petroleras tienen los jueces a su favor. Y así se ve cómo un juez o fiscal pasa de la noche a la mañana a ser camarista. En la medida que la gente lo vea con naturalidad, ellos van a seguir saqueando. Para saquear necesitan aliados, y para eso necesitan las instituciones. Y ahí aparece la plata. No hay un Estado presente que regule, que controle”.

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Flores bordadas en su camisa blanca, en el mantel de la mesa a la que está sentada y en uno de los sillones del living. A Dina Migani le gustan las flores. Le gusta decorar su casa y pasar tiempo con su familia. Le gusta su trabajo. Le gustan las perlas de sus aros y el collar que luce para la entrevista. Le gusta que le hagan entrevistas. Siempre y cuando no vengan con preguntas de “esos ambientalistas baratos que no saben lo que es dar un trabajo, no saben lo que es pagar un impuesto”.

¿Cuáles son los riesgos ambientales más peligrosos de la extracción no convencional de hidrocarburos que se practica en la región?

La actividad hidrocarburífera está regulada por leyes. Y las empresas tienen que cumplir con la legislación. Esa es la tarea de la Secretaría de Ambiente. Y frente a un incidente, las empresas tienen la obligación de declararlos a través de un sistema online donde está la Secretaría de Hidrocarburos, la Secretaría de Ambiente y la misma empresa, en donde en forma inmediata nosotros nos enteramos de ese incidente.

Si hay un derrame, una explosión o cualquier problema, ¿es la propia empresa la que tiene que informar? 

Sí.

¿Hubo casos que no informaron?

Sí, hubo casos, muy pocos, en que los inspectores se hacen presentes en el área, se descubre que hubo un incidente y que no ha sido informado.

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Además de haber sido denunciada por vecinos y legisladoras, Migani recibio cuestionamientos de la Defensoría del Pueblo, Greenpeace, FARN y Observatorio Petrolero Sur, entre otras organizaciones.

“Ustedes me engañaron, porque ustedes me hacen otras preguntas. Mostrame a ver si sos periodista, muestrenmé”, dice Dina Migani, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo de Río Negro.

Le mostramos nuestras credenciales.

“Son unos chantas. Me engañaron. Y quiero saber sus nombres, porque cuidado, eh”.

Le deletreamos nuestros nombres y apellidos, que figuran en las credenciales que acaba de leer. Los anota en un papel.

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Juan Sepúlveda trabajó tres años en la planta de Quinpe, en la ciudad rionegrina de Fernández Oro. Lo despidieron en noviembre de 2017. Los primeros días, como toda persona que llega hasta la puerta de la empresa, sentía ese olor fortísimo. Después se acostumbró y no lo percibió más.

“Es por los diferentes ácidos, soda cáustica y otros preparados para las petroleras que son muy contaminantes. Cada 15 días, los camiones llevaban bolsas que contenían todo eso y lo prendían fuego en el basural de Fernández Oro. Quedan los manchones en el piso como prueba. Eso no se va fácil”, explica Sepúlveda, quien cumplía funciones de mantenimiento, jardinería y “aunque en realidad no me correspondía, también me pedían que hiciera preparados químicos”.

“Todos en la empresa sabían lo que estaba pasando. Hay varias cámaras y eran comunes los derrames”.

“Cada dos o tres días me mandaban a lavar los camiones que venían de las petroleras, y todo ese líquido con químicos se juntaba en un tanquecito. Cuando se llenaba, había que tirarlo en un desagüe que desemboca en el río Negro. Pero cuando venía una inspección, sacaban todas las mangueras y me hacían lavar el tanque y ponerle agua limpia”, describe Sepúlveda, quien tomó fotos y tiene videos que demuestran “la contaminación terrible de la empresa”, cuyos actuales dueños son los hijos de la secretaria de Medio Ambiente de la provincia.

“Todos en la empresa sabían lo que estaba pasando. Hay varias cámaras y eran comunes los derrames. A veces se rompían los huevos -la parte trasera de los camiones-, que llevan hasta 30.000 litros de preparados químicos para las petroleras. Y eso se limpiaba con arena, se raspaba un poco y se echaban piedras encima como si no hubiera pasado nada”.

***

Colgado en una de las paredes del luminoso living comedor, una colección de cucharas enmarcadas llama la atención. También una sillita alta para que coma un bebé. Todo está relacionado con su familia. Al igual que esa mochila gris que parece sentada en la cabecera. Tiene bordada una Q en blanco y el resto de las letras en azul: todavía faltan un par de preguntas para que ese nombre se pronuncie, y la titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Río Negro estalle.

Usted tiene la oficina de la Secretaría en Fernández Oro, justamente un municipio que se opone a la explotación de hidrocarburos. Incluso hay una ordenanza del Concejo Deliberante para que no se realice esa actividad. ¿Cómo ve esta situación? ¿Por qué cree que la población está en contra?

Hay ciudades que se niegan; por ejemplo en Cinco Saltos, el Concejo Deliberante en su momento se declaró municipio antifracking. El tema es que no tiene que ver con una decisión del Concejo Deliberante, sino que es una política nacional y por eso la justicia declaró inconstitucional estas medidas. No es el municipio el que tiene que decidir.

Nos explicaron en este y otros municipios que el rechazo tiene que ver con riesgos ambientales y sobre todo para la salud de la población. 

En cuanto al tema de la salud…ehh… Nosotros como Secretaría de Ambiente tenemos que cuidar el ambiente y controlar que la actividad hidrocarburífera cumpla con la legislación vigente… Y en ese sentido, no hay actividad más contaminante y más peligrosa para la salud que la actividad humana. Los seres humanos naturalizamos los basurales a cielo abierto. Seguramente muchos ambientalistas que se quejan por la actividad hidrocarburífera, tiran basura en cualquier basural a cielo abierto.

“Mis hijos son los dueños de Quinpe, que tienen una venta de productos químicos y está controlada por la Secretaría de Ambiente como cualquier otra empresa”.

La salud de las personas, por más que haya un área específica, también es parte del ambiente. Y queríamos preguntarle cuáles son los riesgos más grandes de la producción hidrocarburífera.

Los riesgos mayores son, por ejemplo, un derrame. Un derrame importante producido por alguna falla, en algún momento, en un equipo, en un oleoducto, un ducto.

¿Qué puede generar un derrame y cómo se procede cuando eso ocurre?

Frente a un incidente la empresa tiene su plan de contingencia que tiene que actuar de forma inmediata, donde se recupera el hidrocarburo del agua de producción, se controlan a través de equipos. La empresa tiene que cumplir mediciones de los freatímetros, ver de qué manera están afectadas las capas freáticas y los cursos de agua. Por otro lado, se toman muestras del suelo, para ver qué grados de afectación tiene. Es la empresa la que tiene que hacer esto.

¿Hubo gente afectada por derrames u otras cuestiones?

Que yo tenga entendido, no tengo noticias de personas afectadas en la salud por esta actividad. Siempre existe el temor de los vecinos, un temor natural ante una actividad de la que no se conoce exactamente cuáles son los efectos que produce. Pero desde la Secretaría de Ambiente esta actividad está controlada en todos los pasos. Que hay riesgos, existen. Que ocurren incidentes, ocurren, como en cualquier otra actividad.

***

–Yo te voy a decir una cosa. Yo no tengo hoy nada que ver con Quinpe, y si tienen algo que pedirme, denuncien y averiguen. Yo no tengo nada que ver. Yo soy una funcionaria, que trabajo haciendo cumplir la ley. Mis hijos son los dueños de Quinpe, que tienen una venta de productos químicos y está controlada por la Secretaría de Ambiente como cualquier otra empresa. Y no quiero hablar de Quinpe.

***

“La funcionaria Dina Migani debió haber renunciado hace mucho tiempo al ser de público y notorio conocimiento el hecho de que hay una incompatibilidad respecto a la empresa que vende materiales para el fracking en el Alto Valle. Y una funcionaria pública debe estar absolutamente exenta de intereses que después ella misma debe decidir. Es un caso lamentable que se mezclen los intereses privados con los intereses del Estado, más aún en temas que afectan al medio ambiente y sobre todo al uso y el consumo del agua”, dice la senadora Magdalena Odarda, del partido Río, quien volvió a denunciar a Migani, luego de que aparecieran fotografías de una camioneta de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia estacionada dentro del predio de la empresa Quinpe.

Camioneta de la Secretaría de Medio Ambiente de Río Negro dentro del predio de la empresa Quinpe.

En 2015, tras acusar en la Justicia el incumplimiento de funcionario público y la violación a ley provincial de Ética, Odarda le había presentado al propio gobernador Alberto Weretilneck un escrito acerca del vínculo entre Migani y la empresa familiar Quinpe.

Además de varios pedidos de informe y hasta exigencias desde la Defensoría del Pueblo de Río Negro y de Nación para que se realicen Audiencias Públicas y se garantice el acceso a la información pública ambiental, Migani también fue cuestionada por diferentes organizaciones, como Greenpeace, FARN y Observatorio Petrolero Sur, debido a que la planta de tratamiento de residuos peligrosos de Catriel fue habilitada sin el consentimiento de la población y sin cumplir el debido proceso de Audiencia Pública.

También hay denuncias – vecinos de Allen, por ejemplo- respecto a diferentes derrames, irregularidades varias y riesgos que presentan locaciones y pozos de la industria hidrocarburífera en la provincia.

***

–Mirá, te voy a mostrar. Quiero que veas.

Dina Migani saca su teléfono y se mete en Facebook. Busca una publicación en el perfil de un reconocido asambleísta, en la que se ve la polémica imagen que circuló por redes sociales y en algunos medios de comunicación.

–¿Sabés por qué está esa camioneta ahí? Nosotros en la Secretaría de Ambiente tenemos tres camionetas que las cuidamos como oro, que no sabemos dónde guardarlas porque si las dejo en la puerta de la Secretaría, mañana las encuentro sobre tacos. ¿Entonces qué pasó? La guardábamos en la Policía. Y en la Policía nos acuchillaron las cubiertas, nos rayaron los vehículos. Hablé con el municipio y les dije: necesito guardar los vehículos, no tengo lugar. Tres vehículos que me costó un huevo conseguir. Finalmente los guardo en Quinpe, me prestan un lugar. Y ahora dicen que la Secretaría de Ambiente, con YPF y con Quinpe y no sé qué cosas más. Mis hijos están re calientes, porque dicen te estamos dando una mano y vos nos estás arruinando.

***

–No es así, muchachos. Ella te lo dijo muy claro. El que más contamina sos vos en tu casa -dice Eduardo Aún, esposo de Dina Migani y uno de los dueños de Quinpe.

–¿Yo?

–¿Vos clasificás la basura en tu casa? En mi casa se clasifica la basura, se separa. O sea, vos sos el contaminante. En mi casa no, en mi casa se separa la basura. Vos sos el contaminante, vos sos el contaminante.