Es necesario discutir trasfondo de medida que busca recuperar control estratégico de hidrocarburos.
Por Hernán Scandizzo.- A principios de mayo el Congreso argentino sancionó por abrumadora mayoría la Ley de Soberanía Hidrocarburífera impulsada por el Poder Ejecutivo. El oficialismo en pleno y buena parte de los partidos de la oposición dieron su aval a la norma que expropió el 51% de las acciones de YPF en poder de la petrolera española Repsol, que declaró “de interés público nacional y como objetivo prioritario del país el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización”, y creó el Consejo Federal de Hidrocarburos.
Si bien la expropiación fue la que mayor impacto político y mediático generó, el haber declarado los hidrocarburos de interés público tiene igual relevancia, ya que significaría sustraerlos de las reglas del mercado para considerarlos como recursos estratégicos sometidos a las necesidades e intereses del país, o al menos esa posición sostienen algunos sectores en el debate que empezó con la presentación del proyecto de ley y que no se cerró con su promulgación.
La ley llegó en un escenario de crisis energética, atribuida a la falta de inversión en exploración y desarrollo de yacimientos por parte de las operadoras privadas que se manifestó en la ingente importación de combustibles —US$9.4 millardos en el 2011— y el déficit de $3 millardos en la balanza comercial del sector. Por tal motivo los analistas más escépticos sostienen que el gobierno argentino no busca un cambio de rumbo en su política respecto a los recursos naturales sino que se trata de una medida pragmática.
“No creo que estemos yendo hacia una [opción] alternativa, en todo caso es más de lo mismo pero pintado de colores nacionales. La única razón por la que puedo entender que el gobierno tome una medida de este tipo es la presión fiscal”, sostuvo a Noticias Aliadas. Andrés Dimitriu, docente e investigador del Departamento de Comunicación de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) e integrante de la Unión de Asambleas Patagónicas, que agrupa a asambleas socioambientales de diferentes ciudades del sur argentino.
¿Punto de quiebre?
En el ángulo opuesto, la medida despertó apoyos con diferentes matices. “Los recursos naturales, hasta cierto punto, no habían sido discutidos en su rol político, económico y social; creo que efectivamente la Ley de Soberanía Hidrocarburífera viene a marcar un quiebre muy importante”, afirmó Ignacio Sabbatella, licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. “Considero que es una medida más que positiva y que recupera el control estratégico [del recurso] de parte del Estado, por más que sea el 51% de YPF; le va a dar nuevamente un rol protagónico de todo el sector de hidrocarburos. Además se recupera la noción de que se trata de recursos estratégicos, en detrimento de la noción del modelo neoliberal de los 90, que los había puesto en un lugar de una mercancía más en el mercado y, sobre todo, dirigida a los mercados internacionales a través de las exportaciones”.
“Es importante haber dado este paso de nacionalizar el 51% de las acciones, porque sirve para encarar un proyecto de cambio, dar vuelta a una hoja oscura de la historia argentina, que significa el haber perdido la soberanía sobre los hidrocarburos; pero esto no nos garantiza nada de cómo va a ser el proyecto futuro. Argentina tiene que recuperar la soberanía plena de la producción del 100% de los hidrocarburos, YPF sólo representa el 30%”, señaló a Noticias Aliadas Juan José González, economista y docente de la UNCo.
Si bien destacó la importancia en declarar de interés público nacional la actividad del sector, González advirtió: “El pueblo va a tener que estar atento a cuáles van a ser las decisiones que se toman, si representan realmente los intereses nacionales o si las grandes multinacionales van a seguir manejando el petróleo en Argentina”.
En ese sentido fundó sus dudas en la decisión de YPF de asociarse a la estadunidense Exxon para el desarrollo de yacimientos no convencionales. “Si estamos cambiando el collar de Repsol por el collar de Exxon y el perro sigue igual, no hay una intervención del Estado para recuperar la soberanía, porque las empresas privadas van a seguir manifestándose como que los hidrocarburos siguen siendo una mercancía y, por lo tanto, su objetivo es maximizar ganancias”.
Sabbatella, por su parte, relativizó el alcance de esas alianzas: “YPF sola no se va a poder cargar el logro del autoabastecimiento; esto va a ser un esfuerzo conjunto en el que el Estado va a tener que poner reglas muy claras a favor de los intereses del país”.
En tanto, la Confederación Indígena Neuquina, a través de un comunicado público, celebró la expropiación de YPF como “el primer gran paso para recuperar la esperanza de iniciar una nueva etapa, participativa, capaz de superar los resabios del neoliberalismo”. Sin embargo, esta organización, que agrupa a las comunidades afectadas por la explotación de hidrocarburos, advirtió: “Recuperar el autoabastecimiento, ampliar el horizonte de reservas y producción y definir nuevas metas en materias de inversión […] no puede ser nunca más a costa de nuestras vidas, culturas y derechos”.
La megaminería
“Esta medida la diferencio totalmente de lo que es el sector minero, en que la política hasta el momento es diametralmente opuesta, porque el Estado no ha tenido un rol central. En todo caso ha tenido un rol que ha sido promover mayores inversiones, sobre todo de grandes capitales transnacionales”, recalcó Sabbatella. “Se puede intuir que vienen algunos cambios en el sector minero; todo apuntaría a que los estados provinciales y el nacional empiecen a asumir un papel más importante. Hasta ahora lo que más se discute es de qué manera pueden captar una mayor porción de la renta minera. Quizás la discusión que se venga es si esos recursos que se están extrayendo servirían para apuntalar un modelo económico con un perfil más claramente industrializador”.
Para Sabatella es necesario “discutir más a fondo para qué se extrae el oro y un conjunto de minerales que en el país no están siendo utilizados directamente, cuál es el balance entre la necesidad de extraer esos recursos y el impacto ambiental que tiene. Es una tensión también presente en el caso de los hidrocarburos, pero que en definitiva, dadas las necesidades que tiene el país de extraer petróleo y gas —los combustibles fósiles representan cerca del 90% de las fuentes de energía primaria—, se inclina más la balanza por cubrir las necesidades energéticas”.
En tanto, Dimitriu opinó que la creación de empresas mineras provinciales mixtas guarda estrecha relación con el modelo de YPF controlado por el Estado. Y especuló que más que perseguir la captura de una porción “minúscula” de la renta, se buscaría cubrir al sector minero y extractivo en general de los vaivenes políticos que pudiera haber, entre ellos los resultantes de la sostenida oposición a proyectos megamineros en diferentes puntos del país.
