Las provincias quieren reunirse con Cristina para fijar límites a la intervención petrolera

TRAS EL DECRETO QUE REGULA LA ACTIVIDAD EN EL SECTOR
Los gobernadores dicen que es posible pedir la inconstitucionalidad del decreto, porque no contempla que las provincias son las dueñas de los recursos petroleros
Por Pablo Fernández Blanco.- La intervención plena del mercado petrolero a través del decreto 1277 –publicado el viernes en el Boletín Oficial– generó una fuerte molestia entre los gobernadores de las provincias petroleras y las empresas del sector, para las cuales la norma fue más radical, incluso, que la nacionalización de YPF. Pero tras dos días de intentar digerirla, comenzaron a encauzar su ira en reclamos concretos.
Los líderes provinciales intentarán esta semana acordar un encuentro con el viceministro de Economía, Axel Kicillof –erigido como el hombre a cargo del control integral de los hidrocarburos por el decreto– o con la propia presidenta Cristina Fernández. Sus equipos técnicos, de acuerdo con lo que transmitieron a El Cronista desde dos despachos provinciales, intentarán al menos dejar en claro un punto: si la norma se lleva a la práctica a la letra de lo publicado el viernes, implica una violación de la Constitución e incluso de la llamada Ley Corta de los hidrocarburos, una creación del kirchnerismo que descentralizó la administración de los hidrocarburos a favor de los estados provinciales.
Es que en la práctica establece que la exploración y producción de hidrocarburos, su almacenamiento, transporte, refinación y venta es una especie de servicio que las empresas prestan al Estado, encargado de analizar costos y fijar precios de referencia. Será a través de una comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones para el sector que dependerá de Kicillof. El nuevo órgano podrá “asegurar precios comerciales razonables” y tendrá la facultad para “evitar y/o corregir conductas distorsivas”.
También promete utilizar “criterios que regirán las operaciones en el mercado interno y publicará precios de referencia de cada uno de los componentes de los costos y precios de referencia de venta de hidrocarburos y combustibles, los cuales deberán permitir cubrir los costos de producción atribuibles a la actividad y la obtención de un margen de ganancia razonable”.
Estamos esperando el llamado de Nación para esta semana”, explicó un colaborador directo de un líder provincial de vínculo aceitado con la Presidenta. Y ejemplificó: “El decreto establece que las empresas deben informar al Gobierno y cumplir con inversiones, porque de lo contrario serán castigadas. Pero eso es potestad de las provincias, que ya tienen registros, discuten todos los años los desembolsos y son las encargadas de aplicar penalizaciones, como la quita de concesiones”.
En otra gobernación apuntaron un dato importante: si bien la reforma constitucional del ‘94 le otorgó a las provincias la potestad sobre el manejo de sus recursos naturales, algo que consolidó la Ley Corta –son las concedentes de las áreas a explorar y explotar–, el decreto 1277 no contempló a los estados provinciales. Es por eso que le anticipan una corta vida a menos que el Gobierno se siente a negociar con los gobernadores.
En un despacho patagónico lo pusieron en estos términos: “Como va en contra de la reforma del ‘94, cualquier fiscal de Estado pueden plantear la inconstitucionalidad del decreto”.
Varios empresarios de primera línea consultados por El Cronista se mostraron disconformes con la norma. El número uno de una petrolera internacional explicó que si bien “el mercado estaba intervenido en los papeles”, la promesa de fijación de precios de referencia cayó mal. Y si bien reconoció que “todo dependerá de qué precios de referencia se fijen”, añadió que es una mala señal para atraer inversiones.
Los equipos legales de casi todas las compañías pusieron la medida bajo análisis. Tanto en el sector privado como en las empresas consideran que en las próximas semanas comenzarán a aparecer las modificaciones al decreto original.
El Cronista