Ante los violentos acontecimientos sucedidos en la tarde del día de ayer, 27 de noviembre del 2012, en la propia Legislatura provincial de la ciudad de Rawson, el Equipo Diocesano de Pastoral Social de Comodoro Rivadavia, repudia enérgicamente la represión que con toda impunidad ha sido ejercida hacia un grupo de pacíficos integrantes de la Unión de Asambleas Patagónicas que viene manifestándose desde hace tres meses rechazando el Marco Regulatorio que se quiere imponer en la provincia para favorecer la actividad megaminera.
Una vez más, nuestra vida social está siendo fracturada por actitudes de este tipo; una vez más, se apela a la violencia como único lenguaje y metodología coercitiva para imponer decisiones tomadas de antemano y hacerlas pasar como consecuencias de una democracia delegativa.
Acciones como éstas, deliberadas y planificadas, constituyen un signo de intolerancia inadmisible como método de solución de conflictos sociales; el gobierno debe garantizar y respetar a toda la comunidad y a cada uno de sus integrantes el derecho a manifestarse. Rechazamos la pasividad y la inercia de quienes miraban como ajenos, las escenas de represión que concluyeron con heridos, algunos de gravedad. A ellos enviamos nuestra total solidaridad.
La violencia no constituye jamás un modo de abordar las diferencias. Y no la podemos justificar, mucho menos cuando se utiliza para disuadir opiniones distintas.
Nosotros, como Iglesia, proclamamos con convicción de cristianos que la construcción de una sociedad democrática solo se dará si hay participación y protagonismo en paz y que esta debe ser estimulada y protegida desde un estado obligado a resguardar la democracia, rechazando cualquier modalidad violenta de ejercer el disenso.
La violencia es una mentira, como dijo Juan Pablo II, porque va contra la verdad de nuestra fe, la verdad de nuestras tradiciones, la verdad de nuestra humanidad. “La violencia destruye lo que pretende defender: destruye la dignidad, destruye la vida, destruye la libertad del ser humano.” [Juan Pablo II, Discurso en Drogheda, Irlanda, 29 de septiembre de 1979].
Es obligación del Gobierno restituir la escucha, sin negar, dilatar ni desoír los reclamos que traen numerosos pobladores y vecinos a fin de que en el ámbito legislativo se tomen las decisiones más apropiadas al bien común y no al interés sectorial del momento.
Apelamos a que las Instituciones asuman su protagonismo e independencia, contribuyan a la resolución de todo conflicto y se comprometan a sostener y cuidar el frágil tejido social, decididos a obrar como dirigentes y ciudadanos responsables y que nunca más nadie padezca ni sea testigo de violencia alguna.
Pastoral Social de la Diócesis de Comodoro Rivadavia
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