Brasil: Tensión entre Dilma y los estados por la renta del petróleo

Cuando en 2008 fueron descubiertas gigantescas reservas de petróleo frente a las costas brasileñas, el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo que quería que las ganancias provenientes de ese «billete premiado» fueran un «pasaporte para el futuro» mediante su inversión en educación.

El viernes, su sucesora y actual mandataria, Dilma Rousseff, rescató el espíritu de su mentor político al anunciar que propondrá al Parlamento una medida provisoria que obligue a que el Gobierno nacional y las gobernaciones provinciales y municipales inviertan el total de las ganancias derivadas de los royalties del petróleo en educación.

De aprobarse dicho proyecto, el Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) alcanzará su meta de destinar el 10% de su Producto Bruto Interno (PBI) a la educación hasta 2022.

La medida provisoria, no obstante, puede no ser aprobada por el Parlamento, ya que no tiene su eje en la educación, sino que constituye una contrapropuesta del Ejecutivo a un proyecto de ley aprobado por el Congreso -y vetado el viernes por Rousseff- que proponía una nueva distribución de los royalties provenientes de la exploración del petróleo.

El punto que molesta al Congreso no es el que tiene que ver con los destinos de las regalías del petróleo en educación, aunque los legisladores ya advirtieron que no lo aprobarán sin previo debate. El origen de la discordia es la distribución de los royalties del petróleo entre los estados. Actualmente, las regiones no productoras de petróleo reciben porcentajes mínimos de éstos, mientras que el grueso de las ganancias va para los principales productores.

El proyecto de ley vetado por Rousseff, que había sido aprobado por el Senado el año pasado y ratificado por la Cámara baja hace un par de semanas, preveía una redistribución «más equitativa» de los royalties del petróleo, y proponía que esa redistribución se aplicara tanto a los lucros provenientes de los contratos de concesión vigentes como a los que se licitarán a futuro.

Rousseff, en tanto, vetó el viernes el principal artículo del proyecto y anunció que en la medida provisoria que remitirá al Congreso contemplará una redistribución de los royalties similar en porcentajes a la aprobada por el Parlamento, pero que ésta regirá solamente en los nuevos contratos de exploración.

Pero el veto a la esencia de la ley, que fue celebrado por los principales productores de petróleo, Río de Janeiro y Espíritu Santo, generó malestar en los 24 estados no productores, cuyos representantes en el Legislativo fueron precisamente los que lograron la aprobación del proyecto inicial.

Analistas políticos afirmaron ayer que la medida provisoria desatará «una nueva batalla» en el Congreso, donde los parlamentarios de los estados «perjudicados» por el veto ya amenazan con «derribarlo».

 

Objeciones

Una de las principales objeciones al veto es que la llegada de los recursos «extras» a los estados demorará años en materializarse. «Vamos a intentar revertir eso por todos los caminos», advirtió el senador Marcelo Castro, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado del Gobierno.

En la misma línea, su correligionario y relator del proyecto vetado por Rousseff, el senador Vital do Rego, defendió «que se derribe» el veto presidencial.

«Yo lamento la posición de la presidenta en nombre de los 24 estados (no productores), en nombre de todas las bancadas que lucharon (…) por este gran avance social, en nombre de 170 millones de brasileños que querían que esta riqueza no quedara concentrada apenas en algunos pocos municipios. Confieso que me sorprendió esa posición. No obstante, la respeto porque el Congreso también debe ser respetado si derriba el veto», dijo Rego.

Tecnoil