Procesaron al secretario de Energía por no controlar una mina de carbón

El juez Torres responsabilizó a Cameron por incumplir con sus deberes al presidir entre 1997 y 2000 una comisión fiscalizadora; el hecho causó un perjuicio al Estado de $ 37 millonesPor Hernán Cappiello.- El secretario de Energía, Daniel Cameron, fue procesado por la Justicia por no controlar entre 1995 y 2000 a la empresa concesionaria de la mina carbonífera de Río Turbio, en Santa Cruz, y permitir así un perjuicio para el Estado de $ 37.280.000. En 2004 una explosión en la mina mató a 14 obreros.El descontrol que imperó allí permitió en esos cinco años el desvío de parte de los US$ 22,5 millones anuales de subsidios, la transferencia de un buque sin permiso y la compra de dos maquinarias a gas por casi $ 6 millones, cuando en la zona no había ese combustible.

Cameron, que sigue en funciones y depende del ministro de Planificación, Julio De Vido, es uno de los pocos funcionarios procesados mientras ocupan su cargo. Se encuentran en su misma situación y camino a diversos juicios orales los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime -procesado por recibir dádivas y por la tragedia de Once- y Juan Pablo Schiavi, y el ex subsecretario de Transporte Antonio Luna -procesados por la tragedia de Once-, entre otros ex funcionarios.

El procesamiento de Cameron fue dispuesto por el juez federal Sergio Torres, quien ya había procesado al concesionario de la mina, el empresario Sergio Taselli, por fraude a la administración pública, y lo había embargado por $ 45 millones. Al confirmar el procesamiento, la Cámara Federal ordenó investigar a los funcionarios que no controlaron. El fiscal Federico Delgado pidió elevar el caso a juicio.

El juez advirtió que seguirá investigando a los funcionarios hacia arriba. Entre 1995 y 2000 los secretarios de Energía fueron Alfredo Mirkin, César Mac Karthy y Daniel Gustavo Montamat. El ministro del área siempre fue De Vido.

Cameron fue procesado por no controlar entre 1995 y 2000 a la empresa concesionaria de la mina cuando presidía la Comisión de Fiscalización y permitir un perjuicio para el Estado de $ 37.280.000.

Torres procesó junto con Cameron, también por violación de sus deberes como funcionario, a Jorge Enrich Balada, representante en la Comisión de Fiscalización por la Secretaría de Energía entre 1997 y 2000. El delito se castiga con hasta dos años de prisión. Pero sobreseyó a los ex funcionarios Eduardo Sörensen, Enrique Campaña y Fernando Malvasio. Pero el fiscal Delgado apeló ayer el fallo de Torres y reclamó que todos sean procesados por fraude a la administración pública, un delito mas grave que el que eligió Torres, penado con hasta seis años de cárcel. El fiscal entendió que “fueron cómplices de Tasselli & Cía”. Además, añadió que “alguno de ellos [por los funcionarios] haya formado más o menos expedientes, llenado más o menos formularios, confeccionado más o menos informes, no alteró el devenir de la defraudación”, dijo.

“El concesionario hizo cuanto quiso, no cumplió con las pautas del contrato y pese a ello el Estado inyectó fondos que fueron prolijamente sustraídos con la connivencia de quienes debían controlar”, aseguró el acusador.

La mina de Río Turbo fue privatizada en 1994 y el contrato se rescindió en 2002, cuando la empresa se presentó en concurso. En 2004 ocurrió una explosión que terminó con la vida de 14 mineros.

La encargada de controlar la mina era la Comisión Fiscalizadora de Río Turbio, que Cameron integró desde su inicio, en 1995. En su defensa, Cameron, que fue ministro de Economía y Obras Públicas de Santa Cruz, esgrimió una carta que le mandó a Néstor Kirchner en 1995, entonces gobernador de la provincia, donde le pedía fondos para controlar la empresa. Dijo que era imposible hacerlo. Esta situación -para el juez Torres- cambió en 2000 con la llegada de Julio Sörensen a la Comisión de Fiscalización, por eso lo sobreseyó. Pero el fiscal Delgado apeló. El descontrol era tal que no se tenían inventarios de los bienes, maquinarias e inmuebles. “La caótica situación de desmantelamiento documentada […] fue posible, entre otras cuestiones, como consecuencia de la falta de controles adecuados”, escribió Torres en su sentencia. Estas falencias fueron advertidas también en diversos informes emitidos por la Auditoría General de la Nación (AGN).

El juez reprochó que se hubieran adquirido dos máquinas, que no estaban avaladas ni técnica ni económicamente. Son una Turbogas BAR Marca General Electric, por $ 5.942.939 incluidas obras civiles para su emplazamiento, y la otra es una Turbo Gas John Brown 5200 LA. Ambas funcionan a gas, combustible que no existía en la zona.

Además corroboró la transferencia del buque Corrientes II, la simulación del aumento del patrimonio de Yacimientos Carboníferos Río Turbio en $ 10 millones para recibir más subsidios y la modificación de la actividad empresaria de la firma. Dijo el juez que estas “faltas del concesionario fueron posibles gracias a un «dejar hacer» achacable a los miembros de la Comisión de Fiscalización de Río Turbio”, presidida por Cameron.

La Nación