Tierras comunitarias: diputado Morales promovió la prórroga de la ley 26.160

El senador nacional Gerardo Morales presentó la semana pasada un proyecto de ley para prorrogar la Ley 26.160 de emergencia sobre tierras indígenas hasta el 23 de noviembre de 2017. El proyecto -señaló el legislador- responde a una demanda de comunidades indígenas que solicitaron la extensión de la vigencia de la norma y además apunta a contribuir al proceso de regularización de tierras indígenas en Jujuy, generar condiciones para los procesos de titulación y fundamentalmente salvaguardar los derechos territoriales de las comunidades indígenas.
El proyecto promovido por Morales además incluye una cláusula para que se asigne en forma anual y durante cuatro años, “un crédito de $ 17.500.000 destinados a la atención del Fondo Especial creado por la Ley 26.160”.
La ley Nacional Nº 26.160 suspendió la ejecución de sentencias, actos procesales y administrativos, cuyos objetos sea el desalojo o desocupación de aquellos territorios de “posesión” y de “propiedad” comunitaria. Dicha norma –sancionada el 1 de noviembre de 2006- también ordenó al instituto Nacional Indígena el relevamiento técnico jurídico catastral de la situación de las tierras ocupadas por estas comunidades.
Morales puso de relieve que la Ley 26.160 ya había sido prorrogada en 2009 por la Ley 26.554 hasta noviembre de 2013, debido al atraso e incumplimiento por parte del Estado en materia de protección y reconocimiento efectivo de los territorios.
En los fundamentos del proyecto Morales subrayó la histórica lucha por los territorios de los pueblos indígenas y en particular recordó que “en Jujuy esa lucha tiene una extensa historia. Las batallas de Abra de la Cruz en 1874, la Batalla de Quera en 1875, el primer Malón de la Paz en 1946 y el segundo Malón del año 2006 en Purmamarca, son algunos de los hitos de ese proceso”.
También Morales se refirió a los incumplimientos del Gobierno Provincial en concretar la entrega de títulos a comunidades de los pueblos kolla y quechua en particular. En ese sentido, mencionó la protesta que las comunidades de esos pueblos protagonizaron el 22 de abril último, donde entre otras demandas, plantearon la prórroga de la Ley 26.160, ya que sigue siendo necesaria la emergencia para evitar desalojos y otro tipo de actos o medidas que pueda afectar su posesión territorial y su derecho a la propiedad comunitaria.
“El Gobierno de Jujuy ha sellado un nuevo acuerdo con las comunidades para avanzar en el proceso, pero entendemos que se requieren los reaseguros que otorga la Ley 26.160, así como recursos para garantizar la cristalización de las etapas restantes del proceso” acotó Morales en los fundamentos del proyecto.
“Entendemos que en la actualidad persisten algunos de los motivos que dieron origen a la ley en referencia en este proyecto. Y en consecuencia, observamos que siguen siendo necesarias las disposiciones allí previstas, en la medida que proveen reaseguros para los pueblos indígenas, protegiéndoles de eventuales avasallamiento a su derecho constitucional de ocupar los territorios en los que vivieron ancestralmente” agregó.
También Morales destacó que la prórroga de la Ley 26160 evitará eventuales violaciones de derechos y situaciones irreparables que pudieran devenir como consecuencia del lento proceso de regularización y entrega de tierras a las comunidades indígenas.
El proyecto de Morales, establece la extensión del crédito anual destinado al Fondo Especial de la ley 26.160 planteando su actualización según la evolución del Coeficiente de Variación Salarial, Nivel General del INDEC entre 2010 y 2013. Ese fondo, precisó Morales, podrá ser destinado a afrontar gastos vinculados al relevamiento técnico —jurídico— catastral de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas; las labores profesionales en causas judiciales y extrajudiciales y los programas de regularización dominial.
Finalmente, Morales expresó que la prórroga de la Ley 26.160 “brindará un marco de seguridad a las comunidades, al tiempo que establecerá claras limitaciones para evitar agravios a los pueblos indígenas por la propia acción estatal”.
El Libertario