Galuccio y Recalde son los más conocidos en un terreno cuyo control disputan La Cámpora y De Vido. Gestiones con pocos logros y subsidios multimillonarios.
YPF
Galuccio le puso todas sus fichas al acuerdo con Chevron
Miguel Marías Galuccio tiene 45 años y decidió dejar un puesto en Londres para Schlumberger, una gigante de servicios petroleros, para dedicarse a la “recuperación de YPF”. Tardó 15 meses en lograr un acuerdo de alto impacto. La polémica alianza con Chevron para explotar una parte del yacimiento Vaca Muerta.
Gallucio maneja la empresa más grande del país, con una facturación encaminada a cruzar los $ 80.000 millones, después de aplicar hasta un 20% en el precio de las naftas durante los últimos cuatro meses.
En los círculos londinenses que frecuenta Galuccio se dice que tiene aspiraciones políticas, algo que su entorno niega.
Ansioso por arreglar el pleito con Repsol (al que todavía no se le pagó nada en compensación por el 51% de las acciones que le expropiaron) convive con el ministro de Planificación, Julio De Vido, y Axel Kicillof. Entre los tres, comandan la política energética. Durante la gestión estatal, se consiguieron algunas decisiones del Gobierno que agradaron a todas las petroleras, como el aumento del gas en boca de pozo, que pasó de US$ 2,50 a US$ 7,50 por millón de BTU. También hubo un decreto que creó una comisión “hidrocarburíferas” con el potencial de causar mucho daño al sector, pero hasta ahora sólo avanzó en formalidades y no en cuestiones de fondo. La búsqueda de la “soberanía hidrocarburífera” todavía está lejos: se importaron más de US$ 6.000 millones en el primer semestre.
Los honorarios de Galuccio como CEO y presidente de YPF son un misterio. La última asamblea de accionistas autorizó el pago de $ 73,7 millones al directorio, un 67% con respecto al dinero que embolsó en 2012. Pero eso comprende a 17 directores titulares y 12 suplentes, y no todos cobran lo mismo. Los que tienen gestión ejecutiva (como Galuccio o Rodrigo Cuesta) reciben más dinero que el resto. Los gremios saben que una asesoría de imagen en el armado del plan de los 100 días (mayo-julio) costó US$ 1.080.000. El CEO de YPF se viste con trajes estilo “Savile Row” un barrio de Londres en que se hacen ambos a medida con telas exclusivas.
Aerolíneas Argentinas
El protegido de Cristina, eximido de rendir cuentas
No hay manera de separar la gestión de Mariano Recalde, presidente y gerente general de Aerolíneas Argentinas, de la enorme masa de subsidios que ha recibido por parte del Estado. Según la Asociación de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), Aerolíneas recibió 15.100 millones de pesos en subsidios entre julio de 2008 y el 30 de junio pasado. Equivalen a 3.600 millones de dólares según el tipo de cambio promedio de cada año.
Abogado laboralista, integrante del núcleo duro de la agrupación La Cámpora, Recalde llegó a la presidencia de Aerolíneas en julio de 2009, exactamente un año después de la intervención del Estado en la compañía. En estos cuatro años, Recalde fue el administrador de 14.000 de los $15.100 millones de subsidios.
Un diputado de la oposición supo señalar que, con ese dinero, el Estado podría haber construido y equipado una sala de primeros auxilios, cada día, durante los últimos cinco años. Podrían hacerse más comparaciones: el soterramiento del Sarmiento, obras hidráulicas en las ciudades afectadas por las inundaciones, etc. Pero aun asumiendo la necesidad de contar con una línea aérea fuerte, que conecte todo el país entre sí y con el resto del mundo, resulta llamativa la escasa capitalización de Aerolíneas-Austral tras haber recibido esa montaña de dinero: en estos cinco años, sólo compró dos aviones Boeing 737-NG, por 80 millones de dólares, y está pagando a diez años otros veinte Embraer, cuyo precio total es de 700 millones de dólares. El resto de la flota de Aerolíneas está compuesta de aviones alquilados: si se dejara de pagar la cuota de “leasing” cada mes, al cabo de un tiempo habría que devolverlos.
Lo llamativo es que Aerolíneas tiene una facturación que ronda los 1.200 millones de dólares al año. De modo que si con esos subsidios acumulados por 3.600 millones de dólares no se compraron aviones, ¿en qué se gastó ese dinero?
Sólo Recalde y un reducido grupo de funcionarios conocen qué destino se ha dado a esos fondos, ya que la empresa no ha publicado un solo balance desde su estatización.
AYSA
Ben, un sindicalista que reparte funciones con Planificación
Desde que creada en 2006 tras la salida de Suez, AYSA mantiene el mismo presidente. Se trata del platense Carlos Ben, el socio político del líder de la federación gremial de Obras Sanitarias y ex menemista y ahora kirchnerista, José Luís Lingeri.
Luego de integrar la ex Obras Sanitarias, Ben ocupó varias gerencias de Aguas Argentinas y, como representante de los trabajadores, llegó al directorio.
Tras ayudar en la reestatización, Ben alcanzó la presidencia de AYSA con el respaldo del gremio y un acuerdo de reparto de funciones con Julio De Vido.
Con un bajo perfil, Ben le aportó al Gobierno una gestión alejada de conflictos laborales y una administración hasta ahora sin denuncias.
Mientras De Vido adjudica y paga las millonarias obras, Ben maneja una firma que funciona y que casi no genera problemas al Gobierno.
AYSA necesita cubrir las dos terceras partes de sus gastos con subsidios. Entre enero y mayo, el Gobierno ya le giró $ 2.370 millones, un 62% más que en el mismo período de 2012.
De muy bajo perfil –su nombre no figura ni en la pagina web de la compañía–, Tristán maneja un presupuesto anual de $ 3.900 millones y más del 90% de sus ingresos operativos los destina al pago de los sueldos de los casi 16.000 agentes del Correo, la quinta empresa del país en cantidad de empleados.
Se trata de María Cecilia García, militante de La Cámpora que consulta todas sus acciones con Axel Kicillof y Mariano Recalde. Desde que asumió, su principal misión ha sido embarrarle la cancha a LAN.
Internamente maneja la compañía con sus asesores Felipe Rodríguez y Natalia Rebadulla. En abril subió 105% el contrato de seguridad. Según fuentes gremiales, pasó de pagar $ 38 la hora a la empresa USS Seguridad, a $ 78 a Falcón SA.
Además despidió a unos 20 empleados con el excusa de bajar costos, pero los reemplazó con militantes camporistas. Todo indicaría que los servicios que operan sus casi 1.700 empleados serían absorbidos por Aerolíneas. Hasta 2010, la empresa siempre fue rentable. Pero las gestiones kirchneristas la transformaron en deficitaria. Factura $ 400 millones y recibe $ 150 millones de subsidios.
Tras haber sido asesor “todoterreno” en Planificación, Fagyas tiene la complicada misión de reemplazar al devidista Exequiel Espinoza, que manejó Enarsa casi 8 años.
Con el camporista Juan José Carbajales que quedó como vice y con la sangre en el ojo por no haber accedido ascendido, Fagyas tendrá que manejar este año un presupuesto de $ 40.000 millones en importaciones de combustibles, pagos, sueldos y proveedores. Enfrenta gestiones complicadas, como las importaciones de combustibles, la explotación de la destilería Rhasa o la relación con YPF, una “intermediaria de lujo” de ENARSA que se encarga de licitar las compras externas de gas por barco. Por esa tarea embolsa más de $ 30 millones anuales, un gasto muchos en ENARSA califican como “innecesario”.
