Acusados de piratería los dos argentinos de Greenpeace en Rusia

La Cancillería mantiene contacto directo con las familias. Argentina se presentará como garante para que sean liberados. La movida para apoyarlos y la posición de Greenpeace.

El comité de instrucción del tribunal ruso de Murmansk inició ayer la audiencia para fijar los cargos que se les imputan a los treinta activistas de Greenpeace detenidos el 19 de septiembre pasado cuando intentaban escalar a una plataforma petrolera en el Artico como modo de protesta ambientalista. Entre los treinta detenidos se encuentran los argentinos Camila Speziale y Hernán Pérez Orsi, que durante la audiencia de ayer fueron imputados junto a otros doce militantes por los cargos de piratería, que enfrentan condenas de 10 a 15 años. La Cancillería argentina anunció que asiste a los detenidos y a sus familias desde el primer momento y presentará una carta del gobierno argentino como garante para que los dos ciudadanos argentinos sean liberados y permanezcan en Rusia hasta tanto se sustancie el juicio. La madre de Speziale organiza una junta de firmas internacional, mientras que la esposa de Pérez Orsi anunció que está ultimando los detalles para viajar con su hija de un año a Rusia para acompañar a su marido mientras está detenido. El director ejecutivo de Greenpeace en Argentina expresó que los activistas “están siendo acusados arbitrariamente de la comisión de un delito que no se configura en el derecho internacional ni en el derecho ruso”.

Los hechos por los cuales fueron detenidos los ambientalistas ocurrieron el 19 de septiembre, cuando desde el Arctic Sunrise, buque de Greenpeace, intentaron escalar la plataforma petrolera Prirazlomnaya –ubicada en el Artico y que comenzará a explotar la empresa rusa Gazprom a principios de 2014–, para alertar sobre el peligro que la actividad implica en esa zona, rodeada de tres reservas naturales protegidas incluso por la legislación rusa. La Guardia Costera los detuvo y remolcó el buque hasta la bahía de Murmansk y los activistas quedaron a disposición de la Justicia, que fue disponiendo dos meses de prisión preventiva a medida que declaraban, según dijeron, por “peligro de fuga”.

Ayer el comité de instrucción anunció los cargos de 14 de los detenidos y hoy continuará con los restantes 16. “Nuestros activistas no tenían ninguna intención de apoderarse de la propiedad de nadie. No había ningún acto criminal”, sostuvo Mijail Kreindlin, abogado de Greenpeace en Rusia.

El canciller Héctor Timerman aseguró que “desde el primer día tras el arresto de los dos jóvenes, Argentina estuvo en permanente contacto con la familia y envió un funcionario diplomático al puerto en el Artico para tomar contacto con ellos. Fuimos el primer país en hacerlo”. Timerman agregó por la Televisión Pública que “yo recibí a la familia y le he pedido al gobierno de la Confederación Rusa que por razones humanitarias les permitiera a los jóvenes el contacto telefónico con sus familias”. Además, Timerman informó que fue contratado un abogado “no para que lleve el caso en nombre de Argentina, sino para que estudie la causa y nos diga si los abogados que están a cargo de la misma están llevando bien el caso”.

Por otro lado, Margarita Malig, esposa de Pérez Orsi, dijo que está realizando los trámites necesarios para viajar a Rusia y acompañar a su marido “durante los meses que permanezca detenido. Estoy haciendo los trámites pertinentes para poder viajar junto a mi hija, Julia, de un año, y acompañar a mi esposo durante los meses en que permanecerá detenido en ese país”, dijo Malig, quien es estudiante de Psicología y profesora de Pilates. “Nos hemos reunido con autoridades nacionales como Daniel Filmus y el ex canciller Jorge Taiana en Buenos Aires, quienes se han comprometido y solidarizado con nosotros tras este aberrante hecho”, señaló la joven. Filmus, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, “se comprometió a impulsar una declaración en solidaridad con los ambientalistas argentinos, lo que para nosotros es un gran apoyo de parte de las autoridades de nuestro país”.

El director ejecutivo de Greenpeace en Argentina, Martín Prieto, dijo que la piratería “es uno de los delitos más graves que tienen los códigos penales del mundo” y consideró que “es inadmisible que se aplique a 30 pacifistas que fueron a protestar de modo inofensivo”. Greenpeace afirma que la plataforma se encuentra en un estado técnico “amenazante para el ecosistema ártico” y que fue puesta en marcha “con un gran número de fallos técnicos y sin un plan de liquidación de fugas”.

Página/12