Ayer el juez de Clorinda, Garzón, quien tiene a su cargo todas las causas en contra nuestro, ha procesado a nuestro qarashe y a tres hermanos más, Clemente Sanagachi, Miguel Kisinakai y Eugenio Fernández.
Queremos transmitir nuestra preocupación por la decisión de este juez y denunciar la criminalización que está haciendo la provincia de Formosa contra nosotros.
En estos momentos estamos acusados en 3 causas: por usurpación de nuestro territorio, por atentado a la autoridad a mano armada, por robo de armas, por lesiones graves y leves, por instigación a cometer delitos e incluso por abuso sexual y homicidio.
Nos acusan de todos estos cargos falsos pero no hay ni un policía, ni un gendarme, ni un funcionario provincial imputado en alguna causa.
Tampoco hay pruebas contra nosotros, no las hay pues son inventadas.
La causa en la cual ayer el juez de Clorinda procesó a nuestros hermanos es la nº 741/2011. Fue la causa que armó la provincia en la mañana del 23 de noviembre del 2010 para luego justificar la represión. Tan obvio resulta el armado previo de los sucesos que en pocas horas se presentaron más de 200 policías de toda la provincia a reprimirnos.
Esa mañana la familia Celia nos denunció por haber cortado un alambre suyo, hecho que nunca ocurrió. Nosotros estábamos sobre la ruta en reclamo de la detención de la sede universitaria que se quería instalar en nuestro territorio. A las dos horas llegó la policía. Cuando nos acercamos miembros de la familia Celia dispararon a nuestro qarashe Félix Diaz delante de la policía quien si bien fue testigo de los hecho no hizo nada.
Luego la policía activó la segunda parte del plan que fue simular que nosotros les quitamos las armas, los agredimos y además que abusamos sexualmente de una oficial de policía frente a todo el mundo.
Lastimosamente, el juez Garzón dio lugar a los testimonios falsos y contradictorios que elaboraron en conjunto la familia Celia y la policía pero no dio crédito a nuestros testimonios y testigos, uno de ellos Claudio Morgado.
Son miles las contradicciones que existen en el expediente de las declaraciones de los policías y de los Celias.
Queremos denunciar públicamente la trampa jurídica que nos están tendiendo, la cual es muy difícil de desactivar cuando está planeada por los funcionarios provinciales, los jueces provinciales y la familia Celia que ocupa nuestro territorio.
Nuestros abogados del CELS apelarán esta injusta sentencia.
Somos gente pacífica y de bien.
Estamos siendo perseguidos por la provincia de Formosa y sus aliados por atrevernos a denunciar los delitos provinciales.
Por eso están intentando criminalizarnos hasta destruirnos.
