Los documentos que entregue Bjorkman deberán desclasificarse y entregarse a la defensa del Estado ecuatoriano en Denver, para ser usados después en el Arbitraje de La Haya y poner al descubierto la forma fraudulenta en que litiga la compañía.
Chevron sufre 3 reveses legales en apenas un mes y medio. El primero, en la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito en Denver (Colorado, EE.UU.), que el 13 de noviembre pasado decidió permitir al Estado ecuatoriano hacer uso de miles de documentos que la petrolera pretendía tener en reserva. Segundo, que la Corte Nacional de Justicia de Ecuador resolvió, a inicios de octubre, archivar y declarar maliciosa la denuncia que Thomas F. Cullen, uno de los abogados de la compañía, presentó contra el juez Juan Núñez, grabado clandestinamente mientras comentaba que, supuestamente, la petrolera iba a perder el juicio. Tercero, la ratificación de la sentencia condenatoria por parte de la CNJ.
A decir de Juan Pablo Sáenz, uno de los abogados de los 30 mil afectados por la contaminación de Texaco (Chevron), y del procurador general del Estado, Diego García, estos aspectos son importantes dentro de los juicios para que el mundo conozca la verdad.
“Este es un logro importante del Ecuador en la batalla legal que emprendió Chevron en contra de nuestro país, y es un nuevo fracaso para la petrolera en las Cortes de Apelación de EE.UU., como consecuencia de las acciones que hemos iniciado para obtener pruebas que puedan ser usadas como evidencia dentro de este arbitraje de inversiones, en el caso Chevron III”, destacó García.
Tales documentos demostrarían que la compañía intentó minimizar y ocultar la contaminación en Sucumbíos y Orellana, lo cual fue objeto del litigio en la Corte de Lago Agrio, en un juicio que duró más de 20 años y que sentenció a Chevron (en todas las instancias judiciales) a pagar 9.500 millones de dólares de indemnización.
Para evitar ese pago, Chevron emprendió una campaña de desprestigio y juicios contra los afectados y el Estado, entre ellas, la demanda en la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, el 23 de septiembre de 2009. Allí Chevron aseguró que Ecuador violó los términos del Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones (TBI), suscrito entre Ecuador y EE.UU., al no dar un trato justo y equitativo a los inversionistas estadounidenses.
El 7 de julio de 2011 el Tribunal resolvió que Ecuador pague $ 96 millones a la empresa. La Corte de La Haya estableció que la justicia ecuatoriana violó las normas de Derecho Internacional al demorar más de 15 años los fallos de estas demandas comerciales. Ante ello, la Procuraduría argumentó que el TBI fue firmado en 1993 y entró en vigor 5 años después de que Texaco dejara el país, por lo que no se puede hacer un uso retroactivo de la ley y el mismo contrato no lo estipula así. Entonces, el Estado presentó una acción de nulidad contra ese dictamen, que se ventila hasta la actualidad.
Dentro de ese proceso, la transnacional argumentaba, por ejemplo, que no podía facilitar documentos de su experto ambientalista Bjorn Bjorkman, porque estaba protegida por la Doctrina de Protección del Trabajo del Abogado. Pero la Corte de Denver decidió que dicha ley no era aplicable para este caso.
Esa información es importante porque le permitirá a Ecuador argumentar legal y documentadamente ante La Haya.
Los documentos que entregue Bjorkman deberán desclasificarse y entregarse a la defensa del Estado ecuatoriano en Denver, para ser usados después en el arbitraje y poner al descubierto la forma engañosa en que ha venido litigando Chevron, usando para ello su fuente técnica y su influencia para falsear los resultados químicos de las muestras de suelo y agua en zonas afectadas por la contaminación.
“Siempre dijimos que Chevron no usaba parámetros técnicos para tomar pruebas, que habían cosas raras en cuanto a los laboratorios que la empresa utilizaba para analizar las muestras”, dijo ayer Juan Pablo Sáenz. Pese a no ser parte del juicio Chevron III, el abogado de los afectados estima que de permitirles acceder a esa documentación, sería importante para las acciones de ejecución de cobro de la indemnización de $ 9.500 millones que debe pagar la petrolera.
CANTAUTOR AUTE DIFUNDIRÁ EL DAÑO CAUSADO
“Me cuesta mucho imaginarme 900 pozos abiertos y dañando toda la ecología de la zona. Lo veré con mis ojos”, dijo Luis Eduardo Aute antes de llegar al pozo Aguarico 4, que fue abandonado por Chevron-Texaco en 1992 en la provincia de Sucumbíos.
El cantautor, junto a una activista española, una delegación de periodistas y académicos brasileños, recorrieron ayer el pozo y las áreas adyacentes para constatar el daño ambiental causado por la petrolera estadounidense al no utilizar las técnicas y procesos correctos para la explotación petrolera.
El artista de renombre mundial, quien ha publicado 3 poemarios, dirigido 7 películas y realizado múltiples exposiciones de pintura, calificó como ‘una bestia viva’ al crudo que sintió al meter su mano en la piscina de agua de formación.
De igual manera, consideró indignante que la multinacional no reconozca su responsabilidad, por lo que se comprometió a ser, en sus viajes, un vocero de la campaña ‘La Mano sucia de Chevron’.
Aute, quien se definió a sí mismo como un defensor de las causas justas, firmó un manifiesto de apoyo a Ecuador, el cual rechaza también la demanda de arbitraje internacional presentada por la empresa ante la Corte Permanente de La Haya, que atenta contra la soberanía ecuatoriana.
Monserrat Ponsa, una militante española que colabora en la fundación Cultura de Paz con Federico Mayor Zaragoza, expresidente de la Unesco, expresó que la paz no es solo la ausencia de guerra sino también que las poblaciones tengan un lugar adecuado para vivir y no deban trasladarse. “Por lo tanto, que no se contaminen los ríos, los suelos, es un derecho”, dijo Ponsa.
La activista -proveniente de una familia de médicos- advirtió además que los productos tóxicos que Chevron derramó en la Amazonía ecuatoriana son causa de muerte. “La prensa muchas veces no explica lo que ocurre, por eso he tenido que venir aquí y ver qué pasa”, declaró la española, quien permanecerá dos días en Lago Agrio.
EL ABOGADO DE LOS AFECTADOS TESTIFICA
Steven Donziger, el abogado norteamericano de los perjudicados ecuatorianos, testificó el lunes pasado ante la Corte del juez Lewis Kaplan en Nueva York, en el juicio RICO, entablado por Chevron contra los afectados por la contaminación dejada en la Amazonía ecuatoriana, acusándolos de intentar extorsionar a la compañía.
El abogado de Chevron, Randy Mastro, al recoger el testimonio de Donziger, le preguntó con insistencia si lidera o no la defensa del caso ecuatoriano y cuánto recibiría por honorarios si ganan el juicio. “Yo trabajo para ellos, no ellos para mí”, replicó Donziger. Chevron pidió a Kaplan calificar como irrelevante este testimonio y el juez todavía no se pronuncia.
