Antonio Rossi.- Tras la pérdida del autoabastecimiento y el impacto económico y fiscal cada vez más marcado de las importaciones de combustibles, el Gobierno va camino a sumar otro traspié en el sector energético.
Pese a que aún faltan dos años para poder alcanzar la meta del 8% de “energía eléctrica verde” establecida en la ley 26.190, la administración kirchnerista salió a admitir anticipadamente el fracaso del programa de generación con recursos renovables (GENREN) y ahora prevé sancionar a las empresas privadas que no llevaron adelante los proyectos adjudicados hace más de tres años.
A principios de 2010, la estatal Enarsa –que depende del Ministerio de Planificación de Julio De Vido– había aprobado 32 iniciativas para instalar casi 900 MW de generación “verde y renovable” que iban a disparar inversiones privadas por US$ 2.000 millones.
El 85% de los proyectos correspondieron a energía eólica y el resto a emprendimientos solares, térmicos con biocombustibles y biomasa y pequeñas hidroeléctricas. Los oferentes fijaron los precios en dólares que querían cobrar y el Estado les garantizó la compra de la energía por 15 años.
A pocos meses de que se cumplan cuatro años de las adjudicaciones,sólo el 24% de las obras se encuentran terminadas o en construcción. Ante esa situación, los funcionarios de Planificación y Enarsa decidieron emplazar a las empresas para que presenten antes de fin año los financiamientos prometidos y los planes ejecutivos de cada proyecto. Las que no cumplan con esos requisitos, serán castigadas con la rescisión de los contratos, los cuales se volverían a licitar en los próximos meses.
Hasta ahora, Emgasud-Genneia que tenía 180 MW éolicos sólo pudo concretar 80 MW. En el caso de Isolux, de los 200 MW aprobados sólo tiene en ejecución 50 MW y otros 50 MW a punto de cerrar la financiación. De los 155 MW que había ganado, Impsa logró encaminar dos proyectos por 75 MW, mientras sigue buscando asistencia crediticia para otros 80 MW. En cambio, otras firmas como Sogesic, Patagonia Wind Energy, International New Energies y Energías Sustentables no pudieron instalar ninguno de los 219 MW que se habían adjudicado.
Las empresas sostienen que no pueden cumplir con sus compromisos porque los bancos y fondos de inversión frenaron los créditos a largo plazo por la incertidumbre que generan las políticas del Gobierno. Entre los aspectos más críticos señalan la falta de acuerdo con el Club de París, la disputa con los bonistas, el cepo cambiario y las trabas a la remisión de ganancias.
Y otro riesgo no menor que marcan los empresarios y los bancos es la situación de CAMMESA. Pese a que es la que garantiza la compra de energía, la administradora del mercado eléctrico no cuenta con recursos propios y solo sobrevive con los millonarios subsidios mensuales que recibe del Estado.
