Nicolas Gandini.- Corría mediados de septiembre cuando un alto directivo de Aluar, el único productor de aluminio de la Argentina, se reunió con un funcionario cercano a la Comisión de Coordinación y Planificación de Inversiones Hidrocarburíferas para abordar un tema específico: el encarecimiento de los precios del gas motorizado por la caída de la oferta local y la escalada de las importaciones de LNG y desde Bolivia.
La postura del hombre cercano a Axel Kicillof, entonces viceministro del Palacio de Hacienda, era clara: a raíz del aumento del valor del hidrocarburo, Aluar debería reacomodar su esquema de precios. “Están pagando por el gas US$ 1,70 por millón de BTU que consumen cuando al resto de las grandes industrias le cuesta por encima de US$ 3,50. Hay que actualizar el importe”, exigió.
La respuesta del enviado de la empresa presidida por Javier Madanes Quintanilla -que el año pasado sonó como el candidato del Gobierno para encabezar la UIA- fue taxativa. “Si nos aumentan el precio del gas, estaríamos obligados a reducir la operación y a suspender personal.Dejaríamos de ser competitivos”, espetó.
En pleno escenario electoral, la Casa Rosada optó por evitar un nuevo conflicto que podría incidir en su ya deteriorado caudal de votos, pero el tema siguió en la agenda del área energética del Gobierno. Más cuando el Ejecutivo ha empezado a subsidiar -a través del Plan Gas I y Plan Gas II- con mejores precios del gas en boca de pozo (hasta US$ 7,50) a los productores para reactivar la inversión. La intención oficial es que las industrias empiecen a acompañar esa tendencia alcista para reducir el costo fiscal del Tesoro nacional.
De hecho, en diciembre desde la Comisión exigieron a las petroleras que no abaraten el gas que venden a las industrias –por cuestiones estacionales, en los meses de verano hay más oferta del fluido, por lo que su precio disminuye-, a fin de priorizar el abastecimiento a las centrales eléctricas, según confirmaron a El Inversor Online desde dos productoras gasíferas.
Frente a ese escenario, Pan American Energy (PAE), la segunda petrolera del país y el mayor productor de gas de la cuenca del Golfo San Jorge, tomó la decisión de rescindir el próximo 17 de enero el contrato de abastecimiento firmado con Aluar, según comunicó ayer la propia empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV). La compañía de aluminio consume 2,1 millones de metros cúbicos diario (MMm3/día) del hidrocarburo, un 1,4% de la producción total argentina y un 18% del volumen que inyecta PAE, controlada por la británica BP y Bridas, de los hermanos Bulgheroni y la china CNOOC.
Desde la petrolera evitaron realizar declaraciones, pero allegados a la gobernación de Chubut, a cargo de Martín Buzzi, indicaron que los diferendos entre ambas empresas vienen desde hace un tiempo. “Estaban negociando una serie de puntos en los que no hubo acuerdo. Es más, el año pasado Aluar inició acciones judiciales cuando el Gobierno ordenó la reducción del suministro de gas a industrias durante el invierno”, precisó una fuente que está al tanto de la operación.
El contrato de abastecimiento de Aluar -firmado a fines de los ’90 y prorrogado en 2007 hasta 2027- liga el precio del gas a la evolución del importe del aluminio a nivel mundial, un indicador que en los últimos años se mantuvo deprimido como resultado de la sobreoferta del producto. A raíz de eso, el importe actual del fluido ronda los US$ 1,70 por millón de BTU. Es exactamente la mitad de lo que pagan, en promedio, las grandes y medianas industrias que consumen, al menos, más de 5000 m3/día del hidrocarburo, cuyo precio no baja de los 3,50 dólares.
Con todo, en la industria nadie espera que el próximo 17 de enero PAE corte efectivamente el suministro a la fábrica instalada en Puerto Madryn (Chubut). “Eso obligaría a la suspensión inmediata de la planta y lo cierto es que no es sencillo para Aluar encontrar en tan poco tiempo un productor que le aporte volúmenes tan significativos de gas. Lo más probable es que las partes alcancen un nuevo entendimiento”, precisaron las fuentes consultadas.
Aluar informó que las partes encararán un proceso arbitral bajo la órbita de la Cámara de Comercio Internacional. En ese marco, la empresa designará un árbitro, PAE nombrará otro y el tercero se definirá en conjunto. En caso de que avance -si no se llega a un acuerdo privado antes, como cree la mayoría de la industria-, el proceso podría extenderse como máximo por dos años
