Una de las condiciones sine que non del acuerdo consesuando entre Repsol y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que indemnizó ayer a la española (con bonos por u$s 5.000 millones) por el paquete accionario de 51% que tenía en YPF y que le fue expropiado en abril de 2012, exigía que las partes desistan de los juicios impulsados en distintos tribunales (locales e internacionales). Sin embargo, en el listado de litigios que se estableció en el anexo del arreglo, de las 28 causas mencionadas e iniciadas por Repsol y por terceros contra la Argentina y/o YPF, curiosamente no figura una que todavía sigue en curso y que le podría costar al Estado nacional millones de dólares.
Se trata de una demanda de un grupo de accionistas minoritarios de la petrolera que conduce Antonio Brufau (inversores agrupados en la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), junto con otros particulares) que se inició en mayo de 2013. El Cronista había informado en su edición del 15 de agosto sobre este juicio que demanda al Estado argentino por daños y perjuicios, a raíz de la expropiación. El reclamo además del planteo inconstitucional apunta a compensar el uso que, según los demandantes, se hizo gratuitamente de los derechos accionarios durante todo el período en que el país confiscó sin pagar las acciones mientras usaron los derechos. En la demanda entienden que el pago que se efectuó es por la propiedad de las acciones.
Si bien en la demanda no está especificado un monto concreto de reclamo (porque se estableció que sería objeto de determinación mediante una pericia y en el momento en que se inició la demanda no había certeza en cuanto al valor de la compañía), le podría costar a la Argentina millones de dólares.
El Estado, en su momento, respondió a la demanda alegando que los argumentos no tenían legitimidad. Hoy el expediente se encuentra en la Cámara Contencioso Administrativo Federal para resolver en qué juzgado continuará el juicio. Consultados por este diario, los abogados apoderados de AEMEC se remitieron a explicar que: el expediente actualmente está en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, para resolver si nuestro juicio continúa su trámite en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 7 (que corresponde a la juez María Cristina Carrión de Lorenzo) junto con la causa Repsol YPF S.A. c/ Estado Nacional Dec. 530, 732/12 s/ Proceso de conocimiento o en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 5 (cuya juez subrogante es Alejandra Biotti) junto con la causa Brufau Niubo, Antonio y otros c/ EN PEN Ley 26741 DTO 530 532/2012 s/ Daños y perjuicios. A su vez, explicaron que, hasta el momento, no han recibido ningún llamado por parte de los representantes del Estado.
Las causas sujetas a desistimiento fue una de las exigencias inamovibles que planteó la Argentina durante las negociaciones con Madrid. La expectativa del Gobierno apuntó a que el levantamiento de los juicios ayudaría al ingreso de capitales al país. Vale recordar que dentro de los juicios que se habían impulsado, Repsol había demandado en tribunales internacionales como el Ciadi, a empresas como Chevron por haber invertido en proyectos con YPF
