La trastienda de la nueva ley petrolera

LAS FORMAS DE CONCESIÓN Y EL CANON DE INGRESO A LAS ÁREAS DIVIDEN A LAS PROVINCIAS DE LA NACIÓN. EL DIVORCIO DE YPF Y GYP.

Del nuevo marco legal que se acordará el lunes depende el desarrollo de Vaca Muerta.

El borrador para comenzar a discutir la nueva ley de hidrocarburos salió el fin de semana pasado del despacho del secretario legal de la Presidencia, Carlos Zannini. Su “autor intelectual” fue el CEO de YPF, Miguel Galuccio. Pocas horas tardó en filtrarse a la prensa, hecho que enfureció a varios funcionarios de la Casa Rosada. El texto, con errores de ortografía y plagado de vaguedades, encendió la alarma entre los gobernadores petroleros por la sola presencia de una construcción: “licitaciones competitivas”.

Todos interpretaron que detrás de esa idea difusa se esconde la voluntad de cercenar de algún modo los mecanismos de concesión de las provincias, por ejemplo, apartando del medio a las petroleras provinciales. Y otros, haciendo una lectura aún más profunda, que la intención es allanar el camino para que YPF se quede con el mercado.

El lunes a las 18:30 los gobernadores se verán las caras con la presidenta Cristina Kirchner en Olivos. De no haber inconvenientes, se firmará allí una suerte de pacto petrolero que será la antesala de la nueva ley que elaborará el Congreso. De todos los mandatarios, el neuquino Jorge Sapag será el que más pondrá en juego. Sabe que lo que salga de allí será nodal para el desarrollo de Vaca Muerta, la apuesta energética del país.

El problema de fondo, por estas horas, tiene menos que ver con el petróleo y más con el real state y la economía financiera. Los temas en discordia son varios, pero hay dos que calientan el debate: el canon de ingreso y la presencia de GyP en áreas clave para YPF.

DERECHO DE PASO

Cada vez que una empresa ingresa a un área petrolera, ya sea por concesión o a través de un contrato de sociedad, debe pagar lo que en la industria se conoce como “fee” o canon de ingreso. No es otra cosa que una suerte de “alquiler” de largo término, que se calcula en función del valor de mercado del metro cuadrado. Mientras más atractiva es el área o más facilidades tiene encima, más cuesta ingresar a ella.

La Provincia puede elegir cobrar ese canon o bien, como se hizo hasta ahora con GyP, optar porque las empresas inviertan ese dinero en el yacimiento. En cualquier caso, se trata de sumas importantes, discutidas por las petroleras, y que pueden hacer tambalear un negocio.

YPF ya tiene presencia en muchas de las áreas calientes del shale neuquino, pero si quiere desarrollarlas deberá, como hizo en Loma Campana, firmar un nuevo contrato por 35 años. Por consiguiente, habrá que pagar un canon. Salvo que alguna nueva ley, con anuencia de la Provincia, le ahorre ese dinero. O inclusive, como se hizo en el acuerdo con Chevron, pueda cobrar al menos una parte del mismo: de los 1.240 millones de dólares que puso la estadounidense para “entrar” al bloque, la mitad correspondía a la petrolera nacional.

“Yo no creo que sea YPF el que tenga que participar de todas las decisiones. Hay momentos en que la Provincia va a tomar sus decisiones y va a tener sus bienes, sus activos, sus bloques y puede perfectamente pactar como hemos hecho con Exxon”, sostuvo Sapag en la jornada organizada por “Río Negro Energía” el pasado martes. El mandatario fue más allá y recordó que “en el caso de YPF, en las 20 UTE que tiene con la provincia del Neuquén, no pagó canon de ingreso”. Fue una forma de poner un límite a la negociación, aunque él mismo se afanó en la semana por mostrarse concertador. La futura ley se encuentra por ahora envuelta en una nebulosa, sólo alimentada en un borrador que esconde más de lo que dice.

EL DIVORCIO

Las 20 UTE a las que se refiere el gobernador (terminan siendo 23 si se suman las de la ex Apache) son bloques a los que tuvo acceso YPF luego de asociarse con GyP, que se subió a todos los contratos con un carry de 10 ó 15%. Tal como adelantó este diario, la gestión estatal busca ahora sacar del medio a la firma provincial, “comprándole” su participación pero sin pagar en efectivo. Plantean un “swap” o intercambio de áreas.

Los 23 bloques en cuestión ocupan unos 6.700 kilómetros cuadrados sobre la Cuenca Neuquina. En todos opera YPF o la actual Yacimientos del Sur y en algunos están presentes otras firmas como Exxon, Total, EOG o las empresas Kilwer y Ketsal, vinculadas con el grupo Vila-Manzano.

Varios de esos kilómetros cuadrados son marginales. Pero hay al menos cuatro áreas calientes: La Amarga Chica, Bajo del Toro, Bajada del Añelo y Pampa las Yeguas. Para esos cuatro bloques YPF tiene planes de desarrollo de no convencionales y analiza lanzar pilotos como el de Loma Campana en el corto plazo.

Para Galuccio, la presencia de GyP en esos contratos complica el arribo de inversores. Es que la petrolera provincial es un socio pasivo, porque no aporta dinero. El CEO de YPF asegura que el carry disminuye la Tasa Interna de Retorno (TIR) de los proyectos y aventura que encarecerá el crédito para poder desarrollar las áreas. Por eso, ordenó a los abogados y técnicos de la empresa que se sienten a negociar la salida de la petrolera provincial. La prioridad es La Amarga Chica, donde ya existe un MOU firmado con Petronas que podría pasar a la realidad el año que viene.

En la entrevista que se publica en la página 6 de este suplemento, el flamante presidente de GyP, Alberto Saggese, sostiene que su compañía no de desprenderá de activos petroleros y adelanta que sólo se aceptarán canjes de áreas. No se descarta tampoco que YPF pueda pagar por esa participación con parte de las acciones que le corresponden a la Provincia.

En la industria creen que la próxima ley buscará evitar que las empresas provinciales puedan subirse a los contratos como ha hecho hasta ahora GyP. Sin duda será otro tema de debate en la reunión del lunes.

roberto aguirre