Son parte de la asociación con la petrolera Chevron; busca aplicar ya una sentencia de la Corte
Silvia Pisani.- Son movimientos paralelos. Mientras esperan al Gobierno para “discutir” sobre el pago de los bonos que mantienen en default, los llamados fondos buitre se pusieron en marcha esta semana con acciones concretas para identificar bienes argentinos y embargarlos para satisfacer reclamos de deuda impaga por “2700 millones de dólares”.
En línea con lo anticipado por LA NACION, y de acuerdo con información judicial a la que tuvo acceso este diario, el movimiento de los buitres fue inmediatamente posterior al lapidario fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, del que hoy se cumple una semana.
El lunes pasado, el máximo tribunal norteamericano les dio la razón a los también llamadosholdouts en dos expedientes de fondo. Uno es el del llamado pari passu, del que depende el pago de 1330 millones de dólares (aunque el Gobierno habla ahora de 1500 millones).
El otro es el llamado “Discovery”, por el que los fondos reclaman información de bienes argentinos radicados en el exterior con el propósito de embargarlos para garantizarse el cobro de sus acreencias.
Con este último fallo en la mano, el pasado martes 17 (esto es, apenas 24 horas después de que los magistrados se expidieron) los demandantes se presentaron ante la Corte de Apelaciones del distrito número 9, con jurisdicción en California, para demandar acciones concretas sobre la identificación de activos argentinos.
En concreto, lo que solicitaron a los jueces fue información sobre activos de YPF de los que tuviera en conocimiento la empresa norteamericana Chevron. Ésta es la petrolera norteamericana con la que el gobierno de Cristina Kirchner negoció un acuerdo para la explotación del yacimiento Vaca Muerta, ubicado en gran parte de la provincia de Neuquén. “Lo que esto demuestra es que el fondo NML Elliot no espera ni tiene por qué hacerlo. Acaba de ganar un juicio”, recordó a LA NACION un abogado con acceso al expediente.
“Los fondos están ahora en la etapa que se denomina «ejecución de sentencia». Es algo que va muy rápido y que es automático. Es el paso natural que sigue a ganar un juicio”, abundó la misma fuente. “Parece obvio, pero es el Gobierno el que no parece entenderlo”, añadió.
Desde esa perspectiva, lo que sí podría eventualmente detenerlo es un acuerdo entre las partes. En el supuesto de que se den los pasos para lograrlo y haya consenso.
Mientras tanto, el mecanismo se sigue moviendo. “NML Elliot posee deuda impaga de la Argentina por 2700 millones de dólares”, arranca la presentación que abogados de ese fondo realizaron ante la Corte de Apelaciones de California. La cifra difiere de la de 1330 millones planteada en el fallo de Thomas Griesa, en razón de que estos fondos tendrían más bonos en su cartera por cuyo cobro no se presentaron ante el tribunal.
Lo que pide el texto es que se ordene a Chevron que “cumpla” con la orden judicial que se desprende del llamado “Discovery” y asista a ese fondo en la identificación y localización de “activos argentinos” pertenecientes a YPF. La presentación apela a la decisión de la Corte según la cual los activos de esa naturaleza no están protegidos por el Acta de Inmunidad Soberana.
Con el firme apoyo del gobierno de Barack Obama, los abogados de la Argentina habían argumentado ante el Tribunal Supremo que esos bienes estaban protegidos y que no suministrase información alguna sobre ellos.
La Casa Blanca envió, incluso, a un procurador general para que explique ante los magistrados el temor a que la revelación de ese tipo de informaciones genere “acciones recíprocas” en contra de activos norteamericanos.
Pero los jueces se atuvieron a derecho. “Si hay acciones recíprocas, le tocará al Poder Ejecutivo atenderlas; no a la justicia”, argumentaron, y produjeron un fallo a favor de que se permita el acceso a información sobre bienes argentinos para embargarlos. Con la notificación de Elliot, se espera que la Corte de California produzca un fallo pronto.
“Con el aval del Supremo, no sólo no tiene razones para obstaculizar el pedido de informes a Chevron, sino que, además, tampoco las tendría para demorar la decisión”, explicaron las mismas fuentes.
La nota lleva la firma de los abogados Joshua Hess, Steven Engel y Dennis Hranitzky, todos ellos en representación de NML Capital, el fondo del millonario Paul Singer.
En los últimos meses, NML hizo presentaciones del mismo tipo en tribunales de Estados Unidos para lograr información sobre bienes argentinos de distinta naturaleza.
Entre ellos, activos supuestamente vinculados al matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner, así como del empresario Lázaro Báez. También, activos estatales en poder de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Todos ellos podrían seguir un camino similar al tratamiento que ahora se pide para los informes que la petrolera Chevron pueda tener sobre activos de YPF.
