Síntesis
Los abajo firmantes, integrantes de la ASAMBLEA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACION DE LA DEUDA Y POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL Y LOS BIENES COMUNES nos dirigimos a toda la población para compartir nuestra mirada sobre los últimos acontecimientos relacionados con la deuda pública.Ante la crisis desatada por el fallo Griesa, el gobierno y la amplia mayoría de la dirigencia de la oposición conservadora acuerdan en exigir más dolor y sudor a las mujeres y hombres de nuestra tierra para pagar, una vez más, la nueva deuda que se va a emitir para cancelar la vieja. Eso es lo que se viene haciendo en los arreglos con Repsol, con el Club de París y con las empresas que habían presentado demandas en el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial. Eso es lo que se quiere hacer con los fondos “Buitres”. Es la continuidad de las privatizaciones a precio vil, el desmantelamiento de las infraestructuras y servicios productivos y sociales; las legislaciones y excepciones que consagran privilegios, concesiones y contratos a las transnacionales y sus socios nativos, la entrega de los bienes comunes, el agua, la tierra, el mar, el aire, los territorios, la agricultura y alimentación sana y abundante, los bosques y glaciares, para la explotación y exportación sin controles de Commodities, expulsando nuestras poblaciones rurales y campesinas de sus territorios, amontonándonos en megaciudades insustentables como población descartable. Eso es lo que se ha venido haciendo con la Barrick Gold, con Monsanto, Syngenta, Dreyfuss, Cargill, Alumbrera, Chevrón, IRSA y una larga lista de empresas transnacionales extractivistas, la gran banca y sus socios “nacionales”. Todos ellos son Griesa; todos son buitres.
Pretenden reconocer la facultad de tribunales extranjeros para que conozcan o decidan en materia referida a la deuda pública del Estado Nacional, lo que constituye una violación de nuestra norma fundamental, la Constitución Nacional. Y mientras se habla de cumplir el fallo de un juez extranjero, nada se dice del fallo del Juez Ballesteros, que ya en el año 2000, en la causa promovida por Alejandro Olmos, dio por probados no menos de 477 ilícitos cometidos por funcionarios públicos, en el proceso de endeudamiento que dio origen a los bonos que hoy se pagan religiosamente o cuyo pago se busca acordar. Ese fallo dejó en claro que el Congreso de la Nación podía hacer uso de la importante evidencia acreditada en la causa para determinar la “eventual responsabilidad política que pudiera corresponder a cada uno de los actores en los sucesos que provocaran el fenomenal endeudamiento externo argentino”.
Aparte de este precedente en la justicia de nuestro propio país –y de las numerables investigaciones judiciales aún en curso– existe doctrina jurídica internacional que establece la primacía de los derechos humanos por sobre cualquier contrato de deuda y que habilita la revisión y eventual anulación de la denominada “deuda odiosa”.
Así como la sociedad argentina, con sus organizaciones de derechos humanos a la cabeza, logró en 30 años de luchas abrir el camino a la memoria del genocidio dictatorial, y al juicio y castigo de sus principales responsables, debemos asumir que “la otra pata” del zarpazo dictatorial, el endeudamiento y la entrega del patrimonio común de los argentinos, no fue hasta el momento abordado y confrontado por las instituciones como parte de un mismo problema, con un origen común y sistémico en la dictadura iniciada en 1976, y continuado por los gobiernos de los siguientes 30 años. Es por ello que la demanda social en ese sentido debe continuar.
La Constitución de nuestra República atribuye al Congreso Nacional, el mandato indelegable de manejar la deuda. Consideramos parte de esa obligación revisar sus orígenes y aplicación, identificar las responsabilidades políticas y promover las acciones judiciales pertinentes. Sólo así el Estado Nacional estará en condiciones de defender los derechos y el patrimonio de nuestra población, y reclamar ante todos los estados, empresas y organismos financieros internacionales “acreedores”, la reparación de lo que se ha pagado indebidamente. Si así no lo hiciere el Parlamento, es el movimiento popular el que debe actuar en consecuencia.
Está probado que esa deuda viciada en su origen jamás se utilizó para mejorar las condiciones de vida del pueblo argentino. Por el contrario, financió la represión sistemática por parte de la dictadura cívico-militar, la fuga de capitales, la apertura indiscriminada de la economía al exterior que destruyó nuestra industria y consagró un modelo de producción extractivista y financiarizado.
Por todo lo expuesto, queremos invitar a todos los hombres y mujeres de nuestra patria a debatir públicamente y movilizarnos a favor de:
• Cambiar el modo de tratar el problema de la deuda: Suspensión inmediata del pago de la Deuda Pública hasta no determinar su legitimidad. Rechazar el fallo del juez Griesa y de cualquier otro tribunal extranjero, en relación con la deuda del Estado Nacional. Exigir al Congreso de la Nación que investigue la legitimidad de la deuda originada bajo la última dictadura militar y de los gobiernos constitucionales posteriores, incluyendo el “blindaje”, el “megacanje” y todas las reestructuraciones. Con las evidencias demostradas, modificar el esquema de pagos anulando todos aquellos originados por deuda ilegítima. Sanción de los responsables y reparación de los daños. Requerir la asistencia de la comunidad internacional en el reclamo de la República Argentina para que se sancione la co-responsabilidad de los prestamistas.
• Recuperar la soberanía nacional: Modificar todos los contratos de la deuda subsistentes, designando como agente de pago de la deuda del Estado Nacional al Banco Central de la República Argentina o al Banco Nación, pasando todos los bonos con legislación extranjera a legislación local y estableciendo como nuevo domicilio de pago la CRYL (Central de Registración y Liquidación de Endeudamiento Público del BCRA). Dar de baja la contratación del estudio de los abogados estadounidenses Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton. Solicitar a la justicia nacional y al parlamento que declaren la inconstitucionalidad de cualquier acto administrativo o contrato que implique el reconocimiento de la jurisdicción de jueces extranjeros en materia de deuda pública. Denunciar los llamados “tratados bilaterales de protección de inversiones” y establecer que la República Argentina deje de formar parte del CIADI.
• Cambiar el modelo productivo: transformar el modelo productivo reprimarizador y extractivista sobre la base de la preservacion de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Subordinar las políticas de endeudamiento público a las prioridades del nuevo modelo productivo. Establecer una contribución fiscal de emergencia, pagadera en divisas, sobre quienes fugaron capitales en la última década (más de u$90.000 millones) y sobre quienes detentan activos en el exterior (más de u$200.000 millones).
