Los indígenas, grandes olvidados del paquete legislativo de Cristina

El derecho a la tierra debió ser atendido en 2010. Fueron excluidos de las reformas del Código Civil y la ley petrolera.

Por Marcelo Helfgot.- Ya no son los Pedro de Mendoza, los Juan Manuel de Rosas o los Julio Argentino Roca. Para los más de 600 mil habitantes de comunidades indígenas los nuevos conquistadores son la soja, los hidrocarburos y la minería.

Esas explotaciones se expandieron en la última década y la máxima protección que recibieron los pueblos originarios del kirchnerismo fue la sanción de una ley de emergencia, en 2006, para congelar el desalojo de las tierras que lograron conservar tras siglos de avance del “hombre blanco” . La medida se estableció por cuatro años, durante los que debía completarse un censo previo a la sanción de una legislación de fondo que dispusiera la “normalización dominial” de esos territorios. “La superficie en disputa equivale a 455 veces la Ciudad de Buenos Aires ”, repitieron varios diputados.

Desde entonces, las hectáreas en litigio se extendieron y la única respuesta del Congreso, ya bajo el mandato presidencial de Cristina Kirchner, fue la de prorrogar dos veces la emergencia, al punto que vencerá recién en noviembre de 2017. Sin soluciones integrales, en ese lapso se produjeron numerosos hechos de violencia contra poblaciones indígenas, tanto de parte de particulares como de policías provinciales, con los asesinatos de integrantes de la etnia qom en Formosa y Chaco como casos emblemáticos. Así lo registró un severo informe del relator de la ONU sobre los derechos indígenas.

En la batería de proyectos enviados por la Presidenta al Parlamento en los últimos meses, tratados con prioridad VIP por la mayoría K, los indígenas –nucleados en unas 20 etnias– volvieron a ser grandes excluidos.

El pasado martes, en el Senado, comenzó a tratarse la reforma de la Ley de Hidrocarburos en comisión. La rionegrina Magdalena Odarda, de la Coalición Cívica, objetó: “En ninguna parte el proyecto menciona siquiera a los pueblos indígenas, a pesar de que yacimientos como el de Vaca Muerta se encuentran precisamente en el centro de un área ocupada ancestralmente por el pueblo mapuche , tal como sucede con las comunidades Kaxipaiñ, Painemil, Gelay co, Wiñoy Folil , entre otras”. Ningún miembro del elenco oficialista, que dirige otro rionegrino, Miguel Pichetto, propuso analizar la propuesta de contemplar el problema.

Tampoco en la reforma del Código Civil, que la Cámara de Diputados convirtió el miércoles en ley, figuran los derechos indígenas. En este caso el motivo fue otro: las quejas de esas comunidades por el modo en que se había incluido el tema en el proyecto original, desconociendo las particularidades de su modo de organización.

El Consejo Plurinacional Indígena había advertido que “el borrador del nuevo Código Civil atenta contra los derechos de los pueblos originarios al considerar, entre otros aspectos, a las comunidades indígenas como asociaciones civiles o fundaciones, negando así la realidad jurídica que las sitúa antes de la creación del Estado”. Y sostuvo que “la visión del derecho privado nada tiene que ver con la cosmovisión indígena”.

Para evitar protestas, el oficialismo quitó el tema del proyecto el año pasado para tratarlo en una ley especial que nunca tuvo voluntad de debatir. Así las cosas, los pueblos originarios aún esperan que se cumpla el precepto de la reforma constitucional de 1994 que dispone reconocerles “la propiedad comunitaria” de sus tierras.

Clarín