Lo aseguró Antonio Gómez, fundador de la red de Fiscales Ambientales de América, y actual fiscal de Cámara Federal de Tucumán.
Desde pingüinos empetrolados hasta residuos patógenos sin tratamiento, pasando por las secuelas contaminantes de la actividad petrolera y gasífera y el uso descontrolado de agroquímicos, todos son delitos penales ambientales. “Son muchas las actividades que generan contaminación, siempre con connivencia o negligencia de funcionarios públicos, y las víctimas somos todos”, advierte Antonio Gómez, fundador de la red de Fiscales Ambientales de América, y actual fiscal de Cámara Federal de Tucumán. El experto estuvo ayer en Roca, invitado por el fiscal general de Río Negro, Marcelo Álvarez, para brindar un taller sobre esa materia del que participaron funcionarios judiciales, representantes de organizaciones ambientalistas y varios referentes de organismos públicos.
“Si el narcotráfico afecta a un 20% de la población, los delitos ambientales afectan al 100%. Eso nos tiene que servir para dimensionar la gravedad del asunto”, sostiene Gómez, quien durante el taller demandó de los fiscales más compromiso en la investigación de este tipo de delitos y a la vez alentó a la ciudadanía no sólo a denunciar “ante la primera fiscalía que tengan a mano” sino también a participar de las causas como querellantes, aun con la advertencia de que habrá “presiones de empresas internacionales aliadas con los gobiernos, interminables trámites de deslindes de competencia judicial y temor de los propios denunciantes, de los fiscales y de los jueces”.
“El fracking y los agrotóxicos pueden ser mortales, pero no hace falta que alguien muera intoxicado para que exista delito; alcanza con que se genere el peligro, con que se violen los reglamentos, con que se falseen los estudios de impacto ambiental”, aclara Gómez, quien a lo largo de su carrera ha intervenido en causas tan paradigmáticas como la mina La Alumbrera de Catamarca o los derrames de petróleo en la costa chubutense.
“Detrás de cada delito penal ambiental hay un funcionario corrupto”, advierte el fiscal, condenando -por ejemplo- las cláusulas “secretas” del acuerdo Chevron-YPF en materia ambiental y el “pase de pelota” entre la Justicia Federal y los juzgados provinciales que termina dejando impunes muchos delitos que afectan al ambiente. “El poder económico y el poder político son aliados en estos casos, donde la variable de ajuste termina siento la seguridad ambiental para garantizar el rédito empresarial. Por eso el responsable penal siempre es el que se beneficia económicamente con la contaminación y el funcionario que se lo permite, convirtiéndose en cómplice”, sostiene Gómez.
Sin dudarlo advierte que el sector más gravemente contaminado en la Argentina es hoy la zona del río Matanza – Riachuelo, en Buenos Aires. Las opiniones, dictámenes y otros trabajos del expositor en materia de derecho penal ambiental pueden leerse en los sitios web www.fiscaliagraltucuman.gov.ar o en www.fiscalgomez.com.ar.
