El experto en deuda externa y asesoriparlamentario argentino , Alejandro Olmos, decidió desmentir al Ministro de Energía de Macri, Juan Aranguren, sobre la denuncia judicial contra él, por la importación de gas de Chile.
1.- No es mi costumbre efectuar imputaciones penales sin tener elementos de juicio para hacerlo, y aún en ese caso, solo trato de que la justicia lo determine. Es mi obligación como ciudadano, denunciar cualquier transgresión a la Ley, y en el caso del Ministro, solo pedí a la justicia federal que “investigue la posible comisión de un delito” No lo di como una certeza, sino como algo que debía ser materia de una investigación judicial. Al respecto cabe mencionar que en otra denuncia limitada al costo de las contrataciones, el Fiscal Federal Carlos Stornelli solicitó medidas de prueba, imputando al Ministro y se ordenó el allanamiento del Ministerio de Energía, YPF y la Oficina Anticorrupción. Pidió en su resolución al juez todos los expedientes y actuaciones vinculadas a la compra de gas a Chile en los que hubiera intervenido Enarsa, Solgas, ENAP, Endesa Chile, Metrogas, Enge y Grupo GOF Suez, por lo cual parece que hay representantes del Ministerio Público Fiscal, que están cuestionando la legalidad de tal contratación.
2.- Dice el Ministro que el Ministro de Hidrocarburos de Bolivia le envió un correo electrónico informándole que Bolivia no iba a poder entregar los 19 millones de m3 de gas por día pactados en el contrato, sino solo 15.4 millones de m3 por día en el primer semestre y 19 millones de m3 en el segundo semestre del año. No me consta la existencia de ese correo, ni el ministro jamás hizo mención a esa imposibilidad de Bolivia. Pero además Esa afirmación se contradice con reiteradas declaraciones del Ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Ing. Luis Alberto Sánchez, que manifestó que Bolivia estaba cumpliendo estrictamente con sus compromisos con la Argentina, que había duplicado su producción de gas, y que en caso de que la Argentina necesitara mayores entregas, era cuestión de acordarlo. Esas declaraciones, constan en la página web del Ministerio de Hidrocarburos, y a ellas me ceñí para entender que no existían problemas de suministro por parte del país hermano.
3.- De las propias afirmaciones del Ministro Aranguren surge, que, en el período invernal, Bolivia iba a suministrar 19 millones de m3 de gas, aumentando lo que enviaba en el primer semestre.
4.- Dice la declaración que el gas que ofreció Chile no había posibilidad de licitarlo, y ello entra en contradicción con los informes del Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia, de que si tenían producción de gas suficiente.
5.- Sostiene que contrariamente a lo manifestado por nosotros respecto a la contratación directa, ello está autorizado por el Decreto 1023/2001 art. 25 d en sus incisos 3 y 5. Evidentemente el Ministro no ha interpretado las referidas normas, ya que las mismas, autorizan como excepción la contratación directa, siempre que no existan sustitutos y esa contratación debe fundarse debidamente, mediante el informe técnico que corresponda. En ese informe además deberá estar documentada la exclusividad de la provisión de gas de manera exclusiva. En resumen, ese informe deberá demostrar que no existe otra alternativa que el camino que se ha elegido, lo que en este caso me parece que no ha ocurrido. Y digo esto, debido a que la nota de ofrecimiento del gas chileno, fue remitida el día 21 de abril. El supuesto informe técnico se firmó el día 22, con una inusitada rapidez impropia de un análisis exhaustivo para una contratación de esa naturaleza, y ese mismo día fue aprobado por las autoridades de Enarsa. No resulta entendible tal urgencia, porque el gas que se compraba recién sería utilizado en el período invernal.
6.- Dice que las comparaciones de precio que hacemos respecto al valor de lo que se le paga a Chile es una verdad expuesta en forma maliciosa. El ministro se equivoca nuevamente, porque solo mostramos que el precio de estas nuevas contrataciones excede en un 130% de lo que se paga a Bolivia y no resulta lógico una diferencia de precio tan significativa Respecto a que la empresa chilena era la única que podía ofrecer gas y de allí el precio pagado, es una simple afirmación del ministro que habría que acreditar indubitablemente. Y digo esto, porque si Bolivia podía entregar más gas en el segundo semestre, no existía un solo oferente, sino que se estaba privilegiando la oferta que le hizo el ministro de Energía chileno Máximo Pacheco, en el mes de marzo.
7.- No es cierto como dice el Ministro que el contrato no sea secreto y tenga cláusulas de estricta confidencialidad. Según la información de que dispongo, existe una condición en la oferta que dice textualmente así: “Las partes de obligan a guardar estricta confidencialidad y reserva sobre la información relativa a la presente oferta indicativa. Esta obligación comprende tanto la prohibición de comunicar a terceros dicha información, así como la obligación de manejarla y almacenarla de forma tal que razonablemente sea adecuada para impedir el acceso de terceros a la misma” Esto de la confidencialidad fue además expuesto por el Presidente de ENARSA en declaraciones públicas. Respecto a este punto de la confidencialidad no me resultó extraño y lo puse de manifiesto, debido a que el Poder Ejecutivo ordenó a YPF, que desconociera la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no diera a conocer el texto del contrato celebrado con Chevron, desconociendo no solo un fallo del más alto tribunal del país, sino ejerciendo inaceptables chicanas procesales, para que no se conozcan los términos del mismo.
8.- Dice que podríamos haber solicitado los contratos o haberlo consultado al Ministro. Indudablemente pareciera ignorar que es obligación de los funcionarios cumplir con la obligación de la información pública, máxime en circunstancias como esta, donde supuestamente se celebraron contratos para solucionar parte del problema del suministro de gas.
9.- Que es cierto que los proveedores de las empresas chilenas no tienen porqué comunicar a ENARSA quienes son sus proveedores de Gas, ni el Ministro tener incidencia en ello, pero de ninguna manera puede ignorar que la empresa de la que él tiene más de 16.000.000 millones de pesos en acciones, es la que controla a Bristish Gas, que exporta el gas a Chile. Alguien que presidió la filial argentina de Royal Dutch Shell hasta hace unos pocos meses, no puede ignorar, lo que por otra parte consta en la propia información que esa empresa da a conocer públicamente.
10.- Me llama la atención que el Ministro no diga nada de haber cedido a la especie de chantaje de la empresa chilena, de que se le pagara el gas por adelantado por no confiar en la Argentina, tal como lo declararon públicamente las máximas autoridades de ENARSA. Que no diga que el contrato está sometido a una jurisdicción extranjera y a la legislación de otro país, que no mencione que no se quisieron aceptar las cartas de crédito del Banco de la Nación. En definitiva, que no reconozca, que hubo que ceder a todas las pretensiones chilenas porque de lo contrario no se hubiera celebrado el contrato, tal como lo confirmaron públicamente las autoridades de ENARSA. Y que ignore que Solgas está controlada por Engie Suez, empresa que ha litigado contra la Argentina en el CIADI, obteniendo un laudo favorable que nuestro país deberá pagar.
11.- El ministro Aranguren enfatiza que toda su conducta como funcionario ha sido encuadrada y lo será por la ley 25188. Creemos que su interpretación de la ley no es acertada.
Tal como consta en la declaración jurada que presentara en la Oficina Anticorrupción, el Ministro, posee 16.326.051 de pesos en acciones clase A de Royal Dutch Shell PLC, empresa de la cual depende la filial argentina Shell, tal como surge con toda claridad del sitio web de la empresa www.shell.com.ar, la que tiene su domicilio legal en la Avenida Roque Saenz Peña 788 de esta ciudad autónoma de Buenos Aires.
El inc b) del artículo 13 de la Ley de Ética Pública (25188) establece la incompatibilidad en el ejercicio del cargo, el de ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado donde desempeñe sus funciones. Shell, de la cual el Ministro es accionista es proveedor del Estado. A su vez, el artículo 15 de la norma citada establece que debe abstenerse de tomar intervención en cuestiones relacionadas con personas o asuntos con los que estuvo relacionado los últimos tres años o tenga participación societaria. Es decir que la incompatibilidad es manifiesta, especialmente cuando por el cargo que ostenta el Ing. Aranguren, todo lo relacionado con la política energética, está bajo su control. A su vez ha manifestado que se va a excusar en caso de tener que tomar intervención, en cuestiones relacionadas con Shell, delegándolas en funcionarios de su Secretaría. Ello es verdaderamente un sofisma, ya que todos los Secretarios y Subsecretarios dependen funcionalmente del Ministro, y resulta absurdo suponer que toda decisión que tomen, no estará en conocimiento del ministro y cuenten con su autorización. Por otra parte resulta obligatorio que toda decisión que tome cualquier Secretario y Subsecretario del Ministerio de Energía, esté no solo en conocimiento del Ministro, sino cuente con su autorización, debido a la superioridad de su rango.
12.- Resulta inconcebible juzgar la política petrolera argentina y su fracaso, cuando Aranguren presidente de la británica Shell (basta del cuento angloholandesa), que importa, refina, transporta, comercializa y ahora extrae petróleo y gas de argentina, fue corresponsable con Julio De Vido del fracaso de la política hidrocarburífera. El cambio trágico ocurrido en los últimos años se muestra en 3 etapas: 1) Argentina exportó GN a Chile, 2) Luego Argentina dejó de exportar GN a Chile, 3) Chile importa GNL de otros países (ahora de Noruega y próximamente de Qatar y África). 4) Chile exporta GNL gasificado a Argentina 5) Shell pone al ministro de Energía de Argentina.
14.- Hay formas muy usuales de realizar actos incorrectos. En el caso del Ministro Aranguren es clara su dependencia: 27 años en la Shell además de conservar una importante cantidad de acciones de la empresa y 6 meses en el gobierno argentino. A los efectos de cubrirse supuestamente, cuando existe alguna cuestión relacionada con la empresa que presidió y de la cual es accionista, se abstiene de firmar o decidir, pero lo hace alguien que depende funcionalmente de él, o sea su segundo en la burocracia oficial. Lo mismo ocurre, cuando alguien que depende de él y ha sido funcionario de una petrolera como Pan American Energy o alguna otra, se excusa de intervenir, entonces es el Ministro quien decide. Como puede verse, es el sistema donde los aspectos formales encubren la realidad.
15.- No es posible dejar de mencionar quienes son los que manejan hoy la política energética: Secretario de Recursos Hidrocarburíferos: José Luis Sureda, ex Vicepresidente de Pan American Energy, a quien se le prorrogó ilegalmente la concesión de Cerro Dragón hasta el año 2043.
Secretario de Planeamiento Estratégico: Daniel Redondo. Ex Gerente de Exxon Mobil
Subsecretario de Política Tarifaria: Andrés Chambuleyron: Perito contra la Argentina en cinco demandas iniciadas en el CIADI
Subsecretario de Explotación y Producción: Marcos Porteau: ex funcionario de la Petrolera Tootal
Subsecretario de Refinanciación y Comercialización: Pablo Popik. Ex funcionario de Axion Energy
Subsecretario de Administración y Coordinación: Sebastián Scheimberg. Miembro del estudio Montamat, quien fue perito en el Ciadi contra la Argentina
Resulta claro que esta estructura administrativa está representada por personas que han defendido siempre el interés privado y han participado en empresas petroleras, que además de fugar capitales, como quedó probado en la investigación que hizo la Cámara de Diputados en el año 2002, siempre le disputaron a YPF el negocio del petróleo, ya desde la época del Gral. Mosconi
11. Finalmente, debo reconocer que es cierto que el Ministro Aranguren llamó al Senador Solanas, y que uno de sus colaboradores mantuvo numerosas llamadas telefónicas conmigo acordando la posibilidad de una reunión privada entre el Ministro, Solanas y yo, pero ocurre, que con fecha 2 de junio los senadores Solanas, Rodriguez Saa, Linares, Odarda, Pichetto, Luenzo, Caserio y Pereyra decidieron que el Ministro debía concurrir a dar explicaciones al Senado, y no ser este asunto materia de una reunión privada entre el Ministro, Solanas y yo.
En este trabajo que tratamos de hacer en defensa del interés público, creemos que todas las negociaciones que haga el Estado deben ser transparentes, y no materia de sospechosas negociaciones confidenciales y reservadas, a las que solo acceden los que intervienen en las mismas.
