Por David Mottura
Avanzan un casillero, retroceden dos. A veces, los petroleros; a veces, las empresas. La crisis que arrastra Chubut hace más de seis meses arrinconó a los sindicatos a pelear contra la flexibilización laboral, que les quita derechos adquiridos. Las operadoras y las empresas de operaciones especiales tiran la cuerda con el dominio del juego porque tienen a YPF a su favor, es decir, al gobierno nacional.
Los sorpresivos telegramas de suspensión de San Antonio Internacional a 260 operarios fue una estocada contra los sindicatos para obligarlos discutir la reestructuración del trabajo en los yacimientos. Los dirigentes saben que los “viejos” no aceptarían planes de flexibilización laboral que los afecten directamente y que haya despidos en el camino. Jorge Ávila no está dispuesto, además, de tropezar a riesgo de que las bases traduzcan su bronca en las urnas el 4 de noviembre, la fecha de las elecciones sindicales.
La promesa de YPF es que redefinirá su plan de inversiones en la cuenca del Golfo San Jorge, con la mirada puesta en sostener los puestos de trabajo. El reclamo de los sindicatos es que tienen que subir 14 equipos de torre, pero los delegados en las rutas comentaban el martes que una alternativa sería subir menos equipos. Mejor algo que nada, por ahí viene la primera propuesta de la operadora controlada por el Estado nacional.
Breve historia de la crisis
Los sindicatos y las operadoras fijaron una tregua de seis meses el 1 de febrero de este año, una tregua que fue puesta al límite de manera permanente: el primer semestre petrolero incluyó piquetes, telegramas y negociaciones. El gremio empresarial más duro es la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE) que tiene como socios a gigantes como Halliburton, Weatherford, Baker Hughes, Key Energy, Schlumberger, San Antonio Internacional, entre otras. El presidente es Adolfo Sánchez Zinny, de Bolland.
“La secuencia lógica era empezar por Neuquén porque es la provincia que dio muestras en sus gobernantes, empresarios y dirigentes sindicales que está dispuesta a hacer su aporte, pero la continuidad es que las otras cuencas petroleras deberían tener un esquema similar más rápido que lento. Por eso esperamos tener homologado este acuerdo en la semana para ir a buscar lo mismo en Chubut y Santa Cruz”, afirmó el empresario a Télam el 9 de febrero.
Las declaraciones agravaron la relación con los sindicatos de la cuenca del Golfo San Jorge con la CEOPE y abrió, aún más, la grieta con el neuquino Guillermo Pereyra, que firmó el procedimiento de crisis en su área de influencia que abarca a operarios de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Las suspensiones rotativas de la mano de obra ociosa fueron rechazadas porque el objetivo sindical era sostener la totalidad de las fuentes laborales sin reducción salarial.
Al no tener éxito con el Plan A, CEOPE pasó al Plan B: el esquema de ocho horas para redistribuir personal en los turnos, siempre que haya ajustes en las horas taxi que, en concreto, significa una baja en los sueldos. Al mismo tiempo, el sector empresarial apuesta fuerte a las negociaciones dentro de la Comisión Técnica, creada en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación, para aplicar cambios en el trabajo con viento, las tareas en turnos nocturno y la reubicación del personal que está sin tareas (algo de estas intenciones adelantamos en marzo).
El gobierno nacional se comprometió a prestar el Ministerio de Trabajo e incluso la Casa Rosada para las “mesas de monitoreo de la crisis”, de modo de mantenerse al día del acuerdo de paz social. Lo cierto es que se concretaron muy pocas de estas reuniones pese a que iban a efectuarse todos los días 25 de cada mes. Mientras tanto, las operadoras, en especial Pan American Energy, YPF y Tecpetrol, embolsaron el “barril criollo”; los 10 dólares adicionales por barril de exportación; la deuda de 2000 millones de dólares de Petróleo Plus, Gas Plus y Refino Plus; y los reembolsos por puertos patagónicos que se estima en cuatro dólares por barril comercializado en esa vía.
Hasta fin de año la administración de Mauricio Macri avala el acople de los precios internos del crudo con los internacionales; así se pondrá fin al “barril criollo” (67,50 dólares para el Medanito y 54,90 dólares para el Escalante). La industria deberá acomodarse a los nuevos precios -o redimensionar la situación, como gusta decir en el sector- y Chubut tiene que pensar en las regalías que perderá al liquidarse con precios bajos. Luego del “Julio Negro”, quedó claro que la volatilidad de los precios del petróleo seguirá un buen tiempo, una controversia mundial entre potencias petroleras que está fuera del control de la cuenca del Golfo San Jorge.
