Malargüe, Mendoza, 07 de agosto de 2017.
Comunicado de la Asamblea por los Bienes Comunes de Malargüe
Ante la información publicada en diversos medios de comunicación, referida a la autorización del gobierno provincial para explorar y explotar petróleo por parte de la Empresa El TREBOL S.A., en el área Puesto Rojas, distante a escasos kilómetros de la ciudad de Malargüe y del río Salado que forma parte de la cuenca del Atuel, mediante el método de “fractura hidráulica – fracking” en 4 cuatro pozos: “PETRE.MD.N.CP-1013”, “PETRE.MD.N.CP-1015”, PETRE.MD.N.CP-1017 y pozo “YPF.Md.Nq.PR-59”. La Asamblea por los Bienes Comunes de Malargüe, repudia y rechaza esta decisión ya que:
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Viola la Ley Nacional 25.675. que establece instancias obligatorias como Estudio de Impacto Ambiental, audiencia pública, los respectivos dictámenes técnicos sectoriales y el principio precautorio.
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Resulta vergonzosa, la actitud del actual gobierno y la de los actuales funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, al argumentar que por “tratarse de pozos que ya existían y fueron explotados de manera convencional, sólo bastaba una resolución interna (789/17) para dar inicio al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental”, cuando en realidad se trata de un proyecto completamente diferente al cual esos pozos fueron perforados. Siendo además una empresa diferente la que lo lleva a cabo, de capitales suizos (país donde esta actividad contaminante está prohibida).
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Se desconocen los reales impactos de este proyecto ya que el organismo que realiza la Evaluación de Impacto Ambiental (Fundación CRICyT) efectuó una parte de la evaluación. No se contempla la perforación y terminación de los pozos que ya ha sido aprobado. Desconociéndose públicamente hasta la fecha el estudio de dicha evaluación.
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No se han tenido en cuenta los impactos en el paisaje, la flora, fauna, ni en la actividad ganadera tradicional. Tampoco se plantean medidas de remediación a mediano y largo plazo, una vez concluido el proyecto.
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Este método de extracción, fracking, es una modalidad de explotación que aún no se encuentra regulada en la legislación mendocina y además, está prohibida por su gran impacto ambiental en más de 12 (doce) países de Europa y gran parte de Estados Unidos.
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Los dictámenes del Departamento General de Irrigación y la Fundación CRICyT (una entidad privada) que pretenden avalar técnicamente este proyecto, concluyen sosteniendo que “los trabajos a desarrollar podrían afectar las fuentes y la calidad del recurso hídrico subterráneo y superficial” (folio 8 pag´Nº7, de la resolución Nº813). No obstante, dichos organismos aprueban este proyecto.
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Qué es la misma empresa TREBOL S.A., la que deberá realizar el monitoreo del recurso hídrico subterráneo y no un organismo diferente. Sembrando serias dudas acerca de la credibilidad de estos análisis. Dejando una vez más, el Estado en manos de los privados e interesados en el negocio extractivista, el control de los impactos ambientales, en este caso, el agua nuestro bien más preciado.
Por lo expuesto, La Asamblea por los Bienes Comunes de Malargüe:
-Rechaza públicamente la autorización “como prueba piloto” del gobierno provincial de la explotación petrolera no convencional (fractura hidráulica- fracking) en el departamento de Malargüe, utilizando importantes cantidades de agua del río Salado, afluente principal de la cuenca del río Atuel.
-Alerta a la comunidad que se trata de una actividad altamente contaminante que podría afectar directa e indirectamente: los acuíferos locales por el uso de productos químicos tóxicos; el aire por la emisión de productos químicos y liberación de gases de efecto invernadero como el metano; el suelo, la fauna, flora y la salud de los pobladores cercanos al área petrolera de Puesto Rojas. Además de impactar negativamente en la actividad ganadera y el turismo.
-Hace más de 40 años que se extrae petróleo en Malargüe, a lo largo de estas décadas hemos sido testigos de los numerosos accidentes y denuncias por impactos ambientales que genera esta actividad, y de la incapacidad para controlarlos por parte del Estado. Siendo escasos los beneficios para los legítimos habitantes de estos territorios(los puesteros), donde se practica la explotación hidrocarburífera, quiénes ni siquiera se ven favorecidos como parte de la mano de obra que insume el sector.
Por lo expuesto, exigimos a la brevedad:
-Que estos territorios no sean saqueados y contaminados, por la extracción petrolera no convencional (fracking) y la minería a gran escala que destruyen la vida y los bienes comunes. Enfrentando a los pueblos, mientras las empresas se enriquecen y empobrecen a nuestros pobladores.
-El respeto hacia las comunidades locales que viven en estos territorios afectados por el extractivismo.
-La promoción con políticas de Estado eficaces, de las actividades culturales y económicas más sustentables, como la ganadería y el turismo.
-La protección de nuestra vida, nuestros bienes comunes como el agua, la tierra, el aire, la fauna, la flora, los recursos naturales y el buen vivir de quienes habitamos estos territorios.
-La implementación del principio precautorio ante esta actividad, sin que seamos usados como “prueba piloto” para establecer si los resultados son contaminantes o no.
Denunciamos y repudiamos la reiterada intención del gobierno provincial y nacional de imponer en nuestro departamento actividades extractivas contaminantes, que NO apuntan al desarrollo local ni al bienestar, como el fracking y la megaminería, cuando ni siquiera es capaz de controlar la explotación petrolera convencional.
Asamblea por los Bienes Comunes de Malargüe.
Adhieren a este comunicado:
Asambleas Mendocinas por el agua Pura (AMPAP)
