MATRIZ ENERGÉTICA Y BIENES COMUNES | CONTEXTO: CAMBIO CLIMÁTICO, TRANSICIÓN JUSTA, DEMOCRACIA ENERGÉTICA
La crisis actual que involucra los niveles económico, político, social, cultural y ambiental ponen en tela de juicio, no sólo las estructuras económicas, sociales, políticas y ambientales adoptadas con el surgimiento de la economía de mercado, sino la idea misma del progreso que pretende imponer el sistema capitalista.
Como trabajadores estamos convencidos que pensar en desarrollo es pensar en el desarrollo de las personas, no en el de las cosas y esto nos lleva a dar el debate respecto del modelo de producción y consumo que tenemos, para plantearnos cuál es el que necesitamos y queremos.
La historia nos muestra que nuestras sociedades necesitan incrementar el flujo y la intensidad energética continuamente, para lo cual requieren de un sistema energético complejo, que no puede excluir considerar políticas públicas, conflictos sectoriales, alianzas geopolíticas, estrategias empresariales, oligopolios, desarrollos tecnológicos, relaciones entre energía y distribución de la riqueza, entre otros. En este contexto, la matriz energética es un subsistema importante, cuya discusión no puede ser reservada a unos pocos.
Las políticas energéticas son una política sectorial de las políticas de desarrollo, por eso, proponemos al conjunto de los trabajadores y el pueblo la gestación de instancias de debate, de formación y generación de propuestas, que permitan abordar la planificación energética nacional desde una mirada que incluya el interés soberano del pueblo, las necesidades de las/los trabajadoras/res en esta nueva coyuntura y que a su vez sea respetuosa de nuestros bienes comunes y el ambiente.
Por ello, resulta urgente pensar y actuar para construir un sistema energético más equitativo, menos concentrado, más democrático y menos contaminante. Partimos del postulado que la energía debe ser un bien social y su libre disponibilidad, un derecho humano. Esta es una discusión que debe darse a nivel nacional pero también regional, y qué incluye cuáles son las fuentes de energía, a quién le pertenecen y cuál es modelo que alimentan. Es una discusión que también debe abordar el lugar que las y los trabajadores tendrán en el camino de la transformación hacia un modelo de desarrollo que sea sustentable, donde se garantice una transición justa para todos y todas.
En este contexto, el concepto de democracia energética nos permite plantear una transición energética que tienda a desmercantilizar la energía y a terminar con la captura corporativa de este sector, para pensar en un esquema de producción, distribución y consumo democrático, donde las comunidades y un sector público comprometido con la gente sean protagonistas. Se trata de alcanzar sistemas energéticos que sean socialmente justos, que permitan la universalidad del acceso, que generen puestos de trabajo de calidad y con derechos laborales y sindicales para las y los trabajadores.
Desde ATE y la CTA-Autónoma venimos participando de instancias regionales e internacionales para construir alternativas en este sentido. Ejemplo de ello son la PLADA y el TUED. La Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA) elaborada junto a la Confederación Sindical de las Américas (CSA) es una formulación política estratégica que tiene la relevancia de una herramienta elaborada en cuatro dimensiones: política, económica, social y ambiental que se encuentran articuladas para llegar a un desarrollo sustentable; que plantea la reducción gradual del uso de los combustibles fósiles, la universalización del acceso a la energía, así como reconvertir aquellos sectores de la economía que más contaminan. A su vez desde la iniciativa Sindicatos por la Democracia Energética (TUED por sus siglas en inglés) que agrupa centrales sindicales y sindicatos de rama, se viene proponiendo la necesidad de democratizar la producción, distribución y consumo de energía, planteando debates claves que debemos abordar.
LA SITUACIÓN NACIONAL
La lógica que adoptó el gobierno de Macri en materia energética es consistente con la llevada adelante en otros sectores. Bajo un barniz de capitalismo verde, sigue promoviendo el saqueo de recursos naturales para satisfacer la necesidad de ganancias de monopolios y oligopolios, sin importar la degradación del ambiente ni los costos sociales, sumergindo a amplios sectores de nuestro pueblo en la pobreza energética y el hambre. Para seguir funcionando, este modelo neoextractivista criminaliza la protesta, impone convenios colectivos a la baja en todos los sectores, mientras elimina las retenciones hacia los pulpos mineros y petroleros y compra tecnología llave en mano a las distintas potencias, dándole la espalda a los saberes acumulados por nuestros trabajadores/as en los últimos 70 años.
En lo que respecta a la energía eléctrica en nuestro país, los números muestran que, por ejemplo, en abril de 2017, la generación provino centralmente de la quema de fósiles (carbón, gas, fuel oil, gas oil) con un aporte del 66,9%; el 26,7%; fue generada por centrales hidroeléctica; las centrales nucleares aportaron un 4,4% y las fuentes renovables, principalmente eólica y solar un 2,0%. Estos porcentajes ponen en evidencia una matriz de generación de electricidad basada en la quema de hidrocarburos que se ha mantenido por décadas y es necesario modificar.
Si bien en septiembre de 2015 se reforzó el marco legal para reverdecer la matriz energética, sancionando leyes que tienen como objetivo lograr que la contribución de las energías renovables permita abastecer, al 31 de diciembre de 2025, el 20% del consumo de energía eléctrica nacional, está claro que la discusión no puede reducirse al origen de las fuentes, también es necesario evaluar para qué y para quién será la energía que se producirá.
A modo de ejemplo, revisando datos del Ministerio de Energía y Minería encontramos que en el departamento de Andalgalá de la provincia de Catamarca, con apenas 20 mil habitantes, consumió un total de 850.647,60 MWh. La realidad es que esos habitantes no utilizaron esa energia. Fue devorada, casi íntegramente, por Minera La Alumbrera, una empresa de capitales suizos y canadienses que desde hace 20 años extrae toneladas de oro que exportan del país, dejando a cambio, terrenos degradados, así como ríos y tierra contaminados.
Para entender la magnitud del consumo de ese megaproyecto extractivo, vasta compararlo con los 1.780.897 MWh consumidos a nivel residencial, industrial y alumbrado público de provincia de Río Negro en todo 2015.
Los números son elocuentes. La Alumbrera utilizó casi la mitad de lo que consume toda la provincia de Río Negro que tiene alrededor de 700 mil habitantes.
