Por Rodrigo Bernardo Ortega
La votación en contra del fracking en Fusagasugá (municipio de Cundinamarca) fue contundente: el 99, 18% de las personas rechazó con vehemencia la explotación de hidrocarburos en las inmediaciones del páramo de Sumapaz. A la pregunta ¿Está usted de acuerdo que en el municipio de Fusagasugá se realicen actividades de exploración, perforación y producción de hidrocarburos, fracking y minería a gran escala?, 39.175 personas dijeron no y tan solo 202 respaldaron la iniciativa. Si bien el censo electoral para la consulta era de 104.538 ciudadanos, el umbral estimado en 34.846 votantes se superó con creces, por lo que el mandato público se dirige a rechazar la explotación de recursos del subsuelo. Y no es una decisión menor. En efecto, de acuerdo con la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, el páramo de Sumapaz es el más grande del mundo y provee de agua potable al 15% de la población colombiana. De hecho, es la principal fuente de agua para Bogotá y sus municipios aledaños, de ahí que la consulta puede pasar a la historia como una manifestación de la soberanía popular por evitar la explotación irresponsable y la contaminación de una de las fuentes hídricas más importantes del país.
No obstante lo anterior, el fracking está nuevamente en el centro del debate en Colombia. A pesar de la decisión democrática tomada en Fusagasugá, que se suma a otras experiencias similares en Boyacá y Tolima, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, anunció la realización de una prueba piloto en 2019 con el fin de evaluar junto con “la academia, las comunidades, los ambientalistas, entre otros sectores, los impactos y beneficios que traería al país esta técnica de explotación de hidrocarburos”. El plan piloto que se llevará a cabo en las inmediaciones de Barrancabermeja, en un área de 150 kilómetros por un lado y 60 kilómetros por otro, puede incluir otros siete departamentos además de Santander.
De acuerdo con el alto funcionario, las reservas petroleras del país dan un margen de autosuficiencia por seis años, razón por la cual, las exploraciones en el Magdalena Medio podrían triplicar las reservas entre 2000 y 7000 millones de barriles. Sin embargo, los riesgos ambientales de la fracturación hidráulica son latentes por lo que el presidente de la compañía petrolera ha sido enfático al afirmar: “Nosotros no vamos a poner a competir el petróleo y el agua, si en algún momento pensáramos que alguna de nuestras operaciones tuviera impactos en el agua, pues no la realizaríamos ya que tenemos un total compromiso con el cuidado del medio ambiente”. A pesar de estas declaraciones, lo cierto es que los negocios en el gobierno de Duque ocupan el primer lugar, por lo cual, en caso de encontrar las fuentes necesarias, Ecopetrol no dudará en sacrificar el medio ambiente en favor de los capitales extranjeros. Amanecerá y veremos.
Es tal el afán del primer mandatario por aumentar las reservas de hidrocarburos que su administración ha llegado a hablar de “fracking responsable”. Este disparate, como lo dijo el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, “es como decirle a una mujer que la van a violar responsablemente. Aunque el símil puede ser chocante no falta a la verdad, pues hay pruebas científicas rigurosas de diversas universidades del mundo que han demostrado que la fractura hidráulica genera impactos graves al medio ambiente como la contaminación de fuentes de agua potable y afectación a la fertilidad de la tierra. No hay evidencias que demuestren lo contrario, es decir, que como la asegura la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, se pueda emplear esta técnica de “manera responsable y sostenible”. ¿Cómo puede perforarse la tierra, llenarla de peligrosos químicos y aumentar el riesgo sísmico de manera responsable? Si países como Francia, Alemania e incluso varios estados de Estados Unidos han prohibido esta forma de explotación, ¿por qué Colombia sigue empeñada en realizar pruebas de este tipo? La respuesta tiene que ver con la poca independencia que tiene el gobierno de Iván Duque respecto a los grandes empresarios que financiaron su campaña. De ahí radica la importancia de la resistencia civil para evitar este tipo de decisiones.
Otro disparate del gobierno Duque es pretender convertir el fracking en una alternativa viable para reactivar la economía del país. Acompañado de la depredación ambiental, la actual administración busca imponer una de las reformas tributarias más regresivas de todos los tiempos. De hecho, el polémico ministro de hacienda Alberto Carrasquilla ha propuesto imponer el IVA (impuesto al valor agregado) a todos los productos de la canasta familiar, con lo cual, las familias de clase media y de escasos recursos tendrían un duro recargo en productos de primera necesidad. Sumado a esta propuesta de inequidad, los empresarios verían reducidos sus impuestos y entre los sectores favorecidos estaría la explotación de hidrocarburos. La ecuación es evidente: mientras las clases populares sostendrán vía impuestos las acciones gubernamentales so pretexto de “reactivar la economía”, Ecopetrol dispondrá de enormes hectáreas para ejercer su explotación “responsable” de hidrocarburos, la cual será financiada con los tributos de Carrasquilla. En pocas palabras, los colombianos estarán pagando para que unas cuantas empresas extraigan sus recursos, dañen su medio ambiente y devasten selvas y ríos.
Por si no fuera suficiente con esta compleja situación, la Corte Constitucional tumbó una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta respecto a una consulta popular que permitió frenar la extracción de petróleo en Cumaral, a cargo de la multinacional Monsarovar Energy. El alto tribunal impuso, a través de su fallo, límites a las consultas populares, con lo cual, este mecanismo de participación no podrá vetar en el futuro las actividades relacionadas con la extracción de petróleo y minerales. Dicho de otro modo, la Corte Constitucional despojó de la única herramienta jurídica que tenían las comunidades para la protección de sus derechos y dejó el camino expedito para que las multinacionales puedan retomar sus actividades económicas. Desde el gobierno nacional y en particular, desde el Ministerio de Minas y Energía, se ha celebrado la decisión como una “señal importante para la seguridad jurídica del sector (minero-energético), y para fortalecer el diálogo y la participación ciudadana”. Pero, ¿de qué diálogo y de qué participación habla la ministra? Si todas las manifestaciones de la soberanía popular son vulneradas, ¿qué alternativas tienen las poblaciones afectadas? Esta circunstancia tiene en vilo no solo la consulta desarrollada en Fusagasugá, sino diversas movilizaciones populares que se encaminan a limitar las acciones perjudiciales de las compañías petroleras.
El gobierno neoconservador de Iván Duque, que está controlado por el polémico ex presidente Álvaro Uribe Vélez y por los grupos económicos más recalcitrantes del país, no tiene en su agenda la protección de los derechos de las poblaciones vulnerables ni mucho menos la defensa de las cuestiones medioambientales. Así quedó demostrado con su decisión de conformar una “comisión de expertos” que se encargará de determinar los impactos del fracking en Colombia, así como la regulación normativa con la que se cuenta para atenuar los posibles riesgos de la aplicación de esta técnica. Sin embargo, como lo manifestó el ex contralor Edgardo Maya, “ante la perspectiva de agotamiento de algunos recursos naturales no renovables se están buscando opciones desesperadas para las cuales el país no está lo suficientemente preparado para mitigar los riesgos y las afectaciones en recursos muy vulnerables e indispensables para la vida y la continuidad del desarrollo económico de nuestro país”. En esta declaración se resume las complicaciones y la falta de criterio científico a la hora de abordar una cuestión tan delicada como la fracturación hidráulica. No obstante, el gobierno sigue empecinado en demostrar por diversos caminos que el fracking es la alternativa del siglo XXI.
Desde esta perspectiva, 2019 será un año complejo para las comunidades étnicas y culturales que han luchado en contra de la minería y la explotación petrolera, pues como hemos abordado en otros artículos, la fracturación hidráulica causa daños considerables a la tierra y es una fuente de contaminación permanente de acuíferos y otras reservas de agua potable. Si se toma en consideración el bloqueo legal al que estarán expuestos estos sectores por la decisión de la Corte Constitucional, es probable que existan movilizaciones sociales como el recordado Paro Agrario Campesino de 2013 o las recientes protestas estudiantiles. Es claro que las comunidades tendrán que salir a las calles a defender sus derechos de la intransigencia del gobierno central. El modelo de explotación económico promovido desde la Casa de Nariño (y apoyado desde Washington) no es una sorpresa, de ahí que las manifestaciones populares serán determinantes para hacer frente a la “economía naranja”.
Es por ello que surge la necesidad de preguntarse ¿qué alternativas tienen los sectores de oposición para evitar la llegada definitiva del fracking a Colombia? El primer acto simbólico ya se llevó a cabo con la recolección de 100.000 firmas por parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking, que fueron presentadas ante el Congreso Nacional con el fin de mostrar el respaldo popular al proyecto de ley sobre la prohibición definitiva de esta técnica en el país. Sin embargo, el cabildeo será complicado debido a que el gobierno cuenta con un importante número de congresistas que bloquearán todas las iniciativas promovidas desde los grupos alternativos, y más aún si tiene que ver con la reducción de sus negocios.
Una luz al final del túnel fue la reciente decisión del Consejo de Estado que mediante una resolución suspendió provisionalmente los actos administrativos que permitían al gobierno fijar los criterios de exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. En otras palabras, el Alto tribunal aseguró que “la autorización en Colombia de la técnica de estimulación hidráulica puede conllevar un daño potencial o riesgo al medio ambiente y a la salud humana, cuya gravedad e irreversibilidad se cimienta en la posible insuficiencia de las medidas adoptadas”. En tal sentido, la decisión de la comisión tercera del Consejo de Estado dejó en firme una postura que respalda a los sectores que promueven la protección del medio ambiente y el principio de precaución, toda vez que no se conocen con precisión las supuestas ventajas del fracturamiento hidráulico. De respetar la decisión de la rama judicial, el gobierno tendría que buscar alternativas para potenciar la “economía naranja”, pues el fracking sería inviable en el país.
Por otra parte, la resistencia debe dirigirse hacia grupos de presión conservadores, para quienes toda manifestación popular en contra de la minería y el fracking hacen parte de una estrategia del “fundamentalismo ambiental”. Desde esta óptica, cualquier intento de negocio en el ámbito minero-energético está “secuestrado” por los grupos ambientalistas que se oponen y mediante el lobby internacional han afectado significativamente a esta industria. Sin embargo, ¿cómo no criticar a un sector que genera relaciones de inequidad, monopolios y severos daños al medioambiente? No es una cuestión de fundamentalismo sino de realidad. Aquí están en juego dos modelos de país: uno que promueve el uso sostenible y responsable de los recursos, que está favor de los procesos de integración social y valora las partes, y un modelo enquistado en el poder que tiene como prioridad el establecimiento de negocios y multinacionales bajo el paraguas de “la inversión extranjera”, que no es otra cosa que la imposición de una visión economicista de las relaciones sociales.
