Greenpeace celebra el dictamen de la Procuración General de la Nación en el cual recomienda a la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptar su competencia en la medida cautelar presentada por la ONG y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas para que declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución y el convenio que realizó la Administración de Parques Nacionales con la provincia de Jujuy mediante la cual suspende el dominio y jurisdicción de 1.000 hectáreas de Parque Nacional Calilegua hasta tanto se realice la remediación ambiental y cierre definitivo de los pozos petroleros.
En diciembre de 2015 la legislatura jujeña había anulado las concesiones hidrocarburíferas otorgadas dentro del área protegida, en respuesta al reclamo de guardaparques, comunidades indígenas, organizaciones sociales, la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación; y a la campaña de Greenpeace en reclamo para que no avance con la instalación de nuevos pozos y saque a las petroleras del Parque Nacional. Sin embargo, en la resolución 576 del año pasado la Administración de Parques Nacionales suspendió la afección del área del Yacimiento Caimancito, hasta tanto se realice su remediación ambiental, lo que favorece a las petroleras. (1)
“El Yacimiento Caimancito se consideró desde los fundamentos de creación como un área especial que debe ser conservada como parte del Parque Nacional. No es justificable que esas 1000 hectáreas dejen de ser área protegida nacional cuando se preveía su saneamiento, sean cuales fueren los organismos nacionales y/o provinciales que lo realicen”, señaló Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.
Según la ONG, el retroceso vulnera los principios ambientales consagrados en la Ley N° 25.675 General del Ambiente, como el “precautorio”, el de “equidad intergeneracional”, el de “progresividad” y el de “sustentabilidad”. A ello se agrega el principio de “no regresión ambiental”, el cual fue recientemente consagrado por resolución del Congreso Mundial de la Naturaleza en el marco de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
El Parque Nacional Calilegua, que fue creado el 19 de julio de 1979 mediante el Decreto Nacional Nº 1733, es zona núcleo de la Reserva de Biósfera de las Yungas de la UNESCO. Protege 76.306 hectáreas de gran biodiversidad en Argentina y alberga la mitad de las aves del país, y especies en peligro de extinción como el yaguareté.
la decisión queda en manos de la Corte Suprema, “que esperamos se expida rápidamente para que este territorio siga siendo parte del Parque Nacional y por lo tanto esté protegido de la explotación hidrocarburífera”, señaló Cruz.
Notas:
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La resolución determina que “la PROVINCIA elaborará un Plan de Remediación Ambiental y Cierre Técnico del Yacimiento CNO 3 Caimancito, ubicado dentro de las MIL hectáreas (1.000 has.) que se encuentran en el Parque Nacional Calilegua. A estos fines, la NACIÓN establecerá una condición suspensiva de dominio y jurisdicción concediendo el uso y goce de dicha área a LA PROVINCIA, con el objetivo de efectivizar la futura remediación ambiental y cierre definitivo de los pozos petroleros, cesando dicha condición una vez acreditada la remediación ambiental y el cierre definitivo de los pozos petroleros dentro del área protegida. La SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la Nación, informó a la Provincia que no se hará cargo de los gastos que la remediación demande. En tal sentido, LA PROVINCIA se reserva la facultad de ejercer, a título propio, todas y cada una de las acciones judiciales y/o administrativas que correspondan en contra de las anteriores operadoras del Yacimiento CNO 3 Caimancito, cuyo reembolso y cobro, eventualmente, le permitirán contar con parte del financiamiento necesario para llevar adelante la remediación ambiental y el cierre definitivo.”
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La extracción de hidrocarburos en el Parque Nacional Calilegua viola tres leyes nacionales (la 22.351 de Parques Nacionales, la 26.331 de Bosques Nativos, y la 17.319 de Hidrocarburos) e implica un riesgo enorme para miles de hectáreas de Selva de Yungas, además de ser un antecedente sumamente peligroso para las áreas protegidas de todo el país.
