Un espacio para construir las bases de una transición justa

Foto: Martín Álvarez Mullally

Por Diego Pérez Roig y Martín Álvarez Mullally

Río Negro va camino a transformarse aceleradamente en una economía de enclave: de la mano del fracking o fractura hidráulica, los hidrocarburos han ganado importancia en el devenir provincial. En teoría, el fomento de esta actividad presupone que la radicación de inversiones y la expansión de la producción hidrocarburífera tendrán un efecto multiplicador sobre otros sectores de la economía, así como un impacto positivo en las finanzas del estado provincial. Nuestra principal hipótesis de trabajo es que —tal como ilustran otras experiencias cercanas— la expansión del fracking pondrá en grave riesgo distintas actividades productivas que son la base de una economía relativamente diversificada y a partir de las cuales podrían proyectarse escenarios alternativos más sustentables que el de un enclave petrolero. En este sentido, un impacto positivo en las finanzas provinciales no será suficiente para hacer frente a estas consecuencias en la producción a largo plazo.

La Mesa de transición productiva y energética de Río Negro nace para promover escenarios alternativos. La Mesa cuenta con la participación de una treintena de especialistas provenientes de distintos ámbitos de intervención sindical y académica que intentan dar un primer paso en el debate. La clave que ordenó las discusiones durante los tres encuentros que mantuvo en el transcurso de 2018 y 2019 fue el concepto de “transición justa”. Desde esta perspectiva, no solo buscamos cuestionar de manera integral la sustentabilidad del modelo de desarrollo impulsado, sino que además pretendemos abrir el debate en términos políticos. La disyuntiva planteada no se reduce a la viabilidad técnica, comercial o ambiental de la expansión de la frontera petrolera, sino que abarca además la cuestión trascendental de la autonomía de las comunidades y grupos sociales que habitan el territorio. Así considerado, este conjunto de problemas extiende el campo de la discusión hacia las formas inmediatas en las que se organiza la reproducción de la vida y posibilita una construcción genuinamente popular.

El fracking es maldesarrollo

En términos ambientales y territoriales, es inverosímil atribuir las devastadoras consecuencias de la fractura hidráulica masiva a déficits de implementación y control, así como tampoco cabe desestimarlas como denuncias infundadas que solo forman parte de la agenda de grupos radicalizados. En los últimos años, en otras latitudes se ha acumulado evidencia que demuestra que la implementación del fracking produce un impacto directo en el territorio y efectos indirectos en las zonas aledañas. Un buen ejemplo es el “Compendio sobre hallazgos científicos, médicos y de los medios que demuestran los riesgos y daños del fracking”, realizado por profesionales de la salud del estado de Nueva York, EE. UU. (CHPNY y PSR, 2015 y 2019).

El fracking tampoco ofrece un panorama favorable desde el punto de vista económico. En provincias de matriz petrolera, el déficit de eslabonamientos productivos asociados, aun en una situación de crecimiento de las inversiones y de la extracción, suele tener un impacto bajo sobre el conjunto de la economía en términos de puestos de trabajo directos e ingresos. De esta manera, tiende a cristalizarse un sector dinámico y bien remunerado, pero cuyo mayor impacto sobre el empleo no es el asociado de manera directa a la explotación hidrocarburífera, sino el inducido, aquel que se crea mediante la inversión y el crecimiento del sector público durante los ciclos de mejoramiento de las finanzas estatales. Por otra parte, la baja capacidad de absorción de mano de obra en la principal rama generadora de excedentes y la proliferación de actividades no productivas en el sector privado dan como resultado una persistente tendencia a la crisis fiscal del Estado, que redobla la presión sobre los resultados del enclave, o que, en su defecto, es temporalmente morigerada a través un creciente endeudamiento público. La multiplicación de inversiones en hidrocarburos no convencionales, lejos de blindar las arcas fiscales, las expone aún más a la volatilidad de los precios internacionales y de los subsidios del sector.

El avance de la frontera hidrocarburífera violenta la estructura económica de una provincia relativamente diversificada y sostenible en varios sentidos. En primer lugar, porque prescinde de mecanismos de participación que permitan conocer la opinión de los afectados y afectadas por la radicación de la actividad, o bien debido a que se emplea la fuerza —en sus diferentes formas: ya sea física, económica, judicial— en aquellos lugares donde la comunidad ya ha expresado su rechazo. En segundo lugar, porque opera sobre la base de la crisis de las actividades que fueron sostén productivo y dinamizadores de la economía provincial. En el Alto Valle, el repliegue del estado provincial ha contribuido al proceso de concentración, internacionalización y desaparición de la mediana y pequeña producción del sector frutihortícola. Esa crisis habilita al chantaje que busca legitimar socialmente la instalación de la industria extractiva. En la retórica gubernamental y empresarial, la generación de puestos de trabajo y recursos como resultados positivos de la explotación exige tolerancia por parte de la población respecto de los “costos” socioambientales, para sostener una supuesta intervención “benefactora” del Estado.

Puesto que se sobreestiman los eventuales beneficios y se subestiman los impactos a corto, mediano y largo plazo, se produce un proceso espiralado, en el que la pérdida de tierras productivas es uno de los hechos más preocupantes. Los loteos y, en algunas zonas como Allen, la explotación hidrocarburífera no convencional son los factores de mayor incidencia en la reducción del suelo fértil e irrigado. Estas pérdidas, además del impacto social por la salida de sujetos de la actividad agraria, alteran el ecosistema y propician la propagación de plagas. Según los cálculos oficiales, en el período 2011-2016 la disminución del área plantada ascendió a 4298 ha, pero suman 15 000 ha si se toman en cuenta las que se encuentran en estado de abandono (Neuquén y Río Negro, 2018). En el caso de Allen, existen unas 6171 ha productivas, pero entre 2009 y 2014 se perdieron 409 ha de frutales, que equivalen al 6,3 % (Rodil, 2015). La etapa de mayor pérdida de tierras productivas coincide con la implementación de planes de incentivo a la explotación gasífera por parte del Gobierno nacional.

Esta situación también atenta contra el balance de emisiones de carbono. La capacidad de captura del sector frutihortícola genera un saldo favorable en términos de huella de carbono de la región. Por el tipo de riego, que desde hace cien años se implementa en el Alto Valle a partir de las obras estatales y el trabajo humano, los suelos logran una calidad de materia orgánica que los ubica entre los más fértiles del mundo, catalogados como clase A (Mendía et al., 2017). Al mismo tiempo, la fruticultura bajo riego por manto con cobertura vegetal plena en el interfilar es una técnica de manejo excelente para controlar las emisiones gaseosas y contribuir a la mitigación del calentamiento global. La región cuenta con condiciones ambientales extraordinarias vinculadas con la disponibilidad de agua y de sol. Estas características generan condiciones muy favorables para la producción agrícola.

Por otra parte, a partir de 2014 el avance de la extracción masiva de tight gas en el área Estación Fernández Oro ha generado una considerable cantidad de accidentes e incidentes que incluyen fugas, derrames y explosiones. Las consecuencias para quienes habitan esa zona implican daños materiales, como derrumbes y roturas de viviendas; daños sanitarios, como afecciones respiratorias y estrés, y daños ambientales, como contaminación de suelos, agua y aire. Además, hay que destacar la incertidumbre en la provincia en torno a la capacidad de fiscalización de los organismos de control.

Río Negro necesita un futuro sustentable

Estos perjuicios no han pasado inadvertidos para la población y, como en otras latitudes, han dado lugar a un activo movimiento de oposición al fracking. Luego de que se llevaran a cabo múltiples actividades de divulgación y protesta, finalmente se prohibió la hidrofractura en las ciudades de Allen, Cinco Saltos, General Conesa, Coronel Belisle, Chimpay, Choele Choel, Fernández Oro, Lamarque, Luis Beltrán, Pomona, Viedma y Villa Regina.1 Las ordenanzas de las ciudades de Allen y Fernández Oro fueron judicializadas por el Estado y la empresa YPF, respectivamente, y declaradas inconstitucionales por el Superior Tribunal de Justicia provincial. El argumento en ambos casos fue que solo el estado provincial tiene potestad sobre los recursos hidrocarburíferos. En Catriel, por otra parte, la movilización popular logró que, a fines de 2017, la Carta Magna municipal prohibiera la instalación de plantas de tratamiento de residuos petroleros.

Sobre estas bases los gobiernos locales que se verán afectados han generado mecanismos de rechazo al desarrollo del fracking en sus territorios por parte de la provincia.

Alternativas para Río Negro

La idea de limitar la ampliación de la frontera extractiva parte de la determinación de no sacrificar la sustentabilidad ambiental y social a la lógica del beneficio económico. Desde la óptica de la transición productiva y energética, lograr este freno sería un paso muy necesario, aunque insuficiente. La salida del laberinto del extractivismo exige que, además, construyamos alternativas capaces de sostener el bienestar de la comunidad a largo plazo en equilibrio con el medio. A continuación, planteamos algunas coordenadas para debatir y proyectar la transformación de distintas actividades económicas.

Los desafíos que se presentan en el mundo colocan a la producción de alimentos en un lugar central de cara al futuro. En ese sentido, se necesita un debate urgente en torno a la distribución de la tierra, el acceso al agua y una mayor equidad entre los sujetos sociales del sector productivo, más aún si se consideran los riesgos que existen y la vulnerabilidad en que se encuentran quienes producen. Ninguna transformación, direccionamiento o resguardo del sector puede ni debe hacerse sin un rol activo de los diferentes niveles del Estado, así como de las poblaciones involucradas. La generación de políticas públicas inclusivas, soberanas, socioambientalmente sustentables y económicamente más justas requiere que estos debates sean parte de la agenda pública. La fruticultura y la horticultura son un camino necesario para construir la soberanía alimentaria.

Otras de las alternativas para la obtención de energía en Río Negro surge del potencial eólico de la Patagonia, dada la frecuencia y la velocidad de los vientos en la región. Asimismo, podrían desarrollarse proyectos para el aprovechamiento de los cursos de agua y el sol, como en el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales.

A su vez, la provincia cuenta con mucho potencial para desarrollarse en materia de recreación y turismo en sus diversas localidades, desde una lógica comunitaria. Frente a los impactos negativos que provocan los modelos turísticos dominantes, es necesario reevaluar las formas de consumo y desarrollo para incentivar otras nuevas, basadas en la responsabilidad y en la ética ambiental. El turismo a gran escala es una tendencia que debe problematizarse por su carácter extractivo. Urge implementar acciones directas que permitan superar los modelos turísticos en los que solo prevalece la satisfacción de los turistas en detrimento de las necesidades de las poblaciones locales. Un plan alternativo debe impulsar el desarrollo local de las comunidades receptoras, contribuir a la protección y conservación de las condiciones naturales del territorio y propiciar la producción a pequeña escala y con condiciones laborales dignas. La sustentabilidad apunta al carácter solidario de las relaciones, tanto en términos intergeneracionales como respecto de lo “no humano” (Gudynas, 2010).

Por último, la minería no metalífera puede desarrollarse con un bajo impacto ambiental, pero es necesario tener una fuerte política de controles, fiscalización e incentivos a los fines de reducir impactos y promover la actividad. Las firmas dedicadas a este segmento suelen ser pequeñas y medianas empresas que emplean mano de obra local. Una política estatal provincial podría impulsar la tecnificación con el propósito de reducir el impacto de la actividad. Por otro lado, el Estado podría viabilizar obras de infraestructura que colaboraran con el crecimiento de este sector.

Para profundizar los debates te invitamos a leer el trabajo “Más allá de la renta petrolera: propuesta para la diversificación productiva y la democratización energética”. La discusión está abierta, esperamos tus aportes.

Referencias

Álvarez Mullally, M. (11/05/2018). Se desmorona parte de una casa en Allen. Disponible en línea.

Alvarez Mullaly, M.; Arelovich, L.; Cabrera, F. y di Risio, D. (2017). Informe de Externalidades Megaproyecto Vaca Muerta. Argentina: Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental. Disponible en línea.

Concerned Health Professionals of New York y Physicians for Social Responsibility (CHPNY y PSR) (2015). Compendio sobre hallazgos científicos, médicos y de los medios que demuestran los riesgos y daños del fracking. (Extracción no convencional de gas y petróleo). Tercera edición, en español. Disponible en línea.

Gudynas, E. (2010). Desarrollo sostenible: una guía básica de conceptos y tendencias hacia otra economía. Otra economía. Revista Latinoamericana de Economía Social y Solidaria. Volumen IV, n.º 6.

Mendía, J. M. (2012). Estudio de la degradación de suelos y evaluación de la sanidad edáfica con relación a la actividad industrial, petrolera y agrícola en valentina norte, provincia del Neuquén. Neuquén, Argentina: Universidad Nacional del Comahue. Mimeo.

Mendía, J.M.; Jockers, E.; González, A.; Percaz, Z.; Forquera, J. y Sheridan, M. (2017). Balance del carbono en chacras regadas del Valle de Río Negro, Argentina. Primera Aproximación. Libro de Resúmenes del III Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental. Santa Fe, Argentina, 31 de julio al 3 de agosto de 2017.

Neuquén y Río Negro (2018). Libro blanco de la fruticultura. Disponible en línea.

Rodil, D. (2015). Avance de la frontera hidrocarburífera sobre suelo productivo. Estación Fernández Oro, Alto Valle del Río Negro. Libro de Resúmenes de las VII Jornadas Argentino Uruguayas de Economía Ecológica ASAUEE. Neuquén, Argentina.

Svampa, M. y Viale, E. (2014). Maldesarrollo. La Argentina del Extractivismo y el Despojo. Buenos Aires, Argentina: Katz Editores.

Notas

1 Las ordenanzas de prohibición han sido un ejercicio popular muy significativo como proceso, a través del cual se ha logrado informar de manera profunda y amplia a la población, además de acercar profesionales e intervenir en la agenda pública local. También se han presentado proyectos en el mismo sentido en General Roca y Cipolletti.

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