Sin licencia social en Colombia

Por Tatiana Roa Avendaño
Ambientalista colombiana. Integrante de Censat Agua Viva, Oilwatch y la Alianza Colombia Libre de Fracking

El 7 de junio unas 300 mil personas en alrededor de 70 municipios participaron de la XI Marcha Carnaval en Defensa del Agua, la Vida y el Territorio y en contra del fracking y la minería contaminante. La masiva movilización, convocada por el Comité Ambiental del Tolima, el Movimiento Nacional Ambiental y la Alianza Colombia Libre de Fracking, envió un mensaje claro al país: “no queremos fracking en Colombia”, y expresó el sentir de decenas de organizaciones que han articulado para exigir su prohibición. Pero ¿qué provoca tan contundente rechazo a la técnica?, ¿por qué tanta movilización social? Este artículo buscará responder estas preguntas y para ello considerará tres asuntos claves: la historia de la extracción petrolera en el país; la intensa lucha de la última década contra el extractivismo y por la paz, y la conformación de una amplia coalición anti fracking.

El fracturamiento hidráulico en lutitas, impulsado en Colombia desde hace más de una década por empresarios e instituciones estatales, fue alimentado por el “éxito” de las petroleras de los EE. UU., que en poco años lograron incrementar sus reservas mediante esta técnica. Los promotores vendieron el fracking como la oportunidad para garantizar un futuro para el sector petrolero, que empezó a decaer en la medida en que las reservas descendían “de 2600 millones de barriles (MMbls) en 1997 a 1700 MMbls a finales del 2017” (Comisión Interdisciplinaria Independiente, 2019, p. 28).

A finales de la década pasada el Gobierno nacional pagó un estudio para evaluar el potencial de las reservas de yacimientos no convencionales, y la extracción de gas o petróleo en lutitas empezó a ganar fuerza. Sin embargo, en septiembre de 2012 la Contraloría General de la República remitió una función de advertencia¹ a los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) sobre “potenciales riesgos de contaminación de aguas superficiales y subterráneas y sobre las posibles afectaciones por el desencadenamiento de sismos debido al proceso de (…) ‘fracking’”. También en 2012, en Guasca, un grupo de organizaciones de jóvenes empezaron a rechazar los primeros proyectos de fracking en la alta montaña.

Un año después, un grupo de organizaciones sociales, académicas y ambientalistas realizó un foro público en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, que fue la antesala a la 1ra Jornada Nacional contra el Fracking² y consistió en una serie de eventos, foros y talleres realizados en los departamentos Boyacá y Meta para denunciar los proyectos de yacimientos no convencionales y advertir los riesgos que entrañaba la implementación de la técnica. Así arrancó la puja entre los pro y anti fracking y en poco tiempo el debate se posicionó en la arena nacional.

En 2015, en el municipio de San Martín, Cesar, en el Magdalena Medio, se hizo la primera marcha masiva contra el fracking: más de tres mil pobladores salieron a las calles. En la cuarta movilización masiva, a finales de 2016, fueron alrededor de 10 mil personas. Desde ese municipio se gestó un proceso social regional que articuló inicialmente a las gentes de municipios con historia petrolera, como Puerto Wilches, Aguachica y Barrancabermeja (considerado la capital petrolera de Colombia). Poco a poco, el voz a voz de los riesgos que entraña la técnica comenzó a preocupar en los municipios por los que avanza la frontera petrolera, y la lucha contra el fracking ganó presencia en las agendas sociales y políticas nacionales hasta instalarse y lograr, incluso, quedar en el centro de la última campaña presidencial.

En septiembre de 2016, en el fragor de la 2da Jornada Nacional Contra el Fracking³ surgió la necesidad de constituir una coalición. Un año después, en Barrancabermeja, se creó la Alianza Colombia Libre de Fracking con un claro y único propósito: impedir que se desarrolle el fracking en el país. Esto traza un derrotero claro: prohibir la técnica o lograr una moratoria; la Alianza no se desgasta discutiendo otros asuntos relativos a controles ambientales, regulaciones, tecnologías limpias. A partir de ese momento la Alianza creció sustantivamente con la suma de diversos sectores y organizaciones. Desde allí se organizan foros, talleres, conferencias y videos; se denuncian las políticas y los programas que promueven los proyectos de hidrocarburos no convencionales; se movilizan local y nacionalmente, se impulsan acciones jurídicas, se establecen relaciones en el Congreso para, por vía legislativa, lograr frenar el fracking; y se hace lobby con instituciones estatales. Es decir, se construyen estrategias de comunicación, de investigación, de acciones jurídicas y de protección de los defensores para la acción política.

A inicios de 2019 la Contraloría General de la República se volvió a pronunciar, con un extenso estudio que advirtió que el país no está listo para hacer fracking, y destacó la incertidumbre jurídica existente en el país para regularlo.

¿Qué da lugar a esta expresión social?

Hay tres factores que han sido cruciales en esta movilización social:

Las falsas promesas de desarrollo y los pasivos de un siglo de extracción petrolera. La actividad ha dejado una estela de pasivos ambientales en todas las regiones, y cada vez más comunidades se oponen al desarrollo de proyectos, incluidos los convencionales. No por nada el centro de la resistencia anti fracking se localiza justamente en el Magdalena Medio, la región más antigua de extracción petrolera. También llama la atención que el municipio de Tauramena, en Casanare, que en los años noventa tuvo la mayor producción petrolera, haya realizado la segunda consulta popular del país que buscó frenar la exploración que amplía la frontera al piedemonte. En ese municipio, 4426 habitantes dijeron “no”, frente a 151 que dijeron “sí”.

Durante décadas, la actividad fue promovida mediante discursos de desarrollo y progreso, sin embargo, la realidad de las regiones petroleras es otra. Varios de los municipios carecen de infraestructura y servicios públicos adecuados, las oportunidades de trabajo están concentradas para unos pocos y el deterioro ambiental es notorio. Yopal, la capital de Casanare, departamento que hasta el 2013 recibió los mayores recursos de regalías petroleras, está sin acueducto desde 2011, luego de que un derrumbe en el Cerro Buenavista destruyera la Planta de Tratamiento de Agua Potable. Sus habitantes deben abastecerse con agua que se distribuye en carrotanques. Otros municipios del Meta sufren una situación similar, puesto que los acuíferos que les proveían de agua fueron contaminados.

A inicios de 2019, la Comisión Interdisciplinaria Independiente, nombrada por el gobierno de Iván Duque con el fin de producir un informe con recomendaciones para tomar decisiones políticas sobre el aprovechamiento de recursos no convencionales, manifestó que el desarrollo del fracturamiento hidráulico de lutitas carece de licencia social por parte de las comunidades que visitaron en el Magdalena Medio. La Comisión de Expertos, como se la conoce, argumentó motivos como la falta de información y de participación y la debilidad institucional para hacer un seguimiento de la gestión ambiental de las empresas, pero también la gran cantidad de pasivos ambientales que tiene el sector petrolero en la región. La reflexión de la gente es sencilla: “si esto nos pasó con los yacimientos convencionales, más grave aún será con el fracking, que es más intensivo en uso de agua, tierras y energía”.

Extractivismo y paz. El debate sobre el fracking es parte de otros más amplios, como la discusión sobre el modelo de desarrollo y la construcción de paz. Mientras los últimos gobiernos han cerrado filas y les han hecho todo más fácil a los inversionistas para profundizar el modelo extractivo, considerado una vía esencial para la construcción de paz; los activistas anti fracking han denunciado que la técnica es la expresión de un modelo sin freno dispuesto a sacrificar lo que sea para profundizar la dependencia petrolera. La promoción del fracking profundiza una preocupación ya instalada en el país, y es que “vienen por todo, a costa de lo que sea”, y se advierte que es el futuro de la vida lo que está en juego (Censat Agua Viva, 2019). El Gobierno nacional argumenta la necesidad de los recursos que dejará el fracking para la construcción de la paz; por el contrario, los activistas advierten que profundizará más la alta conflictividad social ya existente en el país.

En una reciente declaración pública, exdirigentes de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo consideran que “el debate y las discusiones en Colombia sobre los pros y los contras del (…) fracking, adquiere cada día, dimensiones muy importantes y trascendentales, prácticamente en todos los sectores de la sociedad” (Censat Agua Viva, 08.07.2019). Lo cierto es que el activismo anti fracking ha logrado mover las fibras de la población posicionando, junto a la fuerza social que se opone al modelo extractivista, un discurso contundente de defensa del agua, del territorio, de la salud, que reta al país a pensar en otros modos de vida más armónicos con la naturaleza.

La creación de una amplia coalición. Sin duda, la capacidad para construir alianzas amplias y sólidas con diversos sectores de la sociedad ha sido vital para el rechazo al fracking en el país. Una iniciativa importante fue acercarse al Congreso de la República para promover un proyecto de ley de prohibición en 2018 articulando diversas iniciativas legislativas que estaban por la prohibición o la moratoria. Se logró un acuerdo con varias fuerzas políticas de izquierda y centro, entre ellas el Polo Democrático, el Partido Verde y Colombia Humana. La Alianza ha intercambiado con otros procesos del continente, y a través de ellos ha aprendido cómo se llegó a las prohibiciones o moratorias en diversas partes del mundo.

Es tanta la fuerza que ha ganado la lucha contra el fracking que, como bien dice la declaración de los sindicalistas, se constituye en “un nuevo movimiento social” (Censat Agua Viva, 08.07.2019). En esto ha tenido un lugar importante la constitución de un cualificado grupo de activistas en la coordinación y los grupos de apoyo de la Alianza. Esta condición ha permitido interactuar y contraponerse públicamente a los más férreos defensores de la técnica, superándolos en argumentos. Así se logró ganar una audiencia más amplia conquistando la opinión pública nacional, normalmente proclive a los proyectos hegemónicos que se imponen desde el Estado. Se puede afirmar que hasta el momento, la Alianza y los activistas contra el fracking han ganado la batalla por la opinión pública.

Moratoria de hecho

En noviembre de 2018 el Consejo de Estado, en respuesta a una demanda de nulidad interpuesta por el Grupo de Litigio e Interés Público de la Universidad del Norte (que integra la Alianza), suspendió los actos administrativos por medio de los cuales el Gobierno nacional fijó los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. La ANLA lo ratificó en junio de 2019 al anunciarle al presidente de Ecopetrol, la empresa nacional, la interrupción del trámite de licenciamiento ambiental de un proyecto localizado en los municipios de Barrancabermeja y Puerto Wilches, porque al quedar provisionalmente sin efecto las disposiciones, la “Autoridad Ambiental no cuenta con normativa técnica que le permita contrastar las medidas de manejo que deben ser incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental EIA para ser analizadas dentro del procedimiento de evaluación ambiental, y por ende, no podría determinar si es viable o no el otorgamiento de la licencia ambiental” (ANLA, 2019). Con esto se reconoce que hay una moratoria jurídica de facto. Sin embargo, las presiones económicas y políticas seguirán buscando dar vía a la ampliación de esta nueva frontera tecnológica; de hecho, el proyecto de ley que buscaba prohibir el fracking se hundió en la legislatura.

La fuerte dinámica social ha logrado frenar el ritmo que empresarios y gobiernos hubieran deseado imponer en la agenda de implementación del fracking. Y la resistencia se configura en un movimiento social plural que articula diversos sectores de la sociedad y trasciende diferencias políticas y límites geográficos, siguiendo el sentir de la consigna “ni aquí, ni allá, ni hoy, ni nunca”. Lo que está de fondo en esta lucha es el futuro que queremos para Colombia. El movimiento anti fracking ofrece una respuesta: se trata de anteponer la vida y la construcción de paz con justicia social y ambiental. Es nada menos y nada más que invitarnos a reconciliarnos entre nosotros y con la naturaleza.

Referencias

Alianza Colombia Libre de Fracking (2019). “Anla acoge moratoria judicial y suspende trámite de licencia para proyecto de fracking de Ecopetrol”. Disponible en línea.

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. (28 de junio de 2019). “Carta de subdirectora de evaluación y seguimiento del Anla a presidente de Ecopetrol. Asunto: Trámite administrativo de evaluación de Licencia Ambiental “Área de perforación exploratoria Guane – A””.

Censat Agua Viva. (2019). “La lucha contra el fracking, la defensa de la vida”. Disponible en línea.

Censat Agua Viva, César Carrillo (8 de julio de 2019). “No al fracking: exdirigentes de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo”. Disponible en línea

Comisión Interdisciplinaria Independiente. (2019). Informe sobre efectos ambientales (bióticos, físicos y sociales) y económicos de la exploración de hidrocarburos en áreas con posible despliegue de técnicas de fracturamiento hidráulico de roca generadora mediante perforación horizontal. Disponible en línea.

Contraloría General de la República. (2012). Función de Advertencia. Principio de precaución y desarrollo sostenible. Posibles riesgos de los Yacimientos no convencionales.

Revista Semana. (s.f.) “Yopal Sediento”. Especiales de Revista Semana. Disponible en línea.

Semana Sostenible. (3 de abril de 2019). Contraloría advierte que Colombia no está lista para hacer fracking. Disponible en línea

Notas