Mientras en Madrid se organizaban los preparativos para la Cumbre sobre el Cambio Climático bajo el lema “Tiempo de actuar”, con el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se daban a conocer distintas noticias relacionadas con proyectos de exploración de hidrocarburos en la Península.
Por Helios Escalante / El Salto
A finales de noviembre se publicaba en el BOE la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de autorizar los trabajos de sondeo para la explotación de gas natural en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, dentro del proyecto Armentia-2. Las perforaciones comenzarían alrededor de 2021, si se completan los trámites pendientes. También se autorizaba en esas fechas la ejecución del sondeo de explotación de hidrocarburos en el yacimiento Viura, a unos 12 kilómetros de Logroño, que según la empresa Unión Fenosa alberga el 10% del consumo anual de de gas en España.
La noticia más destacada ha sido sin embargo el comienzo de los trabajos de perforación en dos zonas del municipio de La Rinconada (el Gordillo y Majaravique), en Sevilla, vinculados también a sondeos de exploración de posibles yacimientos de gas natural. La autorización para estas actividades se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del pasado mes de mayo, enmarcándolas dentro de los trabajos a desarrollar en el permiso de investigación de hidrocarburos Penélope. Se trata de un proyecto cuya autorización se hizo pública en 2012, y que fue concedido a la empresa Oil & Gas Capital, S.L, la misma a la que se le otorgaron permisos similares en la provincia de Jaén (denominados Ulises 2 y Ulises 3). En su momento este conjunto de permisos generaron cierta alarma y movilización, al vincularse con la utilización de las técnicas de fractura hidráulica o fracking. Se trata de un procedimiento de extracción para los yacimientos considerados “no convencionales”, generalmente en formaciones de esquistos o arenas compactas. Mientras que los hidrocarburos convencionales se hallan en rocas porosas y permeables, por lo que pueden extraerse mediante perforación y bombeo, la poca permeabilidad de las formaciones no convencionales requiere la inyección de agua, químicos y arena a alta presión para fracturar la roca y poder extraer el petróleo o gas alojados en ella.
Esta técnica se ha ido extendiendo en la última década en diversos países debido a la progresiva escasez de hidrocarburos convencionales, a pesar de su mayor coste económico y medioambiental. Son precisamente sus consecuencias ecológicas y sociales las que la han convertido en un elemento de disputa para organizaciones ecologistas y en defensa del territorio en todo el mundo. Actualmente se práctica de forma regulada en Estados Unidos, Canadá, Argentina, y China. En todos ellos se denuncian de forma continua los impactos sobre la salud y el entorno, en forma de filtraciones de productos químicos a los acuíferos, fugas de metano, o aumento de los movimientos sísmicos, lo que ha llevado a que cada vez más países prohíban esta práctica (mientras muchos de ellos la promueven a su vez en países exportadores).
Organización de los vecinos del Valle del Guadalquivir
Los trabajos de perforación en el municipio de La Rinconada comenzaron a mediados de noviembre, pero fue una semana después de su inicio cuando lo vecinos se empezaron a informar, al sospechar de la gravedad de las mismas. Sonia Cabrera, vecina de la urbanización afectada por las obras, denuncia el secretismo con el que se han llevado a cabo: “al comenzar a informarnos por nuestra cuenta descubrimos la publicación en el BOJA del proyecto, del que hasta entonces no sabíamos nada. Ninguna administración nos había informado, a pesar de que creemos que somos afectados, y no pudimos conocer el plazo de alegaciones. No se ha colocado ni siquiera un cartel informativo”.
Según afirma, “actualmente la principal consecuencia es la contaminación acústica, porque las máquinas están al lado de las casas, además del paso continuo de camiones y máquinas pesadas por los caminos, y la suciedad provocada por el barro”. Pero lo que sobre todo preocupa a los vecinos son los impactos que pueda haber en caso de que el proceso de investigación resulte positivo y comience la explotación, las consecuencias ambientales y de salud que puedan producirse. “Cuando se empiece a extraer el gas ya será tarde para pararlo, por eso nos estamos moviendo ahora. Aquí cerca hay vecinos que viven de sus tierras y se pueden ver afectados, además de la contaminación en el aire”.
En este sentido, los vecinos se han organizado en una nueva plataforma contra la extracción de hidrocarburos en la Vega del Guadalquivir, que ha mantenido una reunión con el ayuntamiento de La Rinconada y con distintos representantes de partidos y ha solicitado la paralización de las perforaciones. También ha habido concentraciones en el lugar de las obras que han llegado a paralizar los trabajos.
Dudas sobre la utilización de fractura hidráulica
Según Eduardo Gutiérrez, coordinador de Ecologistas en Acción de Andalucía, no parece que las exploraciones que se están llevando a cabo en Sevilla estén encaminadas a la explotación mediante fracking. “Existen desde hace tiempo pozos de extracción convencional de gas natural en todo el Valle del Guadalquivir, desde Doñana a Córdoba. Estos trabajos actuales se enmarcan en los mismos yacimientos”. Por otro lado, “los permisos que tiene esta empresa son para un pozo de hasta 500 metros, mientras que si fuera de gas no convencional podría ser de hasta dos kilómetros.
Eduardo Gutiérrez, Ecologistas en Acción: “Existen desde hace tiempo pozos de extracción convencional de gas natural en todo el Valle del Guadalquivir, desde Doñana a Córdoba. Estos trabajos actuales se enmarcan en los mismos yacimientos”
En el mismo sentido, aunque con más cautela, se expresa Pablo García, geógrafo e investigador de la Universidad de Granada sobre hidrocarburos no convencionales. “En España el único pozo reconocido oficialmente de fractura hidráulica es el de Bigüenzo, en Cantabria. En el resto de proyectos de exploración, como en este caso, no se dice nada de fracking, lo que no quiere decir que no pueda haber intenciones de llevarlo a cabo más adelante”. Ello dependería de los resultados de estas fases iniciales, que tratan de evaluar el tipo y cantidad de recursos existentes: “una vez que la empresa evalúe la viabilidad de la explotación tiene que pedir la concesión de la misma, y si se la conceden y son recursos hidrocarburos no convencionales pueden aplicar fractura hidráulica de alto volumen, que además está legalizada en la ley vigente con una regulación incluso de los ingresos para los municipios afectados”.
Tanto Eduardo Gutiérrez como Sonia Cabrera coinciden la oposición al proyecto más allá de las técnicas particulares empleadas, y en la contradicción de este tipo de iniciativas con los objetivos de lucha contra el cambio climático. “Al margen de que sea o no fracking, a lo que nos oponemos es a seguir explotando combustibles fósiles. No tiene sentido que mientras se ha celebrado la COP25 y se habla de reducción de emisiones y de abandonar estos combustibles, se sigan abriendo pozos de gas natural”, afirma Gutiérrez.
La dependencia del gas exterior como justificación
España mantiene una elevada dependencia de las importaciones de gas natural, al igual que el resto de países europeos. Según datos de Eurostat y CORES, el consumo de este recurso supone entre el 20% y el 30% del consumo de energía primaria, y más de la mitad proviene de Argelia (a través del gasoducto Medgaz), seguido de Noruega, Nigeria y Qatar. En nuestro territorio se produce actualmente menos del 1% del gas natural que consume. Según Alfons Perez, del Observatori del Deute en la Globalització, esta situación de dependencia exterior puede servir para justificar la reactivación de permisos de hidrocarburos que se pueda estar dando, “pero también puede ser una excusa; en la mayoría de los casos se trata de movimientos especulativos”, advierte.
Pérez participó hace dos años en la elaboración del informe “La trampa global del gas. Un puente al desastre”, editado por el mencionado Observatorio y la Fundación Rosa Luxemburgo. En este estudio se expone el valor geopolítico del gas y la importancia de las megainfraestructuras de transporte y conexión, así como la financiarización de estos mercados. Una de las principales conclusiones que apunta es el peligro de la narrativa sobre el gas como “combustible de transición” hacia una economía baja en carbono, basada en su supuesto menor potencial de emisiones en la combustión, para justificar su impulso desde las instituciones. Esta retórica minimizaría tanto su carácter no renovable como todo el conjunto de emisiones producidas a lo largo de la cadena, desde la extracción hasta el consumo, principalmente por las continuas fugas de metano que se producen.
Así pues, los discursos oficiales sobre la “emergencia climática” y la preocupación ambiental parecen chocar con la realidad del modelo económico y la matriz energética imperante, que sigue impulsando la explotación de combustibles fósiles en diversas formas, con consecuencias para territorios concretos como la Vega del Guadalquivir. Pero como ocurre con el auge de otros proyectos extractivos por toda la península, como la minería, las resistencias también se van organizando y extendiendo.
