Por Estefanía Santoro / Cítrica – El pueblo de Mendoza está más despierto que nunca. En diciembre la provincia fue noticia por las manifestaciones en contra de la megaminería contaminante. La protesta social fue tan masiva que los grandes medios de comunicación, aliados del gobierno, ya no pudieron ocultar -como lo venían haciendo- el descontento de todxs lxs mendocinxs que le dijeron “no” a la modificación de la ley 7722 que ponía en peligro el agua de toda la provincia. Desde hace varios años, ese mismo pueblo encabeza otra batalla contra poderosas empresas que con la complicidad de las autoridades provinciales pretenden explorar el suelo y el agua mendocina a través de la técnica de explotación hidráulica más conocida como fracking. Un método no convencional de extracción de gas y petróleo que consiste en la perforación de la tierra a grandes profundidades, en el que se inyectan productos químicos tóxicos a una alta presión y luego se bombea el agua residual a gran profundidad.
Foto: Juan Pablo BarrientosEl fracking, además de ser una técnica muy cuestionada por la contaminación ambiental que causa, utiliza en promedio entre 10 y 30 millones de litros de agua por cada pozo, según información brindada por el Observatorio Petrolero Sur. Actualmente, Mendoza está viviendo la crisis hídrica más grande de los últimos 50 años, reconocida por el Departamento General de Irrigación, organismo público encargado de administrar y controlar el recurso hídrico en la provincia y cuyas autoridades han sido denunciadas en las últimas semanas por entregar agua a empresas petroleras para la instalación de proyectos de megaminería y fracking.
Frente a estos atropellos, el pueblo de Mendoza dice “El agua no se negocia” y está librando una dura batalla para que las petroleras no se roben la poca agua que les queda. El pasado 29 de febrero, día en que se dio inicio a la tradicional celebración de la Fiesta de la Vendimia, el sitio oficial amaneció hackeado con un mensaje donde se denuncia al gobierno provincial de entregar agua para “polémicos proyectos de megaminería y fracking” y se especifican los efectos negativos que producen dichas actividades en el medioambiente y en la vida de lxs ciudadanxs.
En Tupungato, una de las ciudades más importante del Valle de Uco, está vigente una ordenanza que prohíbe el fracking desde el 2013, sin embargo, el año pasado se otorgó a YPF una licitación provincial que permite esta forma de explotación en esa área. Una asamblea de vecinxs autoconvocadxs denunció la ilegalidad de esta concesión y por estos días esperan que se declare inconstitucional.
A mediados del mes de febrero, productores ganaderos y agricultores denunciaron el robo de agua del Río Atuel que se encuentra en General Alvear, una ciudad ubicada al sur de la provincia. Ante la falta de control de las autoridades de Irrigación, lxs propixs productores inspeccionaron el lugar y a través de filmaciones comprobaron cómo el agua del Atuel es desviada de manera ilegal en varios tramos desde La Junta hasta El Sosneado, en el límite entre San Rafael y Malargüe. Estos canales clandestinos también fueron denunciados por ambientalistas por el uso de agua para extracción petrolera mediante el fracking. El superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, quien debería encargarse de que esto no suceda, negó ambas denuncias y una semana después Mario Barbieri, subdelegado del río Atuel, la persona encargada de controlar el agua, renunció a su cargo y admitió: “No hay manejo sincero del agua en Mendoza” y responsabilizó del robo a personas de puestos menores.
Una fuente confiable de General Alvear, que por seguridad elige no revelar su identidad, develó a Revista Cítrica esta y otras maniobras ilegales de las autoridades de Irrigación: “Hace poco nos enteramos que un empresario suizo abrió un brazo del río Atuel con una máquina e hizo una laguna para instalar un parque de actividades recreativas, si bien este agua vuelve al cauce original, nos preguntamos cómo viene una persona con tanta impunidad a abrir un canal, se hace una laguna privada de 900 metros de largo y no es multado. Desde Irrigación nos respondieron que esto se encuentra a 60 kilómetros de General Alvear y que se le ha prohibido que siga con este emprendimiento hasta que impermeabilice toda la laguna artificial que había hecho. También le preguntamos a las autoridades por las actividades de fracking y cómo es que ellos aseguran que se está haciendo fractura con agua de formación que es agua extremadamente salada que sale del mismo pozo del petróleo, cuando nosotros sabemos y lo dicen los compendios científicos que se necesita por lo menos 40% de agua dulce porque el agua de formación no sirve y que la sal reacciona con los químicos que se usan para el fracking y que los anula. Nosotros estamos pidiendo que ante la crisis hídrica de más de 10 años de antigüedad se le quite a las empresas toda autorización de agua para el petróleo, la industria, la minería y cualquier otra actividad secundaria, ya que la actividad primaria en la provincia de Mendoza es la agricultura. Marinelli no contestó estos petitorios. Nadie se hace cargo de la responsabilidad que les toca por este robo de agua, mientras tanto, los regantes están con turnos postergados y con un montón de problemas en el riego sin agua suficiente para mantener su producción han iniciado acciones penales. El robo de agua se realizó por un canal que pertenece a un productor extranjero de apellido Cerrone que regaba 200 hectáreas durante las 24 horas con un canal ilegal de El Atuel que tenía tres metros y medio de ancho por 1.70 de alto lo cual equivale que en tres años este señor se robó el equivalente al embalse Valle Grande completo y cuando se supo y se denunció esto inmediatamente Irrigación fue a tapar los canales, pero quedó en evidencia que eso estaba funcionando y que no había ningún control como dicen las autoridades. Hoy la gente de Alvear está muy enojada y está pidiendo la renuncia de toda la cúpula de Irrigación.”
Eduardo Sosa es licenciado en gestión ambiental y durante dos años se desempeñó como jefe de gabinete de la Secretaría Ambiental durante el gobierno de Alfredo Cornejo hasta que renunció a fines de 2017, luego de denunciar que Irrigación le otorgó a Vila-Manzano permisos para utilizar agua del arroyo El Álamo, en Puesto Rojas, Malargüe, en el extremo norte de la formación de Vaca Muerta. Unos 18.642 metros cúbicos pagando un canon de 20 pesos por cada metro cúbico de agua utilizada. “La ‘autoridad del Agua’ le permite sacar este volumen de un arroyo que se vincula con la Laguna de Llancanelo, por estos días viviendo una de sus mayores crisis de escasez de agua, y le cobra a razón de 20 pesos- el metro cubico de agua, o si lo prefieren, 2 centavos el litro de agua pura que baja de la cordillera”, denunció en sus redes sociales con fotocopias de los documentos que probaban sus dichos.
Daniel Vila es accionista de varias empresas de medios, de energía y del rubro inmobiliario, actualmente es presidente del multimedio Grupo América -comprende 49 medios gráficos, radiales, televisivos y digitales de todo el país- que fundó junto a José Luis Manzano, ex ministro del interior durante la primera presidencia de Carlos Saúl Menem. Además Vila y Manzano son dueños de la empresa Andes Energía que en 2017 se fusionó con Petrolera El Trébol (PETSA) subsidiaria en nuestro país de la empresa suiza Mercuria y conformaron Phoenix Global Resources, un grupo multinacional de energía, dedicado a la exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas convencional y no convencional. Phoenix opera en Argentina con 23 licencias, 13 en asociación con YPF, seis en Vaca Muerta y 4 en la formación Agrio.
En agosto de 2017, la Secretaría de Ambiente de Mendoza emitió una resolución autorizando una explotación de fracking en Puesto Rojas, Malargüe, situado en el extremo norte de la formación de Vaca Muerta, de la cual no se enteró nadie, ni siquiera el propio Sosa, quien en ese momento se desempeñaba como jefe de gabinete de la secretaría. “Me enteré de la resolución por una nota en un diario y ese día y decidí presentar la renuncia”, cuenta Sosa y agrega: “En esa zona cruzan varios arroyos, uno de ellos es el Álamo o el Alamito, afluente directo de la laguna de LLancanello que actualmente se encuentra protegida por una resolución de la Corte Suprema que resolvió a favor de la protección del agua. Cuando surge esta resolución que aprueba la primera de las explotaciones de Vila-Manzano aparecen dos acciones judiciales una presentada por una organización de Mendoza y otra de Buenos Aires, que es la fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), ambas en este momento están en la corte.”
En medio de la crisis hídrica que atraviesa Mendoza, Sosa explica como la empresa de Vila-Manzano logró los permisos con la complicidad de las autoridades de la provincia: “La petrolera El Trébol lo que hizo fue primero obtener la autorización del gobierno para hacer un pozo de petrolero convencional, inmediatamente le dan la aprobación para poder explotar este pozo y luego piden un cambio de tecnología porque de repente dicen ‘acá hay petróleo no convencional’. Por supuesto que esto responde a una estrategia, a mi parecer, montada entre el gobierno y la empresa para esquivar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Esta presentación se realizó el 18 de julio de 2017 y siete días después el gobierno aprobó la explotación esquivando el procedimiento de evaluación, aprobaron la perforación de cuatro pozos lo que incluye el permiso para utilizar una cierta cantidad de agua que la empresa pidió al Departamento General de Irrigación que fue rapidísimo en su aprobación porque solo mediaron cinco días. Eso disparó una serie de conflictos a nivel local que están desembocando hoy en el pedido de renuncia del superintendente de Irrigación Marinelli por este y otras aprobaciones ilegales.
En 2018 el gobierno reglamentó la evaluación ambiental para los pozos no convencionales y ese decreto también está en la Corte Suprema pendiente de resolución, en ese año Vila también obtuvo el permiso para 10 pozos más y ahora está pidiendo autorización para otros 25, todos en esa misma zona del yacimiento de Puesto Rojas y hay otros dos pozos en una nueva área de concesión que se llama Río Atuel que está muy cerca. En el medio Irrigación emitió una resolución que prohíbe el uso de agua subterránea para los pozos de fracking, pero con una trampa, porque en la resolución dice que, si en el yacimiento no existiera agua de formación -que es la que viene con el petróleo- y se pudiera demostrar, entonces si pueden pedir autorización para utilizar agua dulce. Y la realidad es que en los yacimientos muy pocas veces hay agua de formación esperando ser utilizada, normalmente se inyecta, es lo más barato y más rápido para mejorar la recuperación del petróleo convencional. Ahora estamos tratando de acceder a los expedientes de estos nuevos pozos, dos de YPF y cinco de El Trébol, para ver si es verdad que no tienen agua y lo puede demostrar.”
— ¿Algo similar a lo que está pasando hoy en Tupungato?
—En Mendoza hay varias ordenanzas que prohíben el fracking. En el caso de Tupungato está YPF, El Trébol, hay algunas operadoras más y la provincia tiene además de Vaca Muerta, otras rocas generadoras en las cuales se presume que hay petróleo no convencional, con lo cual si esto se viabiliza económicamente, podría haber muchos proyectos de fracking en la provincia. Por ahora están concentrados en Malargüe, pero amenaza con extenderse a otros lugares, entre ellos Tupungato. El pueblo de Tupungato ha reclamado a las autoridades que hagan valer la ordenanza vigente y en este momento está judicializada. Salvo la resolución de Irrigación las ordenanzas prohíben el fracking en Mendoza. Por ejemplo, en Neuquén y en Río Negro hubo muchas localidades y municipios que han dictado ordenanzas en contra del fracking pero el Tribunal Supremo de Justicia de Neuquén y la Corte de Río Negro las han declarado inválidas. Een Mendoza hubo ordenanzas que se salvaron, pero también hay otras que están siendo judicializadas como Lavalle y Tupungato que en su momento se publicaron en el Boletín Oficial y están vigentes, lo cual es importante porque otros municipios pueden a reclamar idéntico tratamiento.
El gobierno provincial y las empresas petroleras unidas a favor del fracking
Para que una empresa pueda instalarse a explotar el suelo mendocino debe atravesar una serie de controles y permisos que incluyen una evaluación sobre el impacto ambiental que tendrá la actividad que realice. La Secretaría de Ambiente y el Departamento General de Irrigación son los organismos públicos encargados de controlar que las empresas respeten las ordenanzas municipales vigentes y las leyes que protegen los recursos naturales de la provincia, sin embargo, las autoridades lejos de cumplir con su rol de garantizar el bien común, responden de manera favorable a las demandas de las petroleras. Sosa explica: “Todos los proyectos de fracking ingresan a la Secretaria de Ambiente a través de la Dirección de Protección Ambiental, órgano que depende de la secretaría y es la encargada de todo lo que tiene que ver con petróleo. Por lo tanto, tiene incidencia directa en lo que suceda y de hecho es box populi que las autoridades trabajan para las empresas. Desde mi opinión personal considero que la Secretaria de Ambiente ha perdido toda capacidad de control porque sus funcionarios responden directamente a intereses políticos o empresariales y ahí hay una instancia entre el funcionario político y el resto del equipo técnico, lo que suele pasar es que quedan a un lado o son congelados cuando no responden a las expectativas de este tipo de funcionarios. Esto fue muy patente en la gestión anterior y en esta. Con ese panorama yo diría que la Secretaría de Ambiente no puede controlar y aun cuando pudiera no quiere.
—¿Por qué los grandes medios de comunicación de Mendoza no tratan estos conflictos?
—Yo creo que suceden dos cosas, por un lado, está el multimedio que es propiedad de Vila-Manzano que particularmente no habla del fracking, no lo toma, no lo considera ni por bueno ni por malo, si hay alguna noticia buena del gobierno la saca, pero se mantiene totalmente indiferente al tema, esa es la estrategia que han elegido. Después están todos los otros medios masivos que han tomado posición a favor del fracking porque entiendo que, por un lado, hay periodistas que están muy a favor de este tema por sus convicciones, por su ideología política y también está la pauta publicitaria. El gobierno de Cornejo ha sido muy cuestionado por el incremento abusivo de la pauta publicitaria, entonces hay una especie de silencio cómplice entre los grandes medios de comunicación y el gobierno en el cual, el espectro es negar el tema y hacer de cuenta que el fracking no existe o una decidida defensa y una invisibilización de la protesta social. En diciembre la protesta social fue tan grande que no se pudo esconder. Y además hay una red de medios locales y algunos alternativos que cubrieron lo que pasó. Las noticias han desbordado la capacidad de invisibilización que tienen estos medios y lo han dejado muy al descubierto.
—¿Cuáles son las principales consecuencias del fracking?
—Los impactos del fracking no solamente son del orden ecológico, sino también, en lo económico y social. Según el lugar donde se realice la actividad predomina un efecto u otro. Por ejemplo en Río Negro lo que está generando es un daño económico enorme a toda la zona del Alto Valle, pérdida de cultivo, fragmentación social, contaminación de las napas de agua que están bastante más cercanas en el núcleo de Vaca Muerta. En Neuquén el gran problema no es el agua sino los residuos, son millones y millones de litros de efluentes de la explotación del petróleo no convencional, ciento de miles de metros cúbicos de residuos en perforaciones, para lo cual hoy no alcanzan las plantas de tratamiento disponibles, con cuál la pregunta es a dónde está yendo a parar todo ese residuo. Están los residuos que salen a la superficie cuando se realiza el fracking y después está todo lo que queda dentro, que son millones de agua con sustancias químicas y aditivos que no son emanadas del cielo como dice el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, muchos de ellos son muy tóxicos y está comprobado, todo eso queda en el subsuelo con un resultado incierto que lo veremos con los años. Hoy hay incertidumbre, pero entendemos que si uno inyecta ciento de miles de litros en el subsuelo eso tiene una consecuencia no solamente en la posibilidad de contaminar acuíferos en el futuro sino también producir fallas geológicas y sismos como está pasando en Vaca Muerta y pasa en cada lugar donde se realiza mucha inyección de agua. Todo eso genera pérdidas económicas, inseguridad en la población sobre la calidad de su vivienda, o si está tomando agua segura o no y descreimiento de las autoridades.
El impacto ecológico es también en el deterioro de la calidad del agua, en el caso de que hubiera una filtración del pozo que pusiera en contacto el hidrocarburo con las napas de agua y después el manejo de los residuos, los recortes de perforación, el manejo propio del yacimiento, las emanaciones gaseosas. Los pozos de fracking liberan muchísimos gases de efecto invernadero, ese también es un impacto en el cambio del clima y el calentamiento. En lo económico el país está lidiando con un montón de impuestos de subsidios que distorsionan la economía y Vaca Muerta es uno de los grandes subsidiados de este modelo. Vaca Muerta sin subsidio no funciona y esto es una gran trampa, porque drena recursos económicos que pueden ir a otras cosas, al fomento de energías renovables o al mejoramiento de la producción del petróleo convencional. Hoy por hoy no hay forma de hacer explotación de hidrocarburos no convencionales que no tengan algún grado de contaminación. Tampoco sabemos si esta contaminación va a perdurar por años o va a ser irreversible, porque hay mucha incertidumbre científica y poca información de las fuentes públicas, lo mismo sucede con el tema de la salud de la población. Hay estudios en otros lugares que vinculan las sustancias químicas que se utilizan y los gases que se liberan con enfermedades de la población y los trabajadores pero acá no hay un registro de afecciones que vinculen lo laboral con esto, no hay registro en los hospitales, no hay información para hacer estudios y ver qué impacto tiene el fracking en la salud pública.
